Niños y euros

por Joaquín Leguina

Cuando el presidente del Gobierno –sorprendiendo al personal– anunció en julio pasado durante el debate de política general que el Gobierno entregaría a las familias (o a las madres) 2.500 euros por cada hijo (parido o adoptado), la mayor parte de la gente, estuviera o no de acuerdo con la medida, pensó que el asunto tenía más que ver con las elecciones ya próximas que con el intento de hacer aumentar la baja fecundidad de las españolas.

En efecto, la fecundidad en España sigue siendo muy baja, aunque lleva algunos años creciendo levemente, y no sólo ni principalmente por la aportación de las inmigrantes. Esa baja fecundidad, entre otros déficits, lleva a un rápido envejecimiento de la población (proporción de personas de 65 años y más dentro de la población total).

Conviene saber, a este propósito, que hay cada vez más viejos porque baja la mortalidad, pero el índice de envejecimiento no crece porque haya más viejos, sino porque hay menos jóvenes, y esa caída en la proporción de jóvenes se debe a la caída de la fecundidad.

Desde esa óptica, tomando el crecimiento de la fecundidad como un objetivo necesario y razonable, cualquier incentivo o ayuda que facilite a las familias o, con más precisión, a las mujeres el aumento de la natalidad, deberán ser bienvenidos. Lo que no está tan claro es que ésta –tan efectista y tan cara– de los 2.500 euros por recién nacido resulte eficaz y ni siquiera sea equitativa. Y no lo es a causa de su universalidad. Veamos: la universalidad de una prestación es equitativa cuando se trata de un servicio como lo son la educación o la salud, pues esa universalidad asegura la igualdad de oportunidades, pero aquí estamos ante una subvención y una subvención universal nunca es igualitaria, sino todo lo contrario. Pero vayamos a la eficacia de la medida.

Aunque los políticos –también los sociólogos y los economistas– se resisten a hincarle el diente, la primera y decisiva pregunta a la que es preciso responder aquí y ahora en torno a la fecundidad es la siguiente: ¿Por qué la fecundidad española es mucho más baja que la sueca?

Antes de contestar, deberemos saber acerca de la fecundidad en Suecia lo siguiente: a) más de la mitad de los niños suecos nacen fuera del matrimonio, b) los matrimonios suecos duran menos y concluyen con mucha más frecuencia en divorcio que los españoles, c) puede afirmarse también que la influencia social y religiosa de la natalista Iglesia católica es mucho menor en Suecia que en España.

También hemos de conocer que las encuestas hechas sobre fecundidad en España concluyen sistemáticamente mostrando que los deseos de tener hijos de las mujeres españolas duplican el número de hijos que en realidad ellas tienen.

¿Cuáles son, por tanto, los frenos que explican no sólo los niveles tan bajos de fecundidad española, también su diferencial negativo con la fecundidad sueca? A mi juicio, no es difícil dar con ellos:

1. Las ayudas directas e indirectas a favor de la fecundidad de las familias y, en general, de las mujeres en forma de facilidades de escolarizaciónde cero a tres años, subsidios, flexibilidad laboral y otros apoyos a la conciliación laboral-familiar son mucho mayores en Suecia que en España.

2. La fragilidad de los contratos y, en general, la inestabilidad laboral entre los jóvenes es mucho menor en Suecia que en España. Por no hablar de la proporción de los salarios juveniles respecto a los salarios medios, mucho más alta en el país nórdico que aquí.

3. El acceso a la vivienda (propia o en alquiler) y, en general, la emancipación es más favorable y temprana entre los jóvenes suecos que entre los españoles.

Si en lugar de las prisas mediáticas con las que se ha lanzado la medida el Gobierno hubiera propiciado un diagnóstico en forma, por ejemplo, de un Libro Blanco se hubiera podido atacar el problema en más frentes y, por lo tanto, con mayores probabilidades de éxito. Así lo ha recomendado el CES en su informe preceptivo acerca del proyecto de Ley. Un CES que, por cierto, ha sido consultado a posteriori, contraviniendo la ley.

Aunque la cuestión tenga menos importancia, conviene saber que el proyecto de Ley por el que se establece esta medida no pretende entregar los 2.500 euros cash a todas las madres (o familias) que tengan (o adopten) un hijo a partir del 3 de julio de 2007, sino que la mayor parte de los beneficiarios percibirán el subsidio en forma de deducción fiscal. Ello complica bastante la gestión en esos territorios exentos que se llaman Navarra y Euskadi, que, una vez más, habrán de ser tratados de manera distinta y especial.•