ERC presenta una iniciativa para conocer los gastos de la Casa Real

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) presentaba el pasado 13 de abril ante la Mesa del Congreso una Proposición No de Ley (PNL) para que el Gobierno presente ante el Parlamento la liquidación pormenorizada de la asignación presupuestaria otorgada por el Estado a la Familia Real. Lo novedoso consiste en la fórmula, que conllevaría una discusión monográfica en Plenario sobre esta delicada cuestión. Algo que, hasta la fecha no ha conseguido ningún grupo parlamentario que lo haya intentado, que siempre ha visto rechazadas sus preguntas al respecto por las Mesas del Congreso y del Senado, o sus enmiendas derrotadas en el trámite de los Presupuestos Generales. Es la información más indescifrable, ya que no dispone de ella ni la Comisión de Secretos Oficiales.

Por Pedro Antonio Navarro

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar, en el primer trimestre del año natural, ante el Congreso de los diputados, la liquidación presupuestaria pormenorizada del ejercicio anterior relativa a la Jefatura del Estado y la Casa Real, así como de todas aquellas otras partidas ministeriales que se aportan para el buen funcionamiento de las actividades del rey, de los miembros de su familia, así como para el mantenimiento del Patrimonio Nacional puesto a su servicio". Así de escueto es el texto de la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ante la Mesa del Congreso el pasado 13 de abril, y firmado por su portavoz parlamentario, Joan Tarda.

Sin embargo, esas escasas líneas encierran un propósito casi revolucionario, si atendemos a la práctica constante sobre esta cuestión durante toda la vida democrática de nuestro país desde el final de la dictadura franquista. Desde las elecciones generales de 1977, ningún Gobierno español ha especificado ni pormenorizado las asignaciones dinerarias ni en especie con que se dota a la Familia Real año tras año, a través de los Presupuestos Generales del Estado o a través de otras partidas ministeriales. Un tabú que no ha podido ser roto mediante las múltiples y anuales enmiendas que cada año presentan grupos, como, por ejemplo, el de Izquierda Unida, durante la discusión de los Presupuestos del Estado, en el sentido de que queden especificadas las partidas y sus destinatarios, es decir, cuánto corresponde a cada miembro de la Familia Real, cuánto al mantenimiento de las Casas (la del rey y la del príncipe), cuánto al pago de los funcionarios a su servicio, qué cantidades se em plean en gastos de protocolo, viajes u otro, conceptos.

Igual o peor suerte han corrido iniciativas de diversos diputados y senadores durante estos años, en forma de preguntas dirigidas al Gobierno, que ni siquiera han sido admitidas a trámite por las Mesas de sus respectivas Cámaras. Este oscurantismo, unido a figuras de difícil encaje democrático que se hallan en nuestra Carta Magna, como el Artículo 56.3, que establece la inviolabilidad de la persona del monarca y su exención absoluta de cualquier tipo de responsabilidad penal –es decir, que no puede ser juzgado ni sentenciado, aún en el improbable caso de ser sorprendido in fraganti en la comisión de un delito tipificado en nuestro Código Penal-, contrasta con la transparencia con que se aborda la financiación de otras monarquías de la Unión Europea, perfectamente controladas en sus gastos por sus respectivos parlamentos. En nuestro país, actualmente, la partida recogida en los Presupuestos Generales es única, y queda a total discreción de la Corona su reparto, al igual que las asignaciones provenientes de los ministerios y de la gestión del Patrimonio Nacional para uso y disfrute exclusivo de la Familia Real.

La necesaria y exigible transparencia sobre dineros públicos evitaría, entre otras cosas, asuntos tan desagradables como los bulos que están circulando estos días por Internet, acerca de la supuesta asignación a miembros de la familia de la princesa de Asturias, Leticia Ortiz –la intoxicación, en forma de correo electrónico, asegura una asignación de 8.500 euros mensuales a la fallecida hermana de la princesa, Erica, según constaría en una supuesta sección 153.3.4., que sabemos que es inexistente, ya que no existe pormenorización de las partidas-.

En cuanto a la PNL propuesta por ERC, conlleva la novedad de que, en caso de ser admitida por la Mesa del Congreso -lo que está aún por ver-, implicaría que la cuestión debería debatirse en un pleno monográfico del Parlamento en el próximo periodo de sesiones, aproximadamente dentro de dos o tres meses. Sería la primera vez en la historia de nuestra joven democracia que sus señorías podrían debatir este espinoso asunto en exclusiva. •

Joan Tardà, portavoz de ERC en el Congreso

"TARDE 0 TEMPRANO HABRÁ QUE DEBATIR
SOBRE LA MONARQUÍA"

Por P A. N.

¿Cuál es la motivación de su Proposición No de Ley?
—Después de tantos años de democracia ha llegado el momento de poder debatir sin tabúes y sin complejos aquellos aspectos que, por una razón u otra, se ha considerado que no tocaba plantearlos. Son debates que no se han silenciado del todo. Para nosotros es sólo un primer paso. Tarde o temprano habrá que debatir aspectos que giran alrededor de temas de gran calado con respecto a la monarquía. Esto tendrá lugar –al menos, el debate ideológico-, por ejemplo, el día que se abra la discusión de las reformas constitucionales, donde los grupos republicanos puedan plantear cuáles son los sujetos de soberanía y poder introducir elementos de la configuración de la forma del Estado. Esto, en las coordenadas actuales no toca.

