Las ayudas a la familia en Europa

Los bajos índices de natalidad impulsan políticas sociales para fomentarla

LAS AYUDAS A LA FAMILIA EN EUROPA

El anuncio efectuado por el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, de otorgar una ayuda directa de 2.500 euros por cada hijo nacido o adoptado en nuestro país, más allá de las críticas por la oportunidad que haya podido suscitar, pone de manifiesto una preocupación creciente –y no sólo en España– por el problema de los bajísimos índices de natalidad, tanto en nuestra nación como en el conjunto de la Unión Europea. La mayoría de los miembros de la UE desarrolla algún tipo de política para incentivar los nacimientos, aunque existen notorias diferencias entre unos y otros, especialmente en el capítulo económico. Actualmente, la media en gastos sociales comunitaria se sitúa en el 28 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), pero en cuanto a ayudas dirigidas a las familias, ese porcentaje se reduce hasta el 2,2. Nuestro país todavía está lejos de esa media, dedicando a las ayudas familiares un 0,5 por ciento de nuestro PIB, que se verá incrementado en otro 0,12 con la aplicación de la medida anunciada por Zapatero. Las proyecciones estadísticas sitúan a España como el país más viejo del mundo en 2050.

El envejecimiento de la población se está convirtiendo en un problema de primer orden que amenaza la prosperidad de las naciones integradas en la Unión Europea, amenazando el desarrollo de su economía y la sostenibilidad de sus sistemas de protección social.

El anuncio efectuado por el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, durante el desarrollo del último Debate sobre el Estado de la Nación, de conceder desde ahora mismo ayudas directas de 2.500 euros por cada hijo nacido o adoptado en nuestro territorio, pone de manifiesto una creciente preocupación por este problema. Más allá de las críticas por el supuesto electoralismo del anuncio y la proximidad con las elecciones generales de la primavera de 2008, la promoción de la natalidad se está convirtiendo en cuestión prioritaria de las agendas políticas en varios Estados de nuestro entorno.

Uno de los ejemplos más claros de este cambio de mentalidad está en la exitosa aplicación de incentivos en la vecina Francia, que ha conseguido en pocos años invertir la tendencia decreciente del índice de fecundidad. En 2005 se alcanzaba el nivel de 1,99 hijos por mujer, y ya en 2006 se situaba unas centésimas por encima del dos, cercano ya al Índice de Reemplazo Generacional, situado en 2,1 hijos por mujer. Para ello, el Gobierno galo ha entregado ayudas directas (con un límite de renta para poder solicitarlas de 25.000 euros anuales) en forma de un sueldo de 512 euros mensuales durante tres años, y renovables, y duplicando las desgravaciones fiscales por gastos de guardería.

De igual forma, las políticas de incentivos económicos a la natalidad están obteniendo notables resultados en Alemania. Al igual que la propuesta del Ejecutivo español, en este país se bonifica directamente cada nacimiento, y con carácter universal, con una cantidad de 1.800 euros. A esto se le añade una aportación mensual por cada hijo, incrementándose con el segundo y sucesivos. Esta ayuda se presta descontando las cantidades directamente de los impuestos. También ha influido la masiva creación de plazas públicas de guarderías. El resultado es que también se ha conseguido dar la vuelta a la tendencia decreciente de nacimientos, experimentando un claro repunte y, en la actualidad, el índice de fecundidad es de 1,78 hijos por mujer, el tercero más elevado de los países miembros de la Unión Europea.

La familia, los hijos, la natalidad van ganado espacios entre las preocupaciones políticas de los gobernantes europeos. Ocho Estados integrantes de la Unión han establecido el alto nivel de los ministerios para abordar esta problemática. En Francia existe el Ministerio de la Familia y de la Infancia; en Irlanda, el departamento de denomina Ministerio de Asuntos Sociales, Comunitarios y de Familia. En Alemania es el Ministerio de Familia, Ancianidad, Mujer y Juventud; en la República de Eslovenia, Ministerio de Trabajo, Familia y Asuntos Sociales. Idéntico nombre recibe en Eslovaquia, mientras que en Hungría es el Ministerio de Asuntos Sociales y de Familia.

El Estado campeón en estas lides es Luxemburgo. No sólo tiene un Ministerio de la Familia, de la Seguridad Social y de la Juventud, sino que se ha convertido en el país que más invierte, y con mucha diferencia con respecto a todos los demás socios comunitarios, en fomento de la natalidad y ayudas directas y universales. El pequeño Estado centroeuropeo dedica el 3,8 de su PIB a estos menesteres. En total se emplea una media de 2.300 euros por habitante y año a políticas familiares. En la actualidad, por el primer hijo se recibe una subvención de 216 euros mensuales, aunque estas cantidades se van incrementando con la llegada de nueva descendencia y, así, se perciben casi 500 euros mensuales por el segundo hijo, y en caso de un cuarto o sucesivos, la ayuda directa puede exceder los 1.300 euros al mes.

