Préstamo de bibliotecas: canon sí, canon no

Por Mauro Armiño

El pasado jueves entraba a debate en el Parlamento la propuesta del Gobierno para el canon de préstamo bibliotecario; sea cual sea el resultado, las espadas seguirán en alto según la plataforma “No al préstamo de pago” , formada hace dos años por bibliotecarios y encabezada por la que ahora es consejera de cultura de Castilla-La Mancha, Blanca Calvo. En su momento, llegaron a encadenarse para llamar la atención de la prensa, y a partir de ahora tratarán de convencer a los políticos españoles para que traten a su vez de convencer a Europa de su supresión.

La historia del pago por préstamo empezó en 1947, cuando Dinamarca inventó este derecho secundario de los autores, hasta entonces inexistente: el objetivo era asegurarles ciertas cantidades que les permitieran vivir, a ser posible, de su trabajo. Secundaron la medida Suecia y Noruega; y en 1992 la Unión Europea estableció una directiva de mínimos para todos sus países miembros. Nadie piense que, si por fin la ley llega a la plaza de San Jerónimo, es porque al Parlamento español le preocupe en demasía la cultura y la situación de sus creadores; líbrennos los dioses de semejante sospecha. Es porque, después de advertir a España una y otra vez que debía cumplir la ley, Bruselas abrió en octubre del pasado año un expediente sancionador con amenaza de una multa tan abultada que le compensa cumplir la directiva.

La polémica provocada no ha sido excesiva, a diferencia de lo que ocurrió en Francia; menudearon entonces en el país vecino los artículos de escritores, divididos, –aunque no siempre, hay menos seguidismo partidario–, por sus opciones políticas; aquí, pocos han sido los que han terciado: en un artículo de José Luis Sampedro, el de más notoriedad que conozco, titulado “Por la lectura”, el novelista, tras magdalenizar nada proustianamente las bibliotecas sentimentales de su pasado, parte de un dato erróneo; según él, las bibliotecas deberán pagar 20 céntimos por libro prestado; su idealización de la lectura como fuente de todos los placeres posibles, no empece para que se haga una pregunta brillante: “¿Europa prefiere autores más ricos pero menos leídos?”, seguida de la batallita esa de los autores, que quieren conectar con los lectores, y que es su pensamiento lo que les importa transmitir. ¿Pensamiento? Pongamos mejor entretenimiento, por lo menos dada la actual situación de la novela española. “No entiendo a esa Europa mercantil. Personalmente prefiero que me lean y soy yo quien se siente deudor con la labor bibliotecaria en la difusión de mi obra. Sépanlo quienes, sin preguntarme, pretenden defender mis intereses de autor cargándose a las bibliotecas. He firmado en contra de esa medida en diferentes ocasiones y me uno nuevamente a la campaña”.

El error de Sampedro no es suyo: porque el apenas existente debate –sería otra sociedad si los hubiera, sobre el préstamo, el no préstamo o el sexo de los ángeles– fue antecedido de medias verdades y medias mentiras de los sujetos intervinientes, con la prensa como juez y parte nada enterada, como suele. En un vídeo de Cuatro, por ejemplo, (21-3-07), la presentadora resume: “los titulares de derechos de autor van a cobrar dos veces, por la venta de sus libros y por el uso de ellos en las bibliotecas”; en ese vídeo, Blanca Calvo explica que el canon sólo es beneficioso para las sociedades de gestión: a los autores que venden mucho no les supone gran cosa, “y los que venden poco van a desaparecer de las bibliotecas con mucha probabilidad porque las bibliotecas van a perder poder adquisitivo”. Puntualizaba la ministra Carmen Calvo, con la no mucha gracia que la caracteriza, que no sería el usuario quien pagase. Y Cuatro ofrecía la contrarréplica a Blanca Calvo, con su media verdad: en el fondo, como el dinero público es de los ciudadanos, “si la institución tiene que pagar, está pagando el usuario”. Inexacto, dado el bajo porcentaje de usuarios de bibliotecas.

