Pacto IU-PSOE sobre el proyecto de Memoria Histórica

Pocos apostaban ya por la posibilidad de que el Ejecutivo fuese capaz de sacar adelante su controvertido proyecto de Ley para el resarcimiento de las víctimas de la represión del franquismo durante esta legislatura. Sólo el PP había mostrado una oposición frontal al concepto, pero los socios gubernamentales de la bancada de la izquierda y los nacionalistas consideraban insuficientes las medidas contempladas en el texto presentado ante el Parlamento. Cuando todo apuntaba a que dormiría el sueño de los justos, esperando mejor ocasión, una propuesta de Izquierda Unida ha conseguido reactivarlo, y dar ocasión al Gabinete de poner en pie una de sus propuestas más publicitadas.

Por P. A. N.

S e declara la ilegitimidad de los tribunales y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que,
durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos ideológicos o políticos condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones. (...) Por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo, se declara de todo caso la ilegitimidad, por vicios de forma y fondo, del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, los Tribunales de Responsabilidades Políticas de la Junta de Defensa Nacional, de la Junta Técnica Del Estado y el Gobierno, y el Tribunal de Orden Público, así como todos los Consejos de Guerra realizados por motivos ideológicos o políticos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la presente ley". Así rezan el punto 1 y 2 del artículo Tercero de la Ley de Memoria Histórica en la redacción acordada por el Partido Socialista e Izquierda Unida el pasado 19 de abril.

El controvertido proyecto de ley ha atravesado por innumerables vicisitudes, desde la oposición frontal del Partido Popular –siempre reacio a cualquier clase cie cuestionamiento o condena del sanguinario régimen dictatorial del general Franco-, a las reservas de todo tipo expresadas por los partidos de la izquierda parlamentaria y nacionalistas, y hasta las duras críticas vertidas por organizaciones del prestigio internacional de Amnistía Internacional o Human Rights Watch, que consideraban el texto presentado ante el Parlamento español como una reedición de la "Ley de Punto Final" argentina que, en la práctica, eximía de responsabilidades a los responsables de la represión, torturas y asesinatos en la gran nación del Cono Sur.
Cuando todo parecía indicar que el Gobierno, consciente de la oposición a aceptar su texto por parte de todos los grupos parlamentarios que le han venido brindando su apoyo durante esta legislatura, no haría ningún esfuerzo por llevarlo a trámite en el Congreso, para evitar su primera derrota, una propuesta efectuada por Izquierda Unida el pasado jueves, desbloqueaba el emblemático proyecto del Ejecutivo.

El acuerdo finalmente alcanzado entre socialistas y uno de sus socios más relevantes de esta legislatura ha dado lugar a una redacción más próxima a las pretensiones originales de la coalición de izquierdas que al proyecto de ley entregado por el Gabinete, aunque IU es consciente de no haber alcanzado todos sus objetivos.

Finalmente, se modifican muchas de las cuestiones que justificaban el rechazo de la izquierda, los nacionalistas y las organiza iones internacionales en defensa de los Derechos Humanos. Por ejemplo, y muy importante, se termina con la impunidad de los verdugos del franquismo, y ya no se protege su identidad, que sí puede ser conocida en los expedientes solicitados por familiares o representantes de los represaliados. Desaparece el cuestionado Comité de Notables, en principio, encargados de dilucidar las reclamaciones y, aunque no se ha conseguidola proclamación de ilegalidad de los procesos franquistas de todo tipo, sí se reconoce su ilegitimidad y se los califica –como puede leerse literalmente en su contenido expresado al principio- de "contrarios a Derecho", lo que, de facto, abre la vía en toda clase de tribunales (y no sólo en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, que venía denegando sistemáticamente las reclamaciones).

Izquierda Unida se muestra especialmente orgullosa, y así lo expresa su coordinador general, Gaspar Llamazares, de haber arrancado de los gobernantes socialistas, que del texto original se eliminen las expresiones que igualaban a las víctimas del bando republicano con las del franquismo y, especialmente, que en el preámbulo de la ley se haga una condena expresa del régimen franquista, lo que permitirá que el Parlamento, por primera vez en la historia, pueda expresar una censura de esa dictadura mediante una ley que, además, establece la obligación de las instituciones de fomentar el conocimiento y condena de lo acontecido y a promocionar los valores democráticos.

En el zurrón de IU se han quedado otras reivindicaciones, como el papel del Estado en la búsqueda de fosas y en la inhumación de las víctimas, o el reconocimiento directo de la "ilegalidad", que no ilegitimidad de los procesos franquistas, pero con su iniciativa ha conseguido reactivar un proyecto que prometía dar muchos quebraderos de cabeza al Gobierno, y que ahora podría abrir la puerta a que se sumasen a este acuerdo otras fuerzas del nacionalismo moderado, como el Partido Nacionalista Vasco, Convergencia i Unió, o hasta otras fuerzas como la Chunta Aragonesista, Eusko Alkartasuna, Bloque Nacionalista Galego o Nafarroa Bai.

Lo que sí está claro es que, en estas circunstancias, quien no se va a sumar a este acuerdo es Esquerra Republicana de Catalunya. Para este partido, pese a reconocer los avances con respecto al texto inicial entregado por el Gobierno al Parlamento, la nueva redacción pactada entre Izquierda Unida y Partido Socialista aún no alcanza los mínimos exigidos según su criterio. El portavoz parlamentario de esta formación en el Congreso, Joan Tardá, asegura que "nosotros no sólo no nos sumamos, sino que decimos de forma categórica que no vamos a legitimar una ley que no reconozca la condición de víctimas, ni una ley que no repare a los represaliados ni que no establezca directamente la anulación jurídica de las causas". Para el parlamentario republicano, el texto acordado "no se acoge a lo que el resto de las democracias que han pasado por un periodo dictatorial previo han hecho para ajustarse al derecho internacional y constituirse en democracias modernas". El partido republicano catalán anuncia la presentación de múltiples enmiendas que, en caso de no ser atendidas, provocarán su voto negativo. En caso contrario, ni siquiera contemplan la opción de abstenerse en el trámite parlamentario. Su voto, de seguir así las cosas, sería negativo.

En el Partido Socialista, al igual que en IU, se expresa la satisfacción por el acuerdo alcanzado. El portavoz parlamentario del Grupo Socialista en el Congreso, Diego López Garrido expresaba su esperanza en lo que considera "un avance decisivo para que la Ley de Memoria Histórica pueda ser tramitada, aprobada, y vea la luz en esta legislatura lo antes posible", mientras que para Gaspar Llamazares se abre una vía para reclamar "la nulidad jurídica de esos procesos ante los tribunales de justicia.

Por fin una ley que condena abiertamente el franquismo y lo deja fuera de la ley, pero que no ha conseguido que el Estado asuma la responsabilidad de la reparación física a los afectados, como consta explícitamente en el nuevo artículo 4, que deja bien claro que "no constituirá título para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración Pública, ni dará lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica y profesional", quedando este apartado prácticamente como estaba. Uno de los más criticados en el informe de Amnistía Internacional.