44 sesiones de vista oral y más de tres meses de desarrollo acercan a su final al mayor proceso celebrado en nuestro país. El juicio por los atentados del 11 de marzo de 2004 ha sido seguido con total atención por los medios de comunicación españoles y de buena parte del mundo, y en su desarrollo han quedado algunas cosas bastante claras. La primera, que no ha aparecido un solo elemento que sostenga la “teoría de la conspiración” –que trataba de demostrar la autoría o la participación de ETA en la masacre– que tanto han tratado de propagar desde la derecha política, sus asociaciones satélite y la prensa afín. La segunda, que se produjeron una serie de despropósitos en la coordinación de la lucha antiterrorista que contribuyeron a facilitar la labor de los asesinos. La tercera, que la preparación, inducción y comisión de los atentados fue obra de grupos islamistas radicales vinculados a Al Qaeda, motivados en su fanatismo por la participación española en la invasión de Iraq.

Por P. A. N.

D espués de 44 días de sesiones, y llegado el momento de la presentación de las conclusiones definitivas a cargo de todas las partes (defensas, acusaciones particulares y Fiscalía), algunos de los abogados de acusados se están planteando solicitar la nulidad de todo el juicio argumentando que durante el transcurso de las vistas se ha producido una segunda instrucción de la causa –ya instruida oficialmente por el Juez Juan del Olmo–, lo que, a su criterio, habría producido una situación de indefensión para sus representados. Parece que estas peticiones, caso de producirse, no tienen muchos visos de prosperar, dado que, en términos generales, el desarrollo del juicio está siendo considerado impecable por todos los observadores presentes y por parte de la prensa española e internacional.

Esa pretensión de algunos abogados defensores puede que sea poco sostenible desde una perspectiva jurídica, pero está encaminada a la protección de los intereses de sus clientes. Lo que ha resultado más llamativo y desconcertante es la actuación de determinados letrados de algunas acusaciones particulares, muy especialmente los que representan a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y a la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M. durante todo el desarrollo del proceso han desarrollado una estrategia que, en lugar de buscar la condena de los imputados, ha pretendido convertir el juicio en un foro en el que demostrar que la auténtica autoría de los atentados del 11 de marzo de 2004 había corrido a cargo de ETA, y con la intención de provocar un cambio en el signo del Gobierno de nuestro país. Pese a las constantes llamadas de atención contra esta estrategia efectuadas por el presidente del tribunal, el juez Javier Gómez Bermúdez, en muchas ocasiones, los letrados de estas asociaciones han dado la impresión de actuar más como defensores de los imputados que como acusaciones de parte. Han coincidido en ocasiones con los abogados defensores a la hora de solicitar testimonios o la práctica de pruebas, como cuando exigían la comparecencia de tres presos de ETA como testigos, o la repetición de los análisis periciales de los explosivos empleados en las deflagraciones, siempre con la intención de encontrar un vínculo entre islamistas radicales y ETA, que ha resultado del todo imposible, pese a todo el empeño puesto en este sentido.

Pese a las evidencias en sentido contrario que se han puesto de manifiesto a lo largo de todo el proceso, estos letrados no han cejado en su empeño, incluso intentando implicar en la supuesta trama a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, integrantes de una Policía, una Guardia Civil y un servicio de Inteligencia cuyos máximos responsables habían sido designados por el anterior Gobierno presidido por José María Aznar.

Así, extrañamente, los abogados que defienden los intereses de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Carlos Rodríguez Segura y Manuela Rubio han retirado todas las acusaciones contra Jamal Zougam y Mohamed “El Egipcio”, para quienes la Fiscalía y la Asociación 11-M Afectados de Terrorismo solicitan penas superiores a los 38.000 años de prisión. Los letrados de la AVT sostienen que los atentados “se incardinaron dentro de una estrategia terrorista diseñada para alterar el curso de las elecciones que se debían celebrar en España el 14 de marzo de 2004”. Tampoco se han ahorrado sospechas sobre la posible implicación de las fuerzas de seguridad, cuando aseguran que “ha quedado acreditado que gran parte de los imputados eran personas que de una u otra forma estaban colaborando con diferentes fuerzas policiales”.

