Esta semana, el Gobierno presentará ante el Congreso su proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2008. Tal y como se anunciaba en el cuadro macroeconómico para ese año, aprobado en julio pasado, el principal objetivo será el de la estabilidad y el superávit presupuestario, así como un incremento en gastos sociales y en las partidas de I+D+i, tal y como se había establecido en la recién aprobada Ley de Estabilidad Presupuestaria, que marca esa necesidad de remanente, en el caso de un crecimiento de la economía por encima del tres por ciento (como es el caso). Sin embargo, los tradicionales aliados gubernamentales en la izquierda parlamentaria no ven con buenos ojos que el dinero sobrante no se destine a incrementar las partidas sociales, mientras que los nacionalistas catalanes reclaman mayor inversión en infraestructuras en su comunidad autónoma.

Por Pedro Antonio Navarro

Todavía se desconocen las cifras concretas, las partidas y los detalles de los nuevos Presupuestos Generales del Estado que ha confeccionado el equipo de Pedro Solbes en el Ministerio de Economía, aunque la filosofía de las cuentas públicas ya quedaba marcada el pasado mes de julio con la aprobación del cuadro macroeconómico para 2008, que determina la tendencia de los Presupuestos. Además, estos últimos números de la legislatura también están sujetos a las directrices establecidas en la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Las macrocifras de situación que ha manejado el Ejecutivo para la confección de sus cálculos establecen un crecimiento de nuestra economía en un 3,3 por ciento para el próximo año, frente a un 3,8 de este 2007. Esta previsión, pese a las recientes sacudidas con origen en la crisis hipotecaria y financiera norteamericana, se mantiene, ya que las estimaciones realizadas la semana pasada por la Comisión Europea indican que España no se verá afectada en su crecimiento por esta situación, a diferencia del resto de los países de la zona euro, que sí verán ligeramente ralentizado el incremento de su PIB.

La estimación de la tasa de desempleo se sitúa en un 7,9 por ciento, en comparación con el 8,1 de 2007.

Este mismo cuadro macroeconómico vaticina un crecimiento del consumo privado de un 3,1 por ciento, cuando este año ha sido del 3,4, mientras que las exportaciones van a crecer un cinco por ciento (cuatro décimas menos que en 2007), y las importaciones, un seis por ciento, frente al 6,8 de este año. La productividad se incrementará en un 1,1 por ciento, una décima más que en el presente curso.

Con estas premisas, el Ministerio de Economía ha establecido el máximo gasto financiero que pueden admitir los próximos Presupuestos Generales. Aunque, sin conocer los detalles por partidas, el techo queda establecido en 153.920 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,7 por ciento con respecto a las cuentas vigentes. Este techo se ha calculado teniendo en cuenta los ingresos no financieros previstos para 2008, que se han estimado en 156.837 millones de euros (un siete por ciento más que en 2007), por lo que habrá un superávit de 2.886 millones, lo que equivale a un 0,26 por ciento del PIB. La justificación para no destinar esta cantidad a incrementar el montante de las diferentes partidas está en la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, recientemente aprobada, y que se aplicará por primera vez, que establece la obligatoriedad de presentar un saldo positivo en las cuentas públicas cuando el crecimiento de la economía se sitúe por encima de un tres por ciento anual (este año el crecimiento ha sido del 3,8 por ciento, si se cumplen las previsiones para el último trimestre). De hecho, el propósito es aplicar esta filosofía durante el trienio 2008-2010. Así, las Administraciones Públicas llegarán a un superávit del 1,15 por ciento del PIB, lo mismo que está previsto para  2009 y 2010. Para conseguir este diferencial, se ha diseñado que todas las administraciones centrales y autonómicas tengan un saldo positivo. No ocurre lo mismo con los ayuntamientos y corporaciones locales, para los que el saldo ha de ser cero.

La distribución de estos diferenciales en los presupuestos, de momento, en el borrador realizado por el Ministerio de Economía, queda de la siguiente forma: la Administración Central presentará un superávit del 0,30 por ciento del PIB, dividiéndose en un 0,26 por parte del Estado, y un 0,04 por ciento de la administración Autonómica.  La Seguridad Social (uno de los principales puntos de crítica por parte de las formaciones de la izquierda parlamentaria) arroja un superávit del 0,60 por ciento.

