Las Academias militares se integran en la Universidad

Romper la frontera entre la vida civil y la militar para posibilitar que los oficiales vean reconocidos sus conocimientos con títulos universitarios. Ese es el objetivo de la Ley de la Carrera Militar, que, impulsada por el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, acaba de iniciar su andadura parlamentaria. El texto recoge el testigo de la reforma que Manuel Azaña llevó cabo nada más acceder al gobierno de la II República para homologar las Fuerzas Armadas españolas con las de los países más avanzados.

Por Manuel Capilla

Después de una semana de incertidumbre, en la que el Partido Popular presentó inesperadamente una enmienda a la totalidad, que retiró de forma igual de sorprendente, la Ley de la Carrera Militar inspirada en la reforma impulsada por Manuel Azaña ha iniciado los trámites parlamentarios con la única oposición de Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya. Antes del verano verá la luz la norma que regula la trayectoria profesional de los militares, desde su entrada en la academia hasta su paso al retiro, introduciendo varias novedades importantes en el proceso de reforma de las Fuerzas Armadas iniciado por el Gobierno con la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Tropa y Marinería.

El aspecto más destacado del texto es la equiparación de la formación de oficiales y suboficiales con los títulos civiles universitarios y de Formación Profesional, respectivamente. Así, las tres academias de oficiales (la Academia Militar General de Zaragoza, la Escuela Naval de Marín, en Pontevedra, y la Academia del Aire de San Javier, en Murcia) pasarían a ser centros universitarios adscritos, a los que los cadetes ingresarían teniéndose en cuenta principalmente la nota en el examen de Selectividad, y de los que éstos saldrían como tenientes y con un título de grado, la nueva nomenclatura que sustituye a la de licenciados y diplomados incluida en el Acuerdo de Bolonia de unificación de la enseñanza superior europea. De esta forma, el Ejército español homologa la formación de sus integrantes a la de los países de nuestro entorno como Alemania, Reino Unido o Estados Unidos.

En el proyecto inicial elaborado por Defensa, antes de que José Bono entregase la cartera a José Antonio Alonso, estaba prevista la creación de una Universidad Nacional de la Defensa que integraría a las academias militares. Sin embargo, el proyecto se desestimó ante la oposición de los rectores, a los que no seducía la idea de un centro dependiente del Ministerio y que pudiese, por tanto, infringir el principio de autonomía universitaria vigente en la Constitución. Por otro lado, la creación de la UND habría sido tremendamente costosa, en torno a los 100 millones de euros, y hubiese tardado varios años en estar en funcionamiento. Además, la propuesta lanzada por Defensa coincidió en el tiempo con la negociación en torno a la Ley Orgánica de Universidad, lo que no facilitó el que el Ministerio de Educación, las universidades y las comunidades autónomas acogiesen favorablemente la idea, inmersas como estaban en un proceso tan complicado.

Además de la implantación de las titulaciones educativas civiles entre los miembros de las Fuerzas Armadas, la Ley de la Carrera Militar introduce otras cuatro novedades relevantes: unifica la estructura de escalas, extremadamente heterogénea a causa de la evolución histórica de cada una de las armas; reforma el sistema de ascensos, primando el mérito y la capacidad de los aspirantes a través de un sistema de evaluación y otorgando al Gobierno la capacidad de elegir a nuevos generales; ajusta el número de efectivos a lo planteado en la Ley Orgánica de la Defensa, fijando en 50.000 el máximo de oficiales -siendo 200 el de generales y 1.050 el de coroneles- y entre 80.000 y 90.000 el de soldados; y, por último, introduce las perspectivas de género impulsadas por el Gobierno, recogiendo el derecho a la igualdad de trato, a la conciliación de la vida laboral y profesional y la prevención de la violencia de género.

El espítiru 'civilizador' de las Fuerzas Armadas que impulsa a la nueva ley también ha impregnado el decreto aprobado por el Consejo de Ministros sobre la Unidad Militar de Emergencias (UME), la unidad de elite creada para intervenir en situaciones de emergencia de carácter grave, tales como desastres naturales, medioambientales y consecuencias de ataques terroristas. En él, se incluye uno de los aspectos de la Ley de la Carrera Militar: el hecho de que, en el desarrollo de las operaciones, los militares "gozarán del carácter de agente de la autoridad", por lo que podrán dar órdenes a civiles. Por supuesto, se incluyen unas reglas de "comportamiento militar" en el borrador de la ley, por la que éstos "ajustarán su conducta al respeto de las personas, al bien común y al derecho internacional aplicable en conflictos armados. La dignidad y los derechos inviolables de las personas son valores que tiene la obligación de respetar y el derecho deexigir". Los militares estarán defendidos por el abogado del Estado "en el supuesto en que. se dirija contra ellos alguna acción como consecuencia del legítimo desempeño de sus funciones o cargos".

Dificultades parlamentarias. Desde las filas socialistas no se alcanza a comprender el comportamiento del Partido Popular, ya que, en su opinión, no poseían argumentos sólidos para oponerse a la ley, aunque se espera que los aspectos en los que subsisten diferencias se limen a lo largo del trámite parlamentario. A pesar de todo, el hecho de haber presentado y retirado tan rápidamente la enmienda a la totalidad de la ley no ha sorprendido del todo a los diputados del PSOE, acostumbrados al comportamiento errático de los populares en materia de Defensa. El PP no presentó enmienda a la totalidad de la Ley de Defensa Nacional pero terminó votando en contra, y con respecto a la Ley de Tropa y Marinería ocurrió exactamente lo contrario, los diputados populares la apoyaron a pesar de haber intentado que se devolviera al Gobierno. En el caso de la Ley de Defensa Nacional, una de las principales discrepancias esgrimidas por el PP fue una letra, concretamente la 'y', a la hora de determinar los criterios para dar luz verde a una misión en el exterior. En el texto se fijaba que se debían tener motivos "amparados y conformes" con las resoluciones de Naciones Unidas, pero desde los escaños populares se defendía que la 'y' se sustituyera por una 'o' para que la decisión del gabinete de José María Aznar de enviar tropas a Iraq quedase legitimida a posteriori.

