por Santiago Carrillo

En este Estado, regido desde hace casi treinta años por una Constitución democrática llevamos ya demasiado tiempo enzarzados en un debate sobre la asignatura de Ciudadanía. Me imagino la extrañeza de cualquier ciudadano europeo que presencie el sorprendente espectáculo que estamos ofreciendo los españoles. ¿En qué país, aparte del nuestro, la Iglesia católica se decidiría a enfrentarse a la Constitución aprobada por el órgano de la soberanía popular y confirmada en referéndum por los ciudadanos, oponiéndole la objeción de conciencia? Porque en el fondo se trata de una batalla política contra la Constitución, ni más, ni menos.

Se trata de oponer al Estado aconfesional -por consiguiente ni católico ni musulmán, ni identificado con ninguna religión y por tanto laico- el Estado católico romano, que fuimos con la dictadura franquista.

Para lograr este fin, se lleva a cabo una campaña inverosímil, alegando que la Iglesia católica sufre una persecución religiosa, llamando a los defensores de la fe a estar prestos para soportar el martirio. Algún obispo se ha manifestado en términos semejantes; sin miedo al ridículo.

Cuando lo que sí sería cierto es precisamente lo contrario; es decir, que al Estado español le falta mucho para comportarse como un Estado aconfesional. El jefe del Estado ofrenda todos los años España al apóstol Santiago. ¿Es eso lógico? Que se ofrenda él como persona, en su capilla particular, vale. Pero ofrendar España a Santiago Matamoros -que ese es el sentido profundo de la ofrend- parece hasta incompatible con la política que el Estado practica con los pueblos árabes.

En el Ejército español sigue ha-biendo capellanes católicos. En la enseñanza las clases de Religión son dadas por personas que designa -y a veces destituye arbitrariamente- la jerarquía católica, aunque quien los pague es el Estado. La enseñanza concertada -de carácter católico-en regiones como Madrid, bajo el gobierno del PP, desplaza poco a poco la enseñanza pública. En 1977 los diputados constituyentes que elaboraron la Constitución no podían imaginarse, treinta años después, una Iglesia que no se autofinanciara. Y sin embargo, el Estado, a través de diversas formas, sigue otorgando a la Iglesia substanciosa financiación.

Continuando con la rutina de cuarenta años de franquismo, las autoridades del Estado siguen saliendo bajo palio o al aire libre en todas las ceremonias religiosas católicas.

Y para colmo, el Estado soporta que haya una radio oficial de la jerarquía de la Iglesia, que se ha convertido en portavoz de la extrema derecha fascizante, un panfleto oral que intenta socavar duramente los fundamentos del sistema democrático.

Hemos visto lo que no se había visto ni en la II República: cardenales y obispos ensotanados manifestándose en la calle contra los poderes públicos.

Y ahora la oposición y el bloqueo a la asignatura de ciudadanía. Esta actitud afecta al prestigio de España en el mundo, como país que ha entrado en la época moderna. Se trata de un debate predemocrático. Los países modernos habían resuelto ese problema uno o dos siglos antes que nosotros. España no puede ser un Estado católico, incluso aunque la mayoría de sus ciudadanos sean afectos a la religión. Del mismo modo que no entendemos la aplicación de la Sharia en los países de mayoría musulmana no podría entenderse en Occidente un Estado que no fuese aconfesional y laico. •