Trece años de lucha contra la desertificación

VIII Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas

Trece años de lucha contra la desertificaciónL

Las graves consecuencias de la desertificación que causa la acción humana ponen en riesgo a más de 1.200 millones de personas (casi uno de cada cinco habitantes del planeta), dejándolas expuestas a un proceso de depauperización que frena el crecimiento de los países en desarrollo y potencia los flujos migratorios. El proceso de degeneración de los suelos se ceba, además, con las regiones del mundo con más problemas sociales y económicos, como África. En la Conferencia de Madrid inaugurada este lunes y que se prolongará hasta el próximo día 14, las diferencias de criterio entre los países del Sur, que reclaman más ayuda, y los del Norte desarrollado volverán a ser las protagonistas.

La llegada de la ayuda a los países más pobres es “demasiado lenta” ya que “durante treinta años los países desarrollados consideraron la desertificación como un problema local, creado por las condiciones locales, que exigía respuestas con recursos locales”. Así daba en marzo la alarma el hasta hace poco secretario ejecutivo de la Convención de Naciones Unidas Contra la Desertificación (UNCCD), Hama Arba Diallo, exigiendo a los países más ricos a acelerar el desembolso de fondos para luchar contra la desertificación, ya que el fenómeno traerá graves consecuencias si no se toman medidas urgentes.

Según sus palabras, los países en desarrollo han tenido que demostrar que “están haciendo lo mejor posible” y adaptarse al problema “a su propio costo” y “no se trata de pedir generosidad a los países ricos porque este tema es de interés común. Si no se toman medidas a tiempo, las consecuencias van a ser para todos y demasiado malas”. “Si no se hace nada para luchar contra la desertificación la tierra va a ser degradada, la fertilidad del suelo va a bajar, la producción agrícola va a verse afectada y, si esto ocurre, la pobreza va a empeorar”, y es que, según datos de la ONU, la degradación del suelo es un problema mundial relacionado directamente con la pobreza, el hambre y la migración forzada que afecta a dos tercios de la tierra cultivable del mundo en donde residen los más pobres.

Desde 1990, diez millones de hectáreas de tierra productiva se pierden cada año debido a la degradación del suelo, lo que afecta al 70 por ciento de los 1.200 millones de personas más pobres del mundo, las cuales viven en áreas rurales. Por ello, la migración es “resultado de un proceso de degradación de la tierra y la pérdida de ingresos por miles de aquellos que no tienen otro medio de supervivencia y están dispuestos a ir a cualquier otro lugar bajo cualquier riesgo”.

Por otro lado, la desertificación no deja de interactuar a distintos niveles con el problema que ha cobrado gran protagonismo durante los últimos meses: el cambio climático. En el Día Mundial de la desertificación, celebrado el pasado día 16 de junio, el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, se encargó de recordar que se espera que, debido al calentamiento, global siga aumentando el número de fenómenos meteorológicos extremos, tales como sequías y lluvias intensas, los cuales tendrán un drástico efecto en suelos ya debilitados. Haciendo hincapié en el llamamiento efectuado por Diallo tres meses atrás, el secretario general de la ONU recordó que esta tendencia “empeorará la desertificación y aumentará la prevalencia de la pobreza, la migración forzada y la vulnerabilidad ante los conflictos en las zonas afectadas”.

África, la más afectada. Por continentes, la región más precaria del mundo en muchos aspectos, África subsahariana, es la que tiene el índice de desertificación más elevado del mundo. En el caso de América Latina y el Caribe, una cuarta parte de la región está afectada por el fenómeno y, ante la ausencia de mejores soluciones a nivel global, los países miembros del Mercosur, que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, crearon en marzo pasado junto con Bolivia y Chile una estrategia que busca una alternativa económica para las tierras depauperadas. Por ejemplo, en Argentina, el gobierno anunció un plan para tratar de revertir la desertificación mediante la creación de microcréditos que estarán al alcance de la población de las zonas rurales degradadas.

