Eugenio Nasarre, portavoz de Educación del PP en el Congreso

"LA NUEVA MATERIA TIENE GRAVES RIESGOS
DE ADOCTRINAMIENTO"

Delimitar los contenidos y respetar las convicciones morales de los padres. Estas son las dos condiciones fundamentales del Partido Popular para alcanzar un consenso con el PSOE en la asignatura Educación para la Ciudadanía. Su portavoz de Educación en el Congreso de los Diputados, Eugenio Nasarre, asegura no tener inconveniente en que se imparta formación cívica y conocimientos sobre la Constitución y los Derechos Humanos en las aulas, pero considera que la materia "tiene graves riesgos de ser un instrumento de adoctrinamiento y de manipulación ideológica". Por eso defiende el derecho de las familias a oponerse a la asignatura a través de la objeción de conciencia, del recurso ante el Constitucional e incluso de la protesta en la calle..

Por V M

Usted ha defendido el derecho a la objeción de conciencia de los padres que se opongan a Educación
para la Ciudadanía, una asignatura que representa "el mal", según el arzobispo Antonio Cañizares. ¿Está de acuerdo con él o por qué motivo se opone su grupo?
—Siempre he defendido, y me parece el asunto más importante en lo que se refiere a esta asignatura, que hay que respetar y aplicar escrupulosamente el artículo 27.3 de la Constitución, que dice que los poderes públicos garantizarán que la formación de carácter moral corresponderá a los padres, y por tanto establece unos límites clarísimos de la acción educativa del Estado, que no puede invadir el terreno que pertenece a las familias. Por lo tanto, lo que he dicho es que si los padres observan aspectos de la asignatura que van en contra de sus convicciones morales, tienen derecho a decir que sus hijos no pueden cursarla. Y también he dicho que los poderes públicos tienen la obligación de buscar soluciones para satisfacer ese derecho de los padres.

—Pero la asignatura se imparte ya en otros países europeos porque se trata de seguir una recomendación del Consejo de Europa 2000/12.
—También he dicho que estamos de acuerdo con que se apliquen las recomendaciones del Consejo de Europa. Pero no exige que haya una asignatura específica, lo único que dice es que se debe reforzar, en el ámbito de la escuela, la formación cívica de los alumnos, los valores de la democracia, el conocimiento de las instituciones, la participación social y política de los jóvenes... Es decir, prepararles para el ejercicio de sus derechos y libertades como futuros ciudadanos. En eso estamos de acuerdo. Lo que creemos es que la concepción de esta asignatura excede claramente los límites que el propio Consejo de Europa ha planteado a los países. Y por cierto, de los 27 Estadosmiembros, sólo en siete tienen una asignatura específica en educación primaria. En la mayoría, esa formación cívica se hace en el conjunto del proyecto educativo del centro. En cualquier caso, no tenemos inconveniente en que exista una asignatura de derechos humanos y conocimiento de la Constitución.

—¿Qué riesgos entraña?
—No es una asignatura igual a las demás, no descansa en ninguna disciplina científica, por lo tanto tiene graves riesgos de ser un instrumento de adoctrinamiento, de manipulación ideológica. Si no pretendiera imponer un modelo moral a los estudiantes, no se habría suscitado esta polémica. Pero existe desde que el Consejo Escolar del Estado puso objeciones y votó en contra de su creación porque veía riesgos en la asignatura. En el Parlamento ya he manifestado que es posible un ofrecimiento al consenso siempre y cuando esto quede circunscrito a los límites de lo que se llama la alfabetización política o formación cívica y democrática de los alumnos.

—Y para llegar a ese consenso...
—Habría que replantear el sentido, la finalidad y el contenido de la asignatura. Pensamos que, como tal, no debe estar en primaria; no debe abordar asuntos que competen a las convicciones morales de los padres; y no puede destrozar, como ha hecho, asignaturas clásicas de nuestro sistema educativo como es la Filosofía o la Ética. El Ministerio de Educación y los defensores de esta asignatura han planteado muy mal las cosas. A nuestro juicio se han equivocado en la concepción de esta asignatura y han perturbado la vida escolar. Por ese vicio de origen se ha desatado la polémica. Las asignaturas no se crean porque al Gobierno de turno le apetezca. Máxime, cuando tenemos la herencia de la famosa Formación del Espíritu Nacional. La solución por tanto pasa por delimitar perfectamente los contenidos y, en todo caso y lo más importante, respetar las convicciones morales de los padres. Que un Estado se meta en lo que no le corresponde supone una degeneración de la democracia.

