Zapatero no renuncia a su sueño de paz

No me comprenden

Moncloa y el PSOE manejan como escenario más probable que Batasuna no se presente a las próximas elecciones municipales: la izquierda abertzale no será capaz de renunciar públicamente a la violencia y el Gobierno no va a permitirle ninguna “marca blanca” para burlar la Ley de Partidos. Este convencimiento, que serviría de antídoto a la escalada de tensión iniciada por el PP tras la decisión sobre De Juana, es casi el único bálsamo que ayuda estos días a los socialistas a sobrellevar el calvario al que les está sometiendo la estrategia de Rajoy. El presidente aspiraba a llegar al final de su mandato con un proceso de paz en marcha pero las cosas no han salido como esperaba. Fiel a sus convicciones, no ha dudado en conceder al etarra en huelga de hambre la prisión atenuada, aun a sabiendas de que la decisión iba a ser difícil de asimilar por la población. Para salir del atolladero el presidente ha vuelto a contar con Alfredo Pérez Rubalcaba..

Por Inmaculada Sánchez / Pedro Antonio Navarro

La semana pasada el Congreso aprobaba definitivamente una de las leyes más importantes de la legislatura y que ha gozado, además, del impulso personal del presidente del Gobierno, la Ley de Igualdad, una norma llamada a hacer historia en nuestro país. Sin embargo, tan trascendente votación apenas  ha ocupado espacio en la agenda política.

En estos mismos días, el juicio sobre el 11-M encara ya su tercera semana y lo que hasta ahora se está viendo y oyendo no hace más que desmontar la famosa teoría de la conspiración. A pesar de ello, la vista oral, esperada como agua de mayo desde Moncloa, no está sirviendo, tampoco, para que el Gobierno se crezca frente al PP.

Bien al contrario, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que acaba de cumplir tres años, se encuentra en uno de sus momentos más difíciles. La decisión de conceder al preso etarra De Juana Chaos la prisión atenuada ha logrado el primer divorcio entre el presidente y la mayoría de la opinión pública española. Así lo señalan las encuestas, así lo esperaban también desde el PSOE y tanto desde el partido como desde el Ejecutivo sólo aspiran a que “amaine el temporal” y que se pueda desenmascarar al PP.

La decisión se tomó en frío. Sabiendo las consecuencias. “Sabíamos de sobra cómo iba a utilizarlo el PP. Quizá la única cosa en la que no fue exacto Rubalcaba en su comparencencia en el Congreso fue cuando dijo que “no esperábamos que la oposición hiciera lo que ha hecho”. Claro que lo esperábamos”, señalan desde Ferraz.

No podía dejarse morir a De Juana. Zapatero lo tenía claro y su ministro de Interior lo apoyaba. Una vez tomada la decisión, las opciones sobre cómo afrontar la prevista avalancha del PP fueron dos, según fuentes conocedoras de cómo se debatió el asunto en el entorno del presidente. La primera consistía en presentar la decisión con el perfil más técnico posible. Que fuera la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, quien saliera a contestar al PP tanto en los medios como en el Parlamento, apoyándose en la ley, los informes médicos y el auto del juez de Vigilancia Penitenciaria.

“Pero sabíamos de sobra que el PP iba a ir en tromba contra el asunto así que se vio pronto que la mejor alternativa era asumir la decisión como política”, añaden las citadas fuentes. El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tomó las riendas de la estrategia desde el primer momento.

A pesar de que, tras el atentado de Barajas, su actuación ha sido cuestionada tanto desde algunos ámbitos del PSOE como desde ciertas cercanías del Presidente, el ministro mejor considerado por el Presidente en materia antiterrorista ha vuelto a gozar de su confianza. “Alfredo tiene las riendas de la estrategia, no hay duda”, confirman fuentes bien informadas de cómo se está manejando el asunto en Moncloa.

Dado que no hay manera de que la prisión atenuada a De Juana sea popular, al menos, “que la gente se quede con que esto se ha hecho siempre, que el PP es un hipócrita, que es desproporcionado lo que está haciendo...”, añaden desde el PSOE.

La estrategia del “y tú más”, que el siempre hábil Rubalcaba expuso con contundentes datos y sutil dialéctica en su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso, se ha impuesto en el PSOE “porque no existe otra”, según la convicción que manejan los socialistas en sus principales despachos.

Batalla de largo plazo. “Esto es una batalla de largo plazo. Lo de De Juana es imposible de neutralizar ahora, el reto es saber explicar