ZP ha mostrado una vez más sus dotes para movilizar el voto, especialmente entre los jóvenes que ostentan propensión a pasar de las urnas y no por ellas. El presidente ha decidido darle un aire a los ahorros aportados por tres ejercicios con superávit: los recién nacidos vendrán al mundo con 2.500 euros debajo del brazo independientemente de que el padre se llame Botín o García;  los niños y adolescentes recibirán atención bucodental gratuita, se llamen March o González; los jóvenes recibirán ayudas para el alquiler de una vivienda, casarse y elevar nuestra penosa tasa de natalidad; y los ancianos disfrutarán de notables subidas en sus pensiones. Y lo que nos espera hasta marzo. Curiosamente, casi todas estas medidas proceden de los ministros con contrato laboral para un semestre aunque  renovable si continúa el mismo patrón al frente de la empresa. Y en eso están. Al mismo tiempo, el presidente ha extendido un generoso cheque para hacer olvidar el malestar de los catalanes por la mala gestión del AVE a Barcelona y de los trenes de Cercanías así como por los conflictos del aeropuerto de El Prat y los apagones eléctricos. En Cataluña, como en  Andalucía, pueden decidirse las elecciones y Zapatero no ha dudado en hacerle la autocrítica a Magdalena Álvarez, la veterana ministra de Fomento. ¿Hay dinero para todo esto? ¿Resulta prudente proceder al reparto en un momento en que se detecta el punto de inflexión del ciclo económico? Ésta es la almendra de la cuestión, un debate más productivo que la retórica-basura  sobre la ruptura de España y la entrega a los terroristas.  Tanto el vicepresidente económico Pedro Solbes como el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, han acuñado el discurso de la prudencia y del sagrado temor a reducir el superávit en épocas de incertidumbre. La oposición, que lo tiene complicado pues no es muy rentable oponerse a medidas sociales, ha encontrado en estos personajes la mejor munición para el ataque mientras desde la ligera oposición de izquierdas se amplían las peticiones de mejoras sociales recordando el déficit social que todavía sufren los españoles en comparación con los vecinos. En los laboratorios ideológicos, tanto de la derecha como de la izquierda  moderada, se ha mantenido el lema virtuoso de que primero había que acumular riqueza antes de repartirla pero rara vez los gobiernos, de derecha o de izquierda moderada, encuentran el momento oportuno para ello.

La ingrata función de Pedro Solbes es aclarar los condicionantes económicos de toda acción de gobierno Zapatero, del que se ha dicho que es el primero verdaderamente socialista, pero no se ha seguido el procedimiento correcto. El trámite adecuado es el siguiente: las propuestas de los distintos ministerios se debaten en la Comisión de Subsecretarios donde los expedientes se etiquetan con distintos colores para el examen en Consejo de Ministros; las medidas pacificas, sin presumible oposición, se las distingue con una etiqueta verde y pasan sin apenas discusión; las que aconsejan un amplio debate, las de Carme Chacón y las de Bernat Soria, en este caso, ostentan un distintivo rojo que avisa de la necesidad de una discusión a cara de perro en la larga mesa del Consejo de los viernes en presencia de Solbes y de Zapatero, que tiene la última palabra. Si Solbes estima que las propuestas no son asumibles al hacer peligrar el esquema presupuestario del que es responsable y el presidente insiste en apoyarlas le queda al ministro la posibilidad, o incluso la obligación, de dimitir. Pero si no lo ha hecho no tiene derecho a andar rezongando por los pasillos. A no ser, naturalmente, que las cuestiones no hayan sido debatidas en el supremo órgano de gobierno y las haya ventilado ZP con los aludidos ministros directamente con su acostumbrado recurso al teléfono móvil.