Mentira y maldad

"Los pitagóricos afirman que el bien es cierto y finito y el mal es infinito e incierto"
Montaigne. "Ensayos"

L a Verdad, así con mayúscula –entendida como universal y aplicable al espacio humano y a las consideraciones morales y políticas–es siempre fuente de tiranía y, a menudo, antesala del crimen. Creer que se detenta la Verdad histórica implica, desde su origen, pretender imponerla. Sin embargo, la democracia, que se reclama de la libre opinión pero no del relativismo, tampoco niega la verdad, la verdad de hecho, más modesta.

En este campo, la vida política democrática no está exenta de riesgos, pues, por desgracia, parece casi connatural al ámbito político negar toda clase de verdades. Abunda la sensación de que en la política reina el relativismo más absoluto. Ha llegado a ser evidente que los hechos (las verdades de hecho) casi nunca están seguros en manos de los políticos. Pese a ello, en el terreno de la sociedad civil, también en el Estado, existen profesiones, grupos, dedicados al establecimiento de esas verdades parciales, fácticas. Los científicos, los artistas, los historiadores, los estadísticos, los jueces... los periodistas dedican (o debieran dedicar) buena parte de su trabajo precisamente a ello.

Las cosas se entenderían mejor si la mentira, como la verdad, tuviese una sola cara, pero, por desgracia, la mentira, pariente de la fantasía, puede resultar más verosímil, y siempre es más morbosa, que la verdad. La mentira es un homicida simpático, atractivo. Porque, lo diré de la mano de Arendt y de Camus, la mentira organizada está preñada de violencia, quiere destruir lo que ha decidido negar, aunque, por suerte, la
verdad puede ser destruida, pero no existe poder que consiga sustituirla.

Las instituciones en las cuales trabajan quienes buscan y producen verdades de hecho, son, por muchas razones, imprescindibles para la democracia, pero cuando se apartan de esa búsqueda, pierden su razón de ser, se vuelven ineficientes. Por eso las carreras, los estatus de esos profesionales no debieran depender de las opiniones populares ni estar sujetas a las decisiones políticas. Sin estadísticos que trabajen buscando la verdad, sin magistrados que instruyan y juzguen según la verdad, sin periodistas que investiguen y expresen la verdad... al poder le será fácil arrogarse lo que no le pertenece y cuando la arrogancia del poder asciende, la democracia declina. Si la mentira construida a instancia de parte, consigue instalarse en esas instituciones y profesiones, las vuelve inútiles, las destruye, hasta convertirlas en instrumentos mortales de lucha política.

Que un Gobierno, cualquiera que sea su signo ideológico, se defienda de los ataques y las críticas no sólo es humanamente normal, también lo es políticamente, pero los límites de esa defensa están marcados por el uso del poder que democráticamente ostenta y el uso de ese poder exige el respeto a la independencia de las instituciones citadas. Por ejemplo: la judicatura y la prensa. En todo caso, el uso del poder político para amenazar, atacar o destruir al adversario, al discrepante, constituye un abuso que preludia lo peor y si ese ataque se realiza utilizando instituciones como las citadas, pretendiendo convertirlas en obsecuentes instrumentos del poder, se están socavando bases imprescindibles de la convivencia y provocando una crisis de salida oscura y temible.

El primer efecto de tales perversiones no es la destrucción del adversario, convertido en enemigo por decisión de parte, sino la dicotomización del conjunto de las instituciones. Dicotomización de la judicatura, de la prensa, de los académicos... unos a favor del Gobierno, otros a favor de la Oposición. Una dicotomización, una fisura, que tiende a aumentar con el tiempo y que corre el riesgo de trasladarse a todo el cuerpo social. Y eso es, precisamente, lo que está ocurriendo en España.

