A más secretismo, más republicanismo

Por Joan Tardà i Coma*

La Mesa del Congreso de los Diputados, presidida por Manuel Marín, ha rechazado esta semana la admisión de una iniciativa del Grupo parlamentario de Esquerra que pretendía llevar al Pleno del Parlamento español el debate sobre las finanzas de la Casa Real. No se perseguía dilucidar legalidades ni cuestionar legitimidades, tan sólo superar la opacidad, en tanto en cuanto se instaba al Gobierno a presentar cada año la liquidación de las partidas presupuestarias destinadas a la institución monárquica. Como cualquier otra partida contemplada en los Presupuestos Generales del Estado. Ni más ni menos.

Paralelamente, con la voluntad de dotar a los miembros de la cámara de la suficiente información para enriquecer el debate, se presentaron 100 preguntas al Gobierno sobre diversos ámbitos –la mayoría de carácter económico– de las actividades del mismo Rey y de los miembros de su familia relacionadas con las responsabilidades institucionales. Todas ellas también fueron rechazas en bloque. Las cien. No se aceptó ni una.

Nos hallamos ante un hecho de una mayor trascendencia política de la que pudiera parecer a simple vista. Más allá de la débil apelación a la Constitución como argumento para el rechazo, se denota una actitud defensiva, de trinchera, que incluso despertará mayores inquietudes y curiosidades. Flaco favor a la modernidad del mismo texto constitucional en la medida que la exigencia de transparencia no tiene porqué conllevar cuestionar lo que reza elártículo 56.3, es decir la inviolabilidad del Rey, ajeno a responsabilidades. En nuestra monarquía parlamentaria los actos del monarca son refrendados por el Gobierno, que asume su responsabilidad en tanto en cuanto, ya se ha dicho, que los refrenda. Por ello, es al gobierno a quien se pretendía instar con la iniciativa parlamentaria y a quien iban dirigidas las preguntas.
Sin lugar a dudas, un sinsentido. Máxime en la sociedad actual en la exigencia que la intensificación de la radicalidad democrática de las instituciones a fin y efecto de hacerlas más eficientes y diáfanas, se co-
rresponde con los incrementos del nivel cultural, de la capacidad crítica y del dominio de nuevas formas de comunicación por parte de la ciudadanía.

No parece, pues, demasiado inteligente el enroque protagonizado por la Mesa del Congreso. Posiblemente, han protagonizado un mal servicio a la institución a la que proteger. Luego, existe alguien a quien proteger? ¿De qué? ¿Ante quién? ¿Acaso hay algo que esconder?

El debate, tarde o temprano, inexorablemente se llevará a cabo. De hecho, incluso un buen número de diputados socialistas y alguno de CiU, grupos que conjuntamente con el PP tomaron la decisión, así lo reconocen en privado. La única monarquía europea que no tiene fiscalización alguna de lo que hace con el dinero público que se le asigna cada año es la española.

Esquerra, si no hay rectificación –y ello lo podremos comprobar dentro de unos días ya que hemos vuelto a presentar el paquete de iniciativas– llevará la cuestión al Tribunal Constitucional. Por un lado cabe contemplar la interpretación consitucional también en los nuevos contextos, los actuales, alejados de los de 1978. Por otro, ya es hora que se plantee si los representantes de la soberanía popular deben estar limitados hasta tal punto en su acción parlamentaria.

El periodista Joan Barril desde El Periódico de Catalunya decía en referencia a lo ocurrido: "No hablar de las cosas no significa defenderlas. Es dejarlas desprotegidas". Pues bien, los que han tomado la decisión deberían tener presente que los republicanos confesos, y posiblemente centenares de miles de ciudadanos que lo son sin saberlo, lo subscribimos. Deberían tomar nota. Luego, aunque solamente fuese por esta razón, deberían reflexionar y rectificar. Aún están a tiempo.

*Portavoz del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso