El corto margen de un 0,7 por ciento con que el Partido Popular se ha impuesto en el cómputo general frente al PSOE en las elecciones autonómicas y municipales del 27 de mayo, paradójicamente ha supuesto un triunfo de los socialistas en número de concejales. Los populares perderán, además, doce capitales de provincia y algunas grandes ciudades como Vigo (la más poblada de Galicia) o Mérida (capital de Extremadura). A falta de sustanciarse pactos que aclaren la situación, el PP podría también perder el gobierno de las comunidades autónomas de Navarra, Baleares y Canarias. Estos comicios han demostrado la solidez de la derecha en Madrid, donde la apuesta socialista se ha llevado un buen varapalo.

Por P. A. N.

El Partido Popular ha sido la fuerza más votada en las pasadas elecciones municipales y autonómicas celebradas el pasado 27 de mayo. Los 7.914.084 sufragios obtenidos en todo el territorio nacional le otorgan una mínima ventaja de 155.991 sobre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que queda situado a 0,7 puntos, escenificando una tendencia de “empate técnico” entre las dos grandes formaciones españolas, que viene escenificándose desde hace varias convocatorias de esta clase de citas electorales.

Esos cerca de ocho millones de votos representan un récord histórico para el PP en términos absolutos en unas municipales. La tendencia general reflejaba una ligerísima subida del gran partido de la derecha (40.000 votos con respecto a 2003), y una bajada más pronunciada de los socialistas, que cosechaban 240.000 papeletas menos que en la convocatoria anterior.

Lo que ha demostrado el desarrollo y los resultados de esta consulta electoral es que se produce una clara identificación geográfica, una división espacial en el territorio nacional que expresa con claridad distintas zonas de apoyo masivo a una u otra opción. A favor del Partido Popular las máximas diferencias se producían en la Comunidad de Madrid y en la capital del Estado. Ahí conseguía una ventaja espectacular de cerca de 580.000 sufragios, muchos más de los que terminaron marcando la diferencia de su triunfo global. Tanta ha sido la influencia de Madrid, que el secretario de Organización socialista, José Blanco, refiriéndose a lo acontecido en el feudo de Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón, comentaba que allí “tenemos un problema”. El candidato a la alcaldía socialista, Miguel Sebastián, ni siquiera soportaba cuatro días de presión, y dimitía –ni siquiera recogerá su acta- como diputado el pasado 31 de mayo.

La Comunidad Valenciana se erige como otro de los bastiones destacados de los conservadores. Entre sus tres provincias el PP conseguía marcar una diferencia con respecto al PSOE de unos 220.000 sufragios.

Los socialistas les “devolvían la pelota” a los populares en comunidades como Cataluña o Andalucía. Pese a la elevada abstención catalana –en donde sólo se celebraban elecciones municipales-, el Partido Socialista conseguía aventajar a la formación de la derecha en unos 640.000 votos. También eran muy grandes las diferencias conseguidas a su favor en Andalucía -otra comunidad en la que no se celebraban comicios autonómicos, sólo municipales-, que se situaban en torno a los 330.000 votos.

Otra de las peculiaridades de este encuentro con las urnas radica en que el partido que ha conseguido el mayor número de votos, sin embargo, no es el que ha obtenido un mayor número de concejales. Esta situación ya se produjo en las anteriores municipales, en 2003 –en las que el Partido Socialista fue el más votado, pero el PP consiguió un número superior de ediles-.

En esta ocasión, el 34,90 por ciento de los votos al PSOE le han proporcionado a esta formación un total de 24.026 concejales en toda España, mientras que el PP, con su 35,60 por ciento, obtenía 23.347, es decir, 679 menos que su principal adversario. Estas situaciones se producen por varias circunstancias; por ejemplo, los distintos tamaños de los municipios, y también las peculiaridades de nuestro sistema electoral, en el que, según el territorio o los censos globales, dado que siempre se prima a la lista más votada, a veces menos votos pueden conseguir más actas. La formación más perjudicada por esta norma es, como suele ser habitual, Izquierda Unida, que con el 5,47 por ciento de los votos totales, apenas alcanza un dos por ciento de las concejalías en juego.