No se entiende muy bien ese futurible con el que Blanca Calvo “amenaza” a los que “venden poco”; es de suponer que la figura del bibliotecario tenga algún peso, y que no se someten de buenas a primeras a la hora de pedir libros –si es que los pide el bibliotecario, qué bibliotecario y dónde, y no se los envían por decreto ley y con presupuesto cerrado–, a la ley del mercado y a las listas de libros más vendidos que algunos periódicos suelen dar y que, como es sabido y se denuncia muchas veces, carecen de rigor.

Se ha oído de todo durante el debate: que tendría que pagar el usuario cada vez que saca un libro, que serían 20 céntimos los que pagaría la biblioteca cada vez que lo compra, que el canon supondría cantidades en torno a los 1.400.000 euros anuales, etc. Cantidad ésta última que, dado el volumen de préstamos, parece insuficiente a las sociedades de gestión, que puntualizan además que el canon no es por compra, sino por préstamo.

La plataforma, que se oponía y sigue oponiéndose, argumenta su rechazo en la “mercantilización del préstamo”, que puede dar lugar, como todo servicio, a una competencia desleal, y a que el canon aprobado hoy puede subir mañana; según María Jesús Olmo, de la Plataforma contra el canon, la biblioteca ya ha comprado ese libro y ha pagado por tanto el derecho de autor, al que, además, sirve de escaparate publicitario: “El autor no va a ver un duro, porque los beneficiarios son las entidades de gestión, cuyas cabezas como puedes ver son editores”.

Veamos a una entidad de gestión; pese a lo que dice la plataforma, Cedro, por ejemplo, es una sociedad de gestión de derechos de autor sin ánimo de lucro, de junta directiva es paritaria (13 editores, 13 autores a partir de este año). Magdalena Vinent se enfada ante las medias verdades de un discurso que va evolucionando hacia la verdad pero ha dejado sembradas por el camino sus mentiras: “No he visto a Blanca Calvo encadenarse por la escasa cantidad de dinero que figura en los presupuestos públicos para bibliotecas. De todos modos, la documentación que tenemos en estos momentos es tajante: el canon ha de ser pagado por los poderes públicos; las cifras que han salido en prensa, no son ciertas por ahora, porque cada país ha legislado la directiva de forma distinta; en Holanda el Estado paga tanto por préstamo; en Inglaterra, tiene una cantidad cerrada en el presupuesto de cada año; en Bélgica, el pago está centralizado en el Estado; en Alemania, son el Estado y los lander los que se hacen cargo del canon”.

La acusación de ser un dinero que va a parar a las sociedades de gestión y de las que el autor no ve un duro, queda desarmada, al menos por ahora: se hablaba en prensa de un 70 % para autores y el 30% restante para editores –que también son titulares de derechos de autor–, pero, la propuesta que entraba el jueves al Parlamento habla del cien por cien para autores.

En última instancia, lo que la plataforma parece rechazar de plano son los derechos secundarios de autor, o cuando menos éste del préstamo, razonado por las directivas europeas como “compensación por su trabajo” y cesión de un derecho que el autor tiene: el de ceder o prohibir el préstamo de sus libros, y que las leyes españolas (1987) decidieron quitarle… a cambio de una compensación, que Europa ya ha legislado; puede tener Blanca Calvo razón aduciendo que ese dinero se detraerá del presupuesto destinado a Bibliotecas; pero ése es un cantar distinto, que autores y bibliotecarios esperan que no aplique a la Consejería que Blanca Calvo preside en estos momentos.

A la plataforma viene apoyándole con su firma –escasamente con artículos– un nutrido número de autores famosos y menos famosos: desde Josefina Aldecoa a Joaquín Almunia, Moncho Alpuente, Juan Cruz, Mateo Díez, Miguel Delibes, José Luis Garci, Labordeta, Landero, Joaquín Leguina, Benjamín Prado, Rosa Regás, Saramago, Savater.