En el nombre del padre

La reforma del Código Civil para permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo, la financiación de la Iglesia, la clase de Religión, y ahora la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía. Los obispos han vuelto a ponerse en pie de guerra contra el Gobierno socialista y el que denominan “laicismo radical” de Zapatero. En su última comisión permanente, la Conferencia Episcopal ha emitido una declaración sobre los desarrollos de la LOE donde denuncian el “carácter de formación estatal obligatoria de las conciencias” de la materia, animando a los padres a “recurrir a todos los medios legítimos para defender la libertad de conciencia”. El portavoz de los obispos, Antonio Martínez Camino, y los arzobispos de Toledo y Valencia, Antonio Cañizares y Agustín García-Gasco, han sido más explícitos al hablar de objeción de conciencia de las familias. Los prelados están dispuestos a todo para no perder su tradicional influencia en la sociedad española.

Por Virginia Miranda

Pocas leyes sociales y educativas del Gobierno Zapatero han escapado de la hoguera de los obispos. Incluso un asunto tan poco espiritual como la reforma de los Estatutos de Autonomía ha sido considerada como una “amenaza” a la “unidad inquebrantable de España” por el arzobispo de Toledo y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Antonio Cañizares. Sin embargo, no todas las quejas de los religiosos tienen el mismo calado. Salir a la calle acompañando a las familias tradicionales para invocar la inviolabilidad de la palabra “matrimonio”, mancillada, dicen, por compartir el término con las uniones entre personas del mismo sexo, significa cumplir con el expediente, y acaso colaborar en la corriente opositora al Gobierno socialista de la derecha. Pero batirse el cobre con la vicepresidenta primera del Gobierno para conseguir incrementar del 0,52% al 0,7% la aportación voluntaria del IRPF a cambio de la supresión de la dotación directa del Estado a la Iglesia fue una cuestión de supervivencia. Porque la financiación es uno de los pilares sobre los que se sustenta la tradicional influencia de la jerarquía católica en España. Como la educación; el acceso a las conciencias de miles de niños es fundamental para llegar a las mentes de los futuros ciudadanos. De ahí que echaran el resto con la asignatura de religión –al final será de oferta obligatoria en los centros y elección voluntaria para los alumnos, y aunque no se tendrá en cuenta en el expediente académico, tendrá los mismos efectos que cualquier otra asignatura de la ESO– y ahora con Educación para la Ciudadanía.

La LOE contempla la creación de esta nueva materia de acuerdo con la recomendación del Consejo de Europa 2002/12 de impartir valores democráticos a raíz del aumento entre los jóvenes europeos “del racismo, la xenofobia y la intolerancia ante las minorías, así como de la discriminación y la exclusión social”. Pero desde que se anunciara su puesta en marcha para el próximo curso académico, los obispos, el Partido Popular y las asociaciones de familia conservadoras emprendieron una férrea campaña de oposición a lo que consideran una vulneración del derecho de los padres a inculcar sus valores y convicciones morales a sus hijos. Todos ellos dicen estar de acuerdo con impartir enseñanzas relativas a la Constitución española y los Derechos Humanos, pero consideran que la asignatura va más allá, abogando por cierto relativismo y queriendo llevar el “laicismo radical” y la “ideología de género” de Zapatero a las aulas. Un peligro que ya ha provocado las primeras movilizaciones y declaraciones de organizaciones, prelados y políticos.

Asociaciones como HazteOír, el Foro Español de la Familia o la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), conocidas por haber encabezado la manifestación contra el Gobierno socialista tras la legalización de las bodas gays, hace meses que se vienen movilizando. El Foro de la Familia ha creado un Observatorio para la Objeción de Conciencia desde donde indican cómo objetar. También la organización Profesionales por la Ética, que han emprendido una campaña cuyo eslogan es Tus hijos. Tu decisión. Campaña para la Objeción de Conciencia. Un grupo de padres ya han pedido una reunión con el presidente para presentarle 7.500 firmas contra la asignatura. Y el Foro de la Familia, la Concapa y Profesionales para la Ética ya anunciaron que no descartan los recursos en los tribunales y las movilizaciones en el caso de “sanciones o represalias” por objetar contra la nueva materia. Luis Carbonel, presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos, dice que “sería cuestión de convocar a los españoles a manifestarse, pues el Gobierno estaría manipulando la educación y metiéndose en cada casa” y “no habría otra respuesta que una movilización masiva pidiendo libertad”. Benigno Blanco, del Foro de la Familia, asegura que llegarán “hasta donde haga falta”. E Isabel Bazo, representante de la CECE, afirma que van a “seguir peleando”.