— Entonces se limitan al control presupuestario de la Casa Real.
—Hay otro debate que hay que iniciar, que es el de la fiscalidad de la Corona. Pero no se puede abordar si, previamente, no se tiene información. Ahora vamos a emprender una iniciativa para disponer de ella. En la medida que ésta se consiga, entonces podremos abordar la segunda fase, sobre fiscalidad y Corona. Pero ni se ha roto el tabú, ni el Congreso dispone de estos datos, por lo que andamos a ciegas. Para evidenciar que lo que decimos no es una tontería, incluimos en la exposición de motivos un ejemplo, decimos que cuando los diputados y diputadas, incluidos los de ERC, han dirigido preguntas al Gobierno sobre actuaciones del monarca, ha habido problemas. Cuando preguntamos sobre la cacería de osos del rey en Rumania, éstas no fueron tramitadas.

—Hasta la fecha, cada iniciativa similar ha sido rechazada por la Mesa del Congreso.
—Hasta qué punto algo tan elemental como lo que pedimos en esta PNL adquiere una connotación tan delicada. En primer lugar deseamos que sea posible en el Pleno del Congreso de los Diputados, derrtro de dos o tres meses, que pongamos a debate algo tan elemental como que el Gobierno presente ante la Cámara la liquidación presupuestaria pormenorizada de todas las partidas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado destinadas a la Casa Real, y de todos aquellos ministerios que aportan dineros para la misma, y también del Patrimonio Nacional que está a disposición de la Casa Real. Así, el Parlamento tendría toda la información que es imprescindible poseer para pasar a un segundo nivel. Por ejemplo, para poder plantear si corresponde o no a los miembros de la Casa Real pagar impuestos. Si deben pagar, ¿cuáles?, ¿en concepto de qué? Pero ahora esto es imposible porque todavía estamos en el escenario en el que nadie sabe nada. Solamente, lo que se hace es asignar las partidas en bloque, para que luego el rey lo distribuya. La Constitución Española no dice nada para justificar esta actitud. Entendemos que, por desarrollo de los valores democráticos, cuanta más información, mejor, y cuanto más transparente sea la actuación de personas que, por su singularidad, adquieren una capacidad de referente, más positivo resulta para todos.

—¿Está en el fondo el cuestionamiento de la monarquía?
—Nuestra propuesta corresponde a una voluntad progresiva de ir acercándonos al debate final. Es difícil que desde posiciones progresistas se pueda contraargumentar nuestra demanda. Pero todavía puede haber otro problema que denotaría la dificultad enorme de esto: que, incluso, esta PNL no fuera debatida, con lo que estaríamos ante un atropello. Nuestro grupo va a presentar un debate en el próximo periodo de sesiones que no había sucedido en toda la historia de la democracia tras el fin de la dictadura.

—Con esta iniciativa, ¿están ejerciendo su republicanismo?
—Presentamos esta PNL el 13 de abril, no por casualidad; es una buena manera de celebrar la República, en la medida que creemos que fomentamos los valores republicanos de la igualdad. Hay que socializar el debate en la sociedad española. Estamos también trabajando una batería de unas 80 preguntas –a ver si podemos llegar a las cien-, dirigidas a disponer de la información que deberíamos tener para hacer más rico aún el debate. En una monarquía parlamentaria, la actividad del rey ha de estar refrendada por el Gobierno. El Gobierno está sujeto al Parlamento, pero hasta la Comisión de Secretos Oficiales desconoce esta información.

—¿Con qué apoyos parlamentarios cuentan?
—Esperamos contar con el apoyo de las izquierdas. Si hubiéramos ido más allá, casi no contaríamos con ningún apoyo, pero somos conscientes de que hay que poner el primer peldaño, que consiste en transparencia y la superación de la opacidad. No cuestionamos ninguna legitimidad, ninguna legalidad.

—¿Se trata de un primer paso para proponer un Estado republicano?
—Hemos encargado a diversos expertos y profesores universitarios dictámenes sobre la reforma constitucional para el día que se abra el melón. Pero nosotros no vamos a plantear en una primera fase de la reforma constitucional el tema de la Monarquía o la República. No entra estratégicamente a corto ni medio plazo el cuestionamiento de la monarquía. Estamos enfocando la reforma de la Constitución en la discusión de dónde recae el sujeto de soberanía, si en el pueblo español, o en los distintos pueblos del Estado español.

— A qué se debe tanto oscurantismo con nuestra monarquía?
—Nos tenemos que remitir a la reinstauración de este modelo de Estado. Una monarquía reinstaurada por el dictador; unos Principios Fundamentales del Movimiento jurados por el entonces príncipe; una coronación el 22 de noviembre de 1975, y una sanción, que no juramento, de la Constitución de 1978, puesto que el rey no podía cometer perjurio, y ya había jurado los Principios del Movimiento. Una de las razones por las que ERC no votó la Constitución Española, es porque no se dio opción a la ciudadanía del Estado español sobre si se podía dar legalidad a la legitimidad constitucional republicana, o bien, teníamos que aceptar en un mismo pack Constitución y monarquía. Siempre hemos negado la legitimidad del régimen monárquico, en la medida que no hubo posibilidad de elección a los ciudadanos sobre la legalidad republicana abortada por las armas o la reinstauración monárquica. Este pecado original ha sido lo que ha debilitado –más allá de generar malas conciencias- a la misma institución que sabe que tiene unos orígenes perversos, que se basan en el juramento de fidelidad a los principios fascistas. Creo que esto genera una debilidad que solamente se ha podido ir disimulando, en la medida que el "juancarlismo", más allá de la monarquía, se ha ido aposentando gracias, incluso, a la personalidad de Juan Carlos de Borbón y, sobre todo, por el pacto de silencio que ha habido entre la clase política, los medios de comunicación y una parte importante de la intelectualidad española.