Pecios y pleitos en el mar

Por Mauro Armiño

Piratas que cotizan en Bolsa a la busca de pecios, exploraciones subacuáticas sin señal ni comprobación, cruce de competencias del Estado y de comunidades, de competencias ministeriales, y ya tenemos servido el guión de una odisea en alta mar o de una de piratas en el Atlántico. Las “cosas” vienen de lejos, de los galeones hundidos por tempestades o actos de piratería en la cercanía de las costas españolas –los filibusteros ingleses, sin olvidar a los franceses (véase Michel Le Bris, Oro, sangre y sueños, Espasa), aguardaban la salida de los galeones cargados de plata de las costas americanas, o esperaban su llegada a la península, además de perseguir a los que se disponían a hacer el viaje rumbo a América–: muchos yacen ahí, envueltos en su sudario de agua, a escasas millas de la costa andaluza, por donde arribaban y salían en su mayoría. A propósito, recordemos que fue Rafael Sánchez Ferlosio quien hace dos o tres décadas sacó del mar del olvido el término “pecio”, que ahora usamos todos.

Entre las compañías llamadas “de cazatesoros” que persiguen pecios por los mares históricos, la Odyssey Marine Exploration juega sus bazas en aguas jurisdiccionales españolas con los correspondientes permisos y al parecer también sin ellos. En sus andanzas más recientes, el pasado mes sabíamos que había recuperado del yacimiento bautizado por ellos como Black Swann (Cisne Negro, como se llaman algunos barcos bucaneros en las películas de piratas), 500.000 monedas de plata con un peso de más de 17 toneladas, varios centenares de monedas de oro, además de otros artefactos. La nota oficial dada en Tampa por Odyssey argüía que todo ello “ha sido legalmente importado a los EE UU y puesto en lugar seguro”, tras afirmar que –y traduzco de la nota oficial de la compañía–, ésta “no cree que el hallazgo esté sujeto a la inmunidad soberana de cualquier nación”. Tras valorar en 500 millones de dólares el botín, mencionaban que el pecio vaciado de su tesoro era un “barco hundido en algún punto próximo a las costas de Gran Bretaña hace 400 años”.

De ser ciertas las fotos que acompañan a los artículos estadounidenses, en una de ellas que dos dedos sostienen, puede leerse 1780 como año de acuñación, con la borbónica –es decir, narigada– efigie de Carolus III según reza la letra acuñada y en espléndido estado de lectura. El traslado del tesoro se hizo en un avión alquilado por Odyssey, que despegó de Gibraltar, con cientos de contenedores plásticos con el medio millar de monedas. La prensa española empezó a hacerse eco de la noticia al día siguiente mismo de la presentación “en sociedad” del tesoro (19 de mayo), con fotos de Greg Stemm, cofundador de la Compañía, hundiendo sus manos en el tesoro cual nuevo Alí Babá en su cueva. El Ministerio de Cultura reaccionó a los seis días.

Cementerio de barcos. Se cree que en el cementerio de barcos más o menos cercano al estrecho de Gibraltar yacen como mínimo unos cien pecios españoles. Por él navegó el Odyssey de febrero a mayo de este año, aunque a las autoridades de tráfico les ha resultado difícil seguir su pista; la torre de control de Tarifa sólo puede cubrir 30 millas; en abril, el Odyssey desaparece y aparece varios días en los receptores españoles precisamente a esa distancia de Gibraltar; según los cazatesoros, eso demostraría que se habían adentrado en el Atlántico más allá de las aguas de jurisdicción española; pero también puede interpretarse su desaparición –como ha hecho Tarifa Tráfico y la Guardia Civil– como una desconexión del traspondedor, antena de uso obligatorio que emite la posición y velocidad de los barcos.

Hasta aquí las noticias recientes, el hecho cierto que las fotos demuestran los contenedores con monedas de oro y plata; podemos perder el tiempo haciendo juegos de palabras con la odisea del Odyssey y los piratas del Atlántico, con que ahora los filibusteros cotizan en Bolsa –recuérdese que la reina Isabel II ennoblecía a los piratas, empezando por el más famoso perseguidor de galeones españoles, Drake–, etc. o cualquier otro lamento jeremíaco. Por lo pronto, el Ministerio de Cultura español ya denuncia los hechos y cree en el precedente legal del caso de las fragatas “El Juno” y “La Galga de Andalucía”: reclamados por España ante los tribunales estadounidenses, un juez federal falló en julio del 2000 a favor de las pretensiones españolas; eso sí, en abogados los costos rondaron los 200 millones de pesetas. Juicios tengas y los ganes. El Gobierno de España ha vuelto a ponerse en manos de James Gould, el abogado que en el caso de las fragatas sacó las castañas del fuego.

