El urbanismo español

por Joaquín Leguina

EI Parlamento Europeo expresó el pasado 21 de junio su "más enérgica condena a las macrourbanizaciones en España". 327 diputados votaron la condena frente a 222 que prefirieron no hacerlo. "Son proyectos que no responden a las necesidades de las ciudades y los pueblos, son insostenibles en el plano ambiental y tienen un impacto desastroso en la identidad histórica y cultural de las zonas afectadas". Más claro, agua.

Pero, ¿quiénes son los responsables de este desaguisado nacional?

El responsable máximo creo yo que es el maestro armero, y diré por qué, empezando por un detalle muy significativo. Durante la última campaña electoral, el diario El País publicó dos pares de fotos en las que se veía en colores una barbaridad urbanística-urbanizadora de Mijas (Málaga). Esas fotografías eran comentadas muy críticamente por el periodista autor del reportaje, pero ni el alcalde de Mijas ni responsable alguno de la Junta de Andalucía se sintieron aludidos. Por lo visto, ni saben ni contestan.

Pongo este ejemplo porque ilustra muy bien un hecho lamentable: los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas, que son los únicos y solidarios responsables del urbanismo en España, miran para otro lado cuando se les señala con el dedo y se muestran las atrocidades que vienen cometiendo contra el paisaje, el sentido común y la vida civilizada.

Si el nuestro fuera un país serio y riguroso, buena parte de los responsables del urbanismo costero–desde La Junquera hasta Ayamonte– estarían en la cárcel. Así de duro y así de triste. Pero como estamos en el reino de la irresponsabilidad y el compadreo, pues no pasa nada. Aquí se funciona, políticamente hablando, a impulsos de campañas mediáticas. Por ejemplo, contra la corrupción (campaña montada en vísperas electorales), que ha concluido con el triunfo en las urnas de la mayor parte de los presuntamente corruptos. ¿Por qué? Pues porque en los pueblos españoles la gente –que, en buena parte, espera hacerse rica con esta lotería del urbanismo- no quiere matar a las gallinas de los huevos de oro y, también, porque la justicia es en España más lenta que lo era el caballo del malo en las viejas películas de Tom Mix... y tarda, tarda, tarda en juzgar a cualquier sospechoso.

¿Hay corrupción urbanística en España? Por supuesto que sí, pero no todo el mal urbanismo tiene cau- sa en la corrupción; una buena parte de ese mal urbanismo se deriva de la ambición de los propietarios de terrenos y de los administradores de suelo (ahora se llaman así los especuladores), de su capacidad para presionar a las autoridades. "Le haré una oferta que no podrá rechazar", como decía Marlon Brando interpretando a Vito Corleone... y por aquí, aunque esto no sea Sicilia, abundan más los Corleones que las acacias. Una presión que los Ayuntamientos y las Autonomías se muestran incapaces de resistir. Lo hacen mal y si alguien les pide cuentas, se llaman andana. Por eso es preciso replantearse el reparto decompetencias urbanísticas y si quienes ahora las ostentan las vienen ejerciendo tan descaradamente mal, pues habrá que quitárselas. Sí, convendría quitárselas, puesto que sólo están dispuestos a responder de sus actos ante Dios y ante la Historia, cosa que no se puede admitir en una democracia.

Resulta más que evidente que la presión sobre los políticos –presión que es la responsable última del mal urbanismo– es más difícil de ejercer cuanto más lejos "del terreno" se encuentra la institución que mueve el lápiz recalificador sobre el plano. Esa mano, la que maneja el lápiz, debe ser justa y firme... y cuanto más lejos esté, mejor. Alguien que no se ponga al alcance ni del ruego ni de la presión ni de la chequera de quien espera multiplicar por miles el precio de un suelo que, de no ser recalificado, sólo serviría para plantar patatas.

La Constitución no avala ningún derecho que consista en hacerse millonario y tampoco otro cualquiera que se pudiera enunciar así: "Todos los españoles tiene derecho a tener un chalet en la costa". Si todos tuviéramos un chalet en la costa, desaparecería la costa para transformarse –y poco falta para ello– en un continuo Benidorm.

El principio de subsidiaridad –según el cual las decisiones políticas han de tomarse por las instituciones más próximas al ciudadano– ha demostrado ya sobradamente sus perversiones. Lo dice un amigo mío, algo ácrata él: "Cuando el Estado se acerca al ciudadano, lo único que pretende es robarle la cartera".