Por José María Benegas

En los últimos tiempos están proliferando informes negativos para España que comienzan a ser sospechosos por su coincidencia en el tiempo y debilidad en sus fundamentos. La ONU, en vez de tratar de paliar o resolver las vergüenzas mundiales que estamos viviendo, Iraq, Darfur, Guantánamo, esclavitud infantil, mafias explotadoras de inmigrantes y mujeres, etc., se dedica, a través de sus diferentes organismos, a opinar sobre España. Veamos: "La ONU sitúa a España como líder mundial en consumo de cocaína". La tasa de consumo de cocaína entre los españoles de edades comprendidas entre 15 y 64 años es de un 5% y se convirtió en 2005 en la más alta del mundo por encima de la de Estados Unidos (2,8%) y Canadá (2,3%). Sería bueno saber cómo se calcula esta tasa. Me parece muy difícil hacer un diagnóstico correcto sobre el consumo de una droga como la cocaína en un país determinado. Supongo que se hará mediante prospección de opinión pública. ¿Cuál es la metodología que se emplea para hacerlas? ¿Cómo es el cuestionario? ¿Cuántos confiesan la verdad? El rigor del informe cae por su propio peso cuando más adelante, señala que "las más altas tasas de uso de cocaína en el mundo se sitúan en Europa Central y en Sudamérica. ¿En qué quedamos? Que yo sepa España no pertenece a ninguna de esas dos áreas del mundo.

Continuando con la ONU, el relator especial para la vivienda, un tal Miloon Hothari, anuncia que España se va a enfrentar a una grave crisis inmobiliaria, "que afectará a gran parte de la población". ¿Puede España tolerar estas afirmaciones?

Hoy en España está bajando el precio de la vivienda, no lo deseable, pero sensiblemente. Se pondrá en marcha un ambicioso proyecto de viviendas de protección social. Es posible que el sector inmobiliario no tenga los beneficios de hace unos años, pero seguirá teniéndolos aunque menores. El crédito hipotecario se ha encarecido para contraer el consumo interno y las tendencias inflacionistas, y a pesar de ello la morosidad sólo se ha incrementado un 0,6%. ¿Dónde está el drama, y la catástrofe que anuncia este personaje de la ONU que afectará a una gran parte de la población? ¿Por qué el "relator especial para la vivienda" no se preocupa de los millones de seres humanos que no tienen techo o viven en el chabolismo más deplorable en África, en Asia, en Palestina, en Brasil, en Bolivia, en Venezuela, etc.? Al penoso papel desempeñado por la ONU en los conflictos mundiales hay que añadirle este nuevo desenfoque sobre los problemas de la vivienda en el mundo. Los dramas no están en España. Están en otros sitios.

Otra falacia sobre nuestro país se recoge en el informe de la OCDE sobre Employment Outlook en el que se afirma que el salario medio real en España había descendido un 4% en los últimos diez años. El análisis es incorrecto y tendencioso. Lo pone de manifiesto con claridad meridiana David Vergara, secretario de Estado de Economía, en un artículo en El País (30/06/07) con el siguiente ejemplo: "Supongamos una economía con tres habitantes en la que sólo trabaja uno de ellos recibiendo un salario de 2.000 euros al mes. El salario medio es de 2.000 euros. Si una segunda persona accede al mercadode trabajo con un salario de 1.000 euros, ¿qué ocurre con el salario medio? Ocurre que éste desciende en un 25% (de 2.000 a 1.500 euros), sin que el salario del primer trabajador se haya visto reducido y habiéndose doblado la población ocupada. Si la tercera persona ac- . cediera también al mercado de trabajo en las mismas condiciones que la segunda, el salario medio descendería en un 33%(...). Los salarios han ganado 1,4 puntos de poder adquisitivo en lo que va de legislatura."

No podía faltar entre los informes desfavorables el ya reiterativo de Amnistía Internacional en que vuelve a incluir a España entre los países que vulneran los derechos humanos. Siguen sin distinguir la violación de los mismos por acciones de los Estados decididas por éstos, y los posibles errores o extralimitaciones que pueden cometer en cualquier país funcionarios en el ejercicio de sus cometidos, que además pueden ser denunciados, expedientados y perseguidos judicialmente. Como es habitual, Amnistía Internacional ignora los avances de nuestro país en el terreno de los derechos individuales como por ejemplo las normas que evitan la discriminación por razón de sexo, y la Ley de Igualdad de la mujer, dos conquistas que sitúan a España a la cabeza del mundo en este tipo de legislación.

Nuestro gobierno debería salir al paso de estos informes erráticos, mal fundamentados, carentes del mínimo rigor y posiblemente mal intencionados para deteriorar una imagen internacional de nuestro país que genera envidia por sus avances democráticos y desarrollo económico sostenido y solidario.