La reforma universitaria entra en vigor

Tres años y dos ministras de Educación después, y con la única oposición del PP, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha conseguido sacar adelante definitivamente la reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), proporcionando más libertad de decisión a los centros y dejando como gran cuestión pendiente el nuevo sistema de financiación. Aprobada en 2001 con el apoyo de CiU y Coalición Canaria, fue una de las primeras decisiones del gabinete de José María Aznar en suscitar un amplio rechazo social y sacar a la gente a la calle. ZP se había comprometido a modificarla si alcanzaba el poder, pero la falta de cintura política de la antigua ministra, María Jesús San Segundo, más preocupada por la enseñanza secundaria, retrasó la reforma, la enfrentó con los rectores y provocó su relevo en el Ministerio por Mercedes Cabrera.

Por Manuel Capilla

El presidente de la Confederación de Rectores Universitarios de España (CRUE), Juan Antonio Vázquez, no duda en expresar su "satisfacción" ante una reforma que el colectivo por él presidido había defendido desde 2001, pero subraya que ésta es de "carácter limitado, aunque elimina algunos de los puntos que más habíamos criticado e incorpora posiciones defendidas por la CRUE, principalmente en lo relativo a la devolución de más autonomía a las universidades".

Este espacio de libertad es, precisamente, el principio inspirador de la reforma y la principal herramienta para la "adecuación de las universidades españolas al Espacio Europeo de Educación Superior", según explica Vázquez, el cual entrará en vigor en 2010 y unificará todas las titulaciones del continente. En este contexto, que favorecerá la movilidad, a las universidades no les quedará más remedio que especializarse para captar los mejores estudiantes y profesores, y así poder sobrevivir en un ámbito en el que tendrán que competir con los mejores centros de Europa.

Con el objeto de alcanzar ese grado de especialización y, sobre todo, de excelencia a través de la libre competencia, la principal innnovación que se ha introducido es el nuevo sistema de elección del profesorado, el punto más controvertido por suponer una verdadera derogación del instaurado en su día por el Partido Popular. En el texto aprobado en 2001 se creaba la prueba de habilitación nacional, en la que un tribunal parecido al de una oposición dictaminaría qué candidatos se harían con cada una de las plazas en función de las que cada universidad sacase a concurso. Criticada duramente por los rectores por ser, entre otras cosas, muy costosa, el Gobierno ha sustituido la habilitación por un sistema de acreditación de méritos sin necesidad de pasar un examen presencial. Mediante el currículum y la documentación presentada por cada uno de los candidatos, una comisión de expertos de ámbito nacional será la encargada de dictaminar la idoneidad de aquéllos para aspirar a presentarse a las pruebas que cada una de las universidades imponga libremente para cubrir sus plazas. Es decir, las universidades podrán elegir a sus profesores sin ningún tipo de intermediación.

A pesar de que desde las filas del PP se ha argumentado que este sistema de elección del profesorado favorecerá la endogamia y los peores vicios de los claustros universitarios, la argumentación de la ministra para defenderlo se basa, precisamente, en confiar en el comportamiento de los centros. Según Cabrera, desde el momento en el que el abanico de posibilidades para el profesorado se abre enormemente, gracias al Espacio Europeo de Educación Superior, si los departamentos y las facultades no optan por renovarse y ensanchar sus miras, quedarán obsoletos y relegados.

La misma lógica cabe aplicar a los alumnos. Teniendo en cuenta que a partir de 2010 los títulos expedidos por cualquier universidad extranjera estarán homologados en España, las universidades deberán terminar con la enorme fragmentación y descoordinación de la oferta académica que existe actualmente, con el fin de poder atraer a los mejores alumnos, no sólo del territorio nacional sino de Europa.

Durante los últimos años, más del 60 por ciento de las 2.200 titulaciones que se imparten en nuestro país contaban con menos de 125 estudiantes nuevos cada año, la cifra que históricamente se ha tenido en cuenta para decidir si una carrera era viable. Aunque durante los últimos años, debido a la caída demográfica, se abogaba por bajar ese listón a los 70, muchas carreras no alcanzan ese mínimo. Por tanto, el panorama en el que las universidades intentan abarcar la mayor oferta posible, dará paso a un número de titulaciones mucho más reducido en cada centro, pero, en teoría, de mayor calidad.

Como la especialización dará lugar también a un mayor desplazamiento del alumnado desde su ciudad hasta la universidad que imparta el título que desea obtener, el Gobierno ha introducido un replanteamiento de los criterios empleados a la hora de otorgar las becas. El objetivo es afinar mucho más en lo relativo al contexto socioeconómico de cada caso particular, atendiendo, por ejemplo, al nivel de vida del lugar en el que resida o al estatus laboral de sus padres. De esta forma se han atendido las peticiones de Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya, que comprometieron su apoyo a la norma si ésta reconocía en materia de becas las diferencias socioeconómicas de cada comunidad, una demanda respaldada por una sentencia del Tribunal Constitucional.

Así las cosas, y a pesar de que "con Cabrera la relación ha sido mejor que con San Segundo, sin duda", según afirma el presidente de la CRUE, los rectores continúan echando en falta algunas cosas.