Por parte de Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya, los argumentos para rechazar el texto han sido diferentes entre unos y otros. ERC exige el reconocimiento de los soldados enviados a la guerrra de Sidi Ifni y la cotización a la Seguridad Social del tiempo pasado en la 'mili', el rechazo de IU se basa en que se "queda corto frente a las expectativas generadas por el propio Gobierno", según explican fuentes de su grupo parlamentario, al proporcionar sólo un "barniz universitario" a los estudios militares. Sin embargo, el objetivo de sus críticas no ha sido tanto lo recogido en la ley como lo que se ha quedado fuera. Es decir, la actuación de IU se ha basado en un rechazo general a la política de Defensa de Zapatero, mostrando su discrepancia por la presencia de tropas españolas en Afganistán y, especialmente, por no haber elaborado una Ley de Derechos y Deberes de los Militares, algo a lo que en teoría se comprometía el gobierno a través de la Ley de Defensa Nacional. Desde el grupo parlamentario socialista se argumenta que, ante el intenso trabajo legislativo que se está llevando a cabo, no se podían tramitar todas las iniciativas a la vez y había que posponer alguna.

Además, se interpreta que, al intentar marcar un claro distanciamiento con el PSOE en cuestiones de Defensa, IU va tener difícil defender "con argumentos progresistas" su oposición a la ley, con enmiendas que darán lugar a una mayor "burocratización" de las Fuerzas Armadas al insistir en la utilización de criterios objetivos para otorgar los ascensos.

Sin embargo, la conclusión extraída por IU es que no se han atendido las reivindicaciones de las agrupaciones militares, algunas muy cercanas a las que han venido protagonizando las movilizaciones de guardias civiles que tantas ampollas han levantado entre la cúpula del Ejército. Esta es una cuestión especialmente sensible porque, de hecho, los altos mandos ya han dejado claro que cortarán de raíz cualquier efecto contagio de las reivindicaciones del Instituto Armado.

El jueves 25 de enero fue arrestado el presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), el brigada Jorge Bravo, por unas declaraciones en las que cuestionaba la versión oficial del accidente del Cougar en agosto de 2005 en el que murieron 17 militares españoles en Afganistán. En ellas afirmaba que tras el siniestro "se limitó la libertad de expresión de los soldados". La proximidad de Bravo con la Asociación Unificada de Guardias Civiles quedó patente cuando, unos días antes de su arresto, subió a la tribuna instalada en la Plaza Mayor durante la manifestación de los guardias civiles para apoyar su reivindicación de desmilitarizar el Instituto Armado. La afiliación a las asociaciones militares legalizadas es minoritaria, entre el dos y el tres por ciento de los 130.000 militares en activo.

El espíritu de la II República

En los debates celebrados en el Congreso acerca de la Ley de la Carrera Militar, la figura de Manuel Azaña ha estado muy presente. Gaspar Llamazares invocó su nombre para afirmar que el texto impulsado por el Gobierno tracionaba la esencia progresista de la reforma que en su momento llevó cabo el ex presidente de la República. El portavoz socialista en la comisión de Defensa, Jesús Cuadrado, replicó al líder de IU que si Azaña fuese diputado actualmente votaría en contra de la enmienda presentada por su formación.

Recién llegado a la presidencia, Manuel Azaña cesó a varios de altos cargos militares e inició la reforma que tenía como objetivo colocar a las Fuerzas armadas españolas a la altura de las democracias europeas, la misma intención de la Ley de la Carrera Militar. El gobierno republicano procedió a la publicación de varios decretos de urgencia en los que se sentaban las bases de lo que posteriormente sería la ley que el Congreso aprobaría el 21 de octubre de 1931:

—Reducción de los efectivos del cuerpo de oficiales, mediante el paso al retiro con el sueldo prácticamente íntegro.

—Supresión de varias unidades, la mayoría de las cuales pertenecían al ejército de África.

— Reforma de la enseñanza militar, lo que suponía el cierre de la Academia General Militar de Zaragoza.

—Reorganización de la administración central del Ejército, modificando el Ministerio de la Guerra y restableciendo el Estado Mayor Central.

—Supresión del rango de Capitán General, que en la práctica gozaban de un estatus cercano al de unos virreyes, dejando a los Generales de División como máximos responsables militares.

—Eliminación del Consejo Supremo de Justicia Militar, trasladándose sus atribuciones a la sala
sexta del Tribunal Supremo.

Finalmente, la Ley de Defensa profundizaba en estas bases. En primer lugar, añadía a los criterios de antigüedad los de la preparación técnica de los oficiales para poder optar a los ascensos, suprimiendo la posibilidad de hacerlo mediante méritos de guerra o por elección, lo que había dado lugar al núcleo de militares africanistas que posteriormente protagonizó el golpe le Estado. Pero la principal novelad, y esta es la coincidencia más notable con la actual Ley de la Carrera Militar, es que se exigía el estudio de determinadas asignaturas en facultades universitarias, con la intención de poner en contacto a los oficiales con la sociedad. Así quedaba roto el dique que había supuesto hasta entonces la Academia Militar de Zaragoza, el epicentro de la ideología más conservadora y reaccionaria en las Fuerzas Armadas españolas.
Sin embargo, el acceso al poder de la CEDA en 1933 frenó la modernización y supuso el retorno de los oficiales derechistas.