Prosigue la dura contienda entre el principal partido de la oposición y el resto de las fuerzas políticas en el terreno de la judicatura. Con un Consejo General del Poder Judicial cuyo mandato concluyó hace ya un año (el pasado 6 de noviembre de 2006), y el Partido Popular, que en solitario se empeña en impedir su renovación, ahora el campo de Marte se ha trasladado también al interior del Tribunal Constitucional, donde la formación de la derecha desea contar con mayoría de magistrados afines para garantizarse el éxito de sus recursos contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Ley de Dependencia. Entre un CGPJ caducado y un Constitucional que, a base de recusaciones, puede quedarse sin el quórum necesario para ejercer sus funciones, la Justicia puede verse colapsada.

Por P. A. N.

Antes de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el entonces gobernante Partido Popular se garantizaba una cómoda mayoría en la composición del órgano de gobierno de los jueces, en noviembre de 2001. En aquellos momentos sólo era necesaria una mayoría simple para los nombramientos, y el PP imponía la aritmética de su mayoría absoluta parlamentaria para conseguir la designación mayoritaria de sus fieles. A diferencia de lo que ha sido moneda corriente desde el triunfo electoral del Partido Socialista, en aquel periodo no hubo ningún pronunciamiento contrario por parte del Poder Judicial a ninguna de las iniciativas legislativas de la pasada legislatura.

Los vocales del CGPJ son elegidos para un periodo de cinco años, por lo que, aunque ha cambiado el color político del Ejecutivo, el Poder Judicial sigue teniendo un claro tinte conservador. Sus constantes intervenciones en contra de las iniciativas gubernamentales han otorgado un inusitado peso político a nuestros jueces.

A mediados del mandato del presidente José Luis Rodríguez Zapatero se aprobaba la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introduciéndose la necesidad de contar con tres quintas partes de los votos para procederse al nombramiento de vocales del CGPJ de ese momento en adelante. El propósito argumentado para la modificación era el de promover consensos más amplios que contribuyesen a despolitizar, en la medida de lo posible, a los órganos judiciales. Sin embargo, ese requisito se ha convertido en una trampa, en un callejón sin salida, que ha impedido la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que lleva ejerciendo en funciones desde el 6 de noviembre de 2006, fecha en la que concluía su mandato. En el Partido Popular no desean que se modifique el satus quo de un Consejo en el que gozan de mayoría y que están utilizando como ariete contra las iniciativas del gabinete, y como arma de desgaste político. Conscientes de que la obligación de los tres quintos les está proporcionando, de facto, un permanente derecho de veto, su estrategia pasa por dejar pasar el tiempo y, de ese modo, habrán conseguido que durante una legislatura completa de gobierno socialista, el Poder Judicial haya continuado en manos de la derecha.

Pese a las presiones, no sólo del Gobierno, sino de todos los demás grupos parlamentarios sin excepción, el PP lleva un año plantado en sus trece, consciente de que con una justicia en sus manos puede obstaculizar y tratar de paralizar importantes proyectos legislativos. Cuando se llevaban semanas negociando en el Parlamento el desbloqueo de la situación, el PP ha vuelto a dar carpetazo, escudándose esta vez en la propuesta efectuada por el ministro de Justicia, Mariano Sánchez Bermejo, para que el ingreso en la carrera judicial, además de por la tradicional vía de las oposiciones, también sea complementado con el acceso directo de los estudiantes de Derecho con mejores calificaciones.

La importancia del control del CGPJ no sólo radica en que pueden emitir informes sobre normas, decreto u otras iniciativas –legalmente, sólo si el Parlamento se lo solicita, aunque en esta legislatura no ha sido así, como se explica más adelante en estas páginas-, sino que es el órgano encargado de realizar los nombramientos más importantes en las instancias judiciales más relevantes, como la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia, todos ellos, de gran trascendencia política.

