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Nº 762 - 12/11/2007

Manuel Núñez se perfila como relevo de Ubaldo Nieto


EL TRIBUNAL DE CUENTAS SEGUIRÁ

EN MANOS DEL PP


El Tribunal de Cuentas afronta la elección de su presidente marcado por el conflicto que durante toda la legislatura ha enfrentado a PP y PSOE por el control de órganos institucionales como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional. Como ya hicieran en 2004, tras romper el consenso acordado diez años antes, los populares volverán a utilizar su mayoría entre los consejeros del Tribunal para imponer a su probable candidato, Manuel Núñez, una vez que el actual presidente, Ubaldo Nieto, ha renunciado a un nuevo mandato. Ni siquiera el fallecimiento la semana pasada de uno de los miembros de la mayoría conservadora, Antonio de la Rosa, concuñado de Rodrigo Rato, pone en peligro serio el hecho de que el órgano fiscalizador siga bajo control del PP.

Por Manuel Capilla

E l fallecimiento de Antonio de la Rosa —primo de Javier de la Rosa, implicado en el caso Ercros, y hermano del marido de María de los Ángeles Rato, hermana del ex vicepresidente del Gobierno— deja en igualdad de condiciones a los miembros socialistas y conservadores del Tribunal, cinco a cinco, por lo que el voto definitivo recae sobre el independiente Javier Medina. Según fuentes socialistas, este hecho abriría una pequeña puerta a algún tipo de pacto para la elección del presidente. Sin embargo, si se tiene en cuenta que Medina ha votado siempre junto a la mayoría conservadora, y nada indica que vaya a cambiar el sentido de su voto en esta ocasión, no parece que la candidatura de Manuel Núñez pueda ser frenada.

Evidentemente, cabe la posibilidad de que Medina se abstenga y que ante la situación de empate el PP y los conservadores se avengan a alcanzar algún tipo de pacto, y en eso basan sus esperanzas en el PSOE.

Los socialistas invocan el retorno al pacto fraguado en 1994 entre el entonces portavoz del PSOE, Joaquín Almunia, y su homólogo popular, Rodrigo Rato, por el cual el presidente de esta institución sería nombrado a instancias del partido que en ese momento tuviera la mayoría en el Parlamento. El objetivo del acuerdo era subsanar el desfase entre el periodo de renovación de los consejeros, que dura nueve años, y el del presidente, que sólo dura tres. Sin embargo, en 2004, un PP bajo el síndrome de la derrota del 14-M, ignoró ese compromiso e impuso con su mayoría a Ubaldo Nieto.

Así que, teniendo en cuenta este precedente y los casos del Tribunal Constitucional y del CGPJ no parece que los populares puedan estar predispuestos al regreso a ese consenso, tan reclamado por ellos mismos en otros asuntos. Es más, en el hipotético caso de que Medina efectivamente se abstenga y la igualdad se haga efectiva, el mecanismo que prevé la ley para resolverlo favorece a los intereses del PP. Y es que, en este supuesto, el presidente pasaría a ser el miembro de mayor edad del consejo, el conservador Juan Velarde, nacido en 1927.

Precisamente fue Juan Velarde el que protagonizó la reciente polémica en torno al Trihuna) de Cuentas (ver EL SIGLO n°755 'Nueva batalla PSOE- PP por el Tribunal de Cuentas') al aparecer como el principal candidato para acceder a la presidencia de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, lo cual supone el ingreso automático en el Consejo de Estado y esto, a su vez, una incompatibilidad flagrante con su puesto en el Tribunal de Cuentas. Parece evidente que no se puede se puede pertenecer al mismo tiempo a un órgano asesor del Ejecutivo, el Consejo de Estado, y otro entre cuyas atribuciones se encuentra el controlarlo, el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, Velarde no lo tenía tan claro, por lo que la elección del nuevo presidente, que estaba prevista para el día nueve de octubre, se fue retrasando hasta que Velarde quedó convencido de la incompatibilidad y se pudo encontrar a otro candidato, que finalmente ha sido Sabino Fernández Campo (ver apoyo 'De la Casa Real a la Academia).