Nadie podrá negar que la división sectaria tanto en la Judicatura como en la Prensa (medios de comunicación) está en el centro de la vida social española y de esa división no se derivan sino desgracias para la convivencia democrática. Dejando a un lado el gravísimo perjuicio que para la sociedad representa una Justicia cuyo funcionamiento es lento y, a menudo, arbitrario, y olvidando también, por un momento, el exhibicionismo (del que hacen gala algunos jueces, tipo Garzón, sin que nadie les ponga coto), detengámonos un momento en la politización con la cual se expresa una buena parte de la Judicatura. Lo único que provocan estas actitudes sectarias de la Judicatura en la sociedad a la que dice servir es una gran desconfianza hacia ella y una inseguridad jurídica más que preocupante. Cuando se lee en cualquier periódico que tal o cual juez es progresista o conservador, al observador le entran sudores fríos. ¿De dónde vienen esas calificaciones? ¿Son un invento de la prensa? ¿Se refieren tan solo a los posicionamientos ideológicos de este o aquel magistrado o estamos ante posicionamientos políticos de una acrecido número de jueces y fiscales?

La prensa –tan aficionada a poner etiquetas– no es inocente, pero los propios jueces y fiscales son los culpables principales del desaguisado. División que, a mi juicio, tiene su origen en las nunca bien ponderadas asociaciones de jueces y fiscales: "Jueces para la Democracia", "Francisco de Vitoria", etc., etc. que si al-;ún sentido tenían como una forma de resistencia al franquismo ninguno tienen en democracia. Por eso, porque no producen sino distorsiones, la Constitución en su artículo 127 dice lo siguiente: "Los Jueces y Magistrados, así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán [...] pertenecer a partidos políticos o sindicatos". ¿Por qué razón? Para que sus decisiones no estén contaminadas de intereses políticos o corporativos. Sin embargo –para decirlo todo–, este mismo artículo 127 también autoriza las Asociaciones.

La realidad actual es que esas Asociaciones no hacen otra cosa que contaminar ideológicamente y en forma sectaria la actividad judicial, las designaciones, los ascensos... todo. Claro está que detrás de estos disparates están los dos grandes partidos, que prefieren colocar en puestos que requieren –más que otra cosa– mérito, serenidad y sabiduría a sus más fieles peones. Una razón sectaria que conduce al desastre.

¿Y qué decir de la Prensa? En los últimos tiempos los diarios y las emisoras de referencia nacional, en lo que se refiere a la información acerca de la política están... que no hay por dónde cogerlos. Los favorables al Gobierno se deshacen en elogios hacia éste y, sobre todo, se ocupan de la Oposición y sus dislates (sean éstos reales o imaginarios). En cuanto a los otros, los contrarios al Gobierno –aunque hay gradaciones que van del infierno de la COPE y de don Federico a los aires más templados en que se mueve el ABC– no dejan pasar una. En estas condiciones no es de extrañar que las portavocías de los dos grandes partidos hayan tomado el camino de la zafiedad argumental en perjuicio de la razón y del convencimiento.

Es difícil escapar a una dinámica de este tipo. Jueces, periodistas y hasta médicos e historiadores toman partido en la vorágine, en la lucha, primero larvada y verbal, luego violenta. Mas en el caso español actual pareciera que, ya sean los medios, ya sean las luchas corporativas internas en el caso de los jueces, ya sean los contrapuestos intereses políticos... todos parecen dispuestos a levantar barricadas. ¿Todos? Pues no, sólo aquellos que viven de la cosa... y que no hacen con ello –con la el enfrentamiento– sino daño a la sociedad a la que dicen servir.

La libertad de prensa no se instituyó para insultar al adversario ni para pasarle la mano por el lomo al poder, sino para ejercer la vigilancia crítica sobre los actos de los poderosos, para expresar ideas y creencias, para buscar la verdad y poder expresarla.

Cuando los revolucionarios franceses pusieron en su Declaración de derechos del hombre y el ciudadano la división de poderes como uno de ellos, sabían bien lo que querían evitar: la tiranía. Cuando decretaron la libertad de prensa sabían lo que querían conseguir: que la palabra libre y verdadera tuviera un espacio público para su expresión.

He de confesar que la simplificación, la superficialidad que con tanta frecuencia está instalada en la política, me apena y, a la vez, me atemoriza. Me apena por la degradación que en sí misma produce y me causa temor porque la superficialidad es la primera característica de la maldad. El mal, en efecto, no posee profundidad alguna, pero tiende a crecer, como los hongos, superficial pero extensamente. Si bien se mira, la maldad consiste en hacer daño a otros sin obtener a cambio beneficio alguno. Lo cual, al menos, me permite concluir con alguna esperanza: la maldad es, sobre todo, la expresión más sonora de la estulticia humana. •