Luz en los partidos, sombras para la Iglesia
y el Rey

A partir del próximo uno de enero, cuando previsiblemente entre en vigor la nueva ley de financiación de los partidos políticos, sólo disfrutaran de la opacidad la Iglesia y la Casa Real; la primera, parcial, y la segunda, total. El proyecto será  aprobado esta semana por el Congreso de los Diputados y pasará al Senado, que aportará su impronta antes de que entre en vigor. Las elecciones municipales de mayo de 2007 serán, pues, las últimas que se celebren con la vieja ley que ampara amplias sombras en la financiación en lo que a las donaciones privadas y al control de los gastos partidarios se refiere.

Con la Iglesia se dio un paso adelante a partir de las conversaciones entre vicepresidentes: la del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, y el de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Antonio Cañizares. Este año la Iglesia aportará cuentas en una memoria anual donde se detallará  la aplicación de lo recibido de los contribuyentes. A cambio, Cañizares consiguió que se elevara la cantidad que los ciudadanos pueden aportar al cepillo eclesial poniendo una crucecita en su declaración de la renta. La Iglesia tendrá que pagar el IVA, tal como venía reclamando insistentemente la Comisión Europea pues la española es la única Iglesia con bula en este impuesto que es el maná de la Unión Europea. En cambio, la Iglesia española sigue librándose del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y, por tanto, del pago de un abultado óbolo, pues es uno de los mayores propietarios de fincas urbanas.

Sin embargo, no hay quien mire las cuentas del Rey. Todo lo que dice la Constitución sobre ello está  recogido en el artículo 65.1: “El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma”. Su Majestad lo interpreta no sólo como el derecho, que le asiste, de disponer de la cantidad asignada con libertad, sino también, y eso es mas discutible al tratarse de un órgano del Estado, de no informar sobre cómo se lo gasta. En todo caso, la Constitución no le prohíbe informar libremente sobre ello. Es ésta una excepción flagrante en los diez reinos europeos que sobreviven y un paso atrás en la tradición de la monarquía constitucional española desde Isabel II hasta Alfonso XIII.

Volviendo al proyecto sobre la financiación de los partidos es excesivo que éstos presuman de ejemplaridad; más bien resulta sonrojante que esta pieza básica del sistema siga siendo un problema a estas alturas de la democracia, especialmente en lo que se refiere a la transparencia de las donaciones privadas y al control del gasto en los partidos. Todo ello cambiará con la nueva ley, a la que sólo se opone el Partido Popular por razones obvias, pues la derecha es la más beneficiada por las donaciones privadas.

En los próximos comicios regirá, pues, una nueva norma que sigue admitiendo la financiación privada pero que pone un límite a las donaciones y prohíbe las aportaciones anónimas, una vía que sorprende se haya mantenido hasta ahora. Quien desee hacer una buena obra tendrá que formalizarla en una cuenta abierta por el partido beneficiado a tal fin. El límite autorizado es de 100.000 euros anuales, que podrá elevarse hasta los 150.000 si la donación se remite a las fundaciones que ahora hacen furor en los partidos y que en el PP –la FAES– es el verdadero partido.

Los donantes podrán disfrutar de ventajas fiscales, bien acogiéndose a las deducciones previstas en la Ley de Mecenazgo o bien desgravándose en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (el IRPF). Los partidos quedarán exentos de tributar en concepto de Impuesto de Sociedades por las cuotas de los afiliados, las subvenciones, las donaciones, los rendimientos de bienes patrimoniales y de los negocios propios, aunque deberán pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los edificios de su propiedad.

La ley establece el aumento de las subvenciones estatales en un 20 por ciento –en concepto de gastos de seguridad y funcionamiento–, lo que las sitúa en 78 millones de euros para el próximo ejercicio. Por otro lado se refuerzan los controles: los partidos podrán renegociar sus créditos pero deberán informar al Banco de España y al Tribunal de Cuentas; tienen la obligación de detallar su situación financiera y patrimonial y presentar al Tribunal de Cuentas el registro anual de cada ejercicio económico. Este tribunal emitirá un juicio anual y propondrá sanciones si detecta irregularidades que los partidos podrán recurrir al Tribunal Supremo.

  José García Abad