Sin embargo, en cuanto a número de personas afectadas por la desertificación y la sequía, Asia es el continente más perjudicado, según la ONU. En China avanza a un ritmo de 1.283 kilómetros cuadrados al año, y afecta ya directamente a 400 millones de personas, según la Administración Estatal Forestal. El 18 por ciento del territorio chino es ya un área desértica, especialmente la franja septentrional y occidental, aunque otro 14 por ciento sufre las consecuencias de la desertización, extendida prácticamente por todo el país, según ese departamento oficial. La presión de la enorme población, el desenfrenado desarrollo económico y la contaminación han puesto en una situación “extremadamente frágil” incluso las zonas desérticas reforestadas.

Globalmente, se calcula que para 2020 unos 135 millones de personas corren peligro de tener que abandonar sus tierras por la continua desertización, de ellas 60 millones en África subsahariana.

Buenas intenciones. Fue en 1977 cuando la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desertificación celebrada en Nairobi planteó por primera vez la magnitud del problema. Tuvieron que pasar quince años para que, a raíz de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro, se adoptase la Convención de Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación cuyo texto fue firmado en París el 15 de octubre de 1994, pero que no entró en vigor hasta el 26 de diciembre de 1996, después de haber sido ratificado por más de 50 países, que en la actualidad han aumentado a más de 180. (191)

Con la base planteada por la convención, la primera de las Conferencias de los Estados parte de la Convención de Naciones Unidas para la lucha contra la Desertificación (COP) se celebró en 1997 en Roma, y en ella empezaron a verse las dificultades que iba a conllevar el dotar de funcionamiento efectivo el Mecanismo Global, el instrumento financiero y jurídico para la puesta en marcha del Convenio contra la desertización.

En la segunda conferencia, celebrada en Dakar al año siguiente, las diferencias Norte-Sur salieron a la luz. La reunión estuvo marcada por la decepción de los países menos desarrollados que esperaban más ayuda de las naciones industrializadas, faltas, como suele suceder en este tipo de iniciativas de verdadera voluntad política. El enfrentamiento entre los países ricos, especialmente la Unión Europea, y el Grupo de los 77 países en desarrollo más China continuó dificultando el avanzar en acuerdos para fortalecer el combate a la desertización durante la tercera, cuarta y quinta conferencias (celebradas en Recife (Brasil) en 1999, en Bonn (Alemania) en 2000 y en Ginebra (Suiza) en 2001) de las que solamente surgieron tímidas declaraciones de intenciones.

La situación se desbloqueó en cierta medida durante la reunión que tuvo lugar en La Habana en 2003, en la que los representantes de las 160 delegaciones asistentes acordaron emprender proyectos dirigidos a comunidades gravemente afectadas por procesos de desertización. Además, en un gesto dirigido a contentar a los países ricos, una decena de mandatarios asistentes a la Conferencia, en su mayoría de África y Caribe, suscribieron una declaración en la que se comprometían combatir la pobreza generada por la sequía.

Sin ningún gran acuerdo de calado terminó la VII Conferencia, celebrada en Nairobi en 2005, al margen del protagonismo que cobró en ella un aspecto en el que el Primer Mundo está muy interesado: la transferencia de conocimientos prácticos y tecnología para combatir el fenómeno.

Es muy conocida la cita del geógrafo griego Estrabón en la que afirmaba que hace 2.000 años una ardilla podía cruzar la Península Ibérica desde la cordillera Cantábrica hasta Tarifa sin tocar el suelo. Sin embargo, en nueve siglos el porcentaje del territorio español cubierto de bosques ha pasado del 90 por ciento a menos de un 20 por ciento. Con el objetivo de atajar este problema, el Ministerio de Medio Ambiente está preparando un nuevo Programa de Acción Nacional Contra la Desertificación (PAND) que será presentado en la VIII Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre este tema.

E n el continente europeo, el llamado grupo del Mediterráneo Norte que integran España, Portugal, Italia, Turquía y Grecia, componen una de las cuatro zonas determinadas por la convención de Naciones Unidas como afectadas por este fenómeno.

Ya en 1977 en la Conferencia sobre Desertificación de Naciones Unidas celebrada en Nairobi se elaboró un mapa de los desiertos, en el que España era el único país de Europa Occidental incluido con un índice muy alto de desertización en todo el sureste peninsular.

Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, la desertificación avanza en España y afecta al 53,17 por ciento del territorio, donde 159.137 kilómetros cuadrados, el 31 por ciento (de los 506.061 que ocupa España) sufren un riesgo alto o muy alto de desertización y el riesgo es medio en 109.712 kilómetros cuadrados, el 21,6%. Por comunidades autónomas, las más afectadas son Murcia, Valencia y Canarias, con un riesgo alto o muy alto y le siguen Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Aragón, Baleares y Andalucía. En el resto el riesgo es muy bajo o nulo.

La Península Ibérica es el mejor ejemplo de conjunción entre agentes naturales y artificiales, ambos detonantes del proceso desertificador. La orografía de las montañas peninsulares con pendientes propicias a la pérdida de terreno, en general arcilloso y con poco drenaje es determinante en el proceso erosivo, ya que al no filtrar el agua de lluvia se crean caudales que arrastran todo a su paso.

Zonas que padecen este proceso de forma virulenta son los denominados ecosistemas áridos o semiáridos de los que hay un buen número en España. Los Monegros, en Zaragoza, por ejemplo, así como algunas áreas de Zamora, Castilla-La Mancha y Andalucía. En España se pierde cada año un millón de toneladas de terreno, lo que equivale al 1,6 por ciento de terreno productivo.

La sequía que ha afectado a España desde 2004 ha causado pérdidas de 4.000 millones de euros en el sector agrario y las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura y Madrid restringieron en 2005 el agua a sus cultivos y en el caso de Madrid el riego a los jardines, para garantizar el abastecimiento al consumo.

En 2005, el segundo año de sequía continuada, las cuencas más afectadas por la escasez de precipitación se concentraron en la cabecera del Tajo, Júcar, Segura y Guadalquivir y en 2006 aunque las precipitaciones aumentaron respecto del año anterior, fueron un 11 por ciento inferiores a las de un año normal. El mayor déficit de precipitación se registró sobre todo en Extremadura, el oeste de Madrid y Castilla-La Mancha, la mitad sur de Valencia y alguna áreas de las comunidades de Murcia, Andalucía y Galicia.

Políticas nacionales. Atendiendo a las recomendaciones de la Conferencia de Nairobi se elaboró en 1978 el documento ‘La problemática de la erosión: Programa de acciones en la Vertiente Mediterránea’ para planificar las acciones dirigidas a las zonas más afectadas por la erosión hídrica.

Este texto constituyó los cimientos para que en 1981 se pusiera en marcha el Proyecto de Lucha contra la Desertificación en el Mediterráneo, o Proyecto LUCDEME, desarrollado por la Dirección General para la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente.

Referido desde 1990 a la totalidad de la vertiente mediterránea española, el Proyecto LUCDEME ha promovido estudios y trabajos que permiten conocer la situación real de las áreas afectadas y desde sus inicios es además un foro de encuentro y colaboración entre expertos, universidades y empresas del sector con la Administración.

Fue a partir de 1996 cuando se dieron pasos aún más importante. Una vez ratificada por España la Convención de las Naciones Unidas sobre este tema se creó un órgano de coordinación nacional para la aplicación de la misma, integrada por representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores a través de la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas, (adscrita en la actualidad a la Agencia Española de Cooperación Internacional); del Ministerio de Ciencia y tecnología, a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y del Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General para la Biodiversidad.

Dos años más tarde, se presentó el primer Programa Nacional de Lucha contra la Desertificación, cuya nueva versión actualizada será presentada durante las sesiones de la Conferencia de la ONU que tendrá lugar en Madrid.

