El nuevo interventor real seguirá sin informar de los gastos del monarca

No hay quien le pida cuentas

Ante la negativa de la Mesa del Congreso a tramitar una proposición no de ley para fiscalizar los presupuestos del Jefe del Estado, ERC presentó el pasado mes de junio un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional. Ahora, casi dos meses después, el Rey ha nombrado un interventor que se encargará de controlar la gestión de su contabilidad. En Zarzuela desvinculan ambos acontecimientos, pero la coincidencia temporal ha hecho pensar que desde el entorno del monarca se ha pretendido atemperar los ánimos a raíz de las iniciativas políticas y el debate de los ciudadanos que le piden cuentas al Rey. Se trataría, en suma, de un primer paso hacia una futura normalización y transparencia informativa. Sin embargo, el carácter interno de la labor del interventor demuestra que, hoy por hoy, don Juan Carlos no está dispuesto a que le fiscalicen y, según la Casa Real, “en este momento no hay nada pensado”..

Por Virginia Miranda

El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma”. En todo el título II de Constitución española relativo a la Corona no hay más referencia a los dineros del monarca que esta frase contenida en su artículo 65.1, breve pero lo suficientemente contundente como para que don Juan Carlos no tenga que darle explicaciones a nadie de lo que hace o deja de hacer con su asignación anual. Sin embargo, que la ley le ampare no es óbice para que el monarca, que conoce mejor que nadie el valor que tienen sus gestos entre la ciudadanía –para bien y para mal– acepte dotar de transparencia a sus oscuras –por desconocidas– cuentas.

Desde ERC se lo han pedido por activa y por pasiva, pero PSOE, PP y CiU no han permitido que prosperara su centenar de preguntas parlamentarias y su proposición no de ley para fiscalizar las cuentas de la Jefatura del Estado, de modo que, el pasado mes de junio, acabaron presentando un recurso de amparo al Tribunal Constitucional para tratar de levantar el bloqueo de los tres principales grupos del arco parlamentario.

Por eso resulta difícil hablar de casualidades cuando, poco después, el pasado 28 de agosto, el Boletín Oficial del Estado publicaba que don Juan Carlos creaba la novedosa figura del interventor civil de la Casa del Rey –hasta ahora existía el interventor militar, cuya labor se limita prácticamente al Cuarto Militar–. Su cometido será “el control de la gestión económica, financiera, presupuestaria y contable” de la Casa del Rey y dependerá del jefe de ésta, el diplomático de carrera, Alberto Aza.

Desde Zarzuela desvinculan este anuncio del recurso interpuesto en el Constitucional y explican que se trata de una decisión del monarca para mejorar el funcionamiento de la Casa. “Su labor será de carácter interno como corresponde a su naturaleza de interventor de carrera, adscrito al jefe de la Casa de Su Majestad el Rey”, explican. Al ser pues de carácter interno, no darán cuentas ni al Gobierno ni al Parlamento de en qué se gasta don Juan Carlos ni en qué medida los 8,3 millones de euros que le fueron asignados en los últimos Presupuestos Generales del Estado. Sólo se sabe que se reparten entre el personal a cargo de la Casa del Rey, los gastos de funcionamiento y por supuesto los miembros de la Familia Real.

La sucesión de acontecimientos pone en duda que no exista ninguna relación entre la iniciativa parlamentaria y su consiguiente debate público y la creación de la figura de interventor. Lo que no quiere decir que la decisión regia dé respuesta a la demanda de transparencia emanada desde algunos medios de comunicación e impulsada por los grupos minoritarios en el Congreso ERC y también IU-ICV.

Joan Tardá, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en la Cámara Baja, dice que el nombramiento del interventor “no es nada, sólo es consecuencia de que son conscientes de que existe una total y absoluta anomalía”. A pesar de ello es optimista porque, dice, “es evidente que la rueda empieza a girar”. “Lo quieran reconocer o no, existe un debate sobre la transparencia de la Casa Real, sobre la necesidad de que haya un control parlamentario de su actividad y sus finanzas”, asegura.