De las partidas concretas todavía existe poca información. Se conoce, sin embargo, lo que se prevé destinar para la financiación de la Ley de Dependencia. Por boca del secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, se anunciaba que los Presupuestos de 2008 van a incluir un apartado exclusivo para esta aplicación de 890 millones de euros. En 2007 fueron 400 millones los destinados a este fin. Según las previsiones gubernamentales, a esta cantidad habrá que añadir las aportaciones de las comunidades autónomas, para alcanzar un total de 1.642 millones de euros, y desde la Vicepresidencia Primera del Gobierno ya se ha comunicado que estas cifras se incrementarán hasta los 2.463 millones en 2009 –aunque, precisamente esta partida, es una de las que mayores desavenencias está provocando entre el Ejecutivo y sus tradicionales aliados parlamentarios, que la consideran muy escasa, exigiendo en algunos casos, como el de Izquierda Unida, que se triplique la aportación estatal-.

En cuanto a la filosofía de los Presupuestos, a falta de la concreción de los datos y las cifras, desde la Secretaría de Estado de Hacienda, se adelanta que el incremento en las partidas destinadas a la financiación de I+D+I se va a incrementar , al menos, en un 15 por ciento con respecto a las cuentas vigentes, así como el cumplimiento del compromiso de situar el Salario Mínimo Interprofesional en los 600 euros y la subida de las pensiones de menor cuantía, especialmente las no contributivas muy por encima de la subida del Índice de Precios al Consumo (IPC), aunque sin especificar en cada caso.

Igualmente, el Gobierno ha comunicado que en estos Presupuestos se dedicará un 0,50 por ciento a ayuda al desarrollo, todavía lejos del horizonte del 0,7, aunque se explica el esfuerzo que ha supuesto el incremento de este año, y se promete continuar en esa línea hasta llegar a ese 0,7 en los próximos años.

En el Gabinete y en el Ministerio de Economía aseguran que los Presupuestos Generales de 2008 establecen sus prioridades de gasto en I+D+I, en educación, gasto social, seguridad ciudadana, infraestructuras y ayuda al desarrollo, como ejes centrales en su confección. 

En busca de 12 votos

El Gobierno acaba de iniciar una segunda ronda de contactos con las fuerzas políticas y con los agentes sociales, con el objetivo de recabar los apoyos suficientes que le permitan aprobar sin mayores problemas los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.

Hasta ahora, los tres Presupuestos precedentes de esta legislatura (2005, 2006 y 2007), pese a las discusiones, tensiones previas y cesiones de última hora, habían salido adelante con el apoyo de los partidos de la izquierda parlamentaria y de la mayoría de los grupos nacionalistas. En esta ocasión, el asunto pinta peor para el Gobierno, con las elecciones generales a escasos meses vista y una mayor presión por parte de sus aliados de ocasiones anteriores, que saben de la trascendencia electoral de una derrota del Gobierno a las puertas de la disolución de las Cortes, el próximo mes de enero –disolución preceptiva para poder convocar las elecciones en el mes de marzo-.

Ni Convergencia i Uniò (que retiraba, a última hora su enmienda de totalidad en la discusión de los presupuestos de 2007), ni Esquerra Republicana de Catalunya, que apoyó los pasados, pero que ya ha anunciado su voto contrario en esta ocasión, ni Izquierda Unida (el otro aliado natural que permitió el visto bueno a los Presupuestos precedentes) van a dar un cheque en blanco al Ejecutivo en esta ocasión.

El año pasado, CiU retiraba su enmienda total tras pactar la inclusión de una enmienda adicional por la que el Gobierno y la Generalitat arbitrarían una fórmula, antes del 31 de marzo de 2007 para aplicar la Disposición Adicional III del Estatuto de Cataluña, referente a la inversión del Estado en esta comunidad, y que tendría que alcanzar el 18,8 por ciento del total de inversiones en infraestructuras; un porcentaje equivalente al del peso del PIB de la economía catalana en el conjunto de la nación. El incumplimiento de este acuerdo se ha convertido en el principal obstáculo para que los nacionalistas catalanes den su apoyo a las cuentas previstas para 2008.

