Respuesta a la detención de Batasuna

ETA QUIERE MUERTOS

ETA ha tratado de introducir un cambio cualitativo en su estrategia, al volver a intentar un asesinato, cuatro días después de la detención de la cúpula de Batasuna por orden del juez Baltasar Garzón, de nuevo convertido en el centro de la atención mediática, y a quien, tanto desde los medios más afines a la derecha,
como desde los sectores nacionalistas —radicales y moderados—, se le acusa de "oportunismo" y de aplicar la ley "de manera arbitraria", ya que en ocasiones similares anteriores no se había actuado contra la Mesa Nacional de Batasuna por efectuar sus reuniones. El portavoz de esta formación, Pernando Barrena (que no ha sido detenido, al no haber acudido al encuentro), advierte de que "llega una etapa que va a ser especialmente dura".

Por P. A. N.

E I pasado 9 de octubre, una bomba-lapa hacía explosión en los bajos del coche de Gabriel Ginés, escolta del concejal socialista de Galdakao (Vizcaya), Juan Carlos Domingo. La potencia del explosivo –aproximadamente, un kilo de amonal–, hacía que el vehículo quedara rápidamente cubierto en llamas, y que Ginés resultase con quemaduras de segundo y tercer grado en un cuatro por ciento de su cuerpo, especialmente en una mano y en su rostro. En el momento de redactar esta noticia, se encontraba ingresado en el hospital de Cruces de Bilbao –donde se produjo el atentado-, y su vida no corría peligro.

Dada la condición de militante del Partido Popular del escolta, se especula sobre la intencionalidad del ataque, ya que no queda claro si el objetivo era él mismo, el concejal del PSE o ambos. Casualidad o no, lo cierto es que dos de los medios que más han contribuido a la estrategia de desgaste total contra el Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, la emisora de la Conferencia Episcopal, COPE, y el diario El Mundo (en su edición digital), ofrecían la noticia de la muerte de Gabriel Ginés a primera hora de la tarde del día 9. Afortunadamente, no ha sido así.

Esta última acción de ETA es analizada desde múltiples ámbitos como un punto de inflexión de su estrategia, puesto que se trata del primer atentado dirigido contra una persona concreta, con la intención de causar su muerte o graves daños físicos, desde que la organización declarase su última tregua. También cobra mucha importancia el contexto en el que se ha producido, sólo cuatro días después de que una operación policial dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, acabase con la detención de 23 miembros de la Mesa Nacional de Batasuna –el magistrado ha decretado el ingreso en prisión de 17 de ellos–. La actuación de las fuerzas del orden tenía lugar durante una reunión mantenida en un domicilio particular de la localidad guipuzcoana de Segura. Supuestamente, en este encuentro se iba a proceder a la elección de la nueva cúpula dirigente del partido ilegalizado.

Garzón imputa en su auto a los miembrosde la Mesa Nacional detenidos reiteración delictiva, mientras que a los nuevos integrantes los acusa de un delito de pertenencia a organización terrorista. Esta decisión judicial ha recibido una lluvia de críticas que proceden, paradójicamente, de los dos lados más distanciados del espectro político. Las formaciones nacionalistas del País Vasco, tanto moderadas como radicales, no se han ahorrado duras palabras contra Garzón y la Fiscalía General del Estado. Para el portavoz de la Ejecutiva del PNV, y probable sucesor de José Jon Imaz al frente de este partido, Iñigo Urkullu, esta actuación de la justicia es la aplicación de "una política vengativa", y además, "la aplicación de la ley se hace de manera arbitraria, en función de los tiempos políticos".

También utilizaba la palabra "venganza" el portavoz de Batasuna, Pernando Barrena, que no fue detenido en la operación policial porque no había acudido a la reunión de Segura. Considera esta decisión de Garzón"un castigo político y una declaración de guerra que se hace a la izquierda abertzale". La acusación de oportunismo quedaba patente cuando señalaba que "el trabajo de Zapatero y Rubalcaba no tiene nada que envidiar al que hicieron Mayor Oreja, Acebes, y hasta el mismo Aznar. Están demostrando que, cuando quieren, los del PSOE pueden ser más salvajes que los del PP a la hora de apalear a la izquierda abertzale, y buscan eso porque piensan que les va a dar renta política en España". Barrena también dirige sus invectivas contra Garzón, porque, según su apreciación, en su auto judicial "se equiparan objetivos políticos como la independencia o la autodeterminación con la violencia y, por tanto, se coloca a todas las personas con esos objetivos políticos en el punto de mira". Avisaba el líder abertzale que tras estas detenciones "llega una etapa que va a ser especialmente dura".

Curiosamente, se detectaba cierta coincidencia argumental en las críticas efectuadas en los medios de comunicación de la derecha a Baltasar Garzón. El diario ABC aseguraba que el auto del juez "es impertinente por ser de carácter político". La Razón, por su parte, también ha incidido en la acusación de politización de las actuaciones de este magistrado: "Garzón, que nunca ha podido presumir de instructor eficiente, recurre a un artificio retórico para enmascarar su seguidismo de la política de negociación del Gobierno con ETA". El diario dirigido por Pedro J. Ramírez, El Mundo, no se quedaba atrás y, casi coincidiendo con los argumentos de Batasuna afirmaba que lo que había ocurrido es "que un juez aplica o no la ley en función de la oportunidad política, y eso no es bueno para la credibilidad de la justicia". En todo caso, no fueron tan lejos como la abogada abertzale Jone Goirizelaia, para quien el auto de Garzón implica "un auténtico estado de excepción jurídica".

Tras esta avalancha de críticas está la imputación de que el magistrado no había intervenido con anterioridad, como lo ha hecho ahora, en otras reuniones conocidas de la Mesa Nacional de Batasuna, una organización ilegalizada por la aplicación de la polémica Ley de Partidos, y especialmente, durante las fallidas negociaciones de paz.

En el cruce de acusaciones también ha terciado el Gobierno. El ministro de Justicia, Mariano Sánchez Bermejo, salía en defensa de la actuación de Garzón y replicaba a Pernando Barrena sobre sus declaraciones: "aquí sólo ha habido una declaración de guerra que dura ya 40 años, y es la de un grupo que se resiste a reconocer que esto es un país democrático, que existen instituciones para defender cualquier idea sin necesidad de la fuerza, y que, sin embargo, continúa echado al monte habiendo desperdiciado una preciosa oportunidad de paz, que con gran esfuerzo se había intentado".

Sobre una eventual ilegalización de el Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK) y de Acción Nacionalista Vasca (ANV), a quienes se les supone herederos políticos de Batasuna, el ministro advierte que no se hará si no existen pruebas que demuestren esa relación, aunque, en caso de encontrarse, se darían instrucciones a la Fiscalía General del Estado para proceder en ese sentido.

Al día siguiente del atentado, y en la habitual sesión de control al Gobierno en el Senado, el presidente del Gobierno, en su réplica a la intervención del portavoz popular, Pío García Escudero, aseguraba que "el Estado democrático está muy fuerte y muy preparado para este combate", en referencia al trágico suceso del día anterior, y a un previsible recrudecimiento de las acciones violentas de ETA. Apelaba a la unidad de los demócratas frente a la violencia de modo abierto: "El objetivo unánime y común de todos los demócratas es ver el fin de la violencia, derrotar al terror, la amenaza y la coacción". Sus palabras iban especialmente dirigidas a la bancada del, la única formación política que ha hecho de la política antiterrorista el principal leit motiv de su estrategia de oposición y desgaste al Gabinete.

No parece que en esta ocasión tampoco vaya a conseguirse esa unidad, aunque, tras lo acontecido en Bilbao el pasado día 9, podría resultar más necesaria que nunca.•