Analizamos el alcance real del peligro medioambiental, la historia de los movimientos ecologistas,
las zonas del planeta más afectadas y la realidad de España.

España, entre las más afectadas

Todas las previsiones científicas sobre cambio climático sitúan a nuestro país entre los que percibirán un mayor impacto de los efectos del calentamiento global. Nuestra situación geográfica, la mala gestión hídrica y la degradación del suelo son factores que contribuyen a acrecentar estas consecuencias negativas, unido al retraso en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la firma del Protocolo de Kioto. Por ello, el Gobierno lleva tiempo desarrollando una serie de medidas de fondo para tratar de paliar este impacto negativo, a las que ha sumado un plan de choque y una campaña de concienciación.

Por P. A. N.

España es un país bastante más vulnerable que otros al fenómeno del cambio climático, por la calidad de nuestros suelos y por nuestra situación geográfica”, aseguraba recientemente la ministra de Medio Ambiente, Cristina Carbona. Y en esto parecía coincidir con los recientes premios Nobel de la Paz, el ex vicepresidente de los Estados Unidos y activista contra el calentamiento global, Al Gore, y el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC). El pasado 22 de octubre, en una conferencia organizada por el Instituto de Empresa Familiar, en Palma de Mallorca, Gore advertía de que una de las zonas en las que se va a registrar un mayor incremento de la temperatura media será el arco formado por España y el Magreb. El flamante Premio Príncipe de Asturias a la Concordia aseguraba que “va a ser un aumento muy superior al normal hasta la fecha”, y ponía como ejemplo uno de los humedales más ricos en biodiversidad de la Península Ibérica: “Se prevé que el calentamiento de la Tierra provoque que el verano en Doñana se alargue hasta cinco semanas al año más que ahora”, mientras que hacía hincapié en que “falta voluntad política” para atajar este grave e inminente problema, aunque también se mostraba convencido de que “no es tarde para actuar”.

Este planteamiento parecía chocar frontalmente con las consideraciones que, sólo un día antes, había expuesto el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, sobre la misma cuestión. El líder de la oposición había declarado que el cambio climático no podía convertirse en el problema más importante del siglo XXI, y que había otros más importantes, “como los del sector energético”. Para ello había citado la opinión de un primo suyo, catedrático de Física en la Universidad de Sevilla.

Las reacciones a estas manifestaciones no se hacían esperar. El candidato a la presidencia del Gobierno de la derecha recibía fuertes criticas desde casi todos los partidos españoles, especialmente, del gubernamental PSOE, y de las asociaciones ecologistas. Juan López Uralde, de Greenpeace, aseguraba que Rajoy “no está a la altura” en este asunto, comparando sus palabras con las posiciones de la mayoría de las formaciones conservadoras europeas, que sitúan la lucha contra el cambio climático entre sus prioridades de actuación. “Es lamentable que alguien con opciones reales de llegar al Gobierno no tenga los conocimientos suficientes sobre esta cuestión. Es una realidad científicamente demostrada, y el panel de expertos sobre cambio climático atribuye su existencia en un 95 por ciento a la actividad humana”, expresaba López Uralde.

El portavoz de Ecologistas en Acción, Pablo Cotarelo, mostraba su preocupación por las afirmaciones del dirigente del PP, quien, a su criterio, “demuestra un gran desconocimiento sobre la materia al confundir las previsiones meteorológicas con los estudios sobre el cambio climático”. Desde WWF/Adena, su secretario general, Juan Carlos del Olmo, recordaba que hasta el mismo presidente de Estados Unidos, George W. Bush, que tanto se ha resistido a admitirlo, ahora acepta la existencia de este amenazante fenómeno y está introduciendo modificaciones sustanciales en sus políticas al respecto, al tiempo que aseguraba que “la lucha contra el cambio climático está en el top de las agendas de los principales líderes políticos”.

La cuestión, a escala mundial, se presenta con suma gravedad, según el gran consenso que existe actualmente entre la comunidad científica, y en el caso de España, los augurios son aún más pesimistas, ya que nos encontramos en una de las áreas geográficas del planeta que se verán más afectadas. Los estudios generales y los que se han realizado por científicos españoles alertan de que se producirá un tendencia progresiva al incremento de temperaturas a lo largo del siglo XXI. Según estos expertos, los aumentos de temperatura media son “significativamente mayores en los meses de verano que en los de invierno” y, respetando esta tendencia, serán más marcados en las zonas del interior que en las costas y las islas.

Otro elemento relevante es una tendencia generalizada a una menor precipitación acumulada anual, lo que tendrá unas consecuencias muy negativas en el régimen hídrico y hará mucho más difícil su gestión. Según estos estudios, las anomalías térmicas medidas mensualmente tendrán mayor amplitud y serán más frecuentes. Dentro de esta tendencia, se darán con mayor frecuencia los días con temperaturas máximas extremas en casi toda la Península Ibérica, especialmente durante el verano. Los cálculos proyectan que en el último tercio de siglo, la disminución del régimen de lluvias se concentrará más en los meses de primavera, y que el cambio de régimen pluviométrico ocasionará un aumento de las precipitaciones en el oeste peninsular, especialmente en el invierno, y también un incremento de las precipitaciones en el noreste, aunque, en este caso, concentrándose en el otoño.

Estas dos circunstancias, el aumento notorio de las temperaturas, y la disminución de las lluvias –unido al menor almacenamiento de agua en forma de nieve- producirán una serie de consecuencias negativas en cadena que afectarán a todos los ámbitos de nuestra vida y a la biodiversidad de nuestros ecosistemas –actualmente, los más ricos de Europa-. Las proyecciones efectuadas por los técnicos en cuanto a ecosistemas terrestres, auguran que el cambio climático provocará una alteración en las interacciones entre especies, y que favorecerá la expansión de especies invasoras y plagas. La mayor dificultad para el secuestro de carbono atmosférico de los ecosistemas en las condiciones que se avecinan producirán nuevas migraciones de especies y la extinción de otras. Las zonas más sensibles a estos efectos son las islas, los sistemas de alta montaña y las zonas de transición.

En cuanto a los ecosistemas acuáticos continentales, se prevé una reducción importante de su biodiversidad. Se verán afectados ríos y arroyos de alta montaña, lagos, lagunas y los humedales costeros, con la dificultad de que la capacidad de adaptación a los cambios de los sistemas acuáticos de la península es muy limitada.

Los ecosistemas marinos de las costas españolas verán reducida considerablemente su productividad, con lo que el sector de la pesca se verá directamente afectado. Los cambios impactarán de lleno en casi todos los organismos que se desenvuelven en este medio, fitoplancton, zooplancton, algas y peces, produciéndose modificaciones en las redes tróficas. Se incrementarán las especies de aguas templadas y subtropicales, mientras que disminuirán las boreales. También es previsible la aparición de fitoplancton tóxico y de parásitos.

En lo referente a la biodiversidad vegetal, el calentamiento y la reducción de recursos hídricos producirán un efecto doble, la mediterraneización del norte del país, y la aridización del sur. El incremento de la temperatura favorecerá el incremento de los incendios forestales –hasta un 60 por ciento más, según datos que manejan en Greenpeace-. La vegetación de alta montaña, los bosques esclerofilos y lauroides del sur y la vegetación litoral (en este caso, además hay que añadir el riesgo de cambios por la subida del nivel del mar) son las variedades y zonas más sensibles al efecto del cambio climático. A todo esto hay que añadirle la baja calidad del suelo, los cambios para uso agrícola introducidos por la mano del hombre y la despoblación de las zonas rurales –en España, el 79 por ciento de la población y el 78 por ciento de la vivienda construida se concentran en el 12 por ciento de los municipios, y ocupan sólo un 19 por ciento del territorio nacional-, como elementos de amplificación de los efectos de esta situación que se nos viene encima.