El desembolso económico que el Ministerio de Medio Ambiente está realizando para luchar contra la desertificación a través de los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas (más de 3.000 millones de euros en el periodo 2004-2007) está regulado por las directrices establecidas en el Programa de Acción Nacional Contra la Desertificación.

Entendido como un aglutinador de políticas y programas, el PAND establece principios y diseña acciones programándolas en el tiempo y tratando de responder a las preguntas de cómo, cuándo y dónde actuar.

Basándose en la protección y gestión sostenible de los recursos forestales, en el ámbito rural contempla la integración de consideraciones ambientales en la política agraria de precios y mercados, mediante la aplicación de la normativa sobre los requisitos agroambientales a los que se condicionan las ayudas directas en el marco de la política agrícola común europea, lo que se conoce como ‘condicionalidad’. También ofrece incentivos para la forestación de tierras agrarias en zonas marginales no aptas actualmente para ese uso.

Con respecto a la utilización de los recursos hídricos, entre otras iniciativas, observa la creación del Observatorio Nacional de la Sequía, encargado de anticipar, mitigar y seguir los efectos de la sequía en el territorio nacional. Durante la celebración de la cumbre se celebrará una sesión informativa sobre los Planes Especiales de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía que ha puesto en marcha el Ministerio de Medio Ambiente.

Los procesos de desertificación que se debatirán durante los próximos días en Madrid guardan una estrecha relación con los periodos de sequía y los fenómenos meteorológicos extremos provocados por el cambio climático. El Protocolo de Kioto, suscrito en 1997, constituyó el primer y más importante paso que se ha dado hacia la solución de este problema, a pesar del escaso compromiso político a nivel mundial que ha recibido hasta la fecha. En un intento de reforzar y actualizar las metas medioambientales de cara a las próximas décadas, la Convención de la ONU para el Cambio Climático ha comenzado a preparar el documento que deberá sustituirle cuando su periodo de vigencia termine dentro de cinco años.

Sin embargo, el mismo problema que se presenta en las conferencias sobre desertización, la brecha entre países ricos y pobres y la diferencia de criterio a la hora de abordar los problemas, está marcando el desarrollo del futuro heredero del Protocolo de Kioto. Unos mil expertos de todo el mundo se reunieron en Viena la semana pasada en una conferencia auspiciada por Naciones Unidas sobre este tema, centrada en cómo conciliar el crecimiento económico de los países en desarrollo con medidas que reduzcan sus emisiones de efecto invernadero. Un asunto espinoso el que países como India, China o México tengan que renunciar a en cierta medida a su desarrollo industrial cuando los países más contaminantes, en especial Estados Unidos, están lejos de alcanzar los compromisos establecidos en Kioto. Concretamente, el texto fijaba como meta que 35 países industrializados redujeran para 2012 sus emisiones de gases de efecto invernadero un 5 por ciento por debajo de los niveles de 1990.

En la conferencia inaugural de la reunión, Yvo de Boer, secretario general de la Convención de la ONU para el Cambio Climático (UNFCCC, en sus siglas en inglés), puso como ejemplo entre los países desarrollados el objetivo vinculante que se impusieron los miembros de la Unión Europea (UE) de recortar hasta 2020 sus emisiones contaminantes en un 20 por ciento con respecto al nivel de 1990. Y no perdió oportunidad de volver a señalar a Estados Unidos, declarándose irónicamente “satisfecho” de la convocatoria por parte de la Casa Blanca de una conferencia sobre el cambio climático para el 27 de septiembre. Según De Boer “se podría decir que el presidente Bush ha cogido el toro por los cuernos. Las cuestión ahora es saber adónde Bush y el toro van a ir a parar”.

