La VIII Legislatura de la democracia entra en su recta final con algunas de las iniciativas incluidas en el programa electoral del PSOE pendientes aún de aprobación. La Ley sobre la Memoria Histórica, sobre la que penden dudas acerca de la consecución del consenso suficiente para su aprobación, las modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial o del Código Penal, así como la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, puede que no lleguen a tiempo (el plazo es hasta diciembre). Otras normas, como las leyes que establecen deberes y derechos en la Guardia Civil, el Estatuto del Ministerio Fiscal –aprobado ya el pasado 20 de septiembre–, o la ley que regulará a las empresas de inserción, parece que tienen asegurado su futuro. Entre tanto, el Ejecutivo también tiene por delante la difícil tarea de convencer de la idoneidad de sus Presupuestos Generales para 2008. Esa tarea llevará al Parlamento casi todo el mes de octubre.

Por Antonio Sarrión

La primera legislatura con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del  Gobierno está tocando a su fin. Para cumplir los plazos establecidos por la Ley Electoral, el Congreso de los Diputados y el Senado deben ser disueltos al término del mes de diciembre, ya que enero es inhábil a efectos parlamentarios, y la convocatoria electoral ha de tener lugar, como muy tarde, en marzo de 2008.

Algunos, como los dirigentes del Partido Popular, llevan ya varias semanas dando ya por concluido el periodo de sesiones, y considerando estos pocos meses que restan como los minutos de la basura de los partidos de baloncesto. Para ellos, le legislatura está agotada políticamente, y aseguran que la única iniciativa legislativa de importancia que resta es la “Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura”, más conocida popularmente como Ley de la Memoria Histórica. El diputado popular Jorge Martínez aseguraba que “es el único proyecto relevante, pero lo mejor que podría ocurrir es que pereciese por inanición”.

No comparten esta opinión en la coalición nacionalista catalana Convergencia i Uniò. Para su portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, “más que agotada, habría que decir que las cartas están todas boca arriba de aquí al final de la legislatura, pero faltan proyectos legislativos que ultimar, como la Reforma del Código Penal, la Ley de Seguridad Social, la Ley Orgánica del Poder Judicial y otras muchas que podrían aprobarse antes de finalizar el año”.

Lo cierto es que, al comienzo de esta semana, entre el Congreso y el Senado, aún quedan 43 iniciativas legislativas sobre las que sus señorías tendrán la ocasión de pronunciarse. Las 15 que se encuentran en el Senado son las que se hallan en una fase más avanzada, y la casi totalidad de ellas tienen muchas posibilidades de ser refrendadas antes de que finalice el mes de diciembre de este año. Entre ellas, se encuentran algunas tan importantes como la Ley reguladora de las bases de datos policiales sobre ADN, que unificará las informaciones entre todos los cuerpos que actúan en el conjunto del Estado, o dos normas que abordan una cuestión delicada y polémica, como es el establecimiento de derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, así como la redacción de su nuevo régimen disciplinario, todo ello con la polémica de la reclamación que la principal asociación profesional de este cuerpo de seguridad hace al Ejecutivo: su conversión en una fuerza policial de carácter civil.

También tienen muchas posibilidades de conseguir su sanción antes de la convocatoria de nuevas elecciones leyes como la del lenguaje de los signos, la Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera, otra que regula los mecanismos para facilitar el voto al colectivo de invidentes, o la que reordenará de ahora en adelante las enseñanzas en las academias militares.

De igual manera, parece que tampoco van a encontrar grandes obstáculos para su refrendo la reforma de la Ley de Seguridad Nuclear (que endurece las condiciones a las centrales), la nueva Ley de contratos del sector público, que también introduce nuevas exigencias a las empresas, o la Ley de responsabilidad medioambiental, en sentido similar a las anteriores, y que establece un régimen más estricto de sanciones por delitos ecológicos.