Un ejemplo claro fue el nombramiento del juez Javier Gómez Bermúdez como presidente de la Sala Segunda de la Audiencia Nacional. Designado tres veces por la mayoría conservadora, otras tantas fue rechazado su nombramiento por el Tribunal Supremo, a instancias de recursos presentados por otros aspirantes a la plaza que, en principio contaban con más méritos profesionales. Finalmente, a la cuarta fue la vencida, y los vocales propuestos por el PP conseguían su propósito. Tanto empeño tenía recompensa; quien presidiera esa sala sería también el presidente del juicio del 11-M, del que, recientemente hemos conocido la sentencia; y en unos momentos entonces, en los que la “teoría de la conspiración” se encontraba en plena efervescencia.

Pero la entrada en vigor de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial también ha tenido como efecto que los nombramientos que ha de efectuar el CGPJ, también requieran de tres quintos de los votos de los vocales, con lo que, desde ese momento, también quedaba desactivada la mayoría ultraconservadora encabezada por Francisco José Hernando.

La situación actual, con el CGPJ caducado, y sin acuerdos internos para los nombramientos, es de parálisis total. En estos momentos se van acumulando las vacantes sin cubrir. Siete en el tribunal Supremo –la presidencia de la Sala de lo Social, tres en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, y otras tres la Sala de lo Militar-, y la presidencia de dos Tribunales de Justicia, en Madrid y en Galicia.

La propuesta de desbloqueo presentada por el Partido Socialista, y negociada con el resto de las formaciones (a excepción del PP) consiste en plantear que ninguno de los grandes partidos tenga minoría de bloqueo en el nuevo CGPJ –se obtendría con nueve vocales–. Así, ofrece ocho para el PSOE, ocho para el PP y uno para cada uno de los grupos de IU, ERC, CiU y PNV.

El Partido Popular ya la ha rechazado, y contraataca con otra propuesta que daría el mayor protagonismo a las asociaciones de jueces. De los ocho que corresponden directamente al Parlamento, propone cuatro para el PSOE y cuatro para el PP. De los otros 12, seis le corresponderían a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, dos a la más moderada Francisco de Vitoria, dos a Jueces para la Democracia, y dos a no afiliados. De ese modo, la mayoría de derechas está más que garantizada.

A la conquista del más alto tribunal. La guerra por el control judicial no se ha quedado en el bloqueo del caducado CGPJ. El campo de batalla se está trasladando ahora al Tribunal Constitucional, órgano básico para dilucidar los recursos interpuestos por el PP a algunas de las iniciativas legislativas más importantes de estos tres años y medio de gobierno socialista. El alto tribunal debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, o de la Ley de Dependencia, ambas recurridas por los diputados del Grupo Popular.

La composición inicial del tribunal otorgaba la mayoría a los progresistas, ya que la presidenta, María Emilia Casas Baamonde, identificada con este sector, posee voto de calidad en caso de empate. Para romper ese equilibrio, por primera vez en la historia de esta institución, se promovía la recusación de un magistrado, Pablo Pérez Tremps, progresista, el pasado mes de febrero. Al tener, obligatoriamente, que inhibirse, al tratarse de un asunto que le incumbía directamente, Pérez Tremps no tuvo ocasión de participar en los debates ni de votar, por lo que, en la situación de 11 magistrados, los conservadores gozaban de una mayoría que no dudaron en utilizar. Se trataba de que Pérez Tremps no pudiera participar en la deliberación sobre el recurso contra la reforma del Estatut catalán. Se argumentó para dejarlo fuera, que había realizado algunos estudios jurídicos para la Generalitat, desde su asesoría privada.