A pesar de ello, el Gobierno se mantiene firme. La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, anunció el pasado mes de junio que no cursar la asignatura impedirá a los estudiantes “la obtención de los títulos académicos correspondientes”. Y el presidente, durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Nación, dejó muy claro que no se siente intimidado ante las crecientes críticas a la nueva materia de primaria, calificándola como “una enseñanza imprescindible”, porque “los valores y el respeto a las reglas de convivencia se conforman y fortalecen con el ejemplo de los padres, pero se enseñan, se reflexionan y se ejercitan en la escuela”.

Durante su turno de palabra, Mariano Rajoy, enredado como estuvo en su crítica a la política antiterrorista del Gobierno, le dedicó apenas unas palabras a la asignatura, aunque demostrando una absoluta sintonía con la posición de la Iglesia. El líder de la oposición, que calificó a la educación de “manifiestamente mejorable”, le espetó a Zapatero que “del año pasado a éste lo único que parece importar a su señoría es que a ningún niño le falte el catecismo del buen socialista” –el presidente le contestó diciendo que “no haga retórica barata y coja un libro de [la editorial] SM para decir qué línea contiene que no resulte defensora de la Constitución y los Derechos Humanos”–.

La sintonía de Rajoy con los obispos se observa en la posición de su grupo parlamentario, que presentó a finales de junio una propuesta para instar al Ejecutivo a suprimir la materia rechazada por el resto de formaciones políticas, y en la curiosa similitud entre lo del “catecismo del buen socialista” y la expresión “particular catecismo ideológico”, empleada por el arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco, en una reciente carta pastoral titulada La sociedad frente al Estado, donde justifica abiertamente la objeción de conciencia contra una materia que “obliga a prescindir de Dios y omite la responsabilidad principal de los padres en la educación moral de sus hijos”. Sobre la posibilidad de que los padres se opongan a que los niños estudien la asignatura, arremete contra quienes intentan “impedir y obstaculizar la aplicación del derecho constitucional de la objeción de conciencia”.

La carta pastoral de García-Gasco se hizo pública el mismo día en que la comisión permanente de la Conferencia Episcopal aprobaba el documento Nueva declaración sobre la Ley Orgánica de Educación (LOE) y sus desarrollos: profesores de religión y ‘Ciudadanía’. De la nueva asignatura, “de carácter de formación estatal obligatoria de las conciencias”, dice que “el Estado se arroga un papel educador moral que no es propio de un Estado democrático de Derecho”. Por eso, añade el texto, “la gravedad de la situación no permite posturas pasivas ni acomodaticias. Se puede recurrir a todos los medios legítimos para defender la libertad de conciencia y de enseñanza”. En una posterior rueda de prensa, el portavoz de la CEE, José Antonio Martínez Camino, preguntado por los medios concretos de actuación de los que disponen los padres y los centros educativos para oponerse a la asignatura, no quiso mencionar “ninguno en particular”, aunque precisó que “claro” que objeción de conciencia es una de esas medidas legítimas, “no está excluida”.

También el cardenal Antonio Cañizares ha abogado de forma indirecta por la posibilidad de objetar. “No se impone a nadie; es algo que han de decidir los propios padres”, escribió en una carta pastoral. Por otra parte, hace unas semanas trató de amedrentar a los centros que impartan Educación para la Ciudadanía diciendo que contribuirán a que “el mal de la moral impuesta continúe”. Lo hizo después de que la Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Centros Católicos (FERE-CECA), que agrupa a colegios concertados –y que por tanto están financiados por el Estado–, anunciara que adaptarían la materia al ideario católico, una opción que reconoce el Ministerio de Educación y con la que el Partido Popular está de acuerdo.