Como asegura la diputada socialista en el Congreso Mamen Sánchez, las prioridades del Gobierno para conseguir aprobar sus iniciativas, se dirigen hacia aquellas normas de “mayor calado y contenido social”. Una de las prioridades, pero que está encontrando muchas más dificultades de las que inicialmente había previsto el Gabinete, es la de Memoria Histórica. Tras varios meses de negociación, por el momento, lo único que ha conseguido el Gobierno es el respaldo de Izquierda Unida a su planteamiento de considerar “ilegítimas” las leyes de la dictadura franquista –lo que ha supuesto también un enfrentamiento interno en el seno de IU, ya que la dirección del Partido Comunista de España desautorizaba esta posición de los parlamentarios de IU-. En el Partido Socialista son conscientes de que esta ley es una vieja aspiración de buena parte de su propia militancia, y que no conseguir sacarla adelante sería considerado como un estrepitoso fracaso. En las últimas fechas, el PSOE ha intensificado las negociaciones, y en su entorno parlamentario se da por hecho que se conseguirá un acuerdo, probablemente a varias bandas, en el que estará incluida la izquierda parlamentaria y algunas fuerzas nacionalistas.

Otra ley que el Gobierno tratará por todos los medios de aprobar antes del fin del periodo de sesiones es la que le permitirá aplicar deducciones fiscales por el nacimiento u adopción de hijos, y la entrega de los famosos 2.500 euros por cada uno de ellos, aunque el resto de las formaciones políticas parece decidido a ponerle difícil la aprobación de esta iniciativa estrella, y desde varios grupos que, tradicionalmente han constituido un apoyo en la Cámara para el Ejecutivo, ahora se está exigiendo una ampliación de este beneficio a todos los nacidos u adoptados a lo largo de todo el año 2007 –y no sólo a los recién llegados desde el 3 de julio, como es la propuesta gubernamental-, lo que encarecería la medida en otros 400 millones de euros. Desde el Ministerio de Economía ya se ha advertido de que no están dispuestos a esa extensión, aunque el Gabinete ha contraatacado con varias ofertas menores, con tal de conseguir los apoyos necesarios. El plan inicial permitiría a los beneficiarios percibir esa cantidad y gozar de los beneficios fiscales desde el próximo 1 de enero.

Prosiguiendo con la prioridad gubernamental por las leyes de claro contenido social, también existe un gran interés por  conseguir la luz verde para la modificación del Estatuto de los Trabajadores para incrementar la participación de los empleados en la toma de decisiones y en el reforzamiento de su derecho a ser informados de la marcha de la empresa, así como la implementación de una batería de medidas para incrementar su protección en caso de insolvencia por parte de la empresa.

También se está negociando, especialmente con el PP y CiU, las enmiendas al proyecto de Ley Hipotecaria, una norma que podría contemplar la entrada del sector de Seguros en este mercado, y que contendría apartados que afectan directamente al papel de los notarios y de los registradores de la propiedad.

Otra de las prioridades del Ejecutivo y del Grupo Socialista en el Congreso está en conseguir los apoyos necesarios para su Ley de empresas de inserción sociolaboral. El propósito es la regulación más específica de este tipo de compañías, que se dedican a la contratación de personas con algún tipo de minusvalía, o en situación de exclusión social, con la finalidad de aplicar medidas para su adaptación posterior y la promoción de su ingreso en el mercado laboral.

Incluso el Gobierno estaría dispuesto a llevar ante el Parlamento, de modo urgente, las iniciativas legislativas que fueran necesarias para poder aplicar antes del fin de legislatura, las nuevas medidas de contenido social, como el reciente anuncio del Ministerio de la Vivienda de facilitar ayudas de 210 euros mensuales y desgravaciones fiscales para los arrendatarios de domicilios en alquiler, en caso de que su aplicación, total o parcial, no pudiese desarrollarse mediante decreto, porque afectase o modificase leyes anteriores.

También hay un gran interés por conseguir el consenso en torno a la ley sobre desarrollo sostenible en el medio rural. Hace dos semanas pasaba el trámite de las enmiendas. Su propósito es luchar contra la despoblación de las zonas rurales, especialmente en el interior del país, incluyendo medidas concretas y ayudas económicas, aunque aparece como un tema delicado, puesto que muchas de las competencias en este ámbito están transferidas a las comunidades autónomas.

Algunas de las iniciativas pendientes parecen tener mucho más difícil conseguir el número de votos suficientes antes de la convocatoria de nuevas elecciones legislativas. En fuentes del Grupo Socialista se reconoce que está muy difícil la aprobación de proyectos de ley con los que se pretende modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Una de ellas promueve la reforma procesal, la reforma de la Oficina Judicial, del recurso de casación y de la doble instancia en el ámbito penal. La otra se refiere a los Consejos de Justicia Autonómicos. Aunque son diferentes, el Grupo Socialista está negociando ambas simultáneamente, pero no se muestran muy optimistas al respecto, por lo complejo de la negociación, unido a la escasez de tiempo. Uno de sus portavoces reconoce que, como norma general, “lo que no se consiga cerrar en unas semanas, después no va a tener tiempo material para convertirse en ley”.