El portavoz de CiU en el congreso de los Diputados, Josep Antoni Duran i Lleida asegura que “CiU nunca podrá aprobar unos presupuestos y nunca podrá dejar de enmendar los presupuestos si no se cumple con algo que procede del presupuesto vigente, si no se cumple lo que antes pactamos”. El dirigente catalán también acusa a las cuentas que va a presentar el departamento dirigido por Pedro Solbes de no contar con medidas de apoyo a las economías más débiles, de no incrementar la base reguladora de las pensiones de viudedad (CiU pretende que pase del actual 52 por ciento al 70), de insuficiencia en los recursos destinados a la aplicación de la Ley de Dependencia, o de no incluir desgravaciones universales en el IRPF para los arrendatarios de viviendas. Por el momento, lo que la coalición nacionalista está dispuesta a hacer, según su portavoz parlamentario es “presentar una enmienda a la totalidad, y en la medida que no se cumplan los requisitos sociales de ayuda a las personas más necesitadas, y no se apliquen medidas fiscales a favor de las familias”. De la reunión mantenida el pasado 8 de septiembre con el ministro de Economía, los convergentes declararon haber salido “frustrados”, denunciando que Solbes no les había ofrecido cifras concretas sobre el tema de su mayor interés, la inversión del Estado en infraestructuras en Cataluña.

Prácticamente es el mismo argumento esgrimido por Esquerra Republicana de Catalunya para explicar su ya anunciado voto contrario a los próximos Presupuestos. Según el conseller de Gobernación de la Generalitat, Joan Puigcercós, ERC “ya ha decidido que no apoyará los Presupuestos Generales del Estado. Lo que tiene que tener claro el PSOE es que la peor inestabilidad es el incumplimiento con Cataluña”.

En el ambiente también pesa la crisis de las infraestructuras en esta comunidad durante los meses pasados (gran apagón en Barcelona, retrasos en los trenes de cercanías, caos circulatorio en la AP-7). Un índice que podría resultar relevante para comprender lo ajustado de la situación en estos momentos, podría ser el resultado que se producía en el Congreso, en el debate en el que se pedía la dimisión de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, precisamente por su supuesta responsabilidad de gestión en esta crisis. El resultado, entonces, fue que todos los grupos parlamentarios, excepto el PNV y el Bloque Nacionalista Galego (BNG), pidieron la dimisión de Álvarez; 164 votos a favor y 170 en contra.

De igual modo, Izquierda Unida, probablemente el más firme aliado del Gobierno durante toda la legislatura, también parece dispuesto a negar sus votos a las cuentas públicas en esta ocasión. Tras reunirse el 10 de septiembre con el ministro de Economía, tanto el coordinador general, Gaspar Llamazares, como el portavoz adjunto en el Congreso, Joan Herrera, dijeron sentirse “totalmente decepcionados”. En fuentes de la coalición reconocen que está “más cerca que nunca la posibilidad de que IU presente una enmienda a la totalidad”. Según los asistentes a la reunión, no les fue presentado ningún ofrecimiento, ni se concretaron las cifras solicitadas. Gaspar Llamazares nos comenta que “parece que Solbes ya tiene unos aliados, que pueden ser PNV y BNG –que necesitan el apoyo del PSOE para aprobar sus presupuestos regionales– o está mentalizado para una prórroga de los Presupuestos de 2007. No ha habido ninguna respuesta a lo planteado por IU desde julio”.

Las reclamaciones de la bancada de la izquierda pasan por un aumento de las pensiones no contributivas por encima del IPC, medidas políticas, con dotación económica, contra la precariedad y la accidentalidad laboral, triplicar el presupuesto destinado a la aplicación de la Ley de Dependencia (debería llegar a los 2.000 millones de euros). En definitiva, IU exige un “giro social” que lleve también a una mayor dotación económica para el desarrollo de las leyes de Igualdad, contra la Violencia de Género y para Educación y Universidad. La coalición reclama también la aplicación de una “fiscalidad ecológica”, que fue acordada hace dos años con el Gobierno, y que está pendiente de ser aplicada en el diseño de los Presupuestos.

