El 'caso Velarde' hace peligrar la mayoría popular

NUEVA BATALLA PSOE-PP POR EL TRIBUNAL DE

CUENTAS

El probable nombramiento del miembro conservador del Tribunal Cuentas Juan Velarde como presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas amenaza con romper el dominio con el que cuenta el PP en esta institución. Ese cargo conlleva el ingreso automático en el Consejo de Estado, órgano asesor del Ejecutivo, el cual, a su vez, es objeto de control por parte del tribunal, con lo que Velarde incurriría en una incompatibilidad de cargos flagrante. Por tanto, al estar obligado a abandonar su puesto como Consejero de Cuentas, dejaría en igualdad de fuerzas a los consejeros designados a instancias del PP y del PSOE, que deben elegir a su nuevo presidente en noviembre y abriría un nuevo frente entre los dos grandes partidos por el control de otra instancia del Estado, como ya sucede con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional.

Por Manuel Capilla

EI PP y el propio Juan Velarde no tienen tan claro que la incompatibilidad de los cargos sea tan evidente, por lo que están a la espera del informe que en el que trabajan los servicios jurídicos del Tribunal de Cuentas, que está previsto que se haga público en el plazo de una semana.

Mientras tanto, Velarde afirma que "lo que quiero es ser académico, pero no me apetece nada ser presidente" y que "si el dictamen del Tribunal de Cuentas es favorable (a la posibilidad de compaginar los dos puestos) espero que no me vote nadie". Unas afirmaciones que se ponen en duda desde las filas socialistas, donde dan por hecho que el hasta ahora Consejero de Cuentas pasará a ser el máximo responsable de la Academia de Ciencias Morales, lo cual le forzará a elegir entre uno de los dos cargos el próximo octubre, cuando se sustancien los cambios.

Por otro lado, el simple hecho de que se haya solicitado un informe que aclare la situación es totalmente contradictorio con laspalabras de Velarde negando cualquier tipo de interés en salir elegido presidente, ya que, si no le "apetece", parece evidente que no hay ninguna necesidad de dilucidar si existe la posibilidad de estar presente en el Consejo de Estado y el Tribunal de Cuentas simultáneamente. De hecho, Juan Velarde es ya presidente en funciones de la Academia cuando sustituyó a su predecesor, Enrique Fuentes, poco antes de fallecer.

Así las cosas, la elección del sustituto de Velarde en el Tribunal de Cuentas haría necesario un acuerdo entre PSOE y PP, ya que se requiere una mayoría de tres quintos de la Cámara a la cual corresponde el nombramiento, en este caso el Congreso. Y con los precedentes del bloqueo que ha ejercido el PP en el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, en el PSOE ya se preparan para que la institución funcione de forma indefinida con once consejeros en vez de con los doce que integran el pleno. Actualmente, y debido a que el pleno se renovó en 2001, cuando José María Aznar gozaba de mayoría absoluta, los consejeros elegidos a instancia del PP son seis y los del PSOE cinco, a los que se suma un independiente.
A los problemas para alcanzar el consenso imprescindible para nombrar a la persona que ocuparía el puesto de Velarde, se une un hecho de una importancia fundamental, y es que el Tribunal
de Cuentas afronta la
designación de su
nuevo presidente en
noviembre. Éste debe
elegirse de entre los
consejeros y es vota-
do por ellos mismos.
Hace tres años la re-
elección para el cargo del conservador Ubaldo Nieto, llevó aparejada una fuerte polémica por la ruptura del PP del pacto no escrito por el cual el presidente del Tribunal de Cuentas es una persona nombrada a propuesta del partido que en ese momento tenga mayoría en el Parlamento. El pacto data de 1994 y lo suscribieron los por entonces portavoces del PSOE, Joaquín Almunia, y del PP, Rodrigo Rato. El acuerdo se llevó cabo para intentar subsanar el desajuste entre los periodos de renovación de los consejeros en el Tribunal de Cuentas, cuyo mandato dura nueve años, y el de el presidente, que sólo es de tres.
Sin embargo, cuando llegó la hora de negociar en 2004, el portavoz popular en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, negó la existencia de ese compromiso ante su homólogo socialista, Diego López Garrido, y se terminaron por imponer las tesis de Génova, todavía noqueada por la derrota en las elecciones del 14 de marzo. La ruptura significó que Nieto fue el primer presidente elegido sin consenso.
Desde el PSOE se
contemplaron dife-
rentes opciones para
deshacer lo impues-
to por la mayoría
conservadora en el
pleno, como modifi-
car el sistema de
elección por ley, fijando la edad de jubilación para los consejeros del tribunal en torno a los 70 años, ya que algunos de los miembros de la mayoría conservadora, como Juan Velarde y Ubaldo Nieto, sin ir más lejos, superan ampliamente esa cifra. Sin em-
bargo, finalmente se optó por no seguir el ejemplo del PP, que anteriormente había modificado el sistema de elección de los tribunales aplicando su mayoría en el CGPJ, y se decidió que era mejor dejar las cosas como estaban y permitir que el tribunal continuara funcionando normalmente.

A lo largo de estos tres años, el Tribunal de Cuentas ha mantenido importantes roces con el Ejecutivo en relación a la fiscalización de los Presupuestos Generales del Estado. En una carta remitida al Congreso a finales de octubre de 2006, la institución mostró su malestar ante la negativa del Ministerio de Economía a proporcionarle la documentación que le requería para supervisar la transparencia de las cuentas estatales. El Tribunal consideraba que entre sus labores se encuentra la de "comprobar" que "la elaboración de las cuentas "se ha acomodado a lo previsto en la normativa reguladora".