El Gobierno catalán trataba de reequilibrar la situación presentando una recusación, a su vez, contra el magistrado conservador Jorge Rodríguez Zapata, pero no fue admitida. En el juego de desequilibrios y reequilibrios, una enmienda presentada por Izquierda Unida, y apoyada por las demás formaciones de izquierda del Parlamento, a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, prorrogaba de oficio el mandato de la presidenta y del vicepresidente hasta la próxima renovación de magistrados, prevista a partir de diciembre. Hasta entonces, era práctica habitual en el constitucional ese comportamiento. María Emilia Casas cumplía su mandato en junio, pero no habría renovación hasta medio año después. La costumbre en la casa siempre había sido mantener al presidente en su puesto hasta que se produjera la renovación, pero vistas las maniobras previas, parecía claro que en esta ocasión no iba a funcionar la cortesía.

La siguiente jugada de ajedrez de los populares sería el recurso contra la nueva ley, por lo que se repetía la jugada de Pérez Tremps: al ser directos afectado la presidenta y el vicepresidente, no podrán participar en el debate ni emitir voto. Resultado: se reestablece la mayoría conservadora.

Pero la partida no ha concluido. El Gobierno plantea una nueva recusación sobre dos magistrados para el debate de este recurso del PP contra la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El abogado General del Estado, Joaquín Fuentes Bardají, eleva un escrito de recusación contra Roberto García-Calvo –que fue gobernador civil de Almería en el Gobierno presidido por Carlos Arias Navarro, en plena dictadura- y Jorge Rodríguez Zapata, puesto que habían redactado una carta contraria a los contenidos de la nueva ley, en la que expresan su “más profunda discrepancia con el resultado de la reforma legal. El Gobierno, además, les imputa que ya conocían la intención del PP de presentar este recurso antes de redactar su texto. Por las mismas razones que le fueron aplicadas a Pérez Tremps, ambos quedaban también fuera. En ese momento, sólo ocho magistrados de los componentes del Constitucional podrían pronunciarse sobre el recurso del PP y, esta vez, con mayoría progresista. Pero ocho es el número mínimo de quórum necesario para que puedan ejercer sus funciones.

El último acto llegaba a finales de octubre, cuando el Partido Popular decidía presentar otra recusación, nada menos que contra tres magistrados del equipo progresista. La papeleta les tocaba, en este caso, a Pascual Sala, Manuel Aragón, y Pablo Pérez Tremps –que repetía castigo–, aduciendo que ellos también se habían expresado en alguna ocasión al respecto de la reforma de la ley en cuestión. Para ello, el 25 de octubre, el diario El Mundo publicaba –oportunamente para el PP, ya que su recusación se basa, precisamente en esa noticia– una nota en la que señalaba que los tres magistrados citados también se habían pronunciado, en este caso, a favor, de la nueva ley, en una reunión mantenido con María Emilia Casas el pasado 12 de junio.

Ahora, habrán de dilucidarse las cinco recusaciones en una misma sesión, y sin la participación de ninguno de los recusados, pero el Constitucional se ha quedado sin el quórum suficiente, por lo que, de hecho, se ha llegado a una situación de parálisis. Sólo caben dos posibilidades, que se retiren todas las recusaciones, y el tribunal pueda continuar con su función, o mantener el bloqueo hasta las próximas elecciones generales.

EL POLÉMICO PRESIDENTE HERNANDO

D esde casi el comienzo de su ejecutoria al frente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, la polémica persigue a las actuaciones de Francisco José Hernando, presidente de ambos organismos, y que fue el primer nombre propuesto por el Partido Popular para el CGPJ.

Muchas han sido las muestras de su peculiar personalidad y su identificación clara con una línea política ultraconservadora en estos seis años. Hasta en tres ocasiones, y sólo apoyado por los votos de los vocales propuestos por el PP, el Consejo del Poder Judicial ha informado acerca de iniciativas legislativas sobre las que no tenía ningún mandato legal para hacerlo. Uno de los casos más sonados se producía el 2 de noviembre de 2005, cuando, pese a la frontal oposición de la minoría progresista del Consejo, Hernando reunía a la Comisión de Estudios del CGPJ para pronunciarse sobre la reforma del Estatuto de Cataluña, justo, además, el mismo día que el Congreso de los Diputados admitía a trámite esta iniciativa legislativa que provenía del Parlamento catalán.