El PP sí aventaja al PSOE en cuanto al número de ayuntamientos en los que van a gobernar con mayoría absoluta. La derecha lo hará en 2.879 consistorios, 550 más que los 2.329 en los que lo harán los socialistas. El partido de José Luis Rodríguez Zapatero resulta la fuerza más votada en 23 provincias españolas (de un total de 50), mientras que la organización liderada por Mariano Rajoy se sitúa al frente en otras 22. La distribución sería la siguiente: el Partido Popular resultaba el más votado en las cuatro provincias de la Comunidad Gallega, en las tres de la Comunidad Valenciana, en ocho de las nueve que integran Castilla y León, y también en Cantabria, La Rioja, Navarra, Murcia, Baleares y Madrid.

Por su parte, el Partido Socialista es el más votado en todas las provincias integradas en la comunidad de Castilla-La Mancha, en todas las de la Comunidad Andaluza, excepto Málaga, en las tres provincias aragonesas, en las dos extremeñas, y también en Barcelona, León, Asturias, dos de las tres provincias vascas (Álava y Guipúzcoa) y Gran Canaria.

Donde el PP gana por goleada es en la obtención de mayorías absolutas en capitales de provincia; nada menos que 21 frente a las cuatro de los socialistas. Las de los populares son: Alicante, Almería, Ávila, Badajoz, Burgos, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Granada, Guadalajara, Huelva, Ibiza, Málaga, Madrid, Murcia, Oviedo, Salamanca, Santander, Valencia y Valladolid. Las cuatro “absolutas” del PSOE son Las Palmas, Lleida, Palencia y Segovia.

Las cinco provincias en las que ni PP ni PSOE se han erigido en vencedores han contemplado el triunfo de partidos nacionalistas moderados. Convergencia i Uniò es la coalición que se alza con la victoria en el cómputo general de tres provincias catalanas, Girona, Lleida y Tarragona. El Partido Nacionalista Vasco conseguía el triunfo en Vizcaya, mientras que Coalición Canaria era la más respaldada en Tenerife.

Tres comunidades en el aire. Como se señalaba al principio, pese a que en el cómputo global –y caso de que estos comicios fuesen unas primarias de las generales, como varias formaciones han pretendido- el PP ha conseguido un 0,7 por ciento más que el PSOE, y también ha crecido en número de votos en términos absolutos en unos 40.000, sin embargo, ha perdido la mayoría absoluta que hasta ahora mantenía en dos comunidades autónomas. Son los casos de Navarra y Baleares. A partir de ahora habrá que estar pendiente de los posibles pactos para saber si, finalmente, habrá cambio o no de color político en ambas.

En el caso navarro, la actual mayoría socialista que representa el candidato a la presidencia, Fernando Puras, ya ha decantado su modelo, expresando abiertamente su preferencia por un cambio de signo en la Comunidad Foral. Las aspiraciones a un cambio de rumbo, aunque matemáticamente posible, parecen un pastel envenenado para el PSOE. La aritmética electoral determina que para poner fin al ciclo conservador es necesario que socialistas, Izquierda Unida y Nafarroa Bai (PNV, EA, Aralar y Batzarre) unan sus fuerzas.

En muchos ámbitos se comenta la necesidad de dar un giro a una política de gobierno que ha sido considerada sectaria, ejercida por UPN (la marca navarra del PP), pero también se sopesan las consecuencias a nivel nacional –ante unas muy próximas elecciones generales- que una alianza de estas características pudiera tener para los socialistas. Tampoco ayuda el planteamiento inicial efectuado por Nafarroa Bai, de vincular el acuerdo autonómico a otro municipal en la ciudad de Pamplona, donde los números implican la concurrencia de ANV (Acción Nacionalista Vasca), que ha recibido el apoyo explícito de la cúpula de Batasuna.