De hecho han sido precisamente los dos países más afectados por el recorte de emisiones de CO2, China e India, quienes, a diferencia de Estados Unidos, han mostrado una actitud muy flexible, permitiendo que las negociaciones no quedasen completamente bloqueadas en la última Conferencia de las Partes, celebrada en Nairobi (Kenia) en noviembre. Aunque la delegación china se opuso a que en las conclusiones finales de la reunión se asumieran compromisos de limitación de sus emisiones para el futuro, el gobierno de Pekín ha manifestado su deseo de mejorar su eficiencia energética en un 20 por ciento en los próximos años. Por su parte, la India se ha propuesto obtener el 25 por ciento de su energía por medios renovables en 2030.

Incluso, los otros dos grandes países en vías de desarrollo, México y Brasil han dado un paso al frente, contrastando con la política de su vecino del norte. El primero ha adoptado ya un plan nacional medioambiental muy ambicioso, mientras que el segundo es desde hace varios años líder mundial en la producción de energía hidroeléctrica y biocombustibles.

Una de las cuestiones más delicadas a tratar en la Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU que se celebrará en Bali (Indonesia) en diciembre, donde se prevé que vea la luz el nuevo documento, será el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), el cual permite que los Estados industrializados financien proyectos que reducen o evitan las emisiones de gases contaminantes en los países más pobres, a cambio de obtener créditos que se apliquen para cumplir sus propios objetivos de emisión.

Así, según los expertos reunidos en Viena, se estiman en 200.000 millones de dólares las inversiones anuales necesarias para frenar el cambio climático, destinados principalmente a aumentar la eficiencia energética de los países en desarrollo.

Próxima parada, Valencia. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), dependiente de la Convención de la ONU, publicó en febrero de este año su primer informe, acompañado de otros dos en abril y mayo. En ellos se exponen una serie de conclusiones e indicaciones para los gobiernos a la hora de atajar un problema de una magnitud tan grande como el del cambio climático. Estos tres textos son la base del que se publicará en noviembre en Valencia y que servirán de base para las negociaciones de la conferencia que se celebrará ese mismo mes en Bali.

Entre las conclusiones expuestas destacan: el irremediable calentamiento de la Tierra, cifrándolo entre 1,1 y 6,4 grados centígrados de aquí al año 2100, con respecto a 1990; los pronósticos acerca de la elevación del nivel del mar, entre 18 y 59 centímetros; la reducción de la capacidad del planeta para absorber de forma natural las emisiones de CO2 ante el aumento de las temperaturas globales; los efectos del calentamiento presentes en la actualidad en personas y ecosistemas, como el aumento de las muertes durante las olas de calor, la extensión de las enfermedades tropicales o el riesgo creciente de incendios forestales; y, por último, el que de la necesidad de estabilizar el nivel de partículas de CO2 a 640 antes de 2030, ya que de mantenerse el actual nivel (entorno a las 430 partículas de CO2 por millón), costará cerca del 3 por ciento del PIB mundial de aquí a 2030.

Las principales alternativas propuestas por los 2.500 científicos que han participado en la elaboración de los informes para hacer frente al calentamiento, provocado por los gases de efecto invernadero originados por la quema de combustibles fósiles, están el aumento de la eficiencia en la generación y consumo de energía, la generalización de las fuentes renovables o el establecimiento de depósitos de dióxido de carbono en el subsuelo.

Habrá que esperar a noviembre para ver si estas advertencias son tenidas en la conferencia de las partes de Bali, aunque los precedentes no sean demasiado halagüeños. Al igual que en las reuniones de la Convención contra la Desertización, este tipo de cumbres se han destacado por su escaso contenido real y por la ausencia de un verdadero impulso político. Desde que en 1995 cuando se celebrara la primera de ellas en Berlín, tras la suscripción de la Convención Marco en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, en 1992, tuvieron que pasar tres años para que en la III Conferencia, celebrada en Kioto, se adoptara un compromiso serio a través del protocolo que lleva el nombre de la ciudad japonesa, y otros diez años para que el texto entrara en vigor tras su ratificación por parte de Rusia, superándose así el 55 por ciento mínimo de emisiones requerido para que el protocolo tuviera efecto.

