por Juan Antonio Barrio

A seis meses de las elecciones generales, el clima político presenta variadas facetas. Para empezar por una importante, la formación de gobierno en Navarra. La decisión del PSOE de no pactar con Nafarroa Bai e Izquierda Unida tiene claves, indudablemente, de política general. Por más que se haga luego de la necesidad, virtud, ahondando en posibles, pero no sé si muy probables, "beneficios" en la propia Comunidad Foral: retirada del recurso a la Ley de Dependencia, "separación" de UPN respecto al PP, posible revisión de la no aplicación en la práctica de la Ley del Aborto en Navarra...

Todo eso estaría muy bien, pero, en mi opinión la razón principal está en la creencia, mayoritaria en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, de que el pacto perjudicaría las opciones del partido en su conjunto en las elecciones generales.

Otros, sin embargo, pensamos que hubiera sido preferible, y desde luego mucho más acorde con la idea de la España plural de José Luís Rodríguez Zapatero, permitir la formación de un gobierno de izquierdas, con bastantes similitudes con el pacto en Galicia con el BNG o el tripartito catalán. Es como si, de pronto, hubieran faltado fuerzas para afrontar las campañas de demagogia que el PP viene desarrollando.

Se dice que permitir el gobierno de UPN con minoría no es un cheque en blanco. ¡Faltaría más! Lo menos que puede suceder es que sientan el aliento de una posible moción de censura para evitar los peores males de un gobierno que hasta ahora ha sido claro exponente de una política sectaria en lo territorial, cerril en lo moral y profundamente de derechas en su conjunto.

Otro asunto de calado, pendiente la decisión del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, es el déficit de infraestructuras en Cataluña. Parece que ya ni siquiera el PP pudiera negar que dicho déficit exista, por lo que la cuestión de quién tiene la culpa no deberá ser la más importante, sino la de aplicar lo que el Estatuto establece para corregirlo. Un acuerdo entre Castells (consejero de Economía de la Generalitat) y el vicepresidente Solbes sería muy adecuado en ese sentido.

El comienzo del curso, escolar en este caso, va a traer también otra vez a la primera fila el tema de la asignatura Educación para la Ciudadanía y la disparatada campaña de algunos obispos animando a los padres a plantear la objeción de conciencia. En un país minimamente moderno ésta no debería ser una cuestión de izquierdas o derechas, más bien debería ser objeto de un consenso básico entre ambas. Claro que para eso haría falta una derecha más moderna y/o una Iglesia más adaptada a la secularización de la sociedad. En fin, nada que no suceda en Alemania, o Francia. Por eso es tan importante que la jerarquía integrista pierda esta batalla. Afortunadamente, las recientes declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal parecen ir en contra de las posiciones más integristas.

Importante es también la aprobación reciente de medidas contra la siniestralidad laboral, limitando el número de subcontratas posible, disminuyendo el porcentaje de trabajadores en precario legalmente admisible, etc. La reducción de la siniestrabilidad laboral debe ser objeto de una campaña de sensibilización social creciente, como se ha hecho con otros asuntos muy importantes, por ejemplo, la violencia de género.

Y para comienzo de curso parlamentario quedan muchos otros temas: el Presupuesto de 2008 y la posibilidad de acuerdo definitivo sobre la Ley llamada de Memoria Histórica, entre otros.
Sobre todo ello volveremos.