por Santiago Carrillo

Hace días sucedió en Euskadi un hecho singular: se prohibió un acto de la izquierda abertzale si en él se mentaba a Batasuna y las próximas elecciones municipales, pero al tiempo, el acto quedaba autorizado si los organizadores, con sus firmas, se comprometían a no mencionar tales términos. Era una ingeniosa solución encontrada por el juez Garzón para posibilitar dos cosas contradictorias al aplicar la Ley de Partidos: la obligación de permitir, en régimen democrático, la libertad de expresión de un sector social que consiguió reunir a 16.000 personas, manteniendo al mismo tiempo la ilegalización de Batasuna.

Y es ahí donde la ley deviene ficción. Porque, mírese por cualquier lado el acontecimiento, con gafas ahumadas o con microscopio, en el mitin de Baracaldo estaba reunida Batasuna, o la izquierda abertzale, o lo que hasta ahora había sido la base social de ETA. Podemos llamarlo como queramos, pero siempre será lo mismo y los mismos. En definitiva, se trata de ese sector social vasco que, en un momento dado, para desgracia del pueblo vasco y de la democracia española, optó por la violencia terrorista sosteniendo ideas que podían haberse defendido en un ámbito democrático libremente, metiéndose en un callejón sin salida que conduce a ninguna parte.

El alto el fuego permanente anunciado por ETA permitió al Gobierno y a la mayoría parlamentaria considerar que existía una situación nueva en la que el diálogo iba a permitir desterrar el terrorismo e incorporar a ese sector a la vida y los métodos democráticos, dos aspectos clave de la misma cuestión. Pero aquí surgió un enfrentamiento entre la derecha radicalizada por los dirigentes del PP y los demás partidos democráticos. El PP –contradiciendo la política que su propio Gobierno había hecho en otro momento– se pronunciaba por suprimir físicamente el terrorismo, sin integrar en el sistema democrático al sector social abertzale, lo que en realidad se parece mucho a la cuadratura del circulo. El PP ha tratado de utilizar la Ley de Partidos para ese fin, colocando al Gobierno en más de una dificultad. Los dirigentes populares no sólo han renegado de lo que ellos mismos hicieron cuando gobernaban, sino que ni siquiera han aprendido de experiencias internacionales contemporáneas, como el caso irlandés. Cualquiera, por débil mental que sea, puede comprender que en Irlanda no se habría concertado la paz si se hubiese ordenado aplastar físicamente al Sinn Fen, dejándolo en la clandestinidad.

Para lograr la paz en Euskadi –y en España–, como estamos frente a algo muy distinto a las Brigadas Rojas italianas o a la Baader Meinhoff alemana, para que cese el terrorismo, hay que integrar en la vida democrática al sector social que lo ha sostenido, es decir, a la izquierda abertzale. Esto significa que en el futuro habría que convivir con personas que por activa o por pasiva estuvieron implicadas en el terrorismo. Ese precio hay que pagar por la paz. Cuanto antes lo entendamos será mejor para todos. Sobre todo para la democracia española y para Euskadi.

Por mi experiencia política de muchos años sé que una organización como ETA necesita cierto tiempo para desmontarse e incluso medios materiales. Se monta mucho más fácil un partido político legal que se desmonta un tinglado como el de ETA. Pero los que la dirigen tendrían que comprender que atentados como el de Barajas son una barbaridad que no hace más que fortalecer a los que no quieren la paz, sino simplemente el aplastamiento físico del adversario, ya de por sí suficientemente fuertes para entorpecer el proceso de paz. Es positivo que la izquierda abertzale acepte desenvolverse dentro del ámbito de la democracia, pero esta actitud sólo tendría plena credibilidad cuando ETA demuestre su voluntad de iniciar su proceso de disolución.