Nada está decidido en estos momentos, y no es descartable, en absoluto, que Nafarroa Bai rebaje sus exigencias y, finalmente, esté dispuesta a dar por perdida Pamplona, al menos, momentáneamente, a cambio de garantizar un gobierno foral en línea progresista. Como comentaba a El SIGLO, hace pocas semanas, la parlamentaria y cabeza de lista por Nafarroa Bai al ayuntamiento pamplonica, Uxue Barkos, la estrategia del PP “pasa por perder 200.000 votos en Euskadi y Cataluña, a cambio de ganar ocho millones en el resto de España”. Sabedores de esto, los socialistas no tomarán una determinación hasta la reunión de la Ejecutiva Federal, el próximo 9 de junio, aunque los actuales “hombres fuertes” del partido en la Comunidad foral llevarán la opinión de “arriesgarse”.

En la sesión de control al Gobierno, que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados, el pasado 30 de mayo, Mariano Rajoy, presidente del PP, reiteraba al Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la oferta que había hecho a los socialistas el presidente en funciones del Gobierno Foral navarro, Miguel Sanz (de UPN). Un pacto PP-PSOE, en el que ofrecen a los socialistas la vicepresidencia, la presidencia del Parlamento y varias alcaldías para  que gobiernen dos partidos “que piensan lo mismo” sobre la identidad navarra –en clara contraposición a las acusaciones efectuadas por los populares durante toda la campaña, y desde meses antes, en que habían acusado al los socialistas de “vender Navarra”-. El presidente Zapatero, pendiente de la decisión del Comité Federal que se reunirá el 9 de junio, respondía en sede parlamentaria con rotundidad, pero sin dejar entrever –aún- una posición ante la compleja situación, que “el PSOE tiene principios, y los socialistas navarros tienen principios muy profundos, y , entre ellos está el de la dignidad. Mientras ustedes no rectifiquen lo que han dicho, tendrán la colaboración difícil, pero no imposible”.

En cuanto a las otras dos comunidades autónomas que podrían cambiar de manos, la situación se presenta compleja, aunque con menos costes políticos de fondo. Una vez más, la llave de la gobernabilidad balear está en manos de la que ha sido, tradicionalmente, cuarta fuerza política más votada          -quinta, en esta ocasión-, Unión Mallorquina, de la incombustible María Antonia Munar. En dos legislaturas anteriores, esta formación se decantaba por un “pacto de progreso”, aunque de 2003 a 2007, ha aportado su apoyo al gobierno del popular Jaime Matas. El tono final de la campaña, en el que el PP trataba de recabar votos de UM, aún a costa de descalificaciones a su socio gubernamental, ha enrarecido el ambiente entre ambas formaciones. A fecha de esta crónica, tanto PP, como PSOE, ya habían comenzado a “cortejar” a Munar y su “siempre bien colocado” partido. Pero parece que la decisión final todavía llevará un tiempo.

De otra naturaleza es el dilema que se presenta en la Comunidad canaria. Tras los escándalos de corrupción municipal en que se han visto implicados numerosos cargos públicos de la –hasta ahora- gobernante Coalición Canaria, así como del PP, el PSOE ha pasado de ser la tercera fuerza insular a la primera, con un ascenso del diez por ciento, y 26 diputados de un parlamento de 31. El “sacrificado” Juan Fernando López Aguilar ha conseguido un gran éxito para el PSOE en las islas, pero esta victoria podría verse eclipsada por un pacto CC-PP que cerrara el acceso del ex ministro de Justicia a la presidencia. Por el momento, las tres fuerzas en liza mueven sus piezas y, siguiendo la tradición democrática en España, el primero en realizar propuestas para formar gobierno es el partido más votado. Pese a opiniones publicadas en diversos medios afines a la derecha, al cierre de esta edición, y a expensas de la decisión de las direcciones federales, el pacto de gobierno que aparece como más probable sería el formado por PSOE y Coalición Canaria, sobre todo, atendiendo al buen entendimiento que ambas fuerzas han demostrado en estos tres años de legislatura en el Parlamento Nacional.

