Europa también estudia ciudadanía

La asignatura que rechaza la Iglesia en España está promovida por el Consejo de Europas

La enseñanza obligatoria de la asignatura de Educación para la Ciudadanía se ha convertido en una nueva excusa para incrementar la estrategia de la crispación en la política española. El principal partido de la derecha y la jerarquía católica agitan sus banderas y sus amenazas contra una materia cuya incorporación al currículo educativo es recomendada por numerosas instituciones y organismos internacionales, entre otros, Naciones Unidas y el Comité de Ministros del Consejo de Europa. Los contenidos, recogidos en la Ley Orgánica de Educación (LOE), y consensuados por una treintena de organizaciones que han participado en su confección, se imparten, con éste u otro nombre en la práctica totalidad de los países miembros de la Unión Europea y de nuestro entorno sociopolítico, y como asignatura individualizada en 22 Estados de la UE. El impulso a esta enseñanza fue respaldado, en octubre de 1997, por todos los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros del Consejo de Europa –fecha en la que el presidente del Ejecutivo español era José María Aznar-.

El Comité de Ministros del Consejo de Europa emitía la recomendación 2.012, del año 2002 para que los Estados introdujesen en sus sistemas educativos la enseñanza de valores democráticos y convivencia, ante el alarmante “aumento entre los jóvenes europeos del racismo, la xenofobia y la intolerancia ante las minorías, así como de la discriminación y la exclusión social”, como atestiguaban las encuestas y estudios sociológicos publicados en aquellas fechas.

Sin embargo, no era la primera vez que este organismo lanzaba la idea de una “educación para la ciudadanía”. El Consejo de Europa ya había comenzado el diseño de un proyecto educativo para llevar a los centros de formación la enseñanza de los valores democráticos y de fomento del respeto, la tolerancia y la convivencia. Tras unas primeras sesiones en febrero de 1997, en octubre de ese año, la idea obtuvo el respaldo unánime de todos los Jefes de Estado y de Gobierno de los países integrados en el Consejo de Europa. En esos momentos, el Gobierno en nuestro país estaba en manos del Partido Popular, y su presidente era José María Aznar.

Además de la citada recomendación 2.012 del año 2002, el Consejo de Ministros del Consejo de Europa declaraba a 2005 como “Año europeo de la ciudadanía a través de la Educación”, que se fijaba tres objetivos fundamentales. El primero, aumentar la conciencia de cómo la educación puede contribuir a desarrollar la ciudadanía democrática y la participación. El segundo, priorizar la enseñanza de estos valores en los diseños de las políticas educativas de los Estados. En tercer lugar, aportar los medios suficientes para poder desarrollar esta idea.

No acaban aquí las iniciativas del Consejo de Europa en este sentido. Para profundizar en la educación para la ciudadanía democrática y la educación en Derechos Humanos se ponía en marcha un programa para el periodo comprendido entre 2006 y 2009 titulado ‘Learning and living democracy for all’ (Aprendiendo y viviendo la democracia para todos), que se desarrolla en tres líneas básicas: La primera, “Desarrollo y aplicación de políticas de Educación para la ciudadanía y la inclusión social”. La segunda, “Nuevas funciones y competencias de los profesores y otros profesionales de la Educación para la Ciudadanía democrática y educación en Derechos Humanos”. El tercero, “El gobierno democrático de las instituciones educativas”.

La Comisión Europea también establecía como uno de los objetivos básicos en materia educativa en 2001 “garantizar que el aprendizaje de valores democráticos y de la participación democrática por parte de todos los agentes relacionados con la escuela se vea fomentado de forma efectiva, con el fin de preparar a los individuos para la ciudadanía activa”.

Pero la preocupación por la difusión de los valores democráticos, de convivencia y de defensa de los Derechos Humanos en las escuelas y centros educativos no se reduce al ámbito europeo. En 1994, la Asamblea General de Naciones Unidas declaraba al periodo comprendido entre 1994 y 2004 como “Década de Naciones Unidas para la Educación en los Derechos Humanos”. A raíz de esto, UNESCO, organización perteneciente a la ONU, emitía varias recomendaciones para poner en marcha una educación para la ciudadanía.