Por regla general son los países nórdicos y los centroeuropeos los que dedican más recursos a estas partidas. La otra cara de la moneda la integran las nuevas incorporaciones a la UE y los países del sur de Europa, entre los que se encuentra España. Si la media comunitaria de gasto directo en políticas familiares es de 466 euros al año por habitante, el Estado español queda bastante lejos, con 134 euros para esta finalidad. Bien es cierto que esa cantidad se va a ver aumentada notablemente con la aplicación de esa ayuda de 2.500 euros por nacimiento o adopción, pero aún así, no se llegará al 0,65 del PIB, cuando la media de la UE es del 2,2 por ciento. Bien es cierto también que sí se han desarrollado en los últimos tiempos políticas complementarias, como una Ley de Protección a las Familias Numerosas que contempla una bonificación del 45 por ciento de las cuotas de la Seguridad Social por contratar un cuidador familiar. Se ha aprobado un subsidio por maternidad para las trabajadoras que no hubieran alcanzado el periodo mínimo de cotización para tener derecho a la prestación por maternidad. También se fomenta el reingreso en la vida laboral de las mujeres que han sido madres, bonificando hasta la totalidad de las cuotas a la Seguridad Social durante un año, en los casos de reincorporación dentro del periodo de dos años después del parto.

Estas políticas colaterales, complementarias con las ayudas directas, también se aplican en las reducciones en el IRPF por familiares a cargo, que alcanzan los 3.600 euros en el caso de un tercer hijo, y hasta 4.100 para un cuarto, a lo que tal vez, también podría sumarse 1.200 millones de euros destinados a becas de estudios, el equivalente al 0,12 por ciento del PIB nacional.

Otro elemento básico para promover la natalidad se encuentra en el incentivo de las bajas por maternidad y paternidad, con el fin de facilitar la compatibilidad entre la vida laboral y la familiar. Una vez más son las naciones nórdicas y centroeuropeas las que se muestran más audaces y dedican más recursos. En países como Dinamarca, las bajas de maternidad y paternidad, conservando el salario íntegro llegan hasta las 52 semanas. El caso sueco es aún más espectacular. Una baja por maternidad puede llegar casi a dos años (96 semanas). En el Reino Unido, mediante el cambio de sus políticas hacia la familia y la promoción de la maternidad, se ha pasado de 14 semanas de baja maternal a 18 y, en según qué casos, puede llegar hasta las 40 semanas.

Portugal es el país comunitario que menos margen permite, estando establecida la baja por maternidad, y en ningún caso por paternidad, en 12 semanas. En España, pendiente de nuevas ampliaciones, son 16 las semanas en el caso de la madre, y como novedad se ha introducido una baja de paternidad, por el momento, de dos semanas, aunque está previsto que se prolongue más dentro de un tiempo.

En cualquier caso, de ese 28 por ciento del PIB de media que los países de la Unión Europea utilizan para hacer frente a los gastos sociales, el apartado destinado directamente a las ayudas familiares y de promoción de la natalidad recibe una parte muy pequeña, sólo uno de cada 13 euros destinados a gastos sociales. La partida más beneficiada es la que se emplea para las pensiones de jubilación y atención a los mayores, que se queda con un 41,1 por ciento.

El otro gran gasto social es el empleado en los sistemas sanitarios y farmacia, que representa un 28,3 por ciento de media. La familia y la infancia tienen encomendado un ocho por ciento, al igual que las partidas orientadas a cubrir los gastos por incapacidad de los ciudadanos. La cobertura del desempleo se lleva otro 6,6 por ciento, mientras que las políticas de asistencia social representan el 4,6 por ciento.

De todos modos, estos términos estadísticos no son representativos de la realidad de muchos países de la Unión. Los desequilibrios entre el norte y el sur de la UE son muy notorios en este campo, como se puede comprobar en los cuadros ilustrativos incluidos en las páginas siguientes. Las políticas de ayudas directas a las familias tienen mucha más tradición en las naciones consolidadas en el seno de la Unión, mientras que las partidas destinadas a esta finalidad en la gran mayoría de los nuevos socios quedan a una distancia abismal de la media comunitaria, por no hablar del abismo que los separa de las iniciativas en los países nórdicos o Luxemburgo. Es también el reflejo del peso del gasto social en una y otra situación.

La Comisión Europea, ante la gravedad de la crisis de natalidad en Europa –sólo subsanada, en parte, por la positiva aportación de la inmigración en el Viejo Continente-, lleva años recomendando la aplicación a los Estados miembros de políticas activas de fomento de la natalidad. En el caso español parece una recomendación necesaria, puesto que ocupamos, junto a Grecia, el último lugar en índice de fertilidad, y las proyecciones de los estudios demográficos que se manejan en la actualidad nos sitúan como el país más envejecido del mundo en el año 2050.

Los países de la Unión Europea se enfrentan a medio plazo a un grave problema de inversión de su pirámide poblacional. Las mejoras de los sistemas sanitarios han conseguido un constante crecimiento de la esperanza de vida media, al tiempo que se ha producido un fuerte descenso de los índices de natalidad. El resultado de este cóctel es una población que va envejeciendo paulatinamente lo que podría llevar al colapso en la producción económica a medio plazo, y a la inviabilidad de los sistemas de protección social. Por ello, y también por recomendación del Consejo de Europa, los países miembros de la UE han comenzado a desplegar iniciativas políticas y económicas de fomento de la natalidad.

Este fenómeno afecta en mayor o menor medida a la práctica totalidad de los socios comunitarios, aunque los casos más graves son los de Italia y España. Nuestro país, caso de consolidarse las proyecciones estadísticas que hoy se manejan, será el más envejecido del mundo en el año 2050

En el año 2005 habían nacido 870.478 niños menos que en 1.982 en el territorio de los países miembros de la Unión europea (UE de 25 Estados), lo que supone una reducción del 15,3 por ciento. Si nos atenemos al territorio de la antigua UE de 15 miembros, la reducción ha resultado menor. Un total de 365.000 nacimientos menos que en 1982, equivalente a un 8,5 por ciento inferior. El mayor descenso se concentraba en el lustro comprendido entre 1990 y 1995, en el que la disminución alcanzaba las 590.000 personas en la Unión de 25 países, y de 370.000 en el territorio de la antigua Unión de 15 Estados.

En la década 1995-2005 prácticamente se ha estancado el número de nacimientos, con un ligero repunte en la UE de 15. en esos diez años la población ha crecido en 30 millones de personas, un crecimiento que se ha debido, casi en su totalidad, al efecto de la inmigración en el Viejo Continente.

El nivel de fecundidad en la Unión Europea está en una media de 1,5 hijos por mujer, según las estadísticas de 2004. Ese índice queda muy por debajo del Nivel de Reemplazo Generacional, el que permite garantizar que la pirámide poblacional por edades no se vería afectada y que la población no comenzaría a disminuir, y que está establecido en 2,1 hijos por mujer. Estos indicativos europeos también quedan lejos de los que se están produciendo en Estados Unidos, que con 2,07 hijos por mujer, ya están muy cerca del mencionado Nivel de Reemplazo Generacional.

Los casos más extremos en Europa son los de Grecia, con un índice de 1,29; España, con 1,32, e Italia, 1.34. Estos bajos índices de natalidad se consideran críticos. Otros países, en los que se han venido aplicando políticas de incentivos durante los últimos años, están recuperándose de la crisis de natalidad por la que habían atravesado. Los dos Estados con índices de natalidad más elevados de la Unión son Irlanda, con 1,99, y Francia, 1,90. También se está elevando este indicador en naciones como Finlandia (1,80), Dinamarca (1,78), Suecia (1,75) y Reino Unido (1,74). Este repunte ha contribuido a incrementar ligeramente la media del índice de fecundidad en La Unión europea, que, desde que alcanzase el mínimo histórico en 1997, con un promedio de 1,44 hijos por mujer, va experimentando un lento pero sostenido incremento, hasta alcanzar los actuales 1,5 hijos por mujer. El caso de los países que han llegado a la UE tras la gran ampliación también resulta llamativo. Con la excepción de Chipre, ninguno de ellos alcanza el índice de 1,3 hijos por mujer.

Otro fenómeno relacionado es el del incremento de la edad media de maternidad y paternidad. Los europeos tienen a su primer hijo cada vez más tarde. La edad media de maternidad se ha retrasado una media de 2,4 años en los últimos cinco lustros. Si en 1980 una mujer europea tenía su primera descendencia a los 27,10 años, ahora esa edad ha subido hasta los 29,5. Esto significa un boom de padres treintañeros, y que se relaciona directamente con la organización de la producción, las dificultades para conciliar la vida laboral y la familiar, y los precios desajustados de la vivienda. Es precisamente España el país en el que la primera maternidad y paternidad se produce más tarde. Las españolas son madre por primera vez con una media de 30,84 años. Les siguen las irlandesas (30,6), las holandesas (30,4) y las danesas (30,1). En el otro lado se sitúa Lituania, con el récord de precocidad, 27,1 años. Después se sitúa Letonia (27,2), Eslovaquia (27,3) y Polonia (27,9). Todas estas naciones se han incorporado recientemente a la Unión Europea.