Además está la casi imposibilidad de dar vía libre en el tramo que queda a la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aunque, quizá el principal escollo para el Ejecutivo en estos momentos –se negocia a múltiples bandas con la totalidad de los grupos- está en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2008.

Iniciativas legislativas en trámite parlamentario

En el Senado

—Proyecto de Ley por el que se modifica el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal

—Proyecto de Ley de responsabilidad medioambiental.

—Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público.

—Proyecto de Ley reguladora de las bases de datos policiales sobre ADN.

—Proyecto de Ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones.

—Proyecto de Ley de la carrera militar.

—Proyecto de Ley Orgánica de derechos y deberes de la Guardia Civil.

—Proyecto de Ley Orgánica  del régimen disciplinario de la Guardia Civil.

—Proyecto de Ley por la que se reconoce y regula la lengua de signos española y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

—Proyecto de Ley de normas básicas sobre explotación, transporte, experimentación y sacrificio para el cuidado de los animales.

—Proyecto de Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera.

—Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) -voto de invidentes-.

—Proposición de Ley de reforma de la ley del Consejo de Seguridad Nuclear.

—Proyecto de Ley de creación de la Comisión Nacional del Sector Postal.

—Proyecto de Ley de jurisdicción voluntaria para facilitar y agilizar la tutela y garantía de los derechos de la persona y en materia civil y mercantil.

En el Congreso de los Diputados

COMISIÓN  DE CONSTITUCIONAL

—Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

COMISIÓN DE JUSTICIA

—Proyecto de Ley reguladora de adopción internacional.

—Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de junio, del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas.

—Proposición de Ley Orgánica, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de Seguridad Vial.

—Proyecto de Ley Orgánica por la que se adapta la legislación procesal a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se reforma el recurso de casación y se generaliza la doble instancia penal.

- Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de justicia de proximidad y Consejos de Justicia.

—Proyecto de Ley de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos.

—Proyecto de Ley sobre concurrencia y prelación de créditos en caso de ejecuciones singulares.

—Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal.

—Proyecto de Ley general de navegación marítima.

COMISIÓN DE DEFENSA

—Proyecto de Ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso.

COMISIÓN DE ECONOMÍA

—Proyecto de Ley Orgánica de modernización del mercado hipotecario, re regulación del régimen de las hipotecas inversas y del seguro de dependencia y por la que se establecen otras normas tributarias.

—Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros.

—Proyecto de Ley de establecimiento de la deducción por nacimiento o adopción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la prestación económica de pago único por nacimiento o adopción de la seguridad social.

—Proyecto de Ley de modificación de la Ley 24/1988, de 28 de julio,  del mercado de valores.

COMISIÓN DE INTERIOR

—Proyecto de Ley de modificación de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil.

COMISIÓN DE FOMENTO

Y VIVIENDA

—Proyecto de Ley de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general.

COMISIÓN DE TRABAJO

—Proyecto de Ley por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

—Proyecto de Ley de medidas en materia de Seguridad Social.

—Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en materia de información y consulta de los trabajadores y en materia de protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario.

—Proyecto de Ley reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad

—Proyecto de Ley de empresas de inserción.

COMISIÓN DE INDUSTRIA

—Proyecto de Ley de medidas de Impulso a la Sociedad de la Información.

COMISIÓN

DE AGRICULTURA

—Proyecto de Ley sobre desarrollo sostenible del medio rural.

COMISIÓN DE CULTURA

—Proyecto de Ley de reutilización de la información del sector público.

—Proyecto de Ley del cine.

COMISIÓN DE MEDIO

AMBIENTE

—Proyecto de Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

COMISIÓN DE SANIDAD

—Proyecto de Ley de protección de consumidores en contratación de bienes con oferta de restitución o revalorización.

POCO TIEMPO PARA LAS REFORMAS ESTATUTARIAS

D e todas las iniciativas legislativas pendientes hasta el final de esta VIII Legislatura, las que van a encontrar más dificultades objetivas son las reformas de los estatutos de autonomía de Canarias, Castilla-León y Castilla-La Mancha. En el caso de algunas de la treintena de leyes que quedan por solventarse en este ya escaso margen temporal, la dificultad puede estribar en la falta de acuerdos y, por tanto, de apoyos suficientes para que el Gobierno consiga su aprobación.