En línea similar se ha movido el representante legal de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, José María de Pablo, que en sus conclusiones, y pese al testimonio de los peritos en explosivos insistiendo en que de sus pruebas no se puede deducir de ningún modo ninguna vía que lleve a poder sospechar de la participación de ETA en los atentados, todavía sostiene que “la Goma-2 ECO utilizada acredita la implicación de la llamada trama asturiana en su suministro, mientras que la dinamita Titadyn (cuya presencia en los trenes no ha sido acreditada) apunta hacia la cuarta trama, y constituye un indicio más de que esa cuarta trama estaría formada, posiblemente, por miembros de la banda terrorista ETA”.

Pero los intentos constantes por encontrar la relación entre ETA y los atentados han pasado por momentos esperpénticos, en ocasiones. El actual eurodiputado por el Partido Popular, y director general de la Policía el 11 de marzo de 2004, Agustín Díaz de Mera, aseguraba ante el tribunal a finales del mes de marzo que tenía constancia de un informe elaborado por la policía en el que se demostraban los vínculos entre los atentados y ETA, y que ese informe había desaparecido, supuestamente, por presiones políticas. Un informe que, según su testimonio, había sido encargado por el Comisario General de Información, Telesforo Rubio. Díaz de Mera dice ante el juez que ha tenido un conocimiento general del contenido de ese texto mediante una “fuente”, cuyo nombre no puede revelar, porque podría poner en peligro su seguridad personal y su trabajo. El juez Gómez Bermúdez conminaba a Díaz de Mera a revelar el nombre de esta supuesta fuente. El magistrado, tras ofrecerle tiempo para reflexionar y advertirle de las consecuencias, se veía obligado a imponerle una multa de 1.000 euros, y a solicitar un suplicatorio al Tribunal Supremo –dada la condición de aforado de Díaz de Mera-, para procesarlo por un delito de desobediencia.

Pero no terminaba aquí este pequeño culebrón dentro de la obra global. La supuesta fuente aparecía, con cargo, nombre y apellidos. Se trata del comisario Enrique García Castaño que, en su testimonio ante el juez, desmiente punto por punto todas las afirmaciones de Agustín Díaz de Mera. García Castaño aseguraba que el eurodiputado y ex director general de la Policía le había telefoneado, asegurando estar sometido a grandes “presiones políticas”, con el fin de conseguir una declaración que ratificase la existencia de ese informe. El comisario aseguraba en el tribunal que “le contesté que no me podía pedir que dijera algo que no era cierto (…) No existe ningún informe que vincule a ETA con el 11-M. (…) No existe, ni por asomo, esa relación”. Pese a un desmentido tan rotundo y contundente, los abogados de las dos asociaciones mencionadas no han cejado en su batalla por continuar sosteniendo la teoría de la conspiración, hasta el extremo de que José María de Pablo, abogado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, ha manifestado su pretensión de que se proceda judicialmente contra varios miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en especial contra aquéllos que han desmentido a Díaz de Mera.

Pero el desarrollo del juicio también ha puesto de manifiesto varios factores de descoordinación, negligencia y prácticas policiales y de Inteligencia manifiestamente mejorables que, de algún modo, también contribuyeron a facilitar la labor de los terroristas. Diversos testimonios ponían de manifiesto sucesivos fallos de seguridad. Por ejemplo, José Luis Serrano, que el 11-M era inspector de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE), aseguraba ante el juez que tras las detenciones producidas a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001, en Nueva York, los servicios de inteligencia comenzaron a alertar sobre las posibilidades crecientes de atentados en Europa y en España. El 18 de octubre de 2003, Bin Laden difundía un vídeo en el que se daba luz verde a la comisión de atentados en territorio español y contra intereses españoles en cualquier parte del mundo, justificado en la participación de nuestro país en la invasión de Iraq. Según Serrano, entre abril de 2002 y enero de 2004, el CNI, la Europol y los cuerpos de seguridad españoles remitieron diez informes al Gobierno en los que se alertaba sobre “la amenaza terrorista de origen islamista que se cernía sobre España y otros países occidentales”.

