Moncloa se queja: “En la lucha contra ETA no nos sigue ni ‘El País”

ZP no tiene quien le escriba

Es posible que en Moncloa no haya sorprendido en exceso el anuncio formal de ETA de dar por finalizado el “alto el fuego permanente” al que Zapatero enganchó, para desagrado de su propio partido, buena parte del éxito de su mandato. Sin embargo, aunque los mensajes oficiales hablan de un retorno al “imperio de la ley”, en su perfil más duro, el equipo más cercano al presidente no está muy seguro de que esta estrategia sea suficiente para enderezar el final de la legislatura a pesar de lo mucho que se ha hecho en otros órdenes. “En el PP están convencidos de que van a ganar las generales gracias a ETA”, aseguran, y se quejan amargamente de que, en este tema, a los medios afines al PP se suma también el primer periódico nacional, El País, contra el que han tenido que luchar, y habrán de seguir luchando tras el fin de la tregua, para ser entendidos a cada paso que den. .

Por Inmaculada Sánchez

E ste gobierno lleva una legislatura impresionante, pero la agenda la marcan los medios de Madrid, y ésta no es otra que la del Partido Popular”. La reflexión la realiza, a petición de El Siglo, un miembro del núcleo duro de Moncloa dos días después del anuncio de ETA de poner  fin al alto el fuego permanente realizado en marzo del año pasado y que había llenado de esperanza, en su día, al presidente y a su círculo más cercano.

Quien así habla respira no sólo por la herida abierta del definitivo e irreversible final de un sueño, el de poner fin a la violencia terrorista en España, sino por el más reciente de la cruel derrota de los socialistas en Madrid. Además de la errónea elección de candidatos, tanto a la alcaldía de la capital como a la presidencia de la comunidad, en Ferraz se reconoce como uno de los elementos determinantes del desastre a la especial sensibilidad madrileña con el termómetro de la política nacional. Y han sido, precisamente, los resultados de Madrid, los que han enturbiado unos datos globalmente favorables al PSOE en el resto de España e inquietado a los estrategas electorales del partido en el poder.

“El PP cuenta con el apoyo de tres periódicos (en referencia a “El Mundo”, de Pedro J. Ramírez, al “ABC”, de los vascos de Vocento,  y a “La Razón” del catalán José Manuel Lara), y, a veces, de cuatro”, señalan desde el complejo monclovita en abierta alusión a “El País” del grupo Prisa.

Para el entorno más cercano al presidente, el recorrido de los trece meses de “alto el fuego permanente” de ETA  no ha resultado nada fácil. No todos en el PSOE entendían el “entusiasmo” de Zapatero con el llamado “proceso de paz”. “No puede volcar todas sus energías en algo que no depende de él”, se repetían en algunos despachos socialistas, temerosos de la capacidad del PP para “hacer daño” en torno a un asunto que, incluso en sus propias filas, no concitaba aplausos unánimes.

Pero más que el eco de algunas voces, ya descontadas por conocidas, como las de la todavía eurodiputada socialista Rosa Díez, en Moncloa y Ferraz han preocupado más  otras llegadas desde el círculo mediático que se supone afín al Gobierno. “En cuanto a información pura y dura, no podemos quejarnos demasiado, sobre todo en el tema del 11-M, pero en la sección de opinión, la verdad es que nos tienen desconcertados”, explicaba a esta revista un alto cargo de la ejecutiva federal el pasado abril refiriéndose al diario “El País”.

La citada fuente, sin querer hacer referencia expresa, señalaba a algunos textos publicados por el rotativo editado por Jesús de Polanco en las duras jornadas  en las que la difícil decisión de mandar al hospital a Iñaki De Juana Chaos  no encontraba quien la defendiese en casi ningún medio de comunicación.

No se trataba sólo de haber dado espacio a articulistas como el sociólogo José Ignacio Wert, ex alto cargo de UCD ligado a Prisa, con un texto titulado “Ni legal, ni humanitaria, ni firme, ni inteligente” y referido a la excarcelación del veterano etarra. No. También en Ferraz, y en Moncloa, señalaban en esos días que la concentración convocada por el PP en Navarra para reivindicar la españolidad del territorio foral y exigir que el Gobierno “no lo vendiese” a las exigencias de ETA ocupase más espacio en el rotativo de Prisa que la manifestación convocada ese mismo día en Madrid para criticar  el inicio de la guerra de Iraq y que reunió a un mayor número de ciudadanos.