Tardá lamenta que la Mesa del Congreso haya abortado “la capacidad de preguntar al Gobierno sobre las actividades de la Casa Real”, su batería de cien preguntas además de una proposición no de ley para fiscalizar las cuentas reales “que no cuestionaban la legalidad ni la capacidad” que tiene el monarca de administrar el presupuesto, “sino que trataban de superar la opacidad”. “Son unas mínimas normas morales. Sin embargo, somos percibidos como estrafalarios o radicales”, mientras que diputados socialistas, de IU e incluso algunos del PP “te dicen en privado que éste es un agujero negro que no hay quien lo controle”. Ahora, “han ratificado su voluntad de permanecer en la ignorancia. Lo cual permite especular sobre cualquier cosa” relativa a las propiedades de don Juan Carlos y su familia. “Aquí no se trata de hablar de dinero –continúa–, sino de valores de una institución que se atribuye la capacidad del representar al Estado”.

Tardá y su grupo tienen en este momento la vista puesta en el Tribunal Constitucional. “Si admite el recurso de amparo se ve obligado a pronunciarse. Y si tenemos razón, que creo que la tenemos, el tema se debatirá por primera vez en pleno”, explica Tardá, convencido de que ya no habrá marcha atrás y de que el Congreso no podrá seguir abortando las iniciativas de los grupos por mucho tiempo. “¿A dónde llevaría eso cuando el resto de monarquías han hecho los deberes? No se pueden poner puertas al campo porque este es un debate de modernidades”. Un debate que, efectivamente, ya fue superado por países reinantes como el británico, cuya Corona es efectivamente la más rica de Europa pero también la más transparente. Sus súbditos conocen tanto el sueldo de la reina Isabel II como el que perciben sus hijos. Del Príncipe Carlos se conocen incluso  las abultadas rentas que percibe de sus ricas posesiones y de su ducado de Cornualles, la cantidad que paga en sueldos, el dinero que le da a su esposa Camilla e incluso las libras que destina a obras de caridad.

Desde el grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV) en el Congreso de los Diputados también son crítico con el manto de silencio que oculta todo lo relativo a los dineros del Rey y lamentan que no se haya aprovechado la oportunidad para dotarle de un carácter más civil al nombramiento, que ha emanado de don Juan Carlos y ha sido ratificado por el Ejecutivo. El portavoz ecosocialista, Joan Herrera, dice que la figura de interventor “tiene que ser nombrada por el Estado para garantizar la más absoluta transparencia”, y añade que “tendría que fiscalizar tanto las cuentas públicas como las privadas de la Casa Real”. En este sentido, considera que la fiscalización de las cuentas de la Casa Real tendría que ser responsabilidad del Tribunal de Cuentas.

El debate está en la calle y don Juan Carlos no ha hecho más que alimentarlo. Pero si tuviera algún interés en dar explicaciones sobre el modo en que administra su sueldo, desde luego no sería creando un puesto de carácter interno y que no viene más que a reforzar el imprescindible trabajo gestor en el seno de la institución y localizado en su Secretaría General. Es dentro de su estructura donde se inscribe la Unidad de Administración, Infraestructuras y Servicios, dedicada a “la gestión económico-financiera, presupuestaria y contable de la Casa, así como la de personal”. Asimismo, “dirige y coordina los servicios de telecomunicaciones y sistemas de información y coordina los servicios de mantenimiento general de las instalaciones del Palacio de la Zarzuela”. En esta unidad es donde se incribe el Centro de Comunicaciones e Informática e Intendencia: antes de agruparse, esta última era la encargada de “la planificación económica necesaria para el desarrollo de la actividad de Su Majestad el Rey”. Según cuenta el director de El Siglo, José García Abad, en La soledad de El Rey (La Esfera de los Libros), su titular no era conocido y estaba “relegado a los últimos escalones de la jerarquía de la Casa Real”. Al menos ahora y tras los últimos cambios introducidos, especialmente la creación de la figura del interventor, el máximo responsable de las cuentas de don Juan Carlos tiene nombre y apellidos y despacha nada menos que con el jefe de la Casa, Alberto Aza.

Óscar Moreno Gil (Madrid, 1935), doctor en Derecho, ingresó en el Cuerpo de Interventores del Estado con el número uno de su promoción. Profesor de derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid y el CEU entre 1979 y 1986, adquirió en 1990 la condición de Inspector de los Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda por concurso-oposición, donde desempeñó sus funciones hasta el momento de su jubilación en 2005. Autor de varios libros especializados, en la Editorial Civitas ha publicado, entre otras, las obras Contratos administrativos. Legislación y jurisprudencia y Expropiación forzosa. Legislación y jurisprudencia comentadas; en el Boletín Oficial del Estado, Código Civil y jurisprudencia concordada; y en Universidad Complutense, Actualidad y perspectivas del Derecho público a finales del siglo XX, un libro homenaje al Profesor Garrido Falla escrito con otros autores.