El jefe de la UCIE el 11 de marzo de 2004, el comisario Mariano Rayón, enviaba un informa a finales de noviembre de 2003, asegurando que existía “un nivel de alarma bastante crítico de un atentado contra España”. En el juicio se ha sabido que el mismo 11 de marzo de 2004 estaban abiertas nada menos que siete investigaciones policiales dirigidas desde la Audiencia Nacional, en las que estaban siendo investigadas un buen número de personas de las que ahora están siendo procesadas, como Jamal Zougam, los huidos Mohamed Afallah y Said Berraj, o Allkemah Lamari, supuesto autor material de los atentados, que había sido puesto en libertad por un error judicial, y que moría en Leganés junto a otros seis suicidas en 2004.

Otra de las cuestiones más llamativas es la presencia de varios confidentes policiales entre los imputados. Dos de los acusados sobre los que recae una petición de penas mayor, José Emilio Suárez Trashorras –suministrador de los explosivos- y Rafá Zouhier, junto al testigo protegido, conocido como “Cartagena”, han declarado en todo momento que estuvieron alertando a los cuerpos policiales para quienes trabajaban de cuanto estaba sucediendo, y que sus informaciones y alarmas no fueron atendidas. En algún caso, como el de “Cartagena” –aunque la fiabilidad de estos testimonios sea mínima-, se aseguraba que estos avisos acerca de lo que se estaba tramando ya se habían producido desde un año antes de que tuvieran lugar los atentados.

El descontrol sobre los explosivos es otra cuestión mayor, en cuanto a desastrosos fallos de seguridad, puesta al descubierto durante la vista oral. Se pudo observar un vídeo elaborado por la Guardia Civil en la mina Conchita –de donde salió la totalidad de la dinamita empleada en los crímenes-, en el que se constata la nula seguridad y protección de unos explosivos que están a la vista y continúan sin custodia alguna. Hay que tener en cuenta que este vídeo se confeccionaba con posterioridad a los atentados y, a pesar de ello, las condiciones continuaban siendo las mismas. La responsabilidad sobre el control de explosivos de uso civil corresponde a la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil. Suárez Trashorras ya tuvo que enfrentarse con la justicia en 2001, cuando se encontraron en su poder y en el de su cuñado –y también procesado en el juicio del 11-M-, Antonio Toro Castro, 16 cartuchos de Goma-2 ECO.

Pese a tantos indicios, investigaciones abiertas por la Audiencia Nacional, la confección y elaboración de informes nacionales e internacionales que alertaban de la inminencia de un acto terrorista de índole islamista radical, la descoordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad, servicios de Inteligencia e instancias judiciales, se ha puesto de manifiesto a lo largo del desarrollo de la vista oral, al igual que una alarmante carencia de medios.

En el momento de producirse la masacre en Madrid se estaban llevando a cabo investigaciones, a cargo de la Brigada Provincial de Madrid, en el entorno de islamistas radicales en la capital, en las que se vigilaba a alguno de los imputados en este proceso. También realizaba sus propias pesquisas la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de Madrid, que seguían entre otras, las andanzas de “El Chino”. Igualmente se estaban desarrollando investigaciones solicitadas por la Audiencia Provincial de Madrid y por la de Asturias, por la Audiencia Nacional y por un juzgado de la localidad madrileña de Alcalá de Henares, como también se ha tenido conocimiento del trabajo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En todas ellas se encontraban controladas o bajo vigilancia personas que hoy se sientan en el banquillo de los acusados con diferentes grados de responsabilidad en los atentados con explosivos del 11 de marzo de 2004. La descoordinación consiguió que nadie fuese capaz de unir las piezas del puzzle.

