PSOE e IU abren paso a un difícil acuerdo

Tras unos meses en los que su tramitación parlamentaria había quedado aparcada por falta de consenso, la polémica Ley de la Memoria Histórica vuelve a reactivarse gracias al acuerdo alcanzado hace dos semanas entre el Partido Socialista y la coalición Izquierda Unida, uno de los apoyos más firmes del Ejecutivo durante esta legislatura. El debate sobre el franquismo y la reparación a todas sus víctimas –una de las cuestiones que más irritan a la oposición del Partido Popular– vuelve a instalarse en la sociedad española..

Por P. A. N.

Tras haber sido anunciada a bombo y platillo en 2005, la Ley para la Recuperación de la Memoria Histórica, impulsada inicialmente por las dos formaciones más a la izquierda en el Parlamento español, Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Unida y, en principio, asumida por el Partido Socialista, había quedado en el ostracismo durante los últimos meses por falta del consenso necesario para su aprobación.

La redacción final del texto elaborado por el Gobierno había dejado insatisfechos a todos. A la gran formación de la derecha, el Partido Popular (PP), porque consideraban que se removían asuntos “ya superados” por los españoles, y que contribuiría a generar de nuevo división entre compatriotas. A los partidos de izquierda, primeros impulsores de la norma, a los partidos nacionalistas moderados, a las asociaciones por la recuperación de la memoria y a organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, porque han denunciado reiteradamente que la redacción final era del todo insuficiente para conseguir el propósito de la reparación de las víctimas y que no respetaba el derecho a conocer la verdad, e incluso la comparaban con la “Ley de Punto Final” argentina, que implicaba una amnistía encubierta para los servidores de la dictadura militar.

El Partido Socialista, permanentemente presionado por una feroz oposición del  PP durante estos tres últimos años, ha tratado de que el primer partido de la oposición se sumase a un gran consenso, y para ello ha rebajado considerablemente los planteamientos iniciales de la ley. Esta actitud a la busca de un amplio consenso con una formación que ha demostrado su oposición a la existencia misma de una ley de estas características, había provocado que la totalidad de sus socios parlamentarios criticasen el texto y anunciasen su intención de votarlo en contra en el trámite parlamentario. Por ello, el Gobierno español había dejado la norma en una vía muerta, sabedor de que con esa redacción concreta no iba a contar con apoyos suficientes para conseguir la aprobación del texto. Era la única forma de evitar la primera derrota en el Parlamento desde su llegada al poder.

La revisión de la dictadura franquista siempre ha constituido un asunto escabroso en España. La transición política había pasado de puntillas sobre este periodo a cambio de impulsar y consolidar rápidamente un sistema democrático por la vía pacífica tras 40 años de régimen fascista. Pero, transcurridos ya 30 años de democracia, numerosas asociaciones de víctimas y familiares, así como buena parte de los partidos políticos de la izquierda y nacionalistas reivindican con fuerza la revisión de ese oscuro periodo histórico, el conocimiento de toda la verdad y el establecimiento de las debidas reparaciones. Algo que irrita sobremanera a la derecha española –muy alejada del resto de la versión moderna de esta tendencia que se da en el resto de Europa-, directa heredera, casi en su totalidad, de los políticos del franquismo.

En nuestro país todavía quedan muchas fosas comunes, con miles de personas aún enterradas en ellas, por descubrir –otras, perfectamente señaladas, siguen sin que los cuerpos sean exhumados e identificados- y, a estas alturas, los poderes públicos, ninguno de los gobiernos legítimamente sancionados en las urnas desde 1977 han diseñado un mecanismo para intervenir y esclarecer la verdad sobre unos crímenes contra la Humanidad que, según el derecho internacional, jamás prescriben.

Además de esto, las asociaciones mencionadas llevan años reclamando la devolución de patrimonios personales incautados por la dictadura, la reparación por los asesinatos o por los años de cárcel sufridos por decenas de miles de personas, la declaración de nulidad en derecho de los juicios sumarísimos efectuados durante la Guerra Civil (1936 – 1939) y, posteriormente, en los 40 años de dictadura. Exigen la desaparición de todas las calles de las poblaciones españolas de la simbología fascista que aún permanece en fachadas y, sobre todo, en iglesias. Monumentos del dictador Francisco Franco o de prohombres de su régimen, calles con sus nombres, y la presencia del monumental Valle de los Caídos, en la madrileña población de el Escorial, construido por presos políticos, y en cuyos trabajos centenares de ellos perdieron la vida, donde está enterrado el cadáver de Franco y del más famoso de los falangistas –firme apoyo civil a la sublevación militar contra la II República-, José Antonio Primo de Rivera, y que constituye un lugar de peregrinación diaria de elementos fascistas. Nada de esto quedaba recogido en la redacción del texto que el Gobierno español presentaba ante el Parlamento hace unos meses.