No es la situación de las reformas de estos tres estatutos, sobre los que, con ligeros matices, existe un alto grado de consenso por parte de las fuerzas políticas mayoritarias en sus respectivos ámbitos geográficos. La gran dificultad para que consigan superar todos los trámites necesarios antes del próximo mes de enero tiene más que ver con los plazos, con la falta de tiempo material para llegar en hora. Ya hace meses que lo advertía la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, cuando encontraba “complicado” que estos tres proyectos de reforma estatutaria pendientes de tramitación pudieran ser definitivamente aprobados en el transcurso de esta legislatura, aunque dejaba la puerta abierta a que si los ritmos que estableciera para ello el Congreso se aceleraban lo suficiente, “el Gobierno los respetará absolutamente”. No parece fácil. El mes de enero es considerado inhábil, y para cumplir con el calendario de convocatoria de las próximas elecciones generales, que no pueden ser posteriores a marzo de 2008, el Gobierno debería disolver las Cortes, tanto Congreso de los Diputados, como Senado, precisamente en enero, como fecha límite.

También apuntaba en esta dirección el portavoz adjunto y secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Julio Villarrubia, quien avisaba de la posibilidad de que “no haya tiempo para sacar adelante” todas las reformas de estatutos. Además, se da la circunstancia de que la Comisión Constitucional del Congreso –presidida por Alfonso Guerra-, se encuentra muy cargada de trabajo, ya que también se ocupa de la Ley de Memoria Histórica (una de las prioridades legislativas del Gobierno, que se encuentra seriamente amenazada ante la falta del consenso necesario, por el momento).

Tampoco conviene olvidar que, del escaso tiempo que le resta al periodo de sesiones, casi todo el mes de octubre será absorbido por los debates, las discusiones, las enmiendas y las votaciones de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo 2008.

De las tres reformas estatutarias, la que lo tiene más complicado es la de Castilla-La Mancha. El pasado 4 de septiembre, la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados no decidió una fecha concreta para que se iniciara el debate de su toma en consideración. Las Cortes castellano-manchegas habían remitido su texto definitivo al Parlamento nacional el pasado mes de febrero, pero la abarrotada agenda de la Comisión Constitucional ha ocasionado más retrasos de los esperados, y eso que, en principio, el acuerdo entre los dos grandes partidos presentes en el órgano de representación popular en esa comunidad, PSOE y Partido Popular, partían con un prácticamente total grado de acuerdo. Aunque también existen puntos de divergencia. El Partido Socialista había planteado la reforma de la Ley Electoral manchega para corregir lo que consideran una “discriminación” con respecto a la provincia de Guadalajara, que teniendo más población que Cuenca, sin embargo obtiene menos diputados en el Parlamento regional. Para corregir esta situación, los socialistas han propuesto aumentar en una el número de actas, tanto para Guadalajara, como para Toledo; una propuesta que ha contado con el rechazo del Partido Popular y de Izquierda Unida.

Existe un preacuerdo PP-PSOE, que debe plasmarse el próximo 25 de septiembre, definitivamente, y por escrito, en la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados, en el sentido de que el Estatuto de Castilla-La Mancha no entraría a debate en el Pleno para su toma en consideración, para respetar, a principios de la siguiente legislatura, el texto que había sido remitido por las Cortes de Castilla-La Mancha. Todo apunta a que será la posición final de ambas formaciones, porque si se somete a debate en el Pleno, este acto iniciaría formalmente la tramitación, y si no diera tiempo a concluirla antes de diciembre –lo que, dado el calendario, resulta casi seguro, el texto de reforma estatutaria decaería por completo. No parece que esa situación interese ni a socialistas ni a populares porque, en tal caso, tendrían que reiniciarse otra vez, y desde el principio,  todos los trámites, lo que en la práctica significa la obligación de redactar un nuevo estatuto que, siguiendo los pasos que marca la ley, sería remitido mucho tiempo después al Congreso.

Si ahora no se entra en la toma en consideración, el texto que ya está aprobado por las Cortes de Castilla-La Mancha mantendría su vigencia en el Congreso, por lo que, sin ninguna dificultad, podría ser tramitado al inicio de la siguiente legislatura y obtener su aprobación definitiva en un plazo muy corto.