La reclamación siempre se dirige en un mismo sentido, el amento de las dotaciones, especialmente en aquellos sectores que afectan directamente a los ciudadanos. Así, piden mayores inversiones en infraestructuras ferroviarias e incrementos en las partidas de financiación de los municipios, en la línea en que se ha manifestado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Caso distinto parece ser el del Partido Nacionalista Vasco. Aunque desde esta formación afirman que no han descartado todavía ninguna posibilidad, incluida la solicitud de “devolución” del texto de los Presupuestos, reconocen que, en los últimos tiempos existe una “sintonía” con el Partido Socialista en cuanto a la discusión presupuestaria (el PNV desea contar con el apoyo del PSE para las cuentas públicas en el País Vasco). Lo cierto es que los precedentes inmediatos hacen pensar en un fácil entendimiento entre ambos, ya que el pasado mes de julio alcanzaban un acuerdo para el cálculo del Cupo Vasco para el cuatrienio 2007-2011.

Las cosas están más complicadas con otro antiguo aliado, Coalición Canaria. Si bien, hasta el momento habían facilitado la aprobación de los Presupuestos Generales, su actual pacto de Gobierno con el Partido Popular en el archipiélago, donde dejaron fuera del poder a la lista más votada, encabezada por el ex ministro de Justicia socialista, Juan Fernando López Aguilar, podría condicionar su tradicional disposición colaboradora, aunque el Estatuto canario también podría actuar como factor de contrapeso. Por el momento, desde esta formación, que perdía su condición de grupo parlamentario en el Congreso, por la marcha de un diputado de Nueva Canaria al Grupo Mixto –precisamente por su discrepancia con el pacto de Gobierno con el PP–, no ha habido ningún pronunciamiento.

El Partido Socialista necesita 12 votos que sumar a los de sus 164 diputados para sacar adelante su proyecto cuentas públicas para 2008. El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, ya ha manifestado que consideraría “un fracaso y una decepción” no lograr un acuerdo con los grupos necesarios para obtener la aprobación de sus números, aunque en el Partido Socialista se recuerda la experiencia previa de 1995 –con Gobierno presidido por Felipe González–, cuando, finalmente, CiU retiraba su apoyo y los Presupuestos Generales debían ser prorrogados. Lo que sucedía era la antesala de la derrota electoral de 1996.

A la búsqueda de esos 12 votos, unos y otros hacen sus cuentas. Pese al ofrecimiento de discusión hecho con la boca pequeña por el Partido Popular (nadie cree que tras una prolongada estrategia de desgaste y confrontación vayan a dar su voto favorable, ni siquiera su abstención), en el PSOE tratan de encajar las piezas y buscar combinaciones. Por lo pronto, el apoyo más probable es el del PNV, que proporcionaría cinco de esos 12 votos imprescindibles. El Grupo Mixto es otro de los caladeros donde cuentan con posibilidades, especialmente por las tradicionales buenas relaciones que los socialistas han mantenido con sus integrantes. Se dan casi por seguros los apoyos de BNG (tres diputados), la Chunta Aragonesista (uno), Eusko Alkartasuna (uno), Nueva Canaria (uno), y el de un recién ingresado, el ex diputado del PP, Joaquín Calomarde. Más difícil, como se comentaba en estas páginas, parece la aquiescencia de los ahora tres diputados de Coalición Canaria, al igual que el voto de Nafarroa Bai, sobre todo, tras lo acontecido en la Comunidad Foral, donde la abstención socialista ha permitido reeditar Gobierno a la marca del PP en Navarra, UPN.

Aunque el proyecto presupuestario corresponde, casi en exclusiva, al departamento dirigido por Pedro Solbes, en la labor de negociación con otros grupos está participando varios pesos pesados del PSOE y de su grupo parlamentario. Ya han mantenido diversas reuniones con representantes de otras formaciones el portavoz del Grupo en el Congreso, Diego López Garrido, y los diputados Francisco Fernández Marugán, portavoz de su partido en la Comisión de Economía, y Teresa Cunillera. Hasta el momento han mantenido encuentros con Gaspar Llamazares y Joan Herrera, de Izquierda Unida; con Josep Sánchez Llibre, de CiU, con Pedro Azpiazu, del PNV; y con Agustí Cerdá, de ERC.