— La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, dice que el problema es la educación sexual, que no aceptan que se hable de los distintos modelos de familia amparados ahora por el reconocimiento de los matrimonios gays.
—Ese es uno fundamental. Todo lo que se refiere al modelo antropológico de persona, a su dimensión afectiva, sentimental, sexual, de relaciones familiares... todo esto entra dentro de lo que llamamos convicciones morales, y el Estado no tiene por qué intervenir. Será la institución escolar la que efectivamente suministrará, dentro de su proyecto educativo, la información? a los jóvenes. Pero en absoluto se puede imponer.

—¿Y es una amenaza para la tradicional influencia de la Iglesia en la educación y, por ende, en la sociedad española? ¿Cree tal vez que ese es uno de los objetivos que se persigue? Y ahí entraríamos en el modelo de Estado laico de Zapatero.
—Nosotros adoptamos en la Constitución un modelo institucional basado en la libertad religiosa y en la no confesionalidad. La Iglesia católica no puede imponer ningún tipo de moral, ni planteamiento religioso, ni visión antropológica. Son las familias las que tienen que elegir, no podemos quitarlas esa responsabilidad. Por lo tanto, no es esa la cuestión. Si el planteamiento es que el Estado debe imponer una moral laica, entoncesestamos atentando contra la libertad religiosa y contra los derechos de los padres e imponiendo un modelo de Estado que no es al que responde la Constitución.

—¿Apoyarían plantear un recurso en el Constitucional, como ha llegado a proponer el cardenal Antonio María Rouco Varela?
—En bien de la paz escolar, de la sociedad española, de las libertades y los derechos de los ciudadanos, tenemos que encontrar soluciones, pero el Gobierno tiene que mover ficha. Es muy irresponsable manteniendo su actual postura de aparente firmeza, de amenazas, de decir que las familias tienen que pasar por el aro. Si finalmente no acepta respetar sus convicciones morales, tendremos problemas. Y en ese caso, los padres podrán reclamar sus derechos en los tribunales, incluso en el Constitucional. Pero creo que sería bueno evitar los conflictos de carácter jurídico buscando el consenso.
—Si la Iglesia o los grupos de defensa del modelo de familia tradicional organizan una nueva manifestación contra el Gobierno a propósito de la asignatura. ¿La secundará el PP?Yo la apoyaría. Las iniciativas de la sociedad en defensa de los derechos que corresponden a las familias, es importante apoyarlas.

—La FERE dice que impartirá la asignatura. ¿Es por miedo?
—La FERE está defendiendo un principio muy importante avalado por el Tribunal Constitucional. Y es que en los centros educativos con carácter propio, todas las materias se tienen que acomodar a su ideario. Por lo tanto, cuando dice que en sus centros se impartirá esta asignatura pero acomodándola a su proyecto educativo, que es público y que los padres de familia han aceptado, en el fondo están diciendo que no van a dar nada que esté en contra de su ideario. Esto significa que la asignatura va a ser reconvertida en cada uno de esos centros, de modo que no hay nada que objetar.
Usted ha dicho que derogarán la asignatura cuando lleguen al poder. También ha criticado que el fracaso escolar es consecuencia del sistema educativo.

—¿Tiene algo que ver que cada Gobierno cambia la Ley de Educación cada vez que llega al poder?
—Respecto a lo primero, la asignatura, tal como está concebida, con su alcance y con sus objetivos, nos parece que excede la acción educativa de los poderes públicos y, por tanto, hay que suprimirla y reconvertirla en un conocimiento del ordenamiento constitucional y en una formación cívica. En cuanto a lo segundo, efectivamente la estabilidad del sistema educativo es fundamental para su eficacia porque genera certidumbres y hábitos pedagógicos. Pero aquí tuvimos un problema, y es que la LOGSE, después de llevar diez años aplicándose, se demostró que estaba produciendo consecuencias muy negativas. Lo que hizo el PP no fue cargarse la ley, sino hacer reformas parciales para corregir esos efectos negativos. Pero en cuento ha llegado el PSOE, se ha vuelto de nuevo a la LOGSE. Estamos con el mismo modelo desde 1990 prácticamente sin cambios. Por eso creo que tenemos que hacer una reflexión. El mundo educativo dice que este modelo no funciona, y efectivamente hay que modificarlo para que no haya abandono escolar prematuro, para que no haya fracaso escolar de cerca del 30% y se eleve el nivel de conocimientos y rendimientos escolares.