240.000 AÑOS DE CÁRCEL EN JUEGO

A  comienzo de la pasada semana se conocían las peticiones de cárcel solicitadas por la fiscalía y por las diferentes acusaciones particulares. Más de 240.000 años de cárcel en total para todos los acusados, en cualquiera de los casos. Sin embargo, existen diferencias muy llamativas entre los solicitado por unos y por otros, especialmente en varios casos concretos. Para una mayoría, las conclusiones definitivas no van a suponer grandes cambios sobre las provisionales. Para otros, la diferencia ha resultado completamente radical. Tal vez, lo más llamativo resulte la solicitud de absolución para Jamal Zougam, Mohamed “El Egipcio” y los dos hermanos Moussaten –siendo los primeros, dos de los principales encausados-, efectuada por los abogados de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Manuela Rubio y Juan Carlos Rodríguez Segura.

Por su parte, y en un sentido prácticamente opuesto, la Asociación 11-M Afectados de Terrorismo ha solicitado el ingreso en prisión de nueve de los diez acusados que se encuentran en situación de libertad provisional. Concretamente de Carmen María Toro, Iván Granados, Raúl González Peláez, Javier González Díaz, Sergio Álvarez, Emilio Llano, Antonio Iván Reis, Mohamed Moussaten, y Said El Harrak. Coinciden con el resto de acusaciones y la propia Fiscalía en retirar todos los cargos contra Brahim Moussaten. También los abogados de esta asociación van a cambiar sustancialmente sus peticiones de pena contra Basel Ghalyoun, para quien antes se solicitaban 38.654 años de cárcel, como autor material de los atentados, y ahora se piden 12 años, como integrante de banda armada. Este cambio de criterio se ha producido porque durante la vista oral del juicio, la única testigo que lo había identificado dentro de uno de los trenes, rectificaba su declaración inicial y señalaba en su lugar a Daoud Ouhnane, que se encuentra huido de la justicia. 11-M Afectados de Terrorismo también varía sus peticiones para Emilio Llano, vigilante de la mina Conchita, a quien retiran la acusación de asociación ilícita, quedando en ocho los iniciales 11 años de condena solicitados. También disminuyen los años pedidos para el minero Raúl González Peláez, que pasan de 22 a 19. Desde el principio del proceso, esta asociación solicitaba las máximas penas para Rafá Zouhier (39.049 años), y parece que la Fiscalía también modifica sus conclusiones para incluir a este acusado entre los que mayor condena podría recibir. No lo han considerado así el resto de acusaciones particulares, que sólo piden 20 años de cárcel para el inculpado.

La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M rebaja sus solicitudes de penas a los mineros asturianos Sergio Álvarez, Antonio Iván Reis e Iván Granados, de 12 a cuatro años, al retirar su acusación del delito de suministro de explosivos, pero doblan su exigencia de cárcel para la mujer de Emilio Suárez Trashorras, Carmen Toro, pasando de cuatro a ocho años de prisión.

La Fiscalía ha retirado todos los cargos contra Javier González Díaz y, al igual que el resto de las acusaciones particulares, contra Brahim Moussaten –que ya ha anunciado su intención de querellarse contra el ministerio público por los seis meses que ha pasado en prisión provisional y por los “daños morales” causados por haber sido acusado de un crimen tan grave-. En sus conclusiones definitivas, el fiscal eleva considerablemente, de modo general sus exigencias de condenas para una mayoría de los acusados, aunque rebaja a la mitad la sanción que inicialmente estaba solicitada para Antonio Iván Reis, Sergio Álvarez e Iván Granados –de ocho a cuatro años-. Sin embargo, para Otman El Gnaoui, a quien, inicialmente se le pedían 24 años, la exigencia ha subido hasta los 38.000 años, al ser considerado tras la vista oral como cooperador necesario para perpetrar los atentados. Del mismo modo que sucede en el caso de Rafá Zouhier, de quien en su escrito de conclusiones definitivas, la fiscalía asegura que “actuó de forma determinante como enlace entre los terroristas islamistas y el grupo de Asturias que vendió los explosivos”, pasando entonces a ser considerado cooperador necesario, por lo que, de los 20 años iniciales, se ha pasado a pedir para él una condena de 38.968 años de cárcel. Para Carmen Toro, a la que en el juicio se ha pasado a considerar como cómplice, al estar al corriente de toda la operación, la solicitud de condena ha pasado de cuatro a seis años de prisión.