*Informe Evolución de la Familia en Europa 2006. Instituto de Política Familiar.

En cuanto a las aportaciones mensuales a las familias con hijos a cargo, también existe una enorme variedad entre Estados. A la cabeza se sitúa Luxemburgo, cuyas arcas públicas llegan a aportar 1.136 euros cada mes por el cuarto hijo en una familia, utilizando, además, un criterio de universalidad, sin tener en cuenta la renta familiar. También dan muestra de generosidad los Estados de Francia y Bélgica. Por el contrario, encontramos aportaciones estatales muy bajas, sobre todo, entre los países de reciente incorporación a la Unión Europea (los diez últimos del cuadro). Sin embargo, algunas naciones pertenecientes a la antigua Europa de los 15 también destacan por sus bajísimas aportaciones directas por hijo. España, Portugal o Grecia dedican menos dinero a esta finalidad que países de muy reciente ingreso en la UE, como Chipre, Malta o Eslovenia. Además, en el caso de España y Portugal, estas ayudas públicas no tienen carácter universal. En el caso de los lusos, el límite de ingresos anuales por encima del que ya no se perciben estas cantidades está establecido en 24.500 euros. En España ese límite es mucho más bajo, quedando en 9.793 euros.

Bien es cierto que, tras el anuncio efectuado por el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, de otorgar una ayuda directa por hijo nacido o adoptado de 2.500 euros, y con carácter completamente universal, las cifras en la estadística de 2007 y de 2008 variarán sustancialmente de éstas, que se corresponden con el ejercicio de 2005. cabe señalar, igualmente, que, además de las cantidades reseñadas, el Gobierno alemán, de modo similar al español, entrega una ayuda directa por hijo nacido o adoptado de 1.800 euros.

Estas grandes diferencias en cuanto a las políticas estatales de apoyo a las familias provocan abismos entre unos y otros países pertenecientes a la Unión. Así, una familia con dos hijos recibe una prestación mensual del Estado de 611 euros. En Alemania, esa misma familia percibe una aportación pública de 308 euros al mes; 270 en el Reino Unido, 256 en Austria. En el otro extremo de la balanza, en España, y con severas restricciones en función de la renta anual, una familia con dos hijos percibe 49 euros mensuales. Se quedaría 38 en la República Checa, y no llegaría a los 23 euros mensuales en Polonia.

Mayores son aún las distancias en la hipótesis de una familia con tres hijos. En Luxemburgo recibirían un sueldo mensual de 1.394 euros, en Alemania, 462; en Austria, 478; en Reino Unido, 439. En el caso español, y con la salvedad de la renta familiar, la cantidad de dinero público se queda en 73 euros para esa familia con tres hijos; 57 euros le llegarían a una familia checa, y unos exiguos 35 euros irían destinados a los polacos en esta situación, teniendo en cuenta también, que los límites de renta establecidos en estos países son muy bajos y, por ello, un buen número de familias se quedan sin ninguna clase de prestación por esta vía.

Las diferencias en cuanto a la aportación directa a las familias de los distintos Estados que componen la Unión Europea llegan a ser abismales, en ocasiones. La situación en 2003 (último dato disponible de Eurostat) colocaba a nuestro país en el furgón de cola de una UE ya ampliada a 25 países. Naciones como Hungría, Eslovenia, República Checa, Eslovaquia, Malta, Estonia o Letonia, recién incorporadas a la Unión, dedicaban más inversión estatal directa a las familias que España, que sólo conseguía superar en este concepto a Lituania y Polonia.

La media comunitaria, tomando como referencia la Europa de los 15, se situaba en 532 euros por familia, mientras que este dato estadístico ampliado a la Europa de los 25, se reducía, quedando en 461 euros por familia. De entre los miembros de una UE de 15 países, España ocupa la última posición, por debajo claramente de naciones que suelen acompañar a la nuestra en los últimos lugares de las listas de gastos sociales, como Grecia y Portugal.

Los 1.889 euros de Luxemburgo equivalen a más de 15 veces los 123 euros de España, y casi 20 veces los 98 euros por familia de Polonia. Las diferencias son muy notorias entre el grupo de Estados del norte y centro de Europa con respecto a los de la cuenca mediterránea y el sur del continente.

Una vez que se comience a aplicar la ayuda directa de 2.500 euros por hijo nacido o adoptado en territorio español, anunciada por el presidente del Ejecutivo, los datos relativos a España que figuran en el cuadro se verán incrementados.


		Nº 750 - 16 de julio de 2007