El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, ha planteado otra posibilidad. Sin descartar el uso “legítimo” de la objeción, durante su ponencia de clausura de un reciente curso de la Universidad CEU-San Pablo instó a los padres a “plantear otro tipo de recursos, bien contencioso-administrativos o de inconstitucionalidad”.

Quien parece querer mantenerse al margen de esta polémica es el obispo de Bilbao y presidente de la CEE, Ricardo Blázquez. Y es que en ésta, como en otras ocasiones –la más evidente fue a raíz de las diferencias entre moderados y conservadores acerca de la publicación finalmente abortada de un documento sobre la unidad de España como bien moral –, los purpurados tampoco se han puesto de acuerdo. Por eso finalmente, el documento de la Conferencia Episcopal sobre la nueva materia no menciona de forma explícita la objeción de conciencia. Blázquez y el cardenal de Sevilla, Carlos Amigo, han sido nuevamente los más cautos frente a las posturas más belicistas de Rouco Varela y Cañizares. Preguntado por la nueva materia en un desayuno informativo del Foro Nueva Economía, el obispo de Bilbao bajó el tono empleado por otros prelados para recordar que “es una recomendación del Consejo de Europa que todos vemos que puede ser conveniente y que aquí el Gobierno ha preferido que se imparta en forma de asignatura sola y, además, obligatoria”. “Aquí se suscita, por fuerza, la pregunta de si los padres son respetados suficientemente en la responsabilidad de que sus hijos sean educados según sus propias convicciones, y de aquí vienen los problemas en relación con la asignatura”.

A pesar de su prudencia, quienes saben de las interioridades de la sede de la calle Añastro no esperan que el presidente de la CEE reconduzca una situación que cada día va tomando más fuerza. El último número de Alfa y Omega, el suplemento que publica ABC y edita el Arzobispado de Madrid, dedica su portada a Educación para la Ciudadanía. Entre los distintos recuadros que acompañan el texto central, destaca el titulado Los diez mitos desmontados, donde el presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, niega los fines que persigue la materia aportando sus propias interpretaciones. Y en Las opciones para los padres, se establece una guía para objetar o presentar un recurso judicial.

De momento, estas son las dos posibilidades aceptadas por los obispos. Habrá que esperar a ver cómo se presenta el inicio del curso escolar para comprobar si se animan de nuevo a echarse a la calle.

“Unos cuantos euros”

Haga lo que haga y diga lo que diga, Zapatero jamás logrará la aprobación de los obispos. Al margen de las inevitables y en ocasiones interesadas opiniones políticas y periodísticas, la noticia de que cada niño que nazca desde el 3 de julio viene con 2.500 euros debajo del brazo, cortesía del Gobierno, ha sido motivo de alegría en los hogares españoles en estado de buena esperanza. Sin embargo, al arzobispo de Toledo, que tiene respuesta para todo, parece no haberle gustado la medida.

En unas declaraciones a la prensa antes de ser investido doctor honoris causa por la Universidad Cardenal Herrera-CEU, un día después del anuncio del presidente durante el Debate sobre el Estado de la Nación, el cardenal Cañizares dijo que “no se puede decir que la familia va bien y que se la ayuda con unos cuantos euros cuando resulta que en España” existen “leyes divorcistas que destruyen la familia, que desfiguran la verdad de la familia asentada en el matrimonio entre un hombre y una mujer”.

Los 2.500 euros deben ser pecata minuta para el purpurado, pero no porque sea necesario impulsar otras medidas que las familias vienen demandando desde hace tiempo, como mayor número de guarderías públicas o la ampliación del permiso de maternidad, sino porque esos “cuantos euros” no evitan los problemas que, a la luz de sus declaraciones, resultan aún más graves. Y es que, según el arzobispo, actualmente existe “una cultura y una legislación” que favorecen “las rupturas familiares” y, al mismo tiempo, permiten las bodas homosexuales, que desde que se aprobaran hace ahora dos años, se vienen calificando, desde la jerarquía católica y las asociaciones de familia más conservadoras, como una “amenaza” a la integridad de las uniones tradicionales.

Eso sí, Cañizares no ha dicho nada de hacer objeción de conciencia rechazando esos “cuantos euros”. Sería predicar en el desierto...

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Gracias, Gasco; gracias Benedicto por Enric Sopena