En idéntico sentido se ha pronunciado la Organización de Estados Americanos (OEA). En su asamblea General celebrada en 2002, como reseña la profesora Irene Martín Cortés, se aprobaba una resolución por la que se pedía a la Unidad de Desarrollo social y Educación de su Secretariado general “el desarrollo de un estudio que orientara a los Estados sobre cómo incorporar la enseñanza de principios y valores democráticos en los currículos escolares”. Mediante otra resolución se solicitaba una sesión especial de su Asamblea General bajo el lema “El fomento de la cultura democrática a través de la educación”, que, finalmente, se llevaba a cabo en 2003.

En función de las recomendaciones del Consejo de Europa, inicialmente aceptadas por todos los Estados miembros, la Ley Orgánica de Educación (LOE) española disponía la introducción de dos asignaturas obligatorias cuya finalidad es la de “favorecer la formación de futuros ciudadanos con criterio propio, respetuosos, participativos y solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable”, según aparece literalmente en el decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de fecha 5 de enero de este 2007.

La primera asignatura se denomina oficialmente “Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos”. Está destinada a ser impartida en los dos últimos cursos de la Enseñanza Primaria (5º y 6º), y en los tres primeros de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). La segunda lleva por nombre “Educación Ético-Cívica”, y deberá ser desarrollada en el último curso de la ESO. Pero la iniciativa gubernamental en esta materia no termina aquí. También se ha remitido para su estudio y discusión a las comunidades autónomas un borrador, por parte del Ministerio de Educación, en el que se incluye una sustitución de la actual asignatura de Filosofía, que se cursa en 1º de Bachillerato, por la de “Filosofía y Ciudadanía”, en la que se profundizarían los conceptos incluidos en las materias de cursos previos, y con una perspectiva más analítica y reflexiva.

Los contenidos. Pero, ¿cuáles son los contenidos de esta Educación para la ciudadanía? En el caso de la asignatura que se va a impartir en la enseñanza Primaria a partir del curso próximo, el Ministerio de Educación los divide en tres grandes bloques. El primero es denominado “Individuos y relaciones interpersonales y sociales”. En él propone un modelo de relaciones que se fundamenta en el reconocimiento de la dignidad de todas las personas, el respeto a los demás, a pesar de que sus opiniones, creencias o posiciones sean de orientación diferente a la propia. También se fomenta la aceptación de la diversidad y la defensa de los derechos de todas las personas. Con ejemplos extraídos de situaciones cotidianas se analiza y fomenta la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito familiar y en el mundo del trabajo. Igualmente se da importancia a la asunción de las responsabilidades individuales en el contexto de la autonomía personal.

El segundo bloque se denomina “La vida en comunidad”. Trata de la convivencia en las relaciones con el entorno, de los valores cívicos en los que se basa una sociedad democrática, como la justicia, el respeto, la tolerancia, la igualdad, la solidaridad, la ayuda mutua, la cooperación y la cultura de paz. También trata de la forma de abordar la convivencia y el posible conflicto en los grupos de pertenencia, como la familia, la escuela, el vecindario, los amigos, y de los derechos y deberes individuales dentro de la relación en cada uno de esos grupos, promoviendo la identificación de la diversidad, la participación y sus múltiples modelos y reforzando el rechazo a cualquier forma de discriminación. También se aborda el reconocimiento de la diversidad cultural y religiosa que se encuentra en el entorno más próximo. La igualdad de hombres y mujeres en cuanto a deberes y derechos, el respeto por las costumbres y modos de vida distintos a los propios y ejemplos y elementos que permiten identificar, para su rechazo, situaciones de discriminación, marginación e injusticia social.

El tercer bloque, “Vivir en sociedad”, amplía el contexto de los anteriores. Propone un planteamiento social que abarca más. Se acerca a la necesidad de normas de convivencia y su conocimiento. Incluye los principios de convivencia que se establecen en la Constitución. Aborda el conocimiento y la valoración de los servicios públicos y de los bienes comunes, así como las obligaciones de las administraciones públicas y de los ciudadanos para conseguir su mantenimiento. Hay un tratamiento específico y más pormenorizado de algunos de los servicios públicos y de los bienes comunes, con un tratamiento adaptado a la edad de los alumnos en esta fase educativa. La mayor atención recae sobre Protección Civil, seguridad, educación vial y las actuaciones de Defensa al servicio de la paz.