Lo que resulta paradójico es que desde España se ha impulsado una actividad judicial internacional en persecución de delitos contra los derechos humanos cometidos en otros países del mundo, reclamando, además, la jurisdicción universal para estos casos. Aún se recuerdan los procesos abiertos por el juez Baltasar Garzón contra elementos de las dictaduras militares argentina y chilena, o la orden internacional de detención cursada contra Augusto Pinochet, que a punto estuvo de traerlo a España para ser juzgado, y que le supuso al sanguinario dictador chileno más de un año de arresto domiciliario en Londres. También la justicia española está actuando en casos de violaciones de derechos humanos en Uruguay y en Guatemala.

Para el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, la redacción del proyecto de ley que, hasta el momento, había sido remitida a las Cortes, encerraba en sí misma una gran contradicción: “¿Cómo es posible que promuevan estos derechos en esos procesos y no sean capaces de hacerlo internamente? Es lo que llamamos la esquizofrenia de las autoridades españolas, que por un lado, en política exterior proclaman verdad, justicia y reparación, y por otro lado, en el ámbito español no lo hacen”. Consideraba hace unas semanas este directivo de la asociación internacional, a preguntas de El Siglo, que la redacción de la ley presentada ante el Parlamento “tiene elementos muy parecidos a la Ley de Punto Final argentina, en el sentido de que el proyecto de ley, tal y como está, plantea que el Estado no tiene ninguna responsabilidad, ni patrimonial, ni en el resarcimiento de las víctimas, ni en promover sus derechos. Tiene esos síntomas de falta de respuesta y de obligaciones del Estado que tenía la Ley de Punto Final. Es una ley que no cierra las heridas. Una ley que oculta la identidad de los autores, que no da justicia a las víctimas, en la que, además no recibes toda la información sobre tus familiares en los archivos, lo que hace es cerrar en falso. Hemos alertado de que esta ley, además de ser mala no va a cerrar las heridas porque las víctimas y sus familiares no se van a conformar con una norma que no respeta ninguno de sus derechos”. Esteban Beltrán se mostraba tajante sobre la actitud que su organización piensa mantener ante este proyecto legislativo si no cambia sustancialmente durante su tramitación parlamentaria: “Si la ley se quedara en su actual redacción, plantearemos su retirada. Si se mantiene en estos términos puede terminar ante el Tribunal europeo de Derechos Humanos, que ya ha fallado en varias leyes de amnistía en contra de quienes buscan restringir el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia. Esperamos poder corregir este error histórico en el trámite parlamentario”.

Ante tanta oposición, y viendo como una de las iniciativas en materia social más publicitadas por el Gobierno podría morir antes de nacer, el Partido Socialista ha alcanzado un principio de acuerdo con Izquierda Unida. En el nuevo texto pactado desaparece la figura de la “comisión de notables” (cuatro personas que iban a dilucidar cada uno de los casos solicitados). También desaparece la protección antes establecida, que impedía conocer los nombres de los verdugos, los denunciantes y de todos aquéllos que hubieran intervenido en el procesamiento y condena de personas por razones de índole política, ideológica o confesional. La nueva redacción ahora pactada reconoce el carácter injusto de todas las condenas, sanciones y otras formas de violencia personal producidas por razones políticas o ideológicas, durante la Guerra Civil y durante la dictadura. Declara la ilegitimidad de los tribunales y otros órganos penales que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos ideológicos o políticos condenas o sanciones, dejando claro que son contrarios a Derecho, por lo que declara la ilegitimidad por vicios de forma y fondo de toda clase de tribunales especiales creados por la Junta militar durante la Guerra Civil, y por los gobiernos sucesivos durante la larga dictadura.

Esta “ilegitimidad” no llega a ser la “ilegalidad” exigida por los socios parlamentario del Partido Socialista, pero, a juicio de los dirigentes de Izquierda Unida, impulsores de este último acuerdo, se podría abrir la puerta a esa eventualidad. Gaspar Llamazares, coordinador general de Izquierda Unida, comenta que “no hay que olvidar que entre los aspectos fundamentales que hemos aprobado está la inclusión, a propuesta de IU, de dedicar un fiscal especial para las revisiones que permitan la nulidad de las sentencias. Como ya se ha señalado, una vez declarada la ilegitimidad de los tribunales, la propia fiscalía podrá impulsar de oficio la revisión correspondiente que permita anular todos los procesos del franquismo”.