En total, más de 240.000 años de cárcel a repartirse entre los 28 imputados –de los 29 iniciales- sobre los que se sostienen acusaciones por parte de la Fiscalía y las asociaciones de víctimas, aunque, según el actual Código Penal, la pena máxima real a cumplir por un recluso en España asciende a 40 años. 

UN ‘DURO’  EN LA JUDICATURA

Javier Gómez Bermúdez, a criterio casi unánime de la prensa presente en las sesiones, está presidiendo el mayor juicio de la historia de España con “mano de hierro”. En su entorno se reconoce que su mayor preocupación está centrada en controlar los múltiples elementos que forman parte de una macrovista como la que nos ocupa, rodeada, además de todo el ruido mediático y de muchas –y nada ocultas- presiones políticas. Y sobre todo, en cumplir los plazos impuestos en un principio, de modo que pueda contarse con una sentencia a comienzos del próximo otoño, con el fin de evitar que, con los previsibles recursos ante el Tribunal Supremo, se excediera el límite de prisión preventiva (cuatro años) de un buen número de acusados, y que en la mayoría de los casos está en el entorno de la primavera de 2008.

El nombramiento de Gómez Bermúdez, considerado un magistrado conservador, estuvo precedido de una gran polémica. La mayoría de derecha del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo designaba presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional –puesto al que también optaba, entre otros, Baltasar Garzón-, y su nombramiento resultó anulado dos veces por el Tribunal Supremo, atendiendo a las reclamaciones por múltiples defectos de forma y de carencia de justificación de méritos alegados por otros compañeros de carrera. Finalmente, el CGPJ terminaba imponiendo definitivamente su criterio y volvía a ubicarlo en el puesto por tercera vez. Tanto empeño, según los críticos de esta decisión estribaba, precisamente en el hecho de que sería el presidente de esa Sala quien también estaría al frente del juicio del 11-M, y sería quien dictaría las sentencias.

No ayudaron a desmentir estas sospechas unas declaraciones suyas efectuadas al diario El Mundo –uno de los medios más empeñados en difundir la “Teoría de la conspiración” que, desesperadamente, durante todo este tiempo, ha tratado de vincular la autoría de los atentados con ETA- en octubre de 2006, cuando ya se conocía que él presidiría las sesiones de la vista oral, en las que afirmaba que “lo que se va a juzgar es a 29 personas y se va a decidir si han intervenido o no en estos hechos, sin ir más allá (…) Se descubrirá la verdad, se tarden más o menos años”, en las que parecía dar a entender sus dudas personales sobre la autoría.

También fueron criticadas algunas de sus primeras decisiones, incluso por la asociación que representa al mayor número de víctimas de estos horrendos atentados, la Asociación 11-M, Afectados de Terrorismo, presidida por Pilar Manjón. Este colectivo de víctimas se sintió muy molesto con la aceptación por parte del juez de la petición hecha por el abogado de uno de los principales encausados, Jamal Zougam, para que comparecieran a testificar tres miembros de ETA. En concreto, el histórico Henri Parot, junto a Gorka Vidal e Izkur Badillo –todos ellos se encontraban en prisión en el momento de los atentados-.

También Gómez Bermúdez se llevaba duras críticas de la asociación que representa a la mayoría de las víctimas cuando ordenaba repetir las pruebas periciales para establecer la composición de los explosivos, también a solicitud de la defensa de Zougam y, paradójicamente de la acusación particular ejercida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) –presidida por José Francisco Alcaraz, otro de los adalides de la teoría conspirativa-.

Pero a medida que el proceso ha ido avanzando, la prensa y los observadores han ido poniendo su atención en otra clase de gestos del juez, en su dureza para con varios de los imputados, y también ante varios de los abogados de éstos y de las acusaciones particulares, especialmente de la AVT y de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M (que, a diferencia de lo que sucede con la presidida por Pilar Manjón, sí recibe subvenciones de la Comunidad de Madrid). Este control férreo del juez se ha manifestado en multitud de anécdotas en varias de las sesiones de esta vista oral que comenzó el 15 de febrero pasado.

