Sí a Caldera, no a Solbes

Por Joan Tardà i Coma*

AIguien podrá haberse escandalizado al leer el título del artículo. Nada más lejos de la realidad querer faltar al titular español de Economía, el entrañable Pedro Solbes, con quien en más de una ocasión hemos conversado en catalán –lengua que entiende perfectamente y también la habla–, sino dejar clara nuestra oposición a su política y concepción neoliberal de la economía. El pasado año, el ministro Solbes optó por cerrar con CiU y los lobbies que éstos representan la reforma fiscal y un conjunto de medidas contra el fraude fiscal. Con ello, además de contribuir a armar las potencialidades de un futuro pacto con el nacionalismo catalán conservador ya labrado en el acuerdo estatutario Mas-Zapatero, consiguió que reclamar un incremento de la progresividad y de la equidad del sistema de impuestos, así como una acción decidida y rotunda contra el fraude fiscal fuera percibido como una estridencia izquierdista.

No parece de recibo atribuir a radicalidades republicanas reivindicar la superación del carácter dual del funcionamiento del IRPF en el Estado español, que penaliza las rentas del trabajo frente a las del capital y del ahorro o criticar el desaprovechamiento de la misma reforma del Impuesto de Sociedades para dar un verdadero impulso a la pequeña y mediana empresa. Y otra: que cayeran de la ley las desgravaciones fiscales a los que optasen por el alquiler de pisos, opción defendida a capa y espada por Esquerra y que se desestimó pese a figurar en diversas propuestas del propio PSOE.

Paralelamente, el ministro Caldera presentaba una ley, tal vez el texto legislativo icono de esta legislatura, trabajado, discutido y aprobado conjuntamente con Esquerra Republicana e Izquierda Unida. Una ley que consagraba un nuevo derecho subjetivo: el de recibir prestación o servicio por causa de falta de autonomía personal que no es otra que la denominada Ley de Atención a la Dependencia. Una ley que da preeminencia al sistema público y que por primera vez compromete a la Administración General del Estado a aportar financiación para que las administraciones locales y autonómicas puedan contribuir decisivamente a desplegarla. Una tarea ambiciosa y valiente pero nada fácil. De hecho, ya en estos días nos hallamos ante la necesidad de que se incremente la aportación para el inicio del proceso a fin y efecto de que el despliegue del sistema no sólo no ahogue a las Comunidades Autónomas, sino que se pueda dar respuesta real a las expectativas generadas.

Y cuando todavía andamos en estos berenjenales, va y se nos cae encima, puesto que será debatida en las próximas semanas en el Congreso, una reforma de la Seguridad Social que bien podemos calificar en algunos aspectos de regresiva. Regresiva e incomprensible, atendiendo a la coyuntura y al ciclo económico que vivimos. Si, como presume Solbes, el Estado ha tenido superávit, si la hucha está llena, ¿por qué no se puede ser mínimamente ambiciosos en una reforma de la Ley de la Seguridad Social y en la aplicación de la Ley de Atención a las Personas con Dependencia que ayudará a una buena parte de los más necesitados de
nuestra sociedad?

¿Cómo puede entenderse que la reforma de la Seguridad Social incremente la carencia para el acceso a la jubilación, excluya a determinados colectivos del acceso a las pensiones de viudedad o limite el acceso a prestaciones de incapacidad a determinados trabajadores?

Uno lamenta, especialmente porque la reforma trae consigo el aval inicial de los agentes sociales, que toda ella esté impregnada de una cierta visión del trabajador como un potencial pícaro, pero debería entenderse que corresponde al Parlamento su corrección y mejora.

Por todo ello, el ministro Caldera debería ejercer como lo que dice ser y corregir el rumbo de quien se está llevando el gato al agua y que nos está alejando del modelo de Estado del Bienestar que promulga y debería promover la socialdemocracia. El ministro de Trabajo sabe que ahí nos encontrará porque desde Esquerra Republicana, en términos políticos, decimos sin ambages sí a Caldera, no a Solbes.

*Portavoz del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso