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Nº
736 - 9 de abril de 2007 |
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| Hemeroteca | Esta semana |
Con gozosa esperanza leo que la Audiencia de Barcelona ha condenado a Federico Jiménez Losantos por vulnerar el derecho al honor de Josep Lluís Carod Rovira, presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, y el de Joan Puigcercós, secretario general del citado partido. La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, rectifica el criterio del Juzgado de Primera Instancia, número 22 de los de la Ciudad Condal, que entendió que el tristemente famoso locutor de la cadena radiofónica que posee la Iglesia católica española profirió expresiones muy duras, aunque nunca traspasó el límite al derecho a la información. Desde luego, me encantaría saber si el juez de Instrucción que absolvió en Primera Instancia a Jiménez Losantos cree de verdad que aseveraciones como la de que los dirigentes de ERC mencionados actuaban “mientras otros daban el tiro en la nuca”, entre otras varias insultantes expresiones del estilo de “no es que sean matones, es que han sido asesinos”, no traspasan el límite del derecho a la información. Es un peligro, ciertamente, que jueces de este jaez cobren del erario público para ser voluntariamente ciegos frente a la evidencia o provocadoramente sectarios. O tal vez acaece que el juez aludido sea un pusilánime sujeto, temeroso de ser puesto a parir desde la COPE, como sucede con frecuencia. También me gustaría conocer el punto de vista de la Sección 14 de la Audiencia de Barcelona, cuya sentencia ha sido negativa para Jiménez Losantos, acerca de si realmente cabe establecer una indemnización muy barata, fijada por los magistrados en 60.000 euros, que deberá cobrar ERC. Ya sé que el honor no debe medirse en términos económicos pero esa cantidad es para la COPE una minucia. Muy poco le va a costar a la empresa de los obispos los excesos de su profesional favorito. Claro que tales excesos hace muchos años ya que la Conferencia Episcopal Española los tolera, los legitima y los ampara. Por eso es su profesional favorito. Por lo visto, llamar asesino a un ciudadano pacífico, como Carod Rovira, por muy independentista que sea, debe de ser para los eclesiásticos un gracioso desliz, una fina ironía, un deleite celestial. A Jiménez Losantos le irritan sobremanera los procesos judiciales en los que él es el acusado. De modo que, examinada la cuestión desde esta perspectiva, los 60.000 euros son un tesoro. Hay que conseguir que a este tipo lo frían a querellas. Como hizo en su momento, no hace mucho, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. El otro día, en su diaria columna de El Mundo –pues como es bien conocido, Federico y Pedro J. Ramírez son compadres y hasta consocios fácticos al menos–, el asalariado de los prelados arremetía contra Polanco, lo que es una de sus especialidades preferidas. Y señalaba que “el protegido de Polanco”, que es Gallardón “nos lleva a los tribunales a los pocos que osamos criticar sus atropellos”. Ojalá Gallardón se salga con la suya, como han conseguido de momento, aún falta el Supremo, Carod Rovira y Puigcercós. La impunidad con la que vomita el radiofonista sus soeces reflexiones es escalofriante. A Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, lo comparó sin tapujos el otro día con un matón de las bandas mafiosas de Chicago años treinta o, según y como se interprete, como el jefe de la banda. Dijo en concreto que Interior está poco menos que en manos de gánsteres y se quedó tan ancho. Nos deslizamos por el tobogán del despropósito llevado hasta más allá de la frontera donde termina la cordura aun bajo mínimos. Hablando de jueces y tribunales, es portentosa la capacidad de algunos de estos periodistas para minimizar la actitud del ex director general de la Policía, Agustín Díaz de Mera, el cual se plantó ante el juez presidente del Tribunal del 11-M, Gómez Bermúdez y no quiso decirle el nombre de quien le habría facilitado un supuesto informe policial en torno a la participación de los terroristas de ETA en los atentados de Madrid del día 11 de marzo del año 2004. El editorialista del diario que dirige Ramírez alaba la postura de Gómez Bermúdez y al mismo tiempo salva a Díaz de Mera, un mártir, “dispuesto a afrontar una grave acusación penal para proteger a su fuente”. A Gómez Bermúdez lo elogian en El Mundo porque no hay que olvidar que fue patrocinado por Ramírez y probablemente constituye aún la única esperanza que les queda a los integrantes de la conspiración sobre el 11-M de dar un vuelco a la situación. Cada día que transcurre se hace más difícil imaginar como verosímil lo que los conjurados vienen dando por hecho desde hace casi tres años. La perseverancia de Ramírez es espectacular. Horas después de que Díaz de Mera protagonizara uno de los mayores escándalos judiciales de los últimos años, el editorialista citado hacía hincapié en el hecho de que “el inspector de la UCIE Antonio Jesús Parrilla había confirmado que él escuchó a Trashorras declarar en un interrogatorio policial que El Chino le había contado que conocía a los dos etarras detenidos en Cuenca. Parrilla afirmó que esa relación la hizo constar en un informe por escrito a sus jefes, que ahora ha desaparecido. También desapareció el informe original de los tres peritos en el que establecían la hipótesis de un posible vínculo entre ETA y el 11-M”. Sigamos la pista de Parrilla, respetemos a Díaz de Mera por su hombría de bien, creamos al Chino, recuperemos a Trashorras. “Todo indica, termina el editorial, que los responsables de Interior han intentado borrar hasta los más tenues y superficiales rastros que pudieran conducir a ETA, lo cual es ya de por sí muy revelador de cómo se ha llevado a cabo la investigación del 11-M”. Siempre la misma conclusión, con ocasión o sin ella, machaconamente, insistentemente, reiteradamente. La misma conclusión porque el veredicto de los conspiradores se redactó poco después de conocerse el veredicto de las urnas del 14-M. No cuenta la verdad, cuenta el convencer al mayor número posible de ciudadanos de que, haga lo que haga, Zapatero es un malvado. Y los malvados no deben seguir siendo presidentes del Gobierno. Luis G. del Cañuelo |
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