"Nuestras propuestas en algunos aspectos eran más avanzadas, especialmente en lo relativo a la Sociedad de la Información, en la línea de favorecer la movilidad de los investigadores y de generación de nuevas estructuras a través del apoyo a las empresas tecnológicas", explica Vázquez. Según la ministra, muy preocupada por que la investigación ocupara un lugar central en el nuevo texto, la reforma supone "el refuerzo de la relación de las universidades con las empresas", promoviendo "la movilidad del personal investigador, las excedencias para que puedan crear empresas de base tecnológica y el desarrollo conjunto universidad-empresa de programas de I+D+i". Así, gracias a la nueva norma, el profesorado podrá optar a
excedencias de cinco años para pasar a compañías tecnológicas privadas creadas en base a investigaciones en las que hayan participado.

Por otro lado, según explica el presidente de la CRUE, "no se ha tocado ni una coma con respecto al sistema de financiación. Tendremos que esperar a ver el progreso del texto que actualmente se está negociando". El nuevo texto de la LOU da un año de plazo al Ministerio de Educación para que elabore un estudio sobre el nuevo sistema de financiación universitaria, cuya publicación se ha venido posponiendo una y otra vez.

Por tanto, en palabras de Vázquez, "a partir de ahora subsisten dos retos: que la autonomía de los centros universitarios se haga real gracias a la reforma de la financiación, y que la desregulación llevada a cabo por el Estado no se pierda por el camino para convertirse en regulación autonómica. Actualmente existe un auténtico empacho normativo, así que espero que, a partir de ahora, los esfuerzos se concentren en mejorar la gestión y en pensar qué modelo de universidad queremos para el futuro".

En cualquier caso, Juan Antonio Vázquez se felicita por el cambio de actitud que ha existido en el Ministerio con la llegada de Mercedes Cabrera, ya que "ha habido más voluntad de diálogo sobre los temas universitarios, que habían quedado solapados en la primera parte de la legislatura por otros ámbitos educativos".

Durante la primera parte de la legislatura, los rectores se habían topado con la falta de impulso político de María Jesús San Segundo, centrada en la Ley Orgánica de Educación (LOE), lo que provocó un creciente malestar en los claustros españoles. Por supuesto, las opiniones existentes en los despachos de las universidades españolas no tardaron en llegar hasta Moncloa, que se vio forzada a dar un giro a la situación. El Gobierno no se podía permitir un desencuentro permanente con los rectores, y más cuando la mayoría de ellos son de tendencia progresista y cercanos al PSOE.

San Segundo había llegado al Ministerio recomendada por el que había sido su jefe en el gobierno de la Universidad Carlos Ill de Madrid, Gregorio Peces Barba, pero nada más aterrizar se pudo ver que su experiencia en el mundo académico no iba acompañada de talento para la negociación política. Con poca habilidad para gestionar la vertiente pública de su cargo, tardó más de un mes en contar con un responsable de comunicación.

Por su parte, Mercedes Cabrera también contaba con una importante trayectoria en el ámbito universitario como catedrática, pero el hecho de que conociese de primera mano la situación gracias a su puesto como presidenta de la Comisión de Educación del Congreso ha contribuido a desatascar la reforma legislativa.

El PP contra la Universidad

A pesar de que nunca llueve a gusto de todos, las manifestaciones convocadas el pasado noviembre para protestar por el actual texto de la LOU (en Madrid se concentraron unas entre 1.000 y 4.000 personas, según las cifras oficiales y las de los convocantes, respectivamente) no han sido ni la sombra de las que salieron a la calle a finales de 2001 para oponerse a la norma impulsada por la entonces ministra, Pilar del Castillo.

Desde que ésta explicó, en abril de ese año, el contenido de la ley ante el Consejo de Universidades, el órgano integrado por los rectores y las comunidades autónomas, los claustros de toda España se rebelaron contra el proyecto. La crítica se centraba en que la norma tenía un marcado cariz autoritario, no sólo porque suprimía mucha de la autonomía universitaria que ahora se ha restaurado y ampliado, sino también porque el debate con las parte interesadas había brillado por su ausencia.

El otro gran sector marginado en la negociación de la ley fueron los estudiantes, cuyas organizaciones demostraron un importante poder de convocatoria y movilización que dio lugar a un goteo de manifestaciones, concentraciones y todo tipo de actos de protesta en todo el territorio nacional. Así, el lema 'No a la LOU. Otra universidad es posible' se hizo omnipresente en los campus, y las asambleas en las que se debatían los puntos más controvertidos de la ley se producían día sí y día también.

Desde las organizaciones estudiantiles los aspectos más criticados eran dos: el teórico endurecimiento del acceso a la enseñanza superior con la supresión del examen de selectividad, sustituido por una prueba exclusiva de cada centro; y la disminución de la cuantía de las becas, reconocida por el PP en el debate del Congreso, y justificada por el "aumento de la riqueza en España".

La Universidad de Santiago de Compostela se convirtió en el principal núcleo de las protestas. Como ejemplo, basta citar la manifestación que tuvo lugar en ella el 14 de noviembre. En una ciudad con 33.000 universitarios y 130.000 habitantes empadronados, unas 25.000 personas marcharon en contra de la LOU.

Aunque el Partido Popular no dio importancia a las movilizaciones, la LOU fue el inicio de la fractura entre el gobierno de Aznar y la sociedad española.