La Iglesia toma partido

BEATOS POR DIOS Y POR ESPAÑA

 Coincidiendo con la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica y con el 25 aniversario del primer triunfo socialista en unas elecciones democráticas, el próximo 28 de octubre tendrá lugar en Roma la ceremonia de beatificación de 498 religiosos del bando franquista, considerados “mártires” por la Conferencia Episcopal Española. Pese a que en fuentes de la Iglesia católica oficial se atribuye esta coincidencia de fechas a una simple casualidad, desde distintos ámbitos, incluidos los cristianos de base, este acto se considera una muestra más del enfrentamiento nada encubierto de la jerarquía eclesiástica con el Gobierno. También, el hecho de que en ninguna ocasión –por supuesto, tampoco en ésta– se haya propuesto el ascenso a los altares de religiosos caídos en el bando republicano, es valorado como una muestra más de la falta de evolución de esta institución, que continúa anclada en los mismos postulados que hace 70 años.

Por Pedro Antonio Navarro

Recordemos que en España, al desatarse los odios hacia la religión, en aras de una ideología totalitaria de carácter marxista y laicista que pretendía en aquellos años borrar a Dios del ser humano, nuestros mártires respondieron con amor en medio de una destrucción social y moral generada en su entorno. (…) Incluso al margen del debate político que algunos han querido suscitar con los ‘mártires de la Guerra Civil’, a muchos católicos les molesta la presencia de los mártires de 1936 – 1939. Por el contrario, también molestan a los vencidos de la guerra, y a sus herederos ideológicos, porque aquellos mártires denuncian en la actualidad la persecución religiosa de aquellos terribles años, obstinándose en no querer reconocer sus responsabilidades históricas”. Este texto puede leerse en la edición especial de la Hoja Informativa de la Hermandad de Nuestra Señora de los Caídos de Paracuellos del Jarama (Madrid), que fue publicada el pasado verano con motivo del anuncio de la masiva ceremonia de beatificación que tendrá lugar en Roma, el próximo 28 de octubre.

¿Quiénes son los beatificados? En esta ocasión se trata de dos obispos, 24 sacerdotes, 462 religiosos, un diácono, un subdiácono, un seminarista y siete laicos, en total 498 personas, que se sumarán a la larga nómina iniciada bajo el mandato del anterior pontífice, Juan Pablo II, que, a partir de 1987 en tres actos similares a éste, ya había beatificado a otros 468 caídos del bando franquista (11 de ellos son ya santos, al haber finalizado su proceso completo). Sin embargo, nunca se había producido un acto de elevación a los altares tan masivo. Éste, además, no será el último; la jerarquía eclesiástica española está gestionando alrededor de otras 12.700 peticiones que, en todos los casos corresponden a religiosos del bando franquista; “mártires del siglo XX”, como los denominan oficialmente en la Conferencia Episcopal Española (CEE).

La persistencia en presentar siempre a personas del mismo bando para su dignificación religiosa, y la oportunidad de la fecha elegida, coincidente exactamente con el 25 aniversario del primer triunfo del PSOE en unas elecciones democráticas, y con la aprobación de la Ley de Memoria Histórica –a la que se han opuesto con contundencia y públicamente varios de los obispos y cardenales españoles más significados- ha provocado que surjan reproches desde diversos ámbitos por la conflictividad que se imputa a la Conferencia Episcopal por estas decisiones polémicas.

Oficialmente se ha negado la intencionalidad de confrontar esta revisionista visión de la memoria histórica con la recién aprobada ley en el Parlamento –en la que hasta el Partido Popular, que con tanta fuerza se había opuesto a su tramitación, ha votado favorablemente a un tercio de su articulado-, y el portavoz de la CEE, el jesuita Juan Antonio Martínez Camino, lo ha atribuido a una “mera coincidencia. La Iglesia trabaja con su propio calendario, que no está marcado por ningún otro, y mucho menos por los calendarios de los políticos”. Aseguraba, igualmente, que las 23 causas que engloban las 498 propuestas habían arrancado en diferentes momentos históricos (17 de ellas, en plena dictadura), y que habían sido remitidas a Roma todas juntas en 1997. El Papa firmaba los últimos reconocimientos hace dos meses y habría sido su entorno quien estableció la fecha.

Ante preguntas relativas a las razones por las que la Iglesia católica oficial española nunca proponía para su elevación a los altares a personas asesinadas y martirizadas del bando republicano, Martínez Camino asegura “desconocer si estos hechos sucedieron en la zona nacional”, al tiempo que afirma que no existe ninguna connotación política detrás de un acto “cristiano, de reconciliación y de paz que no busca culpables del martirio, ni discutir cuestiones históricas o políticas”.