La compañía norteamericana había solicitado este año permisos para la búsqueda de un barco inglés, el “Suxxes”, que le concedió Exteriores; permiso revocado ahora, además de haber pedido el ministerio a Gran Bretaña la información aduanera de cómo había salido el avión cargado de monedas desde Gibraltar, donde recala Odyssey, rumbo a Tampa.

Juicios tengas… Lo poco que ha dicho James Gould, que a principios de este mes establecía con Cultura la estrategia a seguir, parece sensato: el submarinismo de Odyssey no es deportivo ni busca medallas de oro olímpicas, sino directamente que se trata un expolio; cabe deducir, por las monedas de las fotos hechas, que el pecio era de pabellón español, y todo pecio de ese pabellón está reclamado por España, sea donde fuere que la pesca submarina de Odyssey se haya producido. De este modo se zanja una discusión bastante peregrina, que si a levante o a poniente, que si a babor o a estribor: según el derecho internacional, son 24 las millas que “pertenecen” a los países ribereños; en las 12 primeras, la soberanía es absoluta; en las 12 siguientes hay que solicitar autorización, pero según la legislación española, son 200 las millas que protegen el patrimonio histórico. Hay sin embargo un inri: el convenio de la Unesco sobre protección del patrimonio cultural subacuático, que España ha firmado, además de no estar en vigor, no lo han firmado los tres países más implicados en trabajos subacuáticos: Estados Unidos, Inglaterra y Francia.

Lo curioso es que, con los antecedentes que había en la materia y con esta compañía, se haya vuelto a caer en los mismos abismos; el anterior lío con Odyssey lo gestionaron las mismas personas que hoy se han dado de narices con el hecho de un avión aterrizando en Tampa con medio millón de monedas al parecer españolas. Carmen Calvo y Julián Martínez, ahora en el Ministerio, ya se las vieron con los cazatesoros en su época al frente de la Consejería andaluza de Cultura. También es curioso que ahora sea el Ministerio el que lleve la voz cantante, cuando antes fue la Consejería; y tiene su explicación: en los años de Gobierno del Partido Popular, se rehuyó cualquier lío con las autonomías; hubo una necesaria ridiculez patria, porque parecía de difícil respuesta la pregunta de un contencioso: ¿estaban las aguas españolas transferidas a Andalucía?, cuando sí lo estaban en otras comunidades, en la catalana por ejemplo. Tuvo que responder el Tribunal Constitucional: por analogía podía llegarse a considerar transferidas a la Junta de Andalucía las aguas que la bañan.

Por eso llevó la entonces Consejera andaluza la voz cantante en las negociaciones con los cazatesoros; ¿qué negociaciones? ¿qué se contrató? La ley española dice textualmente que cualquier resto arqueológico es inalienable, con lo que es imposible negociar sobre el tesoro encontrado; ni una sola moneda puede dejar de entrar en el patrimonio arqueológico español. Y en casos como éstos, lo único que se puede negociar es el arrendamiento de servicios de buceo: este tipo de barcos son, por los aparatos que utilizan, de coste muy elevado; el octavo país del mundo, según dicen que es España, no puede permitirse, pese a nuestro abundante tesoro marino, la compra o preparación de un barco de ese tipo. Estamos hablando de cultura, y eso se nota.

Dejando a un lado estas eternas lamentaciones culturalistas, lo único que se puede negociar con los cazatesoros es el servicio de exploración, buceo y recogida; y eso sí, con funcionarios de Cultura y de la Guardia Civil recibiendo en cubierta a los buceadores para que descarguen a la vista los frutos sacados del mar. Es lo que debería haberse hecho, ya que parece imposible (¿lo es?) comprar con un barco de semejantes características; ahora no tendríamos que andar en manos entre jueces y filibusteros.