La posición del medio insignia del grupo de Polanco ya había suscitado desasosiego poco antes, cuando la bomba en la terminal 4 de Barajas frustró buena parte de las esperanzas de Moncloa. En sus informaciones de esos días se criticó duramente la falta de presencia del presidente en el lugar de la tragedia, su retorno a las vacaciones navideñas de Doñana y alguna otra falta de reflejos reconocidas posteriormente desde Moncloa.

“Pero a Alfredo siempre lo salvan”, criticaban entonces los más cercanos a Zapatero señalando al ministro del Interior y privilegiado gurú del presidente en materia antiterrorista  desde que el leonés tomara las riendas del Partido Socialista.

Desde que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero optase por “aceptar, responsablemente, la oportunidad que se abría hacia la consecución de la paz”, en palabras del propio Rubalcaba, las  tensiones entre los  “blandos” y los “duros” dentro del PSOE y el Gobierno han dado mucho que hablar.

Aunque en este crucial asunto sólo el citado Rubalcaba, la vicepresidenta De la Vega y José Blanco, el secretario de Organización y número dos del PSOE, pueden contarse como miembros del restringido circuito de consulta y decisiones en materia de política antiterrorista, tras el atentado de la T-4 no todo han sido unanimidades en el núcleo duro de Moncloa.

Según fuentes bien informadas, la certeza de que ETA no iba a dar ni un respiro al Gobierno por mucho que éste intentase dejar alguna puerta abierta  estaba liderada por el veterano Rubalcaba que, desde la muerte de los dos ciudadanos ecuatorianos en el aeropuerto madrileño, luchaba “lealmente” con el presidente para hacerle ver que “el proceso” ya no tenía recorrido.

Por el contrario, los partidarios de “la puerta abierta”, incluso después del atentado de Barajas, interpretaron como una “desagradable sorpresa” la exclusiva de “El País” semanas después de que las manifestaciones del PP por la excarcelación de De Juana se hubiesen enfriado publicando la primera foto del etarra paseando con gesto apacible y junto a su novia por el recinto del hospital donde había sido trasladado para recuperarse.

La foto dio pie al PP y a sus dirigentes para cargar nuevamente contra el Gobierno y reavivar la polémica. “Hay gente en Prisa que piensa que, después de Felipe (González) no hay categoría en el PSOE para ser presidente de Gobierno.  Pues nada, que sigan así y que gane el PP”, se desahoga un alto cargo de la actual Administración zapaterista que se siente ajeno y casi “traicionado” por la escasa compañía mediática del Gobierno.

“El PP está absolutamente solo en el Parlamento, tanto en el tema de ETA como en otras muchas cosas, pero puede soportar esa soledad porque fuera tiene con él a varios  periódicos nacionales, dos cadenas de radio y una televisión, si no, no podría llevar la línea de oposición que lleva”, añade otra fuente socialista.

Gabilondo, también duro. En esta clave han interpretado quienes conocen las tensas relaciones del Gobierno de Zapatero con Prisa la exclusiva concedida a su cadena Cuatro. El presidente concedió a su periodista estrella, Iñaki Gabilondo, su primera entrevista tras el fin de la tregua el pasado jueves, un día después de suspender otra prevista con anterioridad en RTVE por “problemas de agenda”.

Sin embargo, si el equipo monclovita pretendía reconducir las relaciones con el grupo de Polanco gracias al encuentro con Gabilondo la impresión que dieron las cámaras no fue, precisamente, la de una cita “amable”. El veterano periodista se mostró duro con el presidente, preguntándole si, en el proceso de paz “le han engañado o se ha engañado”, si lo suyo era “optimismo o ceguera” o si “no tiene dudas, no cree que el PP, quizá tenga razón”, para llegar a afirmar, en otro momento que él “como ciudadano, veía al gobierno desdibujado”.

Los estrategas del PSOE analizan a la carrera, en estos días siguientes a los resultados electorales del 27-M y al anuncio de ETA,  cómo puede gestionarse la situación hasta las próximas generales, que el presidente ya ha anunciado formalmente que llegarán en su fecha, marzo de 2008.

En sus análisis cuentan, a su pesar, con el mapa mediático descrito, aunque no descartan que, finalizado el proceso de paz, “El País” se muestre más comprensivo que hasta ahora. Estos analistas suponen que el diario de referencia de una mayoría de votantes socialistas sí apoyará la nueva línea trazada por el Ejecutivo tras el fin de la tregua basada en el endurecimiento de la actuación policial contra la banda terrorista y el abandono de cualquier medida o “gesto” con el entorno político abertzale.

