Requerido por el Tribunal de Estrasburgo, que cuestiona la sentencia de Vera sobre los GAL

El inoportuno caso Vera ha vuelto a irrumpir en la agenda monclovita cuando ya nadie contaba con él. Inesperadamente el ex secretario de Estado de Seguridad ha logrado que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo le haya dado la razón al considerar que sus reclamaciones sobre el juicio que le condenó a
diez años de prisión por el secuestro de Segundo Marey no carecen de"fundamento". Además está dando curso a una reclamación de posibles indemnizaciones a las que debería hacer frente el Estado español. Gobierno y
condenado tienen hasta el 3 de julio para presentar nuevas alegaciones. Felipe González ya se ha felicitado por la sentencia mientras en el PSOE temen un nuevo choque con la vieja guardia.

Por Inmaculada Sánchez

Nadie contaba con ello a estas alturas. Rafael Vera fue condenado por el Tribunal Supremo en 1998 por el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey a diez años de prisión (una de las acciones más conocidas de los GAL), al igual que el ex ministro José Barrionuevo y otros altos cargos de Interior de la época.

Zapatero y los nuevos dirigentes del PSOE ya había "pasado el trago" de negarles desde el partido el pago de sus abogados y de distanciarse de las "fotos" de Felipe González y otros dirigentes socialistas a las puertas de la prisión de Guadalajara donde Barrionuevo y Vera ingresaron para cumplir condena. Pero la justicia europea les ha deparado una sorpresa: el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, al que Vera apeló, acaba de darle la razón en su reclamación de que fue juzgado sin la presunción de inocencia a que tiene derecho todo acusado y que su instrucción fue llevada a cabo por un juez, Baltasar Garzón, que no fue imparcial con él.

El Gobierno encajó la noticia hace una semana con un significativo mutismo pero el trámite judicial no acaba aquí y habrá de pronunciarse cuando la sentencia europea sea definitiva.

El auto del Tribunal de Estrasburgo, al que EL SIGLO ha tenido acceso, viene acompañado de un requerimiento a ambas partes, esto es, el que presenta el recurso, Rafael Vera, y el Gobierno español, para que presenten nuevas alegaciones "antes del 3 de julio" próximo, fecha a la que también se emplaza a Rafael Vera para cifrar el "daño material", el "daño moral" y los "gastos y costes" asumidos para "hacer corregir la violación de sus derechos" alegados ante el Tribunal. En el despacho de Manuel Cobo del Rosal, abogado que defiende a Vera desde el principio de su largo periplo judicial, señalan que aún "estamos estudiando la cifra".

La cantidad que finalmente reclamen los abogados de Vera puede suponer un nuevo problema para el Gobierno. A pesar de que el ex Secretario de Estado ya ha cumplido su condena, el Tribunal de Estrasburgo, aunque sin jurisdicción de facto en España, puede sentenciar finalmente que Rafael Vera debería ser indemnizado debido a los "sufrimientos" causados por la vulneración de sus derechos, según se detalla textualmente en el auto judicial,. "No será de obligado cumplimiento, pero pondrá en un brete al Gobierno español", señalan fuentes judiciales conocedoras de los vericuetos procesales europeos.

El Ministerio de Justicia, personado en el caso en representación del Estado, asegura a EL SIGLO a través de un portavoz oficial que en este proceso, "al igual que en cualquier otro de las mismas características" el Ministerio "contestará y dará a Estrasburgo toda la información suplementaria que solicita" sin querer añadir más respecto a la posible indemnización que reclame la Corte judicial europea.

Felipe González sí que se pronunció claramente a los pocos días de conocerse que el tribunal europeo había confirmado la "admisión" de dos de las reclamaciones de Vera, la de no haber tenido un juez imparcial y la de no haber disfrutado de la presunción de inocencia, paso previo a la sentencia definitiva a su favor.

"Fueron injustamente condenados", dijo en referencia a Vera y Barrionuevo. "Once años después aún siguen hablando de que yo era la X de los GAL", recordó el ex presidente, para añadir que nunca "mandé matar ni a un hijo de perra" y que aunque "hoy es muy difícil reparar el daño" se ha demostrado que "tenían razón los cuatro magistrados del Tribunal Supremo que votaron en contra de la decisión de los otros seis de condenar sin pruebas".

Hacía tiempo que desde Ferraz y Moncloa no tenían que oír palabras de Felipe González rememorando la etapa de los GAL. Ya con Rodríguez Zapatero instalado en La Moncloa, apenas seis meses después de su sorprendente victoria, en noviembre de 2004, el ex presidente había provocado uno de los primeros dolores de cabeza del joven presidente cuando pidió públicamente el indulto para Rafael Vera.

Fue entonces cuando se hizo más que visible el divorcio entre los dos líderes socialistas. Rodríguez Zapatero aguantó la presión de un nutrido grupo de di- rigentes de la denominada "vieja guardia" del partido, algunos de ellos aún en activo como el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez lbarra, que este próximo domingo, tras las elecciones autonómicas, inicia su despedida al no repetir como candidato.

El caso Vera supuso, en su momento, un paso decisivo en la emancipación de los nuevos dirigentes del PSOE encabezados por Zapatero frente a los que protagonizaron los últimos años del felipismo, marcado por las acusaciones de corrupción y de haber apoyado la guerra sucia contra ETA (Ver n° 623 de EL SIGLO: "Un indulto los separa. Felipe no habló con Zapatero antes de pedir la gracia para Vera").

Sin descalificar a sus antecesores, Zapatero y los suyos no sólo no concedieron el indulto pedido, sino que siempre han mantenido una visible distancia con los actos de apoyo a Barrionuevo y Vera, los condenados con mayor rango político. Ahora, la decisión del Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea puede forzar un indeseado pronunciamiento del Gobierno si, en unos meses, hace definitiva su sentencia y reclama un resarcimiento económico para el ex Secretario de Estado.

Un trago para Conde-Pumpido. El auto del alto tribunal comunitario no sólo pone en aprietos a la actual cúpula del PSOE sino que deja en evidencia a quien fuera el juez instructor de la causa, entonces titular del juzgado número cinco de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, de quien reconoce "fundado" que realizó su trabajo sin la imparcialidad exigida.

También deja en entredicho, al admitir que no se respetó la presunción de inocencia, a los seis jueces de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que firmaron la sentencia condenatoria, entre ellos, alguien que ahora ocupa un significativo puesto en la nueva Administración socialista, el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

Fue él, junto a los magistrados José Antonio Martín Pallín, Roberto García Calvo, Luis Román Puerta, José Manuel Martínez-Pereda, José Antonio Marañón y el ponente Joaquín Delgado, quien firmó la condena ahora puesta en cuestión frente al voto disidente del entonces presidente de la Sala, José Jiménez Villarejo, Gregorio García Ancos, Enrique Bacigalupo y Joaquín Martín Canivell, que se opusieron.