Hasta este momento han confirmado su presencia en la convocatoria que se desarrollará en la Plaza de San Pedro romana un total de 74 obispos españoles. La CEE calcula que también acudirán alrededor de 25.000 fieles, mientras que la representación institucional estará encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.

Pocos creen que tras este acto de ensalzamiento masivo de unos religiosos identificados con el bando vencedor de nuestra cruenta Guerra Civil no se esconda una intencionalidad política clara. La debilidad de la posición del actual presidente de la Conferencia Episcopal, el moderado obispo de Bilbao, Ricardo Blázquez, ha dado lugar en lo últimos años a que la imagen real de la cúpula católica en nuestro país haya estado casi monopolizada por obispos y cardenales de marcado carácter reaccionario, como el cardenal de Toledo, Antonio Cañizares (vicepresidente de la CEE) o el arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, que han conseguido que, por primera vez en la historia de la democracia, la jerarquía católica apoyase y participase activamente en manifestaciones y actos públicos en contra de determinadas decisiones del Gobierno, como el cambio del Código Civil que permite los matrimonios entre personas del mismo sexo, o la Ley de Educación que acababa con la obligatoriedad de la asignatura de religión y su peso en la evaluación conjunta del alumno.

Un dato más que abunda en esta deriva se encuentra en el hecho de que el postulador de la causa de estos 498 mártires, el sacerdote de la Archidiócesis de Toledo, Jorge López Teulón, confirmara que estaría ofreciendo una conferencia el pasado 18 de octubre en el Aula de Fuerza Nueva, hoy convertida en editorial, y antaño formación política de extrema derecha que reivindicaba los valores y la propia dictadura franquista en sí misma. López Teulón es, además, autor de un libro sobre otros integrantes del bando franquista ya canonizados, y ha participado con asiduidad en las tertulias del programa de la tarde de la emisora COPE.

Hasta las comunidades cristianas de base están dando la voz de alarma por este comportamiento de los máximos responsables de la Iglesia, que consideran políticamente tendencioso. Una de las voces más firmes en este sentido proviene del Secretariado Diocesano de Justicia y Paz de Bilbao (al frente de cuya diócesis se encuentra el presidente de la CEE, el obispo Ricardo Blázquez). En un comunicado fechado en mayo de este año, califican la iniciativa beatificadora de los purpurados españoles de “una más de las numerosas medidas que parecen posicionar a la Iglesia en actitud beligerante”. Aseguran que la beatificación “está tan cargada de ambigüedad y de talante polémico que tememos que en nada ayudará a la reconciliación de la sociedad española”, y lamentan que “no haya habido lugar para otros creyentes y eclesiásticos, que también fueron víctimas inocentes, aunque sus victimarios fueran del bando político legitimado por la propia Iglesia jerárquica”. El párrafo más duro en su crítica de este comunicado denuncia que “la utilización de las víctimas olvida que, en gran medida, fue la complicidad de la propia Iglesia, beligerante junto a uno de los bandos en la contienda, la que las convirtió en potenciales víctimas”.

Cuando se conocía el contenido de este texto, justo antes del verano, en la CEE aseguraban que su lectura había producido una “honda conmoción”. En aquellos momentos, Blázquez se encontraba en Brasil, participando en la V Asamblea del Episcopado Latinoamericano.

No han sido, desde luego, las únicas críticas nacidas en el propio seno de la Iglesia católica. A mediados de la pasada semana, la asamblea de Redes Cristianas, en las que se agrupan casi 150 grupos y movimientos católicos de base de todo el país, hacía público un manifiesto en el que, entre otras consideraciones, se razona que “dado que la Iglesia no ha pedido perdón por lo ocurrido, esta beatificación es inoportuna y manifiesta la incapacidad de la jerarquía por superar las posiciones de hace 70 años. Por otra parte, se presta a una obvia instrumentalización política”.

Y es cierto que nunca se ha producido esa petición de perdón por haber sido parte activa e integrante de uno de los bandos en contienda, aunque hubo una gran oportunidad de hacerlo. Fue en 1971, durante la celebración de la Asamblea Conjunta de Obispos y Presbiterios de la Iglesia Española, donde fue presentada una proposición para su aprobación, la número 34, que planteaba que “si decidimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra ya no está en nosotros. Así pues, nosotros no supimos a su tiempo ser ministros de reconciliación en el seno de nuestro pueblo, dividido por una guerra entre hermanos”. Esta proposición fue presentada, hasta cuatro veces, pero nunca fue aprobada.

