El poder moderador del Rey

El presidente navarro, Miguel Sanz, se ha servido de un argumento que le debe parecer soberano: el supuesto apoyo del Rey a sus posiciones. Sanz dijo en un acto público al que asistía Rajoy que la Corona “está plenamente comprometida con el régimen foral de Navarra y en ningún caso acepta ni aceptaría ninguna veleidad que lo pueda poner en duda”.

Sanz lo sabe de buena tinta y no dice más por lo que usted ya sabe... No sé si ha hablado la ignorancia, la necedad, la indiscreción  o la manipulación. Si ha sido indiscreción, la hipótesis más benévola, es tan torpe como temeraria; más vale contarlo todo que dejar abiertas todas las sospechas. Sanz ha pronunciado el nombre del Rey en vano para arrimar el ascua a su sardina, pues parece temeroso de que todas las ascuas sean pocas para ganar las elecciones. Lo sorprendente es que nadie en su partido –mejor dicho, en la matriz, pues la UPN es una franquicia del PP– le reproche su imprudencia e incluso una dirigente muy valiosa como Soraya Sáenz de Santamaría se haya permitido negar lo innegable: que ha involucrado a la Corona.

Don Juan Carlos se expresa a la pata la llana en las conversaciones privadas y en cuantos saraos públicos honra con su presencia. Lo hace por su talante pero también porque está acostumbrado a la discreción de sus interlocutores y a la autocensura de la prensa, que nunca lo deja en mal lugar. Es verdad que Su Majestad  practica a veces la indiscreción teledirigida. Así lo hizo cuando confió a Arnold Musgrave, un periodista de Neesweek, que Carlos Arias era “un desastre sin paliativos”. Tampoco se cortó cuando criticaba acerba y confidencialmente a Adolfo Suárez ante cuantos se le acercaban. En ambos casos consiguió la dimisión de sus presidentes, tanto la del carnicerito de Málaga, como la del lince de Ávila.

No creo que sea éste el caso, pero trae a cuento la reflexión sobre la conveniencia o no de que el Rey se pronuncie en determinados asuntos de gran trascendencia; en definitiva, sobre el alcance de la función moderadora que le atribuye la Constitución, que es prácticamente su único “poder” como rey parlamentario. Lo entrecomillo porque la Constitución no provee al monarca de poderes efectivos, sino de funciones simbólicas. Es ésta una tarea delicadísima que Don Juan Carlos ha ejercido con cuentagotas y en general de forma inusualmente discreta. Si el Rey aconseja algo debe hacerlo en el mayor secreto por un doble motivo: para no humillar al político con su llamada de atención y para no humillarse él mismo si el gobernante no le hace caso. Don Juan Carlos ha estrenado la monarquía parlamentaria, por lo que no tiene precedentes en los que escudarse ya que no ha habido en la historia mas monarquía parlamentaria que la que disfrutamos desde 1978. Su abuelo, su bisabuelo y su tatarabuela fueron monarcas  más o menos constitucionales, que no es lo mismo que parlamentarios, y su abuelo Alfonso XIII, desde que auspició la dictadura de Primo, fue francamente antiparlamentario. Don Juan Carlos, consciente de que a su querido abuelo le costó el trono su injerencia en las responsabilidades de gobierno, el borboneo, se resiste a ejercer ese poder. Con Felipe González, su buen amigo, apenas fue necesario ejercerlo por la química que compartían; con Aznar era inviable por la enemistad mutua y el ninguneo al que le sometió el presidente. Sí se manifestó con ciertos gestos y algun silencio. Por ejemplo, ante la guerra de Iraq o sobre la conveniencia de negociar con ETA, lo que no es inoportuno recordar.  Ahora sí se justificaría la moderación del Rey para rebajar una crispación que amenaza con infectar a la sociedad civil. Sin embargo, es muy difícil que el PP acepte enterrar su arma principal.

Si el Rey no ha intervenido en este asunto ni respecto al Estatuto de Cataluña, cuando “se hundía España”, difícilmente va a pronunciarse sobre Navarra. Sí ha comentado en algún corrillo informal que está con la comunidad foral, no ha hecho más que expresar su apoyo a la Constitución, que así la define, y no para respaldar la campaña de Miguel Sanz. Éste, maestro de escuela y veterano político, debería leer con buen criterio nuestra Carta Magna. Aunque quisiera, el monarca no tiene autoridad para hacer lo que Sanz asegura que ha dicho no se sabe a quién ni dónde: que “no acepta ni aceptará ninguna veleidad” sobre el estatus de Navarra.