Otro de los informes no solicitados por las Cortes (el propio reglamento del CGPJ establece en su artículo 109.3 que esta solicitud del Parlamento es preceptiva para poder emitir sus valoraciones) y sí emitidos por el Consejo fue sobre la la reforma del código civil que permitía los matrimonios entre personas del mismo sexo. Fue en diciembre de 2005, y en el texto se incluían algunos párrafos que produjeron la irritación y las protestas de los representantes de los colectivos de gays y lesbianas. Uno de ellos decía textualmente: “Llamar matrimonio a la unión de personas del mismo sexo es como llamar matrimonio a la unión de más de dos personas o a la unión entre un hombre y un animal”.

Curiosamente, mientras se redactaban estos informes no solicitados por el Legislativo, estaban pendientes otros sí pedidos expresamente, como uno sobre la Ley del Menor, encargado el 13 de octubre de 2005, y otro sobre el Real Decreto sobre el Estatuto de los Procuradores de los Tribunales de España, encargado el 22 de septiembre de 2005. De hecho, de los 36 informes solicitados al Poder Judicial a finales de ese año, sólo 17 habían sido cumplimentados en plazo.

Ante la insistencia de Hernando en elaborar estas consideraciones, excediéndose en las atribuciones que la ley confiere al CGPJ, el Congreso de los Diputados aprobaba tres resoluciones en las que se instaba al CGPJ a que dejara de “realizar estudios, informes o dictámenes en relación a materias y actividades de otros órganos constitucionales”.

Otro de los grandes momentos protagonizados por Francisco José Hernando fue su negativa a comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso en marzo de 2006, cuando la Cámara se lo había notificado de forma expresa, para que informara sobre el cambio de doctrina en el cumplimiento de condenas y la redención de penas que se aplicó a varios presos de ETA (cuando ya el Gobierno había anunciado el comienzo del proceso de conversaciones con representantes de la organización), pasando a aplicárseles lo previsto en el Código Penal de 1995, mientras que habían sido juzgados por el de 1973. Con el cambio introducido, la redención de penas se comenzaba a aplicar sobre la suma total de los años de cárcel de todas las sentencias que pesaran sobre cada preso, y no sobre el total máximo de 30 años de estancia en prisión que establecía la ley. En la práctica, suponía la imposibilidad de reducir los tiempos de condena. Fue la conocida como “Doctrina Parot”, por el apellido del primer preso de ETA a quien se le aplicó.

Hernando no se presentaba a su obligada cita con los representantes democráticos de la soberanía nacional el 8 de marzo de 2006. en su lugar, el CGPJ enviaba una carta que, entre otras cosas, afirmaba que “su deber constitucional de defensa de la independencia judicial, plasmado en la norma suprema, le impide, finalmente, fuera cual fuera su deseo personal, comparecer ante la Cámara”.

En otra ocasión, el presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo declaraba en una emisora radiofónica su abierta oposición a varios aspectos y artículos de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Se mostró especialmente crítico con un apartado que proponía la necesidad para los jueces que fueran a ejercer en aquella comunidad de aprender el catalán. “No creo que se deba imponer a nadie el conocimiento de una lengua que luego no tiene una proyección positiva en otras aspectos de la vida. Si estuviera ejerciendo en Cataluña aprendería catalán, pero como un enriquecimiento personal, como me gustaría cuando voy a Andalucía saber bailar sevillanas”, aseguró ante los micrófonos.

Sus permanentes desplantes, su alineamiento sistemático con las tesis y las estrategias del principal partido de la derecha española, y sus posiciones profundamente reaccionarias en muchos aspectos sociales le han colocado en el ojo del huracán en más de una ocasión, siendo el blanco de las críticas de distintos colectivos. En la apertura del Año Judicial, la Asociación Jueces para la Democracia se negó a acudir a su discurso, emitiendo también un comunicado en el que expresaban su protesta por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato concluyó el pasado 6 de noviembre de 2006. También boicoteó su discurso Izquierda Unida, y a punto estuvo de hacerlo también el gubernamental Partido Socialista, aunque, en el último momento decidió acudir, ya que se trataba de una acto institucional presidido por el Rey.