Se ha ganado a muchos políticos de izquierda, a una ciudadanía que se declara juancarlista y a cuantos mandatarios de Oriente y Occidente ha conocido. Sin embargo, aunque pueda ensombrecer una imagen prácticamente impecable cuidadosamente protegida por políticos y periodistas desde la Transición, el monarca no ha transigido con el tema del dinero. Escudado en el derecho que le otorga la Constitución, no ha permitido que nadie se inmiscuya en la forma en que gestiona el presupuesto del Estado. Circunstancia que, al menos hasta ahora, ha podido permitirse, pero que su hijo don Felipe puede no poder seguir ocultando. Como le recuerda su padre, el Príncipe de Asturias tendrá en su día que ganarse el puesto y lo hará no sin dificultades. Tras décadas de democracia no podrá pasar por alto valores fundamentales de sistema como la transparencia a la que ahora el Rey se resiste.

La transparencia de Alfonso XIII

El caso de don Juan Carlos resulta inusual. Porque el resto de monarquías europeas no han tenido mayor problema en que sus gastos sean de carácter público y porque su abuelo tampoco ocultó, en las agitadas primeras décadas del siglo XX, a qué dedicaba su asignación anual. El editor y director de El Siglo, José García Abad, recuerda en su libro La soledad del Rey (La Esfera de los Libros) que esta información estaba al alcance de los ciudadanos, y remite a la rigurosa investigación realizada por Guillermo Gortázar para su tesis doctoral y que ligeramente abreviada aparece en su libro Alfonso XIII, hombre de negocios (Alianza Editorial). En el Presupuesto de Gastos correspondiente al ejercicio de 1921, el gasto autorizado se aproximaba a los siete millones de pesetas de dicho año: dos millones para la “Inspección”; algo más de un millón para “Caballerías y Garaje”; cerca de medio millón para “Jornadas, Viajes y Cacerías” y otro tanto para “Donaciones y Gratificaciones”; 325.000 pesetas para “Mayordomía y Camarería”; 242.000 pesetas para “Gastos particulares de los Reyes”; 165.000 en concepto de “Entregas a Sus Majestades”; y otras cantidades que se especifican para distintos fines: Cuarto Militar, Capilla, Armería, alumbrado eléctrico, etc.

La “lista civil” de la Reina fue fijada en 1906, después de la boda con don Alfonso, y se acumulaba a los ingresos de la Real Casa. Las asignaciones a los infantes sin embargo estaba detalladas de la siguiente manera: el Príncipe de Asturias cobraba 500.000 pesetas; los demás infantes 150.000; la infanta Isabel, hermana del Rey, 250.000 pesetas.

En su repaso por el comportamiento que el abuelo de don Juan Carlos tuvo con emolumentos que percibía cada año, García Abad advierte sobre otra notable diferencia entre los dos Borbones. “Sorprende la poca importancia que se da en el organigrama de la Casa al intendente, que tanta relevancia tenía en la Casa de Alfonso XIII –dice el autor–. El intendente general de la Real Casa y Patrimonio, aunque ocupaba el segundo puesto en la jerarquía palaciega, por debajo del jefe superior de Palacio, que era el equivalente al hoy jefe de la Casa de Su Majestad, era una pieza angular. Tanto Luis Moreno y Gil de Borja, cuya probidad y dedicación durante muchos años fue premiada por el monarca con el marquesado de Borja, y que desempeñó esta función de 1891 hasta su muerte en 1917, como Miguel González de Castejón, que ocupó el puesto desde esta fecha hasta la proclamación de la República, fueron personajes de la máxima confianza de don Alfonso y controlaban hasta la última peseta que entraba o salía de Palacio. González de Castejón, conde de Aviar, dio un vuelco al estilo muy conservador en negocios de su antecesor y fue el verdadero artífice de los éxitos financieros del monarca, a quien acompañó en el exilio como administrador de su fortuna personal. Aviar estudiaba minuciosamente todas las propuestas de inversión que llegaban a Palacio y despachaba al menos dos veces a la semana con el monarca para tomar las oportunas decisiones”.

En tiempos de don Juan Carlos, el titular de la Unidad de Intendencia no ha sido persona conocida por el público. Actualmente ésta aparece integrada en una Unidad de Intendencia y el Centro de Comunicaciones e Informática dependiente de la secretaría general de la Casa del Rey.

El futuro de la corona por Enric Sopena