El nuevo clima que, como se ha explicado, vendrá de la mano de un aumento sensible de las temperaturas, y una disminución del régimen pluviométrico (tanto de lluvia, como de nieve), implicará una disminución de las aportaciones hídricas y, con toda probabilidad, un aumento de la demanda de agua de la agricultura de regadío. Las previsiones señalan a las zonas semiáridas como las más críticas, puesto que se calcula que la disminución de las precipitaciones podría llegar al 50 por ciento. Según un modelo de proyección que contempla un aumento de temperatura media en un grado centígrado para 2030, las disminuciones de lluvias de un cinco por ciento podrían suponer una disminución de las aportaciones hídricas de un 14 por ciento. Llegando hasta dos grados centígrados en 2060, los modelos hablan de una disminución de aportaciones hídricas un 22 por ciento inferiores a las actuales. Además, esta pérdida no sería uniforme; el impacto sería muy superior en las cuencas del Guadiana, Guadalquivir, Júcar, Segura, Baleares y Canarias.

Todo esto provocará, consecuentemente, un impacto sobre la actividad económica y en la producción agropecuaria y pesca. Muchas especies cultivadas actualmente se volverán inviables en las futuras condiciones, al igual que sucederá en la ganadería y en la explotación de los bosques y sus recursos. El turismo, una de las primeras industrias nacionales, se verá severamente afectado por los cambios, tanto por la modificación de la imagen de las costas –donde el urbanismo salvaje ya ha provocado modificaciones muy negativas, no sólo estéticas, sino desde el punto de vista ecológico y, como se ha visto muy recientemente, con la modificación artificial de las salidas naturales de las riadas-, como por el acortamiento de las temporadas de esquí en las estaciones de alta montaña, donde la tendencia se encamina a la disminución permanente.

Nuestro país, además, se encuentra muy lejos del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la firma del Tratado de Kioto (1997), debido, en buena parte, a nuestro ritmo de crecimiento económico –casi el doble anual de la media comunitaria en el último lustro-, con lo que también hemos incrementado de manera notable el consumo de combustibles fósiles y, como consecuencia, nuestras emisiones de CO2 a la atmósfera. En la actualidad estamos a más de un 26 por ciento de distancia de las tasas de emisión a las que España se comprometió en Kioto (casi 500 millones de toneladas de CO2 en 2006). Por ello, el Gobierno ha puesto en marcha una serie de ambiciosas medidas contempladas en la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, y en las Medidas Urgentes de la Estrategia de Cambio Climático y Energía Limpia, promovidas por el Ministerio de Medio Ambiente. Unos planes de muy amplio espectro que abarcan todas las posibilidades de actuación sobre las previsiones científicas, tanto a corto, medio y largo plazo, como multitud de iniciativas para la reducción de emisiones contaminantes y apoyo a la utilización de energías renovables para sustituir progresivamente a los combustibles minerales –actualmente, un 22 por ciento de toda la energía que consumimos es de origen renovable-. También se incluyen planes de concienciación, y hasta la adquisición de cientos de copias del documental “Una verdad incómoda”, patrocinado por el Nobel Al Gore, para ser exhibidos en escuelas y centros educativos de todo el país. Pero, a tenor de los avisos de los expertos, su aplicación y efectividad se hacen urgentes, además de parecer posibles y viables.

Según nos comenta la responsable de esta campaña de Greenpeace en España, Raquel Montón, un estudio encargado en 2003 por esta organización a la Universidad de Comillas, revelaba que era posible y viable económicamente abastecer al equivalente de 56 españas sólo con energías renovables que podían ser producidas en nuestro país en las actuales circunstancias.

Estamos muy lejos de ese modelo. Basta consultar el recentísimo informe presentado por la Fundación Biodiversidad (dependiente del Ministerio de Medio Ambiente), en el que se demuestra que en España se contamina 2,6 veces más que nuestra capacidad de regeneración de lo contaminado. El informe titulado “La huella ecológica como elemento de valoración de la sostenibilidad del desarrollo”, explica que lo que se denomina “huella ecológica” es un indicador matemático que establece la superficie en hectáreas necesaria para volver a producir los recursos que hemos utilizado y para asimilar los residuos que hemos producido. Según el documento, cada español necesitaría 6,4 hectáreas de terreno para reponer lo consumido y asimilar lo contaminado, 2,6 veces más del territorio nacional. Lo peor es que en casos como el de la Comunidad de Madrid, la tasa llega a 20 veces la biocapacidad de su territorio. Sólo las dos Castillas y Extremadura no exceden de esta capacidad.