Dado que uno de los puntos de fricción y desencuentro fundamentales ha estado en el incumplimiento de los acuerdos con las formaciones catalanas, en cuanto al desarrollo de la mencionada Disposición Adicional III del Estatut, en los presupuestos de 2007, los emisarios del PSOE admiten que “habrá que negociar con el PSC, con Iniciativa per Catalunya, con ERC, con CiU y con el Gobierno catalán”.

Las cuentas, de momento no salen. Si el Partido Socialista y el Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero quieren garantizarse una mayoría suficiente que impida el duro golpe de ver derrotados sus últimos Presupuestos de la legislatura, con las elecciones generales y la disolución de las Cortes a pocos meses vista, como comentan en fuentes próximas a La Moncloa, “habrá que hacer concesiones”. Probablemente, en esta ocasión, de mayor calado que las otorgadas en las tres precedentes.

Una derrota parlamentaria en el último aliento del periodo de sesiones, sobre una cuestión tan fundamental, regalaría una munición impagable a la estrategia de acoso y derribo que desde hace tres años y medio no ha dejado de aplicar un Partido Popular ávido de retornar al poder, y que está dispuesto a casi todo por conseguirlo.

Solbes se aleja de Zapatero

Ya no parece que se trate de situaciones puntuales, casuales o malas interpretaciones debidas a falta de coordinación informativa. El desencuentro entre la línea promovida para el último tramo de la presente legislatura por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y los criterios del vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, se ha hecho evidente para la opinión pública española.

La primera sorpresa a cargo del responsable de las cuentas se producía el pasado 5 de septiembre. En esa ocasión, y comentando acerca del impacto en las economías europeas y española de la crisis de las turbulencias financieras e hipotecarias desencadenadas en Estados Unidos, Solbes aseguraba que en el caso de nuestro país se cernían “incertidumbres”, y que esa situación no era la ideal para proseguir con el ritmo actual de crecimiento económico, puesto que podría retraer a la necesaria inversión privada.

Ese mismo día, en un acto conjunto, el presidente del Gobierno y el banquero Emilio Botín coincidían en apreciar “buenas expectativas” para la economía nacional, por lo que el vicepresidente se apresuraba a rectificar sus propias palabras y a calificar de “catastrofistas” las críticas vertidas por los portavoces del Partido Popular. Las iniciales declaraciones de Pedro Solbes habían provocado tanto malestar en las filas socialistas que el pasado 11 de septiembre, y con las previsiones de la Comisión Europea en la mano, que vaticinan una desaceleración del crecimiento de todos los países de la zona euro, con la excepción de España, que mantendrá los ritmos previstos, el presidente Zapatero realizaba un discurso triunfalista ante los parlamentarios nacionales de su partido. En esa intervención aseguraba que la economía española jugaba ya en la “Champions” de las grandes naciones del mundo.

No sería la última discrepancia en las fechas recientes. El superministro de Economía también ponía públicamente en cuestión la propuesta elaborada por la Junta de Andalucía, y que cuenta con el pleno apoyo de la ministra de Vivienda, Carme Chacón, de adoptar medidas para permitir el acceso a la vivienda de aquellas personas con rentas inferiores a 3.000 euros mensuales, y cuyo coste no exceda, en ningún caso, de un tercio de sus salarios, en el caso de compra, o de un 25 por ciento, si se trata de alquileres. Para ello se hace necesario incrementar notablemente la construcción de viviendas de protección pública, que se había ralentizado mucho en la comunidad andaluza. El plan contempla la construcción de 300.000 de estas viviendas en los próximos diez años. Entonces, Solbes decía no ser “partidario de grandes leyes que den reconocimiento de derechos para toda la vida. Son cosas que suenan bien, pero luego hay que aplicarlas. El reflejo que me surge cuando leo una noticia de este tipo es si habrán calculado bien lo que les costará”.