Lo cierto es también están registrados y documentados numerosos casos de religiosos abatidos, asesinados y torturados por las fuerzas franquistas durante la guerra, y posteriormente, por el aparato represor de la dictadura. Caso casi emblemático es el de los 16 sacerdotes vascos asesinados en octubre de 1936 en diversas localidades de Euskadi a manos de las fuerzas franquistas, como también los 15 religiosos asesinados en Santoña (Cantabria) por tropas de la Italia fascista que apoyaban la sublevación militar española contra la República, así como otros muchos casos en Mallorca, Aragón, Galicia, Castilla La Mancha o La Rioja. Recientemente los recordaba el senador por el Partido Nacionalista Vasco Iñaki Anasagasti, cuando escribía. “Por considerar que estaba amenazada, y la derecha española preferir una “España roja a una España rota”, dieron comienzo a aquella guerra salvaje bendecida como Cruzada, que se llevó por delante a estos 16 sacerdotes vascos, entre otros, por ser sacerdotes y por ser vascos. ¿Para cuándo la hora del reconocimiento, Santidad?”.

El régimen franquista, según el ex ministro y actual eurodiputado del Partido Popular, Jaime Mayor Oreja, “representaba a un sector muy amplio de españoles, y hubo familias que lo vivieron con naturalidad y normalidad”, e incluso que era “una situación de extraordinaria placidez”. Parece que llega la hora de quitarse las caretas, y por lo que, mediante sus actos, expresa la jerarquía de la Iglesia católica en España, parece que también están de acuerdo en poner fin al carnaval.

El testimonio de Claude Bowers

El que fuera embajador de Estados Unidos en España durante la II República y la Guerra Civil, Claude Bowers, publicó un libro sobre su intensa experiencia, titulado “Misión en España, 1933-1939”. En él recoge diversos episodios cruentos de la guerra. En uno de sus capítulos, “El martirio de los vascos”, Bowers relata el bombardeo de las fuerzas aéreas de la Alemania nazi sobre la localidad de Durango, y se detiene en lo sucedido en un convento de religiosas: “En la capilla de Santa Susana, las monjas podían oír el ruido siniestro de los aviones volando muy bajo. Los aviadores nazis lanzaron toneladas de pesadas bombas. Una de ellas estalló sobre el tejado de la capilla de Santa Susana, y las monjas volaron literalmente en pedazos, mezcladas con trozos de las sagradas imágenes”.

También evoca el diplomático norteamericano los casos de los 15 sacerdotes fusilados en Santoña y relata el asombro que produjo que no hubiera ninguna protesta por parte de la jerarquía eclesiástica ante las autoridades de las fuerzas rebeldes.

Lo que, al menos sí ha quedado para la historia son los nombres de los 16 religiosos vascos asesinados en Euskadi en octubre de 1936:

José de Ariztimuño, José Adárraga y Alejandro de Mendikute, fusilados el 17 de octubre de 1936 en Henani. Gervasio de Albizu y Martín de Lecuona, vicarios de la parroquia de Rentería, asesinados el 8 de octubre de 1936. José Peñagarikano, vicario de Markina, fusilado el 27 de octubre de 1936. José de Markiegi, Aniceto de Eguren, José Sagarna y Leonardo de Guridi, presbíteros, fusilados el 24 de octubre de 1936. José de Arin, arcipreste de Mondragón, fusilado el 24 de octubre de 1936. Celestino de Onaindía, vicario de Elgoibar, fusilado el 28 de octubre de 1936. Padre Román, superior del convento de los Padres Carmelitas de Amorebieta, Padre Lupo, Padre Otano, José Iturri Castillo, párroco de Marín, fusilados el 24 de octubre de 1936.

ROUCO Y LOS DUROS, AL ASALTO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL

Dentro de unos meses, casi coincidiendo con la convocatoria de las próximas elecciones generales, en marzo de 2008, la Conferencia Episcopal Española, como corresponde cada tres años, habrá de elegir sus cargos directivos en Asamblea Plenaria (las fechas inicialmente previstas son entre el 3 y el 8 de marzo). La batalla para conseguir la presidencia parece plantearse, de nuevo, entre el actual máximo dirigente, el obispo de Bilbao, Ricardo Blázquez, y el arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela. Blázquez ya ha expresado en diversas ocasiones su disponibilidad a repetir en su puesto, aunque, parece que lo tendrá difícil en esta ocasión. Ya en 2005 consiguió alzarse con la presidencia por un margen apretado de votos (40 frente a 37), y en tercera votación. Le ayudó mucho la circunstancia de que su oponente, Rouco Varela, al presentarse para obtener un tercer mandato consecutivo, necesitaba obtener dos tercios de los votos, según los estatutos de la CEE –y entonces, sólo le faltó uno para conseguirlo-.