En este sentido, el Gobierno no ha querido tardar ni un minuto en que fuese visible su decidido cambio de actuación. De Juana Chaos era conducido a la prisión de Aranjuez, en Madrid, horas después del comunicado de la organización terrorista, varios etarras eran detenidos  en Francia en una operación relámpago coordinada con la policía francesa, y el ministro de Justicia anunciaba que su departamento “estaría vigilante” con los concejales de Acción Nacionalista Vasca (ANV).

Al cierre de esta edición nada apuntaba a que la fiscalía tomase medida alguna para  impedir la toma de posesión de sus actas de concejal el próximo día 16 a los electos en las listas de ANV pero el aviso de Fernández Bermejo señala el camino dispuesto a seguir por el Gobierno a partir de ahora. Las fuentes consultadas apuntan sin dudar la firme determinación de Justicia de, caso de llegar el indeseado atentado de ETA, actuar contra los cargos públicos de ANV si esta formación no condena la acción.

“Las circunstancias han cambiado”, señalaba sin rodeos el titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la Cadena Ser el pasado jueves. Y añadía: ”hoy el Estado tiene que ser firme e inteligente atendiendo a esas nuevas circunstancias”, reconociendo, implícitamente, que la anterior situación era la que había propiciado que De Juana ingresara en un hospital y la actual, que retornara a prisión. Y al Gobierno aún le quedan más cartas para hacer llegar a la ciudadanía su nueva posición.

Al cierre de esta edición aún no se conocía la decisión del Tribunal Supremo respecto al recurso presentado por la defensa de Arnaldo Otegi contra la condena a 15 meses de prisión dictada por la Audiencia Nacional por un delito de enaltecimiento del terrorismo durante un homenaje al etarra José Miguel Beñarain, Argala, y que podría llevar al dirigente abertzale a la cárcel.

La Fiscalía, que actúa bajo la supervisión del Estado, ya había dado muestras de actuar de acuerdo con las “nuevas circunstancias”: en este caso ha pedido que la sentencia sea ratificada, postura radicalmente contraria a la adoptada durante otro juicio contra el mismo Otegi el 21 de marzo, también en la Audiencia Nacional, por su asistencia al entierro de una activista de ETA, Olaia Castresana, en el que pidió su absolución.

‘Abertzales’ en la  cuerda floja

Por Pedro Antonio Navarro

E n estos momentos, el nacionalismo radical se ha quedado fuera de juego. Ahora se constituyen los ayuntamientos, y hay varios pueblos en los que Acción Nacionalista Vasca (ANV) ha obtenido mayorías. Habrá que ver; por el momento no se ha planteado un pacto global para que salgan de las instituciones –pero muchos lo temen-. Esto (el comunicado de ETA anunciando el fin de la tregua) les ha sacado del juego político. Hay gente entre ellos preocupada, gente que dice que no esperaba, bajo ningún concepto, que esto se produjera, y están un tanto quemados”, comenta a El Siglo un conocedor del mundo abertzale y con excelentes relaciones en ese ámbito.

Que a una parte de la izquierda separatista vasca le ha pillado de sorpresa no es, en absoluto descartable. De hecho, muy poquito antes del anuncio efectuado por ETA, Acción Nacionalista Vasca presentaba una iniciativa, el 29 de mayo pasado, con el fin de “acordar un pacto entre todos los agentes con el compromiso de hacer respetar la voluntad popular expresada el pasado domingo –27 de mayo, jornada electoral- en las urnas”. ANV se refería a la búsqueda de fórmulas para “superar las consecuencias de la Ley de Partidos”. Su intención manifiesta era la de dirigirse a todas las fuerzas políticas, tanto vascas, como de ámbito nacional, aunque, como recordaba la cabeza de lista de este partido en Pamplona, Mariné Pueyo, de manera especial a todas las formaciones políticas que se han pronunciado contra la Ley de Partidos, que así tendrían “una oportunidad inmejorable para mostrar su voluntad de pasar de las palabras a los hechos”. No parecen palabras pronunciadas por alguien que esperase que poquísimos días después iba a producirse un anuncio por parte de ETA en el que se pusiese fin a la tregua y se insinuase que se va a volver a cometer atentados. ANV se refería a que habría que derogar la Ley de Partidos que ha impedido la presentación de diversas plataformas electorales y de 133 listas de este partido en los recientes comicios municipales. La situación en la que ahora quedan sus 719 cargos electos se ubica en la cuerda floja. A la hora de redactar estas líneas no se había producido ninguna clase de acuerdo entre los grandes partidos nacionales acerca de su actuación ante la constitución de los ayuntamientos, el próximo 16 de junio, pero las presiones ejercidas por el Partido Popular para que se impida a los concejales electos de ANV tomar posesión de sus actas eran máximas. Algunas voces no abertzales, como el grupo político Berdeak (Los Verdes) de Mutriku, tendían puentes al plantear la búsqueda de fórmulas que permitan “dar cabida de alguna forma” a la izquierda abertzale en su corporación, y así evitar su aislamiento político. Pero la posición de los partidos nacionales, tal vez con las excepciones de Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya, tras el cambio de situación, no parece que vaya a ir en esa dirección.