Sin embargo, en la respuesta que el propio Pedro Solbes envió a Ubaldo Nieto, el ministro de Economía se apoyaba en un informe de la Abogacia del Estado para argumentar que, según lo recogido en el artículo 136 de la Constitución y en la Ley Orgánica que regula su actividad, las funciones de este organismo "se circunscribe a la ejecución de los programas de ingresos y gastos públicos, sin que comprenda la actividad de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado por el Gobierno".

Al poco tiempo, en diciembre de ese mismo año, el Partido Popular presentó una proposición no de ley para obligar al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a entregar la documentación exigida desde el Tribunal de Cuentas. El conflicto se saldó con el rechazo por parte de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el tribunal de la proposición, con sólo los votos de los populares a favor.

Otra de las grandes líneas de trabajo del Tribunal desde la reelección de Ubaldo Nieto ha sido la investigación la gestión de Eduardo Zaplana por su gestión en el Ministerio de Trabajo. El actual portavoz del PP en el Congreso recibió simplemente una reprobación por la campaña de publicidad que realizó en 2003 el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Según el informe del organismo fiscalizador, los anuncios estaban
dirigidos a crear "una imagen favorable en toda la ciudadanía, y no sólo en los pensionistas, de la acción gubernamental".

Zaplana aprovechó la ocasión para redactar un comunicado en el que se preocupaba de dejar claro que no se habían establecido responsabilidades legales en ninguno de los responsables ministeriales bajo su mandato. Y esto a pesar de que, según el do-comento redactado por el Tribunal de Cuentas, se habían encontrado irregularidades o deficiencias en once de las catorce campañas realizadas entre 2003 y 2004.

Con estos precedentes, y con las atribuciones del Tribunal, no hay duda de que impedir que éste pase a manos progresistas es importante en la estrategia del PP de poner palos en la rueda del Gobierno. •

El CGPJ y el TC, los otros frentes abiertos

No sólo se necesita una mayoría de tres quintos para nombrar a los miembros del Tribunal de Cuentas. En el Consejo General del Poder Judicial existe el mismo requisito y, a pesar de que tenía que haber sido renovado el pasado mes de noviembre, la falta de acuerdo entre PSOE y PP ha provocado que la institución se haya mantenido durante estos diez meses totalmente paralizada en medio de una crisis sin precedentes.

Está por ver si el acuerdo alcanzado por los portavoces de todos los grupos parlamentarios consigue reactivar el CGPJ porque, a pesar de que supone un paso muy importante el que Eduardo Zaplana haya accedido a sentarse en la misma mesa que el resto de sus compañeros para alcanzar ese compromiso, todavía no se ha empezado a hablar de nombres concretos, lo verdaderamente sensible.

Actualmente, nueve de sus miembros, incluyendo a su presidente, Francisco Hernando, están nombrados a instancias de los populares y conforman la denominada mayoría conservadora. En el bando contrario se sitúan los seis vocales propuestos por el PSOE, el de IU y el de CiU. Yen tierra de nadie se encuentra un independiente cuyos votos oscilan en el apoyo hacia uno de los dos bloques.

Es decir, se trata de un total de dieciocho consejeros en una institución que debería estar conformada por un total de veintiuno, y de ahí la parálisis, porque, por ejemplo, para el nombramiento demagistrados en las instancias judiciales superiores, como el Tribunal Supremo, se necesita una mayoría de tres quintos, o sea, trece votos. Lo cual significa que, tal y como están las cosas, es imprescindible alcanzar un grado de consenso en las deliberaciones prácticamente utópico.

Tras estos meses de inacción, existen nueve altos cargos que permanecen vacantes: los presidentes de los Tribunales de Justicia de Madrid y Galicia y siete plazas más en el Tribunal Supremo, concretamente, tres en la Sala de lo Contencioso, otras tres en la Sala de lo Militar, y una en la de lo Social.

La propuesta socialista para renovar a los veinte miembros del CGPJ se apoya en la idea de que ninguno de los dos partidos mayoritarios, ni PSOE ni PP, cuenten con los nueve vocales necesarios para conformar una minoría de bloqueo.

Por su parte, los populares son partidarios de que los nombramientos no se hagan, en su mayoría, a propuesta de los partidos políticos, sino de las asociaciones de la judicatura. En este caso sólo ocho de los vocales se propondrían por el Senado y el Congreso y se repartirían entre PSOE y PP a partes iguales.

Sin embargo, es innegable la cercanía de la Asociación Profesionalde la Magistratura o de la Francisco de Vitoria a las tesis del PP, lo cual devolvería el control al partido de Mariano Rajoy, algo a lo que no está dispuesto el PSOE.

Caso aparte es el del Tribunal Constitucional, en el que el debate sobre el Estatuto de Cataluña ha hecho el ambiente irrespirable. Ante el recurso que el PP había presentado contra el texto, el grupo de magistrados conservadores consiguió sacar adelante la recusación del progresista Pablo Pérez Tremps por haber participado, junto a otros diez juristas, en la elaboración de un documento que analizaba la constitucionalidad del Estatuto.

Tras quedar Pérez Tremps apartado de las deliberaciones, la situación era de empate técnico, con seis magistrados progresistas y seis conservadores. De ahí que el control del voto de calidad que ostenta el presidente a la hora de dirimir votaciones igualadas sea esencial.

Con esta perspectiva, el PSOE e IU consiguieron introducir a última hora en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), aprobada en mayo, una norma que prorroga hasta diciembre el mandato de la progresista María Emilia Casas, actual presidenta, y Guillermo Jiménez, su vicepresidente.

Este hecho ha provocado el consiguiente recurso del PP contra la LOTC y la abstención tanto de Casas como de Jiménez en lo relativo a él. Así, ya que parece claro que se aceptarán las abstenciones, el voto del presidente recaería en el conservador Vicente Conde.