Las diferencias entre los países ricos y las naciones en vías de desarrollo, por un lado, y las de Estados Unidos con la UE parecen, todavía, demasiado grandes. Sin embargo, durante las dos últimas reuniones las posturas tanto de unos como de otros aparecen más proclives a acuerdos, y los esfuerzos por incorporar a los Estados no adheridos a Kioto, en especial Estados Unidos, están progresando.

L a celebración en Madrid –entre el 3 y el 14 de septiembre- de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, es una muestra más del interés e importancia que concede el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero a un problema que afecta a una cuarta parte de las tierras del planeta y que junto con la sequía amenaza la subsistencia de más de 1.200 millones de personas en el mundo.

En España, más de un tercio de la superficie del país presenta riesgo significativo de desertificación. Desde el Ministerio de Medio Ambiente estamos impulsando políticas para frenar este proceso e invertir la tendencia de las últimas décadas, incidiendo, en particular, en la prevención para evitar la ulterior degradación de las tierras y favorecer la recuperación de las zonas ya afectadas.

Para mitigar el proceso de desertificación, consecuencia tanto de factores climatológicos y naturales como humanos, el Ministerio de Medio Ambiente acomete directamente o impulsa en colaboración con otros Ministerios y las Comunidades Autónomas actuaciones muy diversas, desde las que están relacionadas con la implantación de cubierta vegetal protectora y fijadora de suelos, la prevención y extinción de incendios y la promoción de la agricultura ecológica; a las que hacen frente al cambio climático y aquellas que incentivan un uso y gestión del agua ligados a los criterios ambientales a través del Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua).

En un país árido como España, resulta fundamental mejorar la eficiencia en el uso del agua reduciendo las pérdidas de las redes de distribución, modernizando los regadíos y logrando una gestión social, ambiental y económicamente racional del recurso. Para lograrlo, el Gobierno ha establecido diferentes programas, planes y acciones, entre ellos el citado Programa A.G.U.A. Una de las iniciativas que forman parte de este Programa son los Planes Especiales de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía, que permiten minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de la sequía en todas las demarcaciones hidrográficas, constituyéndose en una eficaz herramienta para luchar contra la desertificación.

El Ministerio de Medio Ambiente está invirtiendo en el periodo 2005-2008 más de 160 millones de euros en acciones dirigidas a la lucha contra la desertificación. Parte de estas inversiones se han puesto en marcha a través de la firma de convenios con las Comunidades Autónomas. En concreto, la inversión para el periodo 2005-2008 mediante tales convenios superará los 82 millones de euros.

Para reforzar y coordinar todas las acciones dirigidas a la lucha contra la desertificación, el Ministerio ha ultimado, tras un laborioso proceso de elaboración, el Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND), cumpliendo así con la principal obligación contraída por nuestro país como firmante en 1994 de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. El PAND constituye una estrategia, que requerirá la implicación de las CC.AA., contribuirá a promover un desarrollo sostenible en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas españolas, previniendo la degradación de las tierras y la desertificación y facilitando la recuperación de las zonas afectadas.

Se trata de inversiones, programas y medidas reales y concretas que muestran el compromiso del Gobierno de España en la lucha contra la desertificación, que queda, asimismo, de manifiesto con la celebración en nuestro país de la COP 8. La propuesta del Ejecutivo español para albergar este importante evento fue aprobada en 2005, durante la séptima Conferencia de las Partes de la Convención.

La reunión constituye una nueva oportunidad para avanzar en la adopción de medidas que garanticen la conservación del territorio en todas las zonas del planeta, mediante cambios en las pautas de comportamiento locales e internacionales que conduzcan a usos sostenibles del territorio. Objetivos en cuya consecución seguirá trabajando este Gobierno.


		Nº 752 - 3 de septiembre de 2007