Las reacciones de los portavoces de la ilegalizada Batasuna ante el anuncio del fin de la tregua, se movían dentro del terreno de la ambigüedad, como suele ser habitual, pero en el trasfondo de todas sus declaraciones públicas se aprecia un deseo de que el proceso continúe. Nada más conocerse la noticia, el pasado 5 de junio comparecían en San Sebastián ante la prensa Arnaldo Otegi y Pernando Barrena. En una declaración en la que no se admitieron preguntas, Otegi aseguraba que la responsabilidad de la ruptura de la tregua “corresponde única y exclusivamente a ETA”. Pese a que durante buena parte de su intervención también hacía referencia a que “el fracaso y el colapso del llamado proceso de paz es responsabilidad del Gobierno y del PNV”, por otro lado insistía en ahondar en mensajes positivos, haciendo un llamamiento a la “responsabilidad” de los partidos y de los medios de comunicación para que no se transmita a la ciudadanía la idea de que “todo se ha acabado”, porque “hoy el proceso y el acuerdo es posible en este país”, y que “existen espacios concretos que permiten que las tres grandes tradiciones de este país alcancen un acuerdo político”.

No parecía, dentro de los estrechos márgenes de disensión permitidos, que estas palabras estuviesen en sintonía total con las del comunicado de ETA. Otegi, además, calificaba la ruptura del alto el fuego como “mala noticia”, al tiempo que se reafirmaba “al pie de la letra” en la propuesta de Anoeta, en la que se establecía la vía política como única fórmula para conseguir sus objetivos.

Pese a que desde la clara disensión que supuso la posición de Aralar no se han vuelto a alzar voces con claridad en el seno de la izquierda abertzale criticando la acción armada como modelo de lucha política, para muchos observadores de ese entorno, sí se está produciendo un debate en su seno, aunque no trasciende a la opinión pública. La anterior ruptura de una tregua, en 1998, le costó a la aún no ilegalizada Batasuna una sangría de más de 70.000 votos en el País Vasco.

Cuando comenzaban las negociaciones del proceso de paz, aparecía como interlocutor claro por parte de ETA Josu Ternera, quien supuestamente iba a llevar casi todo el peso negociador. Los acontecimientos posteriores han demostrado que en el seno de la organización se producían movimientos que llevaban a su desautorización y su sustitución por otros elementos más radicalizados. Paralelamente sucedía algo similar en la organización política. Los personajes que acompañaban en los primeros momentos a Arnaldo Otegi en las apariciones públicas también iban cambiando. Desaparecía el secretario general del sindicato LAB, Rafael Díez Usabiaga, cada vez se dejaba ver menos Pernando Barrena, y se hacían más visibles Karmelo Landa y Rufi Etxebarria, considerados partidarios de la línea más dura de la formación. Algo similar a lo sucedido años atrás con la desaparición de dirigentes más proclives a la negociación, como Tasio Erkizia, caídos tras la irrupción de los entonces más jóvenes y también radicalizados, cuyo mayor exponente era, precisamente, Arnaldo Otegi.

El comunicado de ETA anunciando el fin del alto el fuego, puede evitar críticas en público por parte de los militantes de la izquierda abertzale, y hasta ser defendido por los actuales hombres fuertes de la dirección, pero en un buen número de ellos, tal y como expresaba Otegi, no se ha considerado una “buena noticia”. Un buen puñado de ayuntamientos, la presencia en las instituciones de 719 cargos electos y un retorno a la vida política vasca, tras años de ostracismo, podría quedarse en agua de borrajas ante lo que un buen conocedor del entorno abertzale calificaba de “posible atrincheramiento de los partidos no abertzales”, que podría tener como consecuencia dejar en total fuera de juego (político) al nacionalismo radical en Euskadi.

¡Qué asco! por Enric Sopena