Continuando con el complejo entramado que estas elecciones han generado para el mapa electoral municipal, cabe destacar la pérdida de un buen número de capitales de provincia y de grandes ciudades que va a padecer el PP, pese a su aumento global en número de votos. El Partido Socialista, tras esta consulta en las urnas, se encuentra con la posibilidad de gobernar en 12 capitales de provincia en las que, durante esta legislatura, estaba en la oposición. Antiguos feudos de la derecha, como Logroño, Ourense, Soria, Zamora, Las Palmas, Jaén, Toledo, Cáceres, Vitoria,  Palma de Mallorca o León, van a pasar a manos socialistas, bien en solitario, o bien en coalición con otras fuerzas de izquierda (especialmente IU, que multiplica su poder de influencia en buena parte del Estado, convirtiéndose en clave de gobernabilidad en numerosas capitales de provincia y ciudades de más de 50.000 habitantes).

Los socialistas también pueden hacerse con las alcaldías de Vigo –la ciudad más poblada de Galicia- y Mérida –capital de Extremadura-. Del mismo modo, arrebatan a sus oponentes los cabildos insulares de La Gomera, y con mayoría absoluta; y de Gran Canaria. En Baleares también han conseguido los Consells insulares de Ibiza, Menoría y Formentera.

Existía un gran interés por plantear el desarrollo de estas elecciones municipales y autonómicas como unas “primarias” de las elecciones generales de dentro de unos meses. Es cierto que es la primera vez en la historia de la democracia post-republicana en que el partido que ejerce el Gobierno en primera legislatura pierde en términos numéricos las primeras municipales. Pero tampoco ha sido muy común que, pese a esos cuantos votos menos, se gane tanto poder municipal, y se pueda conquistar tanto poder autonómico.

Los que siempre han sostenido que los términos absolutos en votos de unas elecciones municipales marcan una tendencia, tienen otro motivo de reflexión en los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que se acaban de publicar, acerca de la intención de voto en las próximas elecciones generales. En abril de 2005, los ciudadanos españoles establecían en un tres por ciento la diferencia (en intención de voto en la eventualidad de unas elecciones generales) a favor del PSOE; un 39,6 por ciento, frente a un 36,60 por ciento del PP. Casi un dos por ciento más que desde el último “barómetro” del CIS, que calculaba la distancia –siempre a favor de los socialistas, en un 1,2 por ciento, en febrero-.

No sólo eso. Según los estudios del CIS, el líder más valorado por los españoles es el presidente del Gobierno, con un 5,12; pero el segundo no es el líder de la oposición, sino el coordinador de IU, Gaspar Llamazares, con un 4,38. El tercer lugar está ocupado por el portavoz parlamentario de CiU, Josep Antonmi Duran i LLeida. Mariano Rajoy está encuarta posición, con el 4,08 por ciento.

“Hoy hago dos ofrecimientos al PSOE: un acuerdo en Navarra, y dejar que gobierne la lista más votada”, expresaba el presidente del PP en el Congreso, el pasado 30 de mayo. “Me agrada que, en tan poco tiempo, pasen a hacer una oferta para colaborar, en lugar de una oferta de descalificación e insultos. (…) Igual algo tiene que ver con la pérdida de la mayoría”, ironizaba José Luis Rodríguez Zapatero en la misma sesión parlamentaria.