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Diego López Garrido, también considera que el acuerdo alcanzado con Izquierda Unida es “un avance decisivo para que la Ley de la Memoria Histórica pueda ser tramitada, pueda ser aprobada y vea la luz en esta legislatura lo antes posible. Puede conseguir el amplio consenso, ya que incluye las pretensiones de los grupos parlamentarios con objeto de que, respetando el ordenamiento constitucional, haya una absoluta reparación de todas las personas que sufrieron persecución o violencia por razones ideológicas y políticas en la Guerra Civil y en la dictadura franquista”.

Sin embargo, desde el entorno del Gobierno español –no del Partido Socialista-, han surgido voces que contradicen la intención de Izquierda Unida de conseguir la nulidad jurídica de los juicios por esta vía de la declaración de “ilegitimidad”. Esto ha molestado al coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, que nos asegura que “parece que el Gobierno no se encuentra cómodo con el giro tan radical que hemos dado a la ley de memoria, y ahora pretende poner puertas al campo a una ley tan ambiciosa. No hay que olvidar que se trata de un acuerdo entre partidos y grupos parlamentarios y  no de éstos con el Gobierno. Vamos a negociar por conseguir y ampliar en todos los aspectos los beneficios de una ley que, tras los acuerdos alcanzados con el Grupo Socialista ha cambiado considerablemente, por mucho que no les guste a algunos sectores del Ejecutivo. Estamos ante una ley histórica; la primera que condena el franquismo y la primera que saca las consecuencias a través de la memoria con justicia y con reparación hacia las víctimas del franquismo”.

Por su parte, Esquerra Republicana de Catalunya, junto con IU, inicial impulsora del proyecto de ley, ya ha adelantado que los términos acordados le parecen insuficientes y que mantendrá su voto en contra durante la tramitación parlamentaria, a menos que se produzcan más cambios en la fase de enmiendas. Algo parecido parece que sucederá con los nacionalitas catalanes de Convergencia i Uniò. Sí parece más probable el consenso con el Partido Nacionalista Vasco y otras formaciones periféricas, como el Bloque Nacionalista Galego y Coalición Canaria, aunque ya han expresado su deseo de introducir enmiendas propias en el sentido de conseguir ampliar más derechos.

Para la totalidad de las asociaciones de defensa de los derechos humanos quedan muchos “asuntos pendientes”, como la obligatoriedad para el Estado de asumir la exhumación de los cadáveres de las fosas comunes, la responsabilidad civil subsidiaria en el caso de las indemnizaciones, la eliminación por ley de la simbología franquista, la creación de una Comisión de la Verdad y, sobre todo, la declaración de nulidad legal de los procesos del franquismo, a lo que continúa oponiéndose el Gobierno, alegando que se generaría una situación de “inseguridad jurídica”.

El consenso imposible

E l acuerdo al que han llegado el PSOE e IU es un acuerdo para derribar el pilar fundamental de la concordia y de la reconciliación de los españoles, la asunción compartida de los errores del pasado, que es lo que se enterró precisamente en el pasado. (…) PSOE e IU apuestan por la división, por la confrontación y por reabrir las heridas y, además, es la primera vez que se utiliza el Congreso de los Diputados para enfrentar a los españoles a cuenta del pasado”, declaraba hace dos semanas el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Eduardo Zaplana, dejando perfectamente claro que su partido no tiene la menor intención de sumarse al consenso que le reclaman insistentemente desde las filas socialistas.

Pese a su rotunda negativa, el PP hace esfuerzos por no aparecer como un partido heredero o defensor del franquismo. Por eso, Eduardo Zaplana, acusaba a Izquierda Unida y Partido Socialista de “querer hacer ver algo tan insólito y tan falso como que nosotros podemos estar defendiendo a uno de los bandos, y nada hay más lejos de esta posición, nada está más alejado de la verdad. (…) siempre hemos estado por la reconciliación de las víctimas, sin ningún tipo de distinción”. Incluso llegaba a imputar a las dos mayores formaciones de la izquierda española estar actuando “igual que el franquismo: identificar a buenos y malos. (…) Eso es propio de las dictaduras; cuando quieren enfrentar a unos y a otros, cuando creen que hay ciudadanos de primera y de segunda; buenos y malos, adeptos y enemigos, … pecan de los mismos vicios que la dictadura”.