De todos modos, esta solución de compromiso ha de contar con el consenso entre el Partido Socialista y el PP, puesto que nadie quiere aparecer como la fuerza que ha retrasado la aprobación de este nuevo estatuto. Así lo expresa, con mucha claridad, el portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados del Grupo Socialista, Julio Villarrubia: “El PSOE no propone que no se tramite. De mutuo acuerdo, PP y PSOE, y para evitar que decaiga y que se cause un perjuicio no deseado a los ciudadanos y a las Cortes de Castilla-La Mancha, se decide de acuerdo que no se tramite. Si no se produjera este acuerdo, no asumiríamos individualmente la responsabilidad de que no se haga. Es importante resaltarlo, porque Eduardo Zaplana está realizando declaraciones en las que asegura que es el PSOE quien no quiere que se tramite, y que el PP lo acepta, pero que sólo lo acepta, no que lo propone. Pero, o lo proponemos los dos, o esto se tramita. Confío en el acuerdo verbal que existe para que el 25 de septiembre, en Junta de Portavoces, esto quede definitivamente zanjado”.

En cuanto a la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias –el primero de los tres en ser remitido desde el Parlamento autonómico al Congreso-, el camino hacia su definitiva aprobación puede verse amenazado por los cambios en el mapa político de las islas producidos tras las pasadas elecciones autonómicas y municipales. El texto enviado al Parlamento nacional había sido aprobado en diciembre de 2006 por el Partido Socialista y Coalición Canaria, con la radical oposición del Partido Popular, que tildó de “inconstitucionales” a un buen número de los artículos contenidos en la nueva redacción. Tras los comicios, se sustanciaba un pacto de gobierno entre Coalición Canaria y el Partido Popular, que cerraba las puertas del Ejecutivo regional al PSOE –el partido más votado- y a su candidato presidencial, Juan Fernando López Aguilar. Este acuerdo entre una formación partidaria del nuevo estatuto, y otra, contraria, ha ralentizado enormemente la tramitación del nuevo texto, tratando de alcanzar un acuerdo para las enmiendas a introducir en el trámite del Congreso. Además, el Partido Socialista también planteaba una nueva enmienda para que se introduzca una reforma en el complejo sistema electoral del Archipiélago Canario, con el fin de que otras formaciones políticas pudieran obtener representación en el Parlamento regional, especialmente los candidatos de Nueva Canarias, una escisión nacida de Coalición Canaria, precisamente por su oposición frontal a los acuerdos de gobierno de su antiguo partido con el PP. No obstante, se ha convocado la ponencia para tratar el Estatuto de Canarias en el Congreso el próximo 26 de septiembre. En buena medida, todo dependerá de cuál sea la posición final del Partido Popular que, en aras del buen funcionamiento de su pacto de gobierno en Canarias, habrá de aceptar ahora como “constitucionales” la mayoría de los artículos que había denunciado durante el debate previo a la aprobación de la reforma, en el Parlamento canario.

En cuanto a la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, sus posibilidades de resultar aprobado definitivamente durante esta legislatura parecen mayores. Muy probablemente, el próximo 25 de septiembre se cerrará el plazo de enmiendas, lo que, al menos en términos de plazos, sí podría permitir que pueda tramitarse dentro de este periodo de sesiones. Existe un precalendario que, en principio, cuenta con el acuerdo entre PSOE y PP, por el que se pretende que en las dos primeras semanas de octubre pase la ponencia y el trámite de comisión, y que, posteriormente pudiera ir al Pleno del Congreso de los Diputados, a celebrarse el 30 de octubre. Si en ese trámite obtuviese mayoría suficiente, daría tiempo a que pudiera ser aprobado en el Senado a finales de noviembre, o incluso en diciembre, pero siempre dentro de la legislatura.

En estos momentos se están cerrando las negociaciones del contenido de este estatuto, pero todo apunta a que hay buena voluntad por parte del PP y del PSOE para que pueda tramitarse en paralelo con el canario. La decisión es la de no esperar a que se termine la de éste, porque si no, no daría tiempo a tramitar el de Castilla y León –que fue tomado en consideración el pasado mes de abril-. Según fuentes de ambos partidos, las negociaciones podrían culminar el próximo 25 de septiembre. Lo previsible es que, salvo complicaciones de última hora, el nuevo texto sea aprobado en esta legislatura.