No ha incluido dinero alguno para la norma en los Presupuestos de 2008

'ESPE' BOICOTEA LA LEY DE DEPENDENCIA

Sólo las comunidades autónomas de Murcia y Madrid —ambas, gobernadas por el PP— no han aportado todavía los datos de ninguna persona dependiente, ni un censo de las mismas, como es preceptivo, para la firma del convenio necesario entre Gobierno central y cada territorio autonómico que permita la aplicación de los beneficios de la Ley de Dependencia. Su financiación ha de llevarse a cabo entre el Estado y cada comunidad, a partes iguales. Por el momento, los cerca de 50.000 dependientes madrileños (23.000 de ellos, en grado 3 —el más avanzado—) no se están beneficiando de los 50 millones de euros aportados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ni de los otros 50 millones que deberían correr a cuenta de las arcas de Esperanza Aguirre .

Por P.A.N.

E I pasado día 2 de noviembre, el Gobierno autonómico madrileño, presidido por Esperanza Aguirre, remitía a cada uno de los ayuntamientos de la Comunidad el Convenio de Servicios Sociales, como sucede cada año. Sin embargo, para disgusto de muchos de estos municipios, incluía novedades imprevistas. En una situación sin precedentes, en esta ocasión no se había efectuado ninguna consulta previa ni se ofrecía posibilidad alguna de debatirlo o rechazarlo, y haciendo constar la obligatoriedad de ser firmados y devueltos en un plazo de cuatro días. Además, los ayuntamientos se han encontrado con que el incremento en las dotaciones es sólo de un dos por ciento, y para ser dedicado en exclusiva a gastos de personal.

Paradójicamente, la novedad que sí era esperada, no aparecía por ninguna parte. En el convenio para 2008 no consta la partida presupuestaria para desarrollar la Ley de Dependencia. Según establece la norma estatal, su aplicación debe ser financiada al 50 por ciento entre el Estado y cada una de las comunidades autónomas. La previsión parala región madrileña se estima en unos 100 millones de euros (50 aportados por cada una de las dos administraciones), de los que un 30 por ciento debería tener como destino los ayuntamientos. Pero, al no estar incluida esta partida en las dotaciones para el próximo año, y haberse incrementado la aportación desde la comunidad autónoma sólo en un dos por ciento –por debajo de la inflación-, los consistorios tendrán que optar entre reducir la calidad y la cantidad de las prestaciones y servicios que están ofreciendo actualmente a sus ciudadanos o aumentar sus propios gastos para mantener el nivel.

Según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, del total de las 17 comunidades autónomas del territorio nacional, sólo dos, Murcia y Madrid –las dos gobernadas por mayorías absolutas del PP-, no han remitido a la Administración central sus censos (acompañados del resto de los datos) de personas dependientes, primer paso preceptivo para la firma de los convenios de aplicación de la Ley de Dependencia entre el Estado y cada comunidad y región. El perjuicio generado por esta actitud es mucho más extensivo en la Comunidad madrileña, debido a su enorme población (más de seis millones de habitantes). Se estima que en este territorio hay más de 23.000 personas dependientes en grado 3, el más grave, y al que corresponde una mayor cantidad de ayuda pública directa. En la situación generada por la no aplicación de la ley, 23.000 familias madrileñas están perdiendo una subvención mensual de 780 euros.

Desde las filas del Partido Socialista se acusa directamente a Esperanza Aguirre y su Gobierno de estar boicoteando esta norma nacional, en concordancia con una estrategia sistemática de entorpecer el desarrollo de las iniciativas del Gobierno del Estado, utilizando el poder autonómico del PP para hacer oposición a escala nacional. Lo que algunos dirigentes del PSOE denominan la "cruzada de 'Espe'".

El secretario general de la Federación madrileña del Partid Socialista, Tomás Gómez, aseguraba la pasada semana que "aún no existe por parte del Gobierno Aguirre ninguna reglamentación o articulación de la Ley de Dependencia, ni tampoco ha elevado ningún expediente de reconocimiento de ningún nivel de dependencia a la Administración del Estado, para que las familias en esta situación puedan recibir la prestación que les corresponde. No sé si es objeción de conciencia a las leyes del Gobierno de España, tal y como nos tiene acostumbrados Esperanza Aguirre, o si se trata de una incapacidad manifiesta para poner en marcha la ley".

Lo que sí parece claro, es que los socialistas madrileños están dispuestos a emprender acciones legales contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid, por lo que consideran un acto deliberado de entorpecimiento de la aplicación de una norma de carácter estatal que, además, sitúa a los ciudadanos de esta región en una situación de inferioridad con respecto al resto de los españoles. Además, todos los ayuntamientos gobernados por el PSOE van a presentar mociones en las que se exigirá a Aguirre el cumplimiento y aplicación de la ley estatal.
La Consejería de Asuntos Sociales madrileña justifica la situación en una "falta de voluntad política" del Gobierno central para sentarse a negociar la Ley de Dependencia con esta comunidad autónoma. Aseguran también en esta consejería que ya se ha producido la evaluación de casi 4.000 de las cerca de 10.000 personas que, hasta el momento, han solicitado la percepción de estas prestaciones.

La Comunidad de Madrid tiene en plantilla a 64 especialistas para la evaluación y calificación de las personas que no pueden valerse por sí mismas, y que han de establecer, primero, si las condiciones en que se encuentran se corresponde con una situación de dependencia y, si esto es así, cuál es el grado que les resulta de aplicación (existen tres grados contemplados en la ley). Pese a que el número de solicitudes es muy bajo por el momento –10.000–, los diversos informes elaborados por instancias sanitarias hacen una estimación de unas 200.000 personas con algún grado de dependencia en la región madrileña. Partiendo de esta plantilla de expertos, cada uno debería evaluar a más de 3.100 personas. Suponiendo que, pese a la complejidad de esta tarea, pudieran examinar a cinco cada día, este trabajo les llevaría 625 días laborables, es decir, casi tres años de trabajo; tres años en los que muchas de las personas afectadas que tienen derecho a ello, no estarían percibiendo unas prestaciones a las que legalmente tienen derecho.

En Comisiones Obreras manejan otras cifras aún más pesimistas. Calculan que en la Comunidad madrileña viven más de 50.000 grandes dependientes, o dependientes de grado 3. Según sus estimaciones, 30.000 de ellos padecerían más de un 75 por ciento de minusvalía. En la central sindical lamentan que sólo un bajo porcentaje de los afectados y potenciales beneficiarios hayan solicitado las ayudas. La secretaria de Política Social de CCOO en la Comunidad de Madrid, Ana González, asegura que "sólo 10.000 personas han presentado su solicitud, porque la información se ha sustituido por la propaganda, y el desconcierto de la gente es muy grande a la hora de solicitar su nuevo derecho".

Para el más importante sindicato nacional, la aplicación completa de la Ley de Dependencia no sólo aportará notables beneficios y una ampliación de los derechos sociales de muchos ciudadanos, sino que, también se convertirá en una fuente generadora de puestos de trabajo. Calculan que sólo en la Comunidad de Madrid podrían crearse 52.000 nuevos empleos por este concepto. •