Pero no sólo este acuerdo cuenta con la oposición frontal del principal partido de la derecha. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), uno de los principales impulsores iniciales de la ley, considera del todo insuficientes los cambios introducidos en la nueva redacción. Su portavoz en el Congreso, Joan Tardá, ya ha advertido que su formación no va a sumarse al acuerdo, a menos que se introduzcan nuevos cambios en la fase de enmiendas, porque “no reconoce jurídicamente la condición de víctima del franquismo, ni anula las sentencias de todos los tribunales políticos del franquismo”. Para Tardá, el argumento que desde el principio ha esgrimido el Partido Socialista para negarse a esta nulidad –la generación de una “inseguridad jurídica”-, es una “mera excusa”, ya que en Alemania sí se procedió a la anulación jurídica de todos los procesos del régimen nazi en 1998, y no se ha generado esta inseguridad aludida.

Tampoco parece que vaya a resultar sencillo que se sume al consenso Convergencia i Uniò (CiU). El portavoz de esta coalición en el congreso, Josep Antoni Duran i Lleida ha criticado el acuerdo PSOE-IU, dado que “tenía la sensación de que el Gobierno quería orientar la ley durante el proceso legislativo hacia posiciones más próximas a CiU y no a IU. (…) Me invitan a sumarme, pero yo no me sumo a un acuerdo entre PSOE e IU en materia de memoria histórica”.

El pacto también ha generado tensiones internas en la propia Izquierda Unida. El Partido Comunista de España, socio principal de la coalición de izquierdas, se ha desmarcado del acuerdo. El presidente de la Comisión Ejecutiva del PCE, Felipe Alcaraz, considera que, pese a los nuevos términos, la ley sigue “traicionando el espíritu” de lo reivindicado por su formación y que implica “un pacto de silencio, una amnistía tácita”. Javier Ruiz, responsable de la Secretaría de la Memoria del PCE, señala como un hecho positivo la voluntad de activar de nuevo la ley, “pero no a cualquier precio, y menos desde nuestro grupo parlamentario, sin previo aviso ni conocimiento por parte de sus colaboradores que, en definitiva, somos los que hacemos el trabajo en la calle (…) Nuestra propuesta no es sólo la de declarar injustas las sentencias, sino anularlas, reconociéndose así el carácter ilegal del régimen, por considerarlo como un periodo excepcional entre dos procesos democráticos, La II República y la democracia actual. (…) No creemos que el PSOE se haya movido en nada, y sí que el grupo de IU-ICV ha rebajado la intensidad de su discurso, que era el nuestro”.

En idéntica línea se han mostrado las organizaciones en defensa de los Derechos Humanos. Especialmente contundentes han sido en Human Rights Watch con respecto al Proyecto de Ley sobre las Víctimas del Franquismo y la Guerra Civil (Memoria Histórica). En referencia al hecho de que los procesos no sean anulados, aunque individualmente pueda recurrirse cada sentencia, Wilder Tyler, portavoz de Human Rights Watch, asegura que “la verdad privada no dignifica a nadie que fue humillado por una sentencia injusta. El Estado español no asume responsabilidad alguna por los crímenes atroces que se cometieron durante el franquismo y la Guerra Civil. Para que el proceso sea dignificante, tiene que haber un reconocimiento público. No basta un certificado de víctima debajo del brazo”. Para Tyler, que también dirige el departamento legal de esta organización humanitaria, lo que está aconteciendo con la tramitación de esta ley constituye “un pésimo ejemplo. España es un referente obligado para muchos países. Lo ha sido en el proceso democrático de la transición y lo va a ser en Colombia y en Filipinas, cuando, tarde o temprano, inicien procesos de reconciliación similares a éste. No entiendo por qué España no aplica dentro los mismos principios de justicia y reparación de víctimas que aplica fuera”.

Sin embargo, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica sí considera positivo el acuerdo alcanzado entre PSOE e IU. Aunque no cumple todas sus expectativas, desde esta organización se juzga positivo el hecho de que la nueva redacción califique las condenas de injustas y a los procesos de “ilegítimos”, ya que, para el presidente de esta asociación, Emilio Silva, se abre una vía “para la anulación de todos los juicios y sentencias” de la Guerra Civil y el franquismo. Instan al PP a que se sume y a que condene el franquismo “de una vez por todas, no por cuestiones ideológicas, sino por valores democráticos”. Aunque Silva también reclama que se incluya la garantía de ayudas públicas a las familias con desaparecidos, especialmente en la búsqueda de personas asesinadas y su exhumación e identificación: “El estado tiene que ser quien garantice un derecho que está dependiendo de un grupo de voluntarios”. Lo cierto es que los procesos de exhumación resultan muy costosos, y más aún la identificación de los cuerpos. La asociación presidida por silva ha llevado a cabo numerosas exhumaciones e identificaciones –se realizan mediante la prueba del ADN mitocondrial, una técnica muy precisa que permite identificar un cuerpo entre 3.000 millones, con una seguridad del 99,99 por ciento, pero con un coste por cada prueba cercano a los 3.000 euros-, pero, con las decenas de miles de personas que aún permanecen enterradas en cunetas y fosas comunes en toda la geografía española, la tarea resulta imposible para un grupo de particulares.