Los contenidos de la asignatura impartida en la ESO, “Educación Ético-Cívica”, consisten en una ampliación y una adecuación a la edad de los alumnos de lo ya planteado en Educación para la Ciudadanía. En este caso se agrupan en cinco bloques. El primero, denominado “Aproximación respetuosa a la diversidad”, consiste en un entrenamiento en el diálogo, el debate y, como su nombre indica, una aproximación respetuosa a la diversidad personal y cultural. El segundo bloque está titulado “Relaciones interpersonales y participación”. Trata aspectos relativos a las relaciones humanas, que pasan por el respeto a la dignidad personal y la igualdad de derechos individuales, el reconocimiento de las diferencias, el rechazo a todo tipo de discriminaciones y el fomento de la solidaridad. Como asunto más específico, analiza la participación activa y la representación en el centro de estudios, donde, en esos niveles, los alumnos ya pueden jugar un papel institucional y gozan de derechos de representación en los Consejos. El tercer bloque lleva por título “Deberes y derechos ciudadanos”. En él se imparte el conocimiento de los principios recogidos en los textos internacionales, especialmente todos aquellos impulsados para consagrar la defensa de los derechos humanos y de las minorías. En este tramo el alumno aprende a identificar situaciones en las que se violan estos derechos. Se aborda la actuación que corresponde a los tribunales ordinarios y a los Tribunales Internacionales en casos en que se produzcan situaciones de violación de los Derechos Humanos. Un cuarto bloque, denominado “Las sociedades democráticas del siglo XXI” analiza el funcionamiento de los que consideramos Estados democráticos, estableciendo los rasgos característicos de estos sistemas y sus mecanismos garantistas. Se profundiza especialmente en el modelo político español, sus instituciones y los diversos niveles de las administraciones públicas; los procesos electorales y otros modos de participación democrática. También se analiza el papel y las funciones de los servicios públicos.

El quinto bloque, “Ciudadanía en un mundo global”, se orienta a la explicación de las características de la sociedad de nuestros días. Profundiza en los diversos tipos de desigualdades y sus diferentes causas que podemos encontrar en un mundo interconectado. Se analiza el proceso de globalización y su consecuente interdependencia. También hay espacio para la explicación y conocimiento de los principales conflictos internacionales que se desarrollan en la actualidad y el papel de los organismos internacionales como agentes que pueden contribuir a la solución de estos problemas, o su actuación preventiva, dando a conocer sus estructuras y su modelo de funcionamiento.

Aplicación y dificultades. No son pocas las dificultades que esta Educación para la ciudadanía está encontrando en su camino. A la ya más que conocida oposición de la jerarquía católica se une la alianza estratégica con el principal partido de la derecha, el PP, varios de cuyos líderes han expresado su apoyo al llamamiento a la objeción de conciencia contra la asignatura proclamado desde los púlpitos eclesiales.

Los mayores impedimentos se concentran en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. El ejemplo paradigmático está en la Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre, que había declarado a esta entidad “región exenta de Educación para la Ciudadanía”, y que había proclamado que está “decidida a que quien quiera hacer una objeción de conciencia a la asignatura de educación para la ciudadanía en Madrid, la pueda hacer”. Pese a que esto, como le recordaran desde el Ministerio de Educación, y el propio presidente de su partido, Mariano Rajoy, constituiría una ilegalidad y “las leyes está para cumplirlas” –Rajoy dixit-, la presidenta madrileña, en atribución de las competencias educativas que están transferidas, ya ha anunciado que se han “elaborado normas de la administración educativa, de tal modo que ni siquiera se aplicará la Educación para la Ciudadanía”, puesto que, con la ilusión de una victoria electoral del PP en 2008, se ha dispuesto que la asignatura comience a impartirse en Madrid en el curso 2008-2009, “cuando ya habrá ganado Mariano Rajoy”, aseguraba Aguirre, recordando la promesa de éste de eliminar la materia si llegaba al Gobierno.

De hecho, sólo siete comunidades autónomas incluirán la Educación para la ciudadanía en el currículo escolar del próximo curso. Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Navarra serán las pioneras y, además, sólo se comenzará incluyéndola en tercero de la ESO.

El secretario general de Educación, Alejandro Tiana (ver entrevista en pags 14 y 15. ) analiza de modo positivo la situación: “creo que eso debería permitir que sea una entrada paulatina y que podamos ir viendo cómo va marchando y aprender de ahí todos”.