El moderado Blázquez tiene también en su contra el hecho de que, durante estos tres años de su mandato no ha sido su voz la que más se ha escuchado representando a la Iglesia católica en España, sino la del vicepresidente de la Conferencia Episcopal, el ultraconservador cardenal Antonio Cañizares, o la del arzobispo de Madrid, ambos mucho menos dialogantes.

A su favor está el hecho de que nunca, hasta el momento, se ha dado la circunstancia de que no se refrende a un presidente que se haya presentado  un segundo mandato, y esta clase de tradiciones tiene un peso importante entre los obispos y cardenales. También sus posiciones menos abiertamente hostiles al actual Gobierno podrían procurarle votos políticos, en previsión de que a ambas partes les espere una larga convivencia.

Los movimientos y cambios que se han producido en estos tres años no han favorecido las aspiraciones de Blázquez, ya que la mayoría de los que se han jubilado eran considerados próximos a su línea, por lo que, en principio, al comienzo de la carrera, Rouco contaría con más fieles.

Sin embargo, es preciso estar atentos a los movimientos que tienen su origen en el Vaticano. Un gesto de Joseph Ratzinger colocando a Blázquez al frente de una diócesis más importante y menos complicada que la vizcaína, sería interpretado como un apoyo tácito a su candidatura. Varios analistas de asuntos eclesiásticos coinciden en que parece que la actual situación no es vista con malos ojos en Roma. Blázquez, como presidente, y Cañizares, como vicepresidente y contrapeso, forman un tándem que abre más posibilidades y que permite “poner una vela a Dios y otra al Diablo” a la diplomacia vaticana en sus relaciones con España.

El primer movimiento se producía el pasado 17 de octubre, con el nombramiento de tres nuevos cardenales españoles. Urbano Navarrete, con 87 años, se antoja un nombramiento de reconocimiento a una larga labor, pero sin una significación política relevante. Más enjundia tienen los del arzobispo de Valencia, el conservador Agustín García-Gasco –hombre cercano al PP-, y el del arzobispo de Barcelona (sede dividida en tres en 2004 –Barcelona, Terrassa y Sant Feliu de Llobretgat-)), Lluís Martínez Sistach, considerado como próximo a Ricardo Blázquez.

Se especula con que estos nombramientos vayan a dar paso a una serie de ajustes en cadena y a un baile de sedes para los obispos en los próximos meses. El actual presidente de la CEE, Ricardo Blázquez, podría ser enviado a la diócesis de Oviedo, en sustitución de su titular, Carlos Osoro (que también suena como una tercera opción presidenciable), quien, a su vez, podría hacerse cargo de la diócesis valenciana, la segunda más importante, por número de fieles, del país. Aunque otros observadores consideran que el movimiento de Roma podría ser enviar a Valencia a Blázquez, lo que sí sería considerado como un evidente signo de respaldo a su candidatura. En todo caso, la remodelación que se avecina afectará a las diócesis de Valencia, Pamplona Coria-Cáceres, Santander, Segovia, Lugo, Málaga, Mérida, Lérida, Bilbao, Madrid (posiblemente), Alcalá de Henares, Jerez, Huesca, Jaca y Santiago de Compostela.

Aunque no se ha pronunciado, como Blázquez, sobre sus deseo de ocupar, de nuevo, la presidencia de la Conferencia Episcopal, los movimientos de Antonio María Rouco Varela sí parecen apuntar en ese sentido. En los últimos tiempos aparece con un discurso más moderado, para distanciarse, al menos, de modo virtual, de las posiciones extremas de Cañizares y, así, tratar de ocupar una posición más centrada entre éste y Blázquez. Por ejemplo, recientemente recomendaba a los padres que utilizaran los medios legales para tratar de evitar que se imparta a sus hijos la asignatura de Educación para la Ciudadanía, alejándose de la llamada a la desobediencia civil efectuada por el cardenal de Toledo. Además, Rouco ha rechazado los ofrecimientos hechos desde Roma para ocupar un papel ejecutivo en la Curia, manifestando siempre su intención de jubilarse en Madrid –algo que sucederá forzosamente en 2011-.

Por su parte, Cañizares, tal como ha expresado, sólo estaría dispuesto a llevar sus maletas al Vaticano para dirigir la Congregación de la Doctrina de la Fe (antigua Inquisición), puesto que durante el mandato de Juan Pablo II ocupaba el actual Papa.

Quien sí tiene pie y medio en la Ciudad Eterna es el actual portavoz de la CEE, Juan Antonio Martínez Camino, para quien está reservado –probablemente, antes de fin de año- el puesto de secretario de la Congregación de la Educación Católica, junto con un muy probable ascenso a obispo, algo vetado para él en España, por su pertenencia a la Compañía de Jesús, pero que podrá conseguir si reside fuera del país.

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