por Miguel Ángel Aguilar

La familia Franco posee numerosas fincas y tierras esparcidas por toda la geografía española. Sólo en la Comunidad de Madrid son titulares de una muy extensa, llamada Valdelasfuentes, ubicada entre Móstoles y Arroyomolinos, un lugar en el que la actividad inmobiliaria y recalificadora está dejando sentir su pujanza.

Aunque en nuestro país, pese a los más de 30 años de democracia, ningún Gobierno posterior a 1975 ha exigido cuentas sobre el patrimonio de los herederos del dictador, ni sobre el origen de su notable riqueza, esta iniciativa, tanto de la Xunta de Galicia, como del Parlamento Nacional, ha llamado la atención de medios extranjeros, como la británica BBC, que daba tratamiento preferente a la noticia el 11 de septiembre, resaltando que se trataba de la "primera vez" que las autoridades españolas habían tomado la decisión de emprender algún tipo de acción contra esta familia, y sobre su patrimonio, desde que finalizara formalmente el régimen franquista.

Un dato clarificador de esta pasividad de los gobiernos democráticos reside en que, en 1988 -13 años después de la muerte del dictador-, Carmen Polo, su viuda, percibía un salario, a cargo del erario público, superior al del entonces presidente del Gobierno, Felipe González.

Esta reticencia por parte de los partidos que han gobernado a ejercer ciertas acciones que revisen situaciones de injusticia que aún perviven, se reflejaba en las palabras del diputado socialista José Torres Mora durante el debate parlamentario del 25 de septiembre, cuando argumentaba su negativa a votar al completo la proposición no de ley presentada por Izquierda Unida, porque con eso "se alimenta el discurso" de la derecha española. Y en medio de todo esto, los plazos se acortan para la Ley de Memoria Histórica.•