La inclusión de una nueva materia en el currículo también se enfrenta a otras dificultades de orden técnico. Una de las más relevantes es la selección y la formación del profesorado. Para ello, el propio Ministerio de Educación y varias comunidades autónomas han dispuesto una serie de actividades para solventar de la mejor manera esta situación. Ya se han puesto en marcha diversos cursos de formación del profesorado (algunos de ellos, durante el verano). La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, se inclina por que los profesores encargados de impartir estas nuevas asignaturas provengan del área de Filosofía y Ciencias Sociales, aunque, según la actual normativa, la decisión última a este respecto corresponde a los propios centros educativos.

También la ley permite una cierta adaptación de la materia a cada una de las comunidades autónomas, lo que anuncia diferencias importantes en según qué lugar del país vaya a ser desarrollada. Así, por ejemplo, el consejero (del Partido Popular) de Educación y Cultura de la Comunidad murciana, Juan Ramón Medina –que, a diferencia de lo expresado por Esperanza Aguirre, comentaba que se aplicaría la asignatura en su región “sin ningún reparo ni ninguna demora”-, explicaba recientemente que en su territorio, la implantación de la materia se haría “sobre la base de explicar la constitución y los principios en ella contenidos”.

En su intento por desactivar la fuerte polémica suscitada por las voces más agresivas de la Conferencia Episcopal y el PP, desde el Ministerio de Educación se suavizan los mensajes y se da a entender que la asignatura es lo bastante flexible, como para poder ser adaptada al gusto de las escuelas. José Luis Pérez Iriarte, director general de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, señala que esta materia es “compatible” con el ideario propio de cada centro educativo, y que una vez que todo eche a rodar se aclararán “determinados malentendidos”.

La Educación para la Ciudadanía, asignatura de implantación recomendada por el Consejo de Europa, que ya funciona en la práctica totalidad de los países de la UE, no tendrá un estreno sencillo dentro de nuestras fronteras. La polémica artificial que le ha precedido terminará al comienzo del próximo curso escolar, en el mes de septiembre. Pero no todos los estudiantes españoles podrán cursarla. Ocho comunidades autónomas y dos ciudades autónomas han decidido retrasar su impartición hasta el curso 2008-2009. Entonces creen que el Partido Popular estará en el poder, y que será eliminada del currículo escolar. Puede que en el caso de una hipotética victoria popular, una vez en el Gobierno se reconozca que esta enseñanza es un hecho completamente extendido entre nuestros socios comunitarios, y ya no se trate de “adoctrinamiento”, sino de extensión de la cultura ciudadana. También puede que tal triunfo electoral no se produzca.

La práctica totalidad de las naciones que integran la Unión Europea incluyen entre las materias a impartir en la enseñanza obligatoria una asignatura similar en sus contenidos a la de Educación para la Ciudadanía, que desde el próximo curso académico será enseñada en nuestras escuelas e institutos. Las diferencias entre unas naciones y otras se encuentran en las modalidades utilizadas y en el curso en el que es introducida. Algunos países le dan tratamiento de asignatura independiente y completa, mientras que en otros casos, sus contenidos se integran en otra asignatura, o se distribuye de manera transversal entre varias. También resulta muy común que se produzca una mezcla de dos y hasta de las tres modalidades.

La situación en los socios de la UE y países de nuestro entorno queda como se refleja en el siguiente cuadro.

La oposición a la incorporación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía por parte de la derecha política y eclesiástica está siendo dura y permanente, pero la inclusión de esta materia en el currículo educativo ya no tiene marcha atrás. Una clara prueba de ello la da el hecho de que la mayoría de las editoriales españolas dedicadas a la confección de libros de texto escolares ya han concluido sus manuales de esta asignatura y, en la mayoría de los casos, incluso ya están a la venta. Hasta la editorial SM (Sociedad Marianista) –que fue citada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante el reciente Debate sobre el estado de la Nación-, de inspiración católica, ya dispone de su propio texto.