Rajoy lleva días reclamando que se deje gobernar a la lista más votada, para indignación del resto de formaciones, que se oponen a una visión bipartidista de la política española, y que creen que esa propuesta conculca el espíritu de la Ley Electoral. Los puentes con el PSOE parecen rotos, tal como expresaba el secretario de Organización socialista, José Blanco, el pasado 28 de mayo: “la actitud de los populares y las diferencias antagónicas y de fondo” imposibilitan cualquier acuerdo de gobierno entre ambos. Es tanto como lo que el Partido Socialista ha dicho de sus posibilidades de acuerdo con Acción Nacionalista Vasca (ANV).

El independentismo pragmático de Patxi Zabaleta

Es el candidato a la presidencia del Gobierno de Navarra por Nafarroa Bai, la coalición (PNV, EA, Aralar Batzarre) que ha duplicado sus votos en estas elecciones autonómicas, y se ha erigido en segunda fuerza política – a expensas del PSOE- en la Comunidad Foral. Procedente de HASI (Herrikoi Alberdi Sozialista Iraultzailea, Partido Popular Revolucionario Socialista), una de las fuerzas integrantes de la coalición Herri Batasuna (Unidad Popular) a finales de los años 70. Abogado, licenciado en Filosofía y Letras, escritor y miembro de la Academia de la Lengua Vasca. Fue, en diversas épocas, integrante de la Mesa Nacional de Herri Batasuna, y de su heredera, Euskal Herritarok (Ciudadanos Vascos). También ha ejercido como abogado de miembros de este órgano de dirección abertzale, consiguiendo la anulación de sus condenas, por parte del Tribunal Constitucional, en 1999. Abandona la Formación en 2002, justo cuando un congreso la cambia de nombre para denominarse Batasuna (Unidad), denunciando el uso de la violencia, condenando los atentados, y renunciando a la coacción para conseguir objetivos políticos. Desde 1999 ya se había desmarcado públicamente de las posiciones de su formación, condenando sin paliativos el asesinato de Miguel Ángel Blanco, y reclamando una declaración abierta, y sin condiciones, de su formación, condenando y renunciando al uso de la violencia como instrumento político. La que, hasta ese momento era una corriente de opinión en EH, Aralar (nombre de un monte en la frontera entre Navarra y Guipúzcoa), pasa a constituirse en partido político. Por esta actitud es reiteradamente amenazado desde el entorno de ETA.

Por HB fue concejal en Pamplona en diversas legislaturas. Ha sido parlamentario autonómico y también concejal con Aralar.

Ahora encabeza un proyecto de coalición, Nafarroa Bai, en el que su partido comparte listas con el PNV, EA y Batzarre, con una propuesta de integración paulatina de Navarra en Euskadi, comprometiéndose a no promover “ningún cambio que no tenga el respaldo de la mayoría”.

En su trayectoria política –como en la de un HASI que hace años que perdió el poder dentro de lo que hoy conocemos como Batasuna- ha primado más el aspecto social que el independentista (aunque también reclame el derecho de autodeterminación). Por eso, durante esta campaña, ha insistido mucho en ello en sus discursos, pasando a un plano secundario las reivindicaciones territoriales y administrativas.

Zabaleta apuesta con fuerza por lo que él denomina un “pacto de progreso en Navarra”, y en aras de conseguir un gobierno tripartito (con PSOE-PSN e IU), se ha centrado en criticar las políticas regresivas y antisociales de UPN, comprometiéndose a no plantear ni la integración navarra en el País Vasco, ni el debate soberanista durante su participación en el hipotético gobierno de coalición en Navarra.

Pese a haber tratado de condicionar un acuerdo en la Comunidad Foral (en el que cederían la presidencia al PSOE-PSN, pese a ser sólo la tercera fuerza más votada), con la consecución de la alcaldía de Pamplona para Nafarroa Bai –en una carambola en la que sería necesario el voto de los dos concejales de ANV-, todo indica a que estaría dispuesto a renunciar a esa pretensión, con tal de conseguir su ansiado “Gobierno de progreso” en la Comunidad Foral.