En cualquier caso, independientemente de lo que suceda en la elección del presidente del Tribunal, queda pendiente la elección del sustituto de Antonio de la Rosa, para lo que se necesita una mayoría de tres quintos del Congreso, es decir, un acuerdo entre PSOE y PP, por lo que con toda probabilidad quedará paralizada hasta, como mínimo, después de las elecciones generales.

Conflictos con el Gobierno. Así pues, parece que Génova seguirá dominado una institución que durante los últimos tiempos ha tenido algunos roces importante con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en relación a la fiscalización de los Presupuestos Generales del Estado.

En octubre del año pasado, Ubaldo Nieto envió una carta al ministro de Economía, Pedro Solbes, indicándole que consideraba potestad del Tribunal el analizar si las cuentas públicas se habían realizado conforme a la normativa y, por tanto, le mostraba su malestar ante la negativa de su ministerio a suministrarle la documentación que le requería. Solbes respondió la misiva de Nieto argumentando su negativa en base a un informe de la Abogacía del Estado, el cual afirmaba que, según lo estipulado por la Constitución y la ley orgánica que regula la actividad del Tribunal, éste no puede supervisar la redacción de los Presupuestos, sino quesimplemente se puede ocupar de los ingresos y gastos de las instituciones públicas. La cuestión terminó por llegar al Congreso, donde se votó una proposición no de ley presentada por el PP para obligar al Ejecutivo a entregar esa documentación, una iniciativa que fue tumbada con los votos de todos los grupos parlamentarios.

Otra de las investigaciones destacables del Tribunal de Cuentas en los últimos tiempos ha sido la de la actividad del portavoz popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, durante su paso por el Ministerio de Trabajo. Zaplana recibió simplemente una reprobación por parte del órgano fiscalizador por la campaña de publicidad que realizó en 2003 el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Y esto a pesar de que, según el informe del Tribunal, dicha campaña tenía intención de crear una imagen favorable del trabajo del Ejecutivo en el conjunto de la opinión pública, no solamente entre los pensionistas. Tampoco se pudieron establecer responsabilidades penales a pesar de que se encontraron irregularidades o deficiencias en once de las catorce campañas que el ministerio dirigido por Zaplana realizó entre 2003 y 2004.

A la vista de estos ejemplos se hace importante el control de una institución con atribuciones tan importantes en cuestiones tan sensibles como las financieras. Sin embargo, las esperanzas socialistas de volver al acuerdo de 1994 pueden quedar en nada, salvo sorpresa, ante la intransigencia demotrada por el Partido Popular a lo largo de la legislatura. •

De la Casa Real a la Academia

Juan Velarde venía desem peñando de forma interina la presidencia de la Academia de Ciencias Morales y Políticas desde antes del verano, poco antes del fallecimiento de su predecesor, Enrique Fuentes.

El hecho de que finalmente no haya podido compaginar este cargo con su labor en el Tribunal de Cuentas, ha demorado la elección hasta que se diese con una persona que pudiese suscitar un apoyo unánime de los miembros de la Academia, entre los que figuran el ex presidente del Gobierno Leopoldo Calvo Sotelo, el ex gobernador del Banco de España Luis Angel Rojo, el presidente de honor del PP, Manuel Fraga, o el cardenal primado de Madrid, Antonio María Rouco Varela, entre otros. Ese apoyo unánime ha sido finalmente recogido por el ex jefe de la Casa Real Sabino Fernández Campo.

Fernández Campo, nacido el 17 de marzo de 1918 en Oviedo, fue el hombre de confianza del Rey durante 17 años. Desde 1959 fue secretario de seis ministros del Ejército hasta que en 1975 fue nombrado Subsecretario de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio de Información y Turismo en 1976.
Un año más tarde fue designado por Don Juan Carlos secretario general de la Casa de Su Majestad hasta 1993, compaginándolo al mismo tiempo, desde 1990, con el cargo de jefe de la institución.
Tras abandonar estas responsabilidades, el Rey le concedió el título de conde de La-toros, en reconocimiento a su trabajo.





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