Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica

"LOS PARTIDOS QUE NO CONDENEN LA

DICTADURA DEBERÍAN PERDER LAS

SUBVENCIONES"

El abuelo de Emilio Silva murió fusilado de un disparo en la sien hace 71 años en la Guerra Civil. Su nieto rescató los huesos de una fosa en Priaranza del Bierzo (León) seis décadas más tarde. Ahora, Emilio es el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, un colectivo que lleva años buscando los lugares donde fueron enterradas muchas víctimas de la represión. En esta entrevista con EL SIGLO, comenta sus opiniones sobre la denominada Ley de Memoria Histórica, que el PSOE, con el respaldo de IU-ICV, CiU, PNV y CC, logró la semana pasada sacar adelante en la Comisión Constitucional del Congreso y a la que se opusieron Esquerra Republicana y PP.

Por Luis Marchal

Por fin, la conocida como Ley de Memoria Histórica sale para adelante.
—Lleva, entre comillas, un retraso de dos años y medio. Nosotros, la asociación en la que estoy, nos reunimos en Moncloa con la Comisión Interministerial en diciembre del año 2004 y se nos dijo que en el siguiente mes de marzo ya estaría en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

—Qué le parece la redacción definitiva del proyecto de ley?
—El texto que presentó el Gobierno el 28 de julio del año pasado era muy blandito, no se comprometía con casi nada. Ha mejorado bastante, aunque todavía tiene carencias. En el tema de las fosas comunes de los desaparecidos, ha pasado de decir que los ayuntamientos nos facilitasen las cosas, que eso puede ser simplemente que nos den los buenos días, a considerar que es una responsabilidad que tiene que asumir el Estado.
—¿De qué carencias habla?
—La ausencia más grave reside en el tema de la educación. Mucha gente de nuestro país ignora el pasado. Para fortalecer la cultura democrática, estaría muy bien que dejaran de olvidarlo.

— Quizá, podría haberse dado una polémica parecida a la que se ha encontrado el Gobierno con la asignatura Educación para la Ciudadanía.
—Problemas iba a haber independientemente de lo que dijera la ley. Cualquier país europeo que padeció conflictos o movimientos fascistas en la primera mitad del siglo XX, y nosotros los tuvimos en buena parte de la segunda, poseen programas educativos en los que hacen mucho énfasis en esos períodos. Aquí... El País publicó una encuesta en julio del año pasado en la que un 35,6 % de los consultados afirmaban no haber estudiado jamás en sus centros de enseñanza nada que tuviera que ver con la II República, la Guerra Civil o la dictadura franquista. Hablamos de casi 14 millones de personas. Es un pasado reciente que sirve para entender muchas cosas de los que sucede en este país.

—¿ Es posible borrar la huella del pasado?
—No, siempre estará ahí, lo reconozcamos o no. La sociedad española tiene muchos comportamientos que tienen que ver directamente con lo que generó la cultura política franquista. El hecho de que una dictadura eduque a dos generaciones tanto en las escuelas como en la vida diaria y reeduque a miles de prisioneros en cárceles y campos de concentración deja una huella.

—¿Qué comportamientos?
—En España, hay muy poca participación en muchos aspectos; por ejemplo, en política y en las reclamaciones de las organizaciones de consumidores. No es casual que tengamos el salario mínimo más bajo de Europa. Incluso, cuando la izquierda gobierna, es muy blanda con respecto a sus ideas, mientras que la derecha no tiene ningún complejo. Además, en los pueblos, donde nosotros exhumamos las fosas, todavía hay mucho miedo. Y hay gente a la que le gusta recordarlo, porque saben que, como consecuencia, se da un efecto político.

—Se podría decir que el texto encierra trampas?
—Trampas no. Simplemente es una ley que no satisface a muchos colectivos. Es bueno que un Gobierno por fin haga políticas de memoria y dejemos de vivir como si aquí no hubiera habido una dictadura durante cuarenta años. También es positivo para la democracia el debate social que ha generado.

—¿Ha asumido el Estado la responsabilidad que tiene, según su asociación, con respecto a un pasado como la dictadura?
—Es difícil de determinar. Sí que es evidente que no ha sido así en los 32 años que han transcurrido desde la muerte de Franco. Esta ley tampoco pone remedio en lo que se refiere a la nulidad de los juicios sumarísimos. Realmente, tiene que ver con una cuestión económica. Muchos de los sumarios que tuvieron lugar llevaban asociados la confiscación de bienes. Si los juicios se anularan, la deuda del Estado con las familias que pertenecían a la burguesía liberal republicana, con importantes patrimonios que les fueron arrebatados, sería enorme. Y hay grandes empresas españolas que utilizaron en su momento a presos políticos como mano de obra y el Estado no las obliga a ejercer ningún tipo de responsabilidad.

—El PSOE argumenta que la anulación automática de los juicios sumarísimos crearía "inseguridad jurídica".
—¿Qué es la inseguridad jurídica? El problema realmente es económico. Hay inseguridad jurídica porque a lo mejor el solar donde está construida en Madrid la Torre Picasso no es del dueño de la Torre Pisasso. Y eso genera inseguridad, pero económica.

—Le satisface que ayuntamientos, instituciones y particulares vayan a tener la obligación de retirar los símbolos franquistas salvo excepciones "artísticas" o de "estricto recuerdo privado sin exaltación de los enfrentados"?
—Pues sí, porque los espacios públicos de una democracia deben dedicarse a quien ha trabajado para generar beneficios para ella. Es incomprensible, por ejemplo, que existan calles con el nombre de Antonio Vallejo-Najera (quien fue jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares de Franco), el psiquiatra que consideró una teoría sobre el gen marxista e hizo que a muchas mujeres republicanas les secuestraran a sus hijos. Es una cuestión de justicia y pedagogía.

—¿La Iglesia se verá ofendida por tener que retirar los símbolos?
—Tendrá que elegir entre hacer caso a la ley o perder subvenciones. No creo que le guste. La Iglesia no ha tenido una actitud muy digna en relación a su pasado, con lo que apoyó y justificó en la dictadura. Necesita que el Estado le ponga límites, algo que no hizo la Transición española.

—Al final, el Valle de los Caídos honrará a todas las víctimas de la Guerra Civil.
—Es positivo, aunque insuficiente. Debería honrar a quienes lo construyeron obligados.

— Precisamente, el PP sí que avaló el pasado miércoles en la Comisión Constitucional la enmienda de CiU favorable a despolitizar el Valle de los Caídos.
—Hay cosas que el PP no se puede negar a votar afirmativamente. Ésta era una cuestión que no dividía España, que es lo que argumentan los populares para estar en contra de la ley. Votar sí a esta medida es compatible con no condenar el franquismo.

—¿Considera que al PP le cuesta condenar el franquismo?
—Absolutamente, sólo hay que ver las declaraciones que hizo Jaime Mayor Oreja en La Voz de Galicia el pasado 14 de octubre (en las que rechazó condenar el franquismo porque entiende que "fue peor la Guerra Civil" y que gozó de un "amplio apoyo" de familias españolas). Le he oído durante años pedir a una fuerza política del País Vasco que condene atentados y él es incapaz de condenar un régimen que fusiló a más de 50.000 personas y secuestró a la democracia de este país. En sus estatutos, el PP dice que muestra su solidaridad con las víctimas de cualquier violencia. Esto es un incumplimiento de sus estatutos. Sus dirigentes son conscientes de que hay un franquismo sociológico todavía numeroso. Durante 40 años, se puede crear mucho clientelismo. Además, la dictadura dio miles de puestos de trabajo vinculados a las familias de sus ex combatientes al acabar la guerra. En parte, el partido presidido por Mariano Rajoy tiene que representar a esa gente. Si la ley puede quitar subvenciones a las instituciones que no quiten símbolos franquistas, debería hacer lo mismo con partidos políticos que no condenen la dictadura.

—¿España está rota?
—No. España es un país tan dividido como que tiene nueve grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, hay ricos y pobres, gente del campo y de la ciudad... Las sociedades complejas en las que vivimos son así. Es una frase absurda. El problema es que se piensa poco, no tenemos una cultura muy reflexiva. Más bien obediente. En esto, también tiene que ver la dictadura. La gente cacarea ideas que dicen los políticos sin pensarlas. Respecto a la manida frase de "reabrir heridas", ¿cómo va a haber cerrado una herida alguien que no sabe dónde está su padre y que desea que esté enterrado en un cementerio dignamente? Y llevo siete años metido en el tema de las fosas y nunca he visto odio en las familias con las que he hablado.

—¿Qué opinión le merece el que CiU haya conseguido introducir una mención a las persecuciones por "razones religiosas"?
—Entiendo que figure, porque hay que contarlo todo. Nunca está bien lo que hace un asesino. Eso sí, sería igual de real, justo e histórico incluir lo que ha hecho la Iglesia católica. Ciertos sectores de ella se han olvidado de gente que no fue asesinada por las hordas marxistas, sino por las franquistas, y que Franco tuvo un módulo en la cárcel de Zamora dedicado a sacerdotes disidentes de la línea de la jerarquía eclesiástica.

—El arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, considera que la Ley de la Memoria Histórica "no es necesaria en este momento".
—No en éste (ironiza). ¡Cuándo se hayan muerto todos lo que vivieron aquello! Es igual de necesaria que para ellos beatificar a 498 mártires el próximo día 28. Yo no veo al PP que diga a la Iglesia que no remueva el pasado.

—¿Se puede considerar la beatificación de los 498 mártires de la Guerra Civil como una respuesta de la Iglesia a la Memoria Histórica?
—No creo que sea casual que el debate en el pleno del Parlamento (el 31 de octubre) vaya casi a coincidir con esa beatificación. Realmente no me parece mal. El problema es lo que no hace la Iglesia y debería hacer: asumir como un error su apoyo al franquismo. •