El imputado Rafá Zouhier ha sido expulsado de la sala por el magistrado en cuatro ocasiones, y con él también tuvo un duro cruce de palabras. El encausado ya tuvo oportunidad de comprobar cómo se las gasta Gómez Bermúdez durante una de las primeras sesiones. Al declararse “superinocente”, el juez le espetó: “el super sobra. A partir de ahora lo justito para su defensa. A la mínima le mando al calabozo y ya comparecerá otro día”. En varias ocasiones ha reconvenido a los letrados de las acusaciones particulares de la AVT y de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M porque con sus interrogatorios no estaban tratando de probar la culpabilidad de los imputados, recordándoles que ése era su cometido y que más parecía que estaban actuando como defensores. A un letrado de la AVT que preguntaba a un encausado la razón por la que había viajado a Barcelona con su pasaporte, le cortó en seco. “¿A dónde quiere llegar, letrado? No hay ninguna ley que prohíba viajar con pasaporte por España”. En otro momento en que otra abogada de una acusación particular estaba realizando un interrogatorio que, en su opinión, no aportaba elementos relevantes, le recriminó: “¿Llegaremos en algún momento a las preguntas importantes para el proceso?”.

Este magistrado malagueño, de 45 años, divorciado y casado en segundas nupcias, padre de dos hijas, lleva 18 años en la judicatura, aunque bien pudo haber terminado en la carrera fiscal, ya que estuvo preparando simultáneamente las oposiciones a ambas. Según su biografía, es hijo de abogado y nieto de juez. La figura profesional de su abuelo habría ejercido un gran ascendente sobre su futura vocación. El juez Bermúdez (el abuelo) ejercía su profesión en Málaga, y durante la Guerra Civil formó parte de los Tribunales Populares instituidos por la II República, lo que le costó padecer la represión franquista y verse apartado del ejercicio de su oficio, pudiendo sólo ejercer el Derecho en pequeños municipios, aunque el hecho de haber salvado vidas de acusados por la República le permitió, al menos, salvar la suya.

Javier Gómez Bermúdez lleva 13 de sus 18 años como juez destinado en la jurisdicción penal. Ha sido juez de instrucción, magistrado de Audiencia Provincial, juez de lo penal, juez central de Menores, juez central de Vigilancia Penitenciaria y magistrado de la Sala de lo Penal de la audiencia Nacional, siempre designado por el Consejo General del Poder Judicial. En 2004 fue nombrado presidente de esta sala, y destituido en dos ocasiones por el Tribunal Supremo, como se explicaba unas líneas más arriba. El CGPJ lo confirmaba de nuevo en el puesto el 17 de enero de este 2007.

No es la primera vez que el magistrado preside un tribunal que desarrolla la vista oral de un juicio en el recinto especial de alta seguridad de la Casa de Campo en el que se está celebrando el del 11-M. Ya en 2005 había tenido lugar un proceso contra más de 2º acusados de integrar una célula española de Al Qaeda, a cuyo frente se encontraba Abu Dadah. Los testigos, periodistas y personas que presenciaron aquellas sesiones ya hablaban de la “dureza” de trato expresada por el juez, tanto con algunos de los acusados, como con varios abogados, aunque también hablan de su seriedad. En el caso presente, su función no ha debido resultar sencilla, en un juicio por el que han transitado 49 abogados, entre defensores y acusaciones particulares, cuatro fiscales y dos abogados del Estado, además de 650 testimonios y cerca de un centenar de exposiciones a cargo de peritos en materias tan diversas como telecomunicaciones, explosivos o medicina legal. Nada sencillo con una investigación sumarial entre manos que se desarrolla en 93.226 folios.

Todos se muestran de acuerdo en que el juez ha conseguido el objetivo fundamental que se había planteado al inicio de la vista oral: cumplir sus plazos.