Además de la inmediata contestación de la ministra de Vivienda, también hubo de salir rápidamente al paso el presidente de la Junta de Andalucía, que también lo es del propio Partido Socialista Obrero Español, Manuel Chaves, quien aseguraba públicamente la viabilidad del proyecto e interpretaba los comentarios del ministro de Economía, asegurando que estaba de acuerdo con su propuesta “si las cuentas salían”.

No terminaba aquí la imagen de división en el seno del Gobierno que difunden las declaraciones de Pedro Solbes. El 11 de septiembre volvía a expresar su desacuerdo con otra propuesta importante de un miembro del Gabinete, en este caso, del novísimo ministro de Sanidad, Enrique Bernat Soria. El flamante responsable de la sanidad pública había dado a conocer su plan para que la asistencia bucodental gratuita fuera de carácter universal para todos los niños entre los siete y los 15 años de edad en todo el territorio nacional –hasta ahora, sólo es así en algunas comunidades autónomas-, a partir de 2008. De esta medida sólo quedarían excluidos los tratamientos estéticos y las ortodoncias. El vicepresidente segundo del Gobierno advertía de las “dificultades” que se podrían encontrar para aplicar tan ambiciosa propuesta: “No tenemos ningún documento todavía sobre ese punto y, por lo tanto, no sabemos cuál es la naturaleza del tipo de apoyo que quiere plantear ni tampoco cuál es la memoria económica. No sabemos si es un cambio de prestaciones sanitarias, es decir, quitar un servicio gratuito para dar la atención dental o un sistema convenido”. Incidía Solbes en que el plan le planteaba “dos dificultades”, una de tipo “presupuestario”, y la otra, porque se estaba hablando de una cuestión cuyas “competencias son, fundamentalmente, responsabilidad de las comunidades autónomas”.

Tras estas declaraciones, fuentes próximas al Ejecutivo manifestaban su “sorpresa” por esta actitud, que ya viene siendo reiterativa por parte del ministro económico. Al día siguiente, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, se veía obligada a salir al paso, una vez más, para posicionarse del lado de la iniciativa del ministro de Sanidad, en una iniciativa que cuenta con el total respaldo del presidente Zapatero. Fernández de la Vega aseguraba la aplicación del plan de Bernat Soria, contando con los recursos proporcionados “tanto por el Ministerio de Sanidad, como por el Ministerio de Economía”.

La actitud de Pedro Solbes comienza a causar inquietud –y cierto cansancio- entre las filas socialistas y en determinados ámbitos del Gobierno, que no comprenden, no ya sus reticencias, sino su afán por airearlas y hacerlas públicas, escenificando un divorcio que poco puede beneficiar a estas alturas de legislatura, y con la convocatoria de elecciones generales a la vuelta de la esquina. De hecho, la mayoría de las propuestas de contenido social efectuadas –y las muchas que quedan en cartera para ser propuestas durante las próximas semanas y meses- también forman parte de la estrategia preelectoral del Partido Socialista, que comenzó con la reciente crisis de Gobierno y el nombramiento de nuevos ministros con un carácter dinámico y de amplio reconocimiento y prestigio en otros ámbitos, como precisamente es Bernat Soria, y como exponente más destacado de esta filosofía.

Muchos analistas consideran que detrás de esta actitud de Pedro Solbes se encuentra la proximidad de un fin de ciclo y una más que probable no renovación en el cargo después de las elecciones generales, por lo que se sentiría poco presionada a la hora de expresar libremente sus opiniones y sus análisis financieros con fama de estrictos. Sin embargo, esta hipótesis no está del todo clara, puesto que si en los últimos meses, el propio Solbes podría estar favoreciendo estas especulaciones con su silencio ante insinuaciones similares efectuadas por ciertos sectores de la prensa, en los últimos tiempos sí parece mostrarse más favorable a continuar en este puesto una legislatura más.

En una reciente entrevista radiofónica en la Cadena SER, el vicepresidente segundo y ministro de Economía, ante una pregunta sobre su eventual retirada tras los comicios, respondía enigmáticamente que “nunca se sabe” lo que puede suceder en estos casos. Lo que parece evidente es que para contar con oportunidades reales de repetir, tendrá que recuperar una sintonía con el presidente y con la mayoría del Gobierno y su partido, que ahora parece perdida.