En el lado de quienes sí parecen dispuestos a sumarse al pacto, pese a matices expresados, o a la espera de algún nuevo cambio en la redacción final durante el trámite de enmiendas, se sitúan el Partido Nacionalista Vasco, coalición Canaria y el Bloque Nacionalista Galego, lo que implicaría una mayoría suficiente para sacar adelante la norma.

Los principales cambios en la ley

El acuerdo alcanzado entre PSOE e Izquierda Unida, pese a no contener todas las reivindicaciones planteadas desde la bancada de la izquierda parlamentaria y desde la mayoría de los escaños nacionalistas, sí introduce importantes transformaciones con respecto al texto entregado por el Gobierno al Parlamento. No se ha conseguido la declaración de nulidad de los procesos y las sentencias, aunque sí su “ilegitimidad”. Ya no existe la protección establecida en la entrega de documentaciones, para que no se conociese el nombre de los verdugos o los denunciantes. El Estado, eso sí, no asume la responsabilidad civil subsidiaria y, por tanto, no se hará cargo de indemnizaciones económicas. Otro de los puntos más criticados hace referencia a que no se asume tampoco, que el la Administración se ocupe de forma obligatoria de la localización, exhumación e identificación de los cadáveres, aunque sí se facilita con mayor facilidad el acceso a la documentación sobre cada caso, pero la iniciativa continúa siendo particular e individualizada.

Los cambios más relevantes del nuevo texto acordado quedan reflejados en varios artículos que incluimos a continuación:

Artículo 1. Objeto de la Ley

2. Mediante la presente ley, como política pública, se pretende el fomento de los valores y principios democráticos, facilitando el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecidos durante la Guerra Civil y la dictadura, y asegurando la preservación de los documentos relacionados con ese periodo histórico y depositados en archivos públicos.

Artículo 2. Reconocimiento general

1. Como expresión del derecho de todos los ciudadanos a la reparación moral y a la recuperación de la memoria personal y familiar, se reconoce y declara el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas o ideológicas, durante la Guerra civil, así como las sufridas por las mismas causas durante la dictadura.

Artículo 3. Declaración de reparación y reconocimiento personal

1. Se declara la ilegitimidad de los tribunales y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos ideológicos o políticos condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones.

2. Por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo, se declara en todo caso la ilegitimidad, por vicios de forma y fondo, del Tribunal de Represión de la Masonería y el comunismo, los Tribunales de Responsabilidades Políticas de la Junta de Defensa Nacional, de la Junta Técnica del Estado y el Gobierno, y el Tribunal de Orden Público, así como todos los Consejos de Guerra realizados por motivos ideológicos o políticos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la presente ley.

3. Igualmente se declaran ilegítimas las condenas y sanciones dictadas por motivos ideológicos o políticos por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el reestablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución.

4. Se reconoce el derecho a obtener una Declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil y la dictadura padecieron los efectos de las resoluciones a que se refieren los apartados anteriores. Este derecho es plenamente compatible con los demás derechos y medidas reparadoras reconocidas en normas anteriores, así como con el ejercicio de las acciones a que hubiere lugar ante los tribunales de justicia.

Artículo 4. Tramitación y efectos de la Declaración

1. Tendrá derecho a solicitar la Declaración las personas afectadas y, en su defecto, su cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, sus ascendientes, sus descendientes y sus colaterales hasta el segundo grado.

2. Asimismo, podrán solicitar la Declaración las instituciones públicas, previo acuerdo de su órgano colegiado de gobierno, respecto de quienes, careciendo de cónyuge o de los familiares mencionados en el apartado anterior, hubiesen desempeñado cargo o actividad relevante en las mismas.

4. Las personas o instituciones previstas en los apartados anteriores podrán interesar del Ministerio de Justicia la expedición de la Declaración. A tal fin, podrán aportar toda la documentación que sobre los hechos o el procedimiento obre en su poder, así como todos aquellos antecedentes que se consideren oportunos.

5. La Declaración a que se refiere esta ley será compatible con cualquier otra fórmula de reparación prevista en el ordenamiento jurídico y no constituirá título para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración Pública, ni dará lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional. El Ministerio de Justicia denegará la expedición de la Declaración cuando no se ajuste a esta ley.