Otros han ido más lejos en sus invectivas contra el polémico personaje. Uno de sus compañeros en el CGPJ, el vocal propuesto por CiU, Josep Alfons López Tena, presentaba en febrero de este año una demanda contra Hernando por unas supuestas irregularidades cometidas por éste en el nombramiento de un magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, puesto que negó el derecho a debate y votación de la propuesta que había sobre la mesa. Según López Tena, el presidente del Consejo “administra los tiempos del modo más favorable a su grupo de vocales y a la conveniencia del PP, el dueño del Consejo hasta la fecha, está muy interesado en controlar la Sala de Justicia que es competente para juzgar a los altos cargos políticos del País Vasco”.

El enfrentamiento entre estos miembros del CGPJ se agudizó cuando Hernando comparó el conocimiento del catalán con las sevillanas. En aquella ocasión, López Tena contestó que se preguntaba “si un imbécil puede ser juez”. En la explicación de su denuncia, el vocal a propuesta de CiU aseguraba que “es un secreto a voces que Hernando gestiona el cargo de presidente junto a su guardia pretoriana –el resto de vocales del PP- al modo en que un señorito andaluz gestiona su cortijo, sintiéndose amo y señor del territorio”.

Alfons López Tena dijo que la mayoría conservadora se refería al resto como bando rojo-separatista “en el lenguaje de pasillo”, por lo que, “por deducción, al señor Hernando le correspondería el título de caudillo del bando nacional”.

Los rostros del gobierno de los jueces

El Consejo General del Poder Judicial, órgano máximo del gobierno de lo jueces, está integrado por 20 vocales elegidos por el Parlamento, por un periodo de cinco años. Los requisitos mínimos exigidos para poder formar parte de este Consejo son los de ser abogados, jueces, magistrados, profesores de Derecho y juristas con, al menos, 15 años de ejercicio de su profesión.

Ocho de los vocales son propuestos por los grupos parlamentarios, mientras que los 12 restantes salen de una lista de candidatos propuesta por las asociaciones jueces y magistrados, en la que también pueden estar incluidos aspirantes no asociados, si consiguen el número de avales suficiente entre sus compañeros. Tras la reforma legal de 2005, se requiere el apoyo de tres quintas partes de los votos parlamentarios para cada uno de los candidatos. Sin embargo, el actual CGPJ resultó elegido por mayoría simple en noviembre de 2001, cuando gobernaba el Partido Popular. Su mandato constitucional concluyó el 6 de noviembre de 2006, pero el bloqueo en las negociaciones para su renovación (sólo el PP se ha opuesto sistemáticamente a proceder a la elección de un nuevo órgano) ha hecho que lleve en funciones ya un año completo, en una situación sin precedentes en la historia de esta institución.

Actualmente, el CGPJ está integrado por 18 miembros, puesto que falleció el vocal Fernando Fernández Martín, mientras que Enrique Míguez Alvarellos alcanzó la edad de jubilación forzosa. También causó baja José Antonio alonso, actual titulat de Defensa, cuando fue nombrado por José Luis Rodríguez Zapatero ministro del Interior, en 2004.

De todos ellos, nueve (ocho vocales más el presidente) fueron nombrados a propuesta del Partido Popular, seis, por el Partido Socialista, uno por CiU, uno por Izquierda Unida, y otro consensuado entre PP y PSOE. También cuatro fueron propuestos por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de orientación conservadora, y mayoritaria entre los jueces, y tres por Jueces para la Democracia (JPD).

La actual composición es la siguiente:

Presidente:

—Francisco José Hernando (PP)

Vocales:

—Juan Pablo González González (APM – PP)

—Faustino Gutiérrez-Alviz Conrado (no afiliado – PP)

—Javier Laorden Ferrero (no afiliado – PP)

—Enrique López López (APM – PP)

—José Merino Jiménez (no afiliado – PP)

—Adolfo Prego de Oliver y Tolivar (APM – PP)

—José Luis Requero Ibáñez (APM – PP)

—Carlos Ríos Izquierdo (no afiliado – PP)

—Fernando Salinas Molina –vicepresidente- (JPD – PSOE)

—Luis Aguiar de Luque (no afiliado – PSOE)

—Juan Carlos Campo Moreno (no afiliado – PSOE)

—Monserrat Comas de Argemir (JPD – PSOE)

—María Ángeles García García (no afiliada – PSOE)

—Javier Martínez Lázaro (JPD – PSOE)

—Agustín Azparren Lucas (no afiliado – PP y PSOE)

—Féliz Pantoja García (no afiliado – IU)

—Josep Alfons López Tena (no afiliado – CiU)

Los doce del Constitucional

El Tribunal Constitucional es la más alta y última instancia jurídica contemplada en el ordenamiento legal español, y sus decisiones no pueden ser recurridas ante ninguna otra instancia en territorio español –sólo cabría alguna clase de apelaciones sobre sus sentencias en tribunales internacionales-.

Está integrado por 12 miembros denominados magistrados del Tribunal Constitucional. Para poder pertenecer a este selecto club se deben reunir las condiciones de ser magistrados, jueces, fiscales, abogados o profesores universitarios, juristas con más de 15 años de ejercicio profesional demostrado.

Ocho de ellos son propuestos para sus cargos por las cortes Generales, cuatro por el congreso de los Diputados y cuatro por el Senado. Otros dos son nombrados por iniciativa del Gobierno, y los dos restantes, por parte del Consejo General del Poder Judicial. Sus cargos son desempeñados por un periodo de nueve años.

La actual composición del alto tribunal presenta un empate entre magistrados de orientación conservadora y los de orientación considerada progresista, seis en cada equipo, aunque la presidenta, María Emilia Casas Baamonde, considerada integrante de las filas progresistas, posee voto de calidad en caso de empate.

Ese ha sido el motivo fundamental de la presente batalla por el Constitucional a la que estamos asistiendo desde hace meses, y que se ha recrudecido en las últimas semanas, con un cruce de recusaciones de magistrados entre el Gobierno y el Partido Popular, para tratar de garantizarse una mayoría en su seno.

Lo que se dilucida son cuestiones de enorme calado político sobre las que el Tribunal constitucional ha de pronunciarse en las próximas fechas, algunas tan importantes como los recursos de inconstitucionalita presentados por el Partido Popular contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña o la Ley de Dependencia.

Las maniobras con clara intencionalidad política ya comenzaron cuando el magistrado progresista Pablo Pérez Tremps fue recusado por el PP para que pudiera pronunciarse sobre su recurso contra el Estatuto catalán, a comienzos del mes de febrero de este año. El origen de las actuales recusaciones está en la Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que, en la práctica, extendía el mandato de la actual presidenta, y que habría concluido el pasado mes de junio, ateniéndose a la redacción anterior de la norma.

Los componentes del Tribunal Constitucional son los siguientes:

Presidenta:

—María Emilia Casas Baamonde (progresista)

Vicepresidente:

—Guillermo Jiménez Sánchez (conservador)

Magistrados:

—Vicente Conde Martín de Hijas (conservador)

—Javier Delgado Barrio (conservador)

—Elisa Pérez Vera (progresista)

—Eugeni Gay Montalvo (progresista)

—Jorge Rodríguez-Zapata Pérez (conservador)

—Ramón Rodríguez Arribas (conservador)

—Pascual Sala Sánchez (progresista)

—Manuel Aragón Reyes (progresista)

—Roberto García –Calvo (conservador)

—Pablo Pérez Tremps (progresista)