Lo que sí se constata entre unas y otras ediciones es la existencia de ciertas diferencias, si bien todas, en lo básico, incluyen los contenidos mínimos establecidos por Educación. El volumen “Praxis. Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos”, de la editorial Octaedro, coescrito por J. Muñoz, J.M. Aran, M. Güell e I. Marías, divide el temario en ocho capítulos. El primero, ‘Las relaciones interpersonales: sexualidad y afectividad’, hace un repaso por todos los tipos de familia recogidos en la Constitución, incluido el matrimonio entre personas del mismo sexo. También da relevancia a la utilización de métodos anticonceptivos. El capítulo segundo está dedicado íntegramente a la homosexualidad y a la represión histórica contra el colectivo de homosexuales, lesbianas y transexuales. El tercero trata sobre la problemática de las personas con cualquier tipo de discapacidad y sus dificultades para la integración social, así como las medidas para conseguirla. El punto cuarto analiza los movimientos migratorios, el problema del racismo y la diversidad cultural en un nuevo mundo globalizado. En su capítulo quinto, el libro de Octaedro hace un repaso del movimiento feminista y su camino para conquistar los derechos de la mujer. El sexto trata sobre los sistemas democráticos, la participación ciudadana y la Constitución española. En el séptimo aborda los derechos de los consumidores, mientras que el último capítulo está dedicado a la educación vial. También incluye un acercamiento a las diferencias entre países ricos y en vías de desarrollo, los Derechos Humanos y las ONG.

De todos los publicados hasta el momento, el volumen de Octaedro es el que más críticas está recibiendo por parte de los estamentos más conservadores, especialmente por el tratamiento abierto que da a la homosexualidad y a la sexualidad en general.

El libro editado por Editex, de Mariano González Clavero, también divide el temario en ocho capítulos. El primero se centra en las relaciones personales y también incluye los Derechos Humanos, la situación de la infancia, el cuidado a las personas dependientes y los problemas de acoso en los centros escolares. El segundo capítulo se detiene en la participación ciudadana, la seguridad vial y las actividades de las ONG. En el tercero se analiza la Declaración de los Derechos del Hombre, así como, particularizadamente, la evolución de los derechos de la mujer a través de la lucha feminista. El cuarto apartado, titulado ‘Democracia y sus instituciones’ hace un repaso por las distintas administraciones, los modelos de participación, el estado de las autonomías y también las distintas instituciones comunitarias en el seno de la UE. El capítulo quinto entra en el análisis del cambio que se está produciendo en nuestras sociedades, las sociedades multiculturales, la intolerancia en sus diversas formas y el papel en la formación de conciencias de los medios de comunicación. El séptimo se ocupa de los servicios públicos y se detiene en la explicación del funcionamiento de los impuestos. Para el último apartado deja el análisis de las consecuencias de la globalización, así como las consecuencias sobre la naturaleza de las actividades humanas. Contiene un anexo en el que se incluye información sobre diversas ONG de distintas orientaciones y finalidades. También incorpora una relación de los Objetivos del Milenio.

El texto editado por SM ha sido escrito por el filósofo José Antonio Marina. En él se hace hincapié en la familia como “núcleo de la sociedad”. La única referencia a la homosexualidad en todo el texto se encuentra en el capítulo dedicado a la diversidad y la discriminación, en el que se condena la homofobia. Este libro de Fundación Santa María-Ediciones SM es el que menos problemas crea entre los sectores más conservadores de la Iglesia católica, y ya se ha comenzado a recomendar que sea el manual de referencia en los colegios privados y concertados de orientación católica.

Otras muchas editoriales ya cuentan también con sus textos de Educación para la Ciudadanía. El de la editorial Santillana ha sido dirigido por la teóloga Carmen Pellicer. Editorial Teide, Edebé, Bruño, Algaida o Ediciones del Serbal son otras de las empresas que ya han lanzado al mercado sus libros de texto. En todos ellos se abordan cuestiones como la igualdad entre hombres y mujeres, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la seguridad vial, la participación en la vida pública, las instituciones democráticas, las actividades de las ONG, la ayuda al desarrollo, la guerra, la pobreza, la globalización y sus consecuencias, el consumo responsable, el cambio climático relacionado con la actividad humana y sus posibles soluciones o el desarrollo sostenible.

Es decir, prácticamente, los contenidos mínimos establecidos por el Ministerio de Educación, aunque con ciertas diferencias y matices que permiten que unos textos resulten más aceptables que otros, especialmente a las escuelas pertenecientes a órdenes religiosas, que prefieren abiertamente los libros de texto que no se detienen demasiado en la situación de los gays y lesbianas, en el reconocimiento al matrimonio entre personas del mismo sexo ni, en general, en todos los aspectos de la sexualidad humana y las relaciones afectivas.


		Nº 749 - 15 de julio de 2007