Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente

‘El cambio de modelo energÉtico
es una prioridad’

La lucha contra el cambio climático, presente en las políticas del Gobierno de Zapatero a lo largo de esta legislatura y en lo que queda de ella, tendrá una definición aún más nítida en el programa electoral socialista para las generales. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, asegura que el cambio de modelo energético será una prioridad, anuncia que se duplicará la inversión contra la desertificación para llegar a los casi 6.000 millones de euros en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos, y augura que en la Cumbre de Bali del mes diciembre se avanzará en acuerdos previos al denominado post-Kioto.

Por Virginia Miranda

Zapatero ha anunciado que en la próxima legislatura, de ganar las elecciones, la lucha contra el cambio climático será primordial. ¿Qué hará si vuelve a ser presidente?

—Será sin duda una continuación del liderazgo que el presidente ha mostrado en esta etapa de Gobierno. Hay que recordar que una de sus primeras medidas fue crear una Comisión Interministerial donde, bajo la presidencia de Economía y Hacienda, varios ministerios, y en particular el de Medio Ambiente, pusimos en marcha políticas para luchar contra el cambio climático. Cara a la próxima legislatura, el presidente nos ha pedido que la exigencia ambiental esté presente de forma aún más nítida en el programa electoral. Y este periodo de sesiones puede acabar con la aprobación de una estrategia de cambio climático. Ya tenemos un borrador que acaba de ir al Consejo Nacional del Clima el 25 de octubre. Comprende numerosas iniciativas, muchas de ellas aprobadas en el Consejo de Ministros extraordinario de julio, pero se trata de seguir adelante y de continuar, sobre todo, con la cooperación de Comunidades Autónomas y de Ayuntamientos. Por otra parte, a partir del año que viene habrá un programa específico de energía y cambio climático en el nuevo Plan Nacional de I+D. Porque desde el punto de vista estratégico, el cambio de nuestro modelo energético es una absoluta prioridad. Y antes de que acabe la legislatura, dispondremos de un documento en el horizonte de 2030 en el que el presidente ha situado la concreción de su compromiso de ir reduciendo gradualmente la energía nuclear en España.

—¿Cuál es el comportamiento medioambiental de las Comunidades Autónomas?

—En general, todas han incorporado en su agenda el cambio climático y varias están elaborando o revisando sus estrategias al respecto. Quiero mencionar el caso de Andalucía, que ha aprobado un plan de acción de medidas concretas. Por ejemplo, con el código técnico de la edificación, todo nuevo edificio tiene que cumplir exigencias de eficiencia de energía. A lo que se ha comprometido la Junta, más allá de esa obligación, es a tener un capítulo de inversión para incorporar esas exigencias en viviendas ya existentes. Eso significa ampliar una medida del Ejecutivo central con dinero y gestión autonómicos.

—Su ministerio mantiene un contencioso a cuenta del trasvase del Ebro con la Comunidad Valenciana y Murcia, que además rechazan la solución planteada por Medio Ambiente de las desalinizadoras.

—El PP está instalado en la reclamación del trasvase del Ebro como la gran panacea. Un trasvase que fue rechazado por la Comisión Europea durante la etapa de Gobierno popular, mientras que todas y cada una de las actuaciones que hemos desarrollado dentro del Programa Agua tienen financiación europea. No sólo la construcción de plantas desalinizadoras; también hemos dado un impulso enorme a la modernización de regadíos con las técnicas de riego por goteo o localizado, que consigue ahorrar más del 50% de agua en la agricultura, reutilizando aguas depuradas, mejorando el funcionamiento de embalses que ya existen. ¿Eso significa que el Ministerio de Medio Ambiente niega la viabilidad de cualquier trasvase? No, tampoco es eso. Estamos construyendo uno en Valencia entre el Júcar y el Vinalopó adecuándolo a mayores exigencias ambientales con apoyo de la UE. Incluso estamos gestionando el trasvase ya existente del Tajo-Segura, aunque hoy no lo construiríamos porque toma agua de la cabecera de un río incidiendo en todo su caudal. Dicho esto, en el PP encontramos un enorme esfuerzo de demagogia: rechaza la desalación en Valencia y en Murcia cuando Matas la defendió en Baleares siendo presidente y cuando en Alicante hay una planta desaladora inaugurada por Camps y visitada por Aznar.

—A pesar de las lluvias de este año, tenemos que aprender a vivir con la sequía.

—Sin duda. Tenemos que saber que vivimos en un país muy vulnerable desde el punto de vista climatológico y seguir avanzando en el uso cada vez más eficiente del agua, desarrollando al máximo todas las nuevas tecnologías que nos permiten, por ejemplo, depurarla. Estamos en una ciudad donde los parques, los jardines y los campos de golf se riegan con agua potable. Y, sin embargo, disponemos en Madrid de depuradoras que podrían multiplicar por 10 la que se destina a estos usos. Acabamos de informar en el Consejo de Ministros un decreto sobre reutilización de aguas depuradas para que haya los máximos controles sanitarios y nadie se preocupe de emplearlas en su campo o su jardín. Como se está haciendo en otros países. Usar varias veces el agua al final es ahorrarla.

—Van a poner en marcha un nuevo Programa de Acción Nacional contra la Desertificación. ¿Se puede frenar en España la desertificación, que afecta al 35% del territorio?

—Se puede frenar el proceso y se pueden recuperar tierras desertificadas. España es uno de los países que más investigación aplicada ha desarrollado a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En varias fincas experimentales, sobre todo en el sureste español, se están llevando a cabo prácticas específicas de determinado tipo de siembra para recuperar la calidad del suelo. Eso tiene mucho que ver con aumentar nuestras masas forestales, porque el bosque es el mejor antídoto contra el avance del desierto. En esta legislatura hemos invertido unos 3.000 millones de euros para frenar la desertificación. Eso es el doble de lo que se invirtió en la legislatura anterior y es casi la mitad, serán cerca de 6.000 millones, de lo que tenemos previsto invertir en Medio Ambiente, en colaboración con Comunidades Autónomas, en los próximos cuatro años.

—¿Cuánto dinero le cuesta a España proteger sus recursos naturales?

—Es muy difícil hacer una estimación. Lo que sí está claro es qué tenemos que hacer. Por ejemplo, en relación a nuestro medio rural, donde hay muchos espacios valiosos, se está terminando la tramitación de dos leyes: la Ley de Desarrollo Rural Sostenible y la Ley de Biodiversidad. Las dos nos van a permitir obtener el máximo de financiación europea para proteger nuestra biodiversidad y además mantener la actividad económica y el bienestar en el medio rural consiguiendo que nuestros agricultores y ganaderos practiquen técnicas menos agresivas con el medio ambiente. También hemos aprobado la Ley de Responsabilidad Ambiental que obliga a las empresas, si contaminan, restaurar el daño ambiental que han producido. De modo que, desde el punto de vista económico, estamos introduciendo nuevas exigencias que harán que en este país, paulatinamente, se reduzca la contaminación y se recuperen espacios valiosos. 

—¿Los españoles estamos concienciados?

—Las últimas encuestas del CIS indican que más del 80% de los ciudadanos son conscientes de que existe un proceso de calentamiento del planeta. Casi todos aseguran que reciclan, y es cierto, pero la cosa cambia cuando se les pregunta si estarían dispuestos a utilizar menos el coche. España es el país de Europa en el que más se utiliza el coche para trayectos cortos. De modo que las Administraciones se lo tienen que tomar en serio potenciando el transporte público y el uso de la bicicleta.

—¿Y las empresas españolas?

—En general, van mejorando. De hecho, somos unos de los países con más empresas, a escala internacional, adheridas a sistemas de certificación ambiental. En esto ha habido un cambio espectacular. Ahora lo importante es que profundicemos en si se están cumpliendo las prácticas a las que se adhieren. Acabo de asistir a una jornada organizada por CC OO sobre el papel de los delegados ambientales en las empresas, una figura que nos ayudará a que sus empleados puedan participar activamente en su mejora ambiental. Ese también es uno de los retos de la próxima legislatura.

—¿Habrá compromiso político en la Convención de Bali del mes de diciembre?

—Todavía estamos bajo el mandato del protocolo de Kioto hasta el año 2012, pero en la Convención del Clima de Bali deberíamos avanzar en acuerdos básicos para seguir con un acuerdo posterior, y por tanto creo que podremos dar un paso más. Sobre todo porque en estos últimos años cada vez hay más países que se han sumado al protocolo de Kioto.

—¿Repetiría como ministra?

—Me siento muy privilegiada de haber sido ministra de Medio Ambiente y estoy a disposición del presidente Zapatero para lo que él quiera en la siguiente etapa. Pero es verdad que tiene un enorme coste desde el punto de vista personal, y creo que puedo ser útil en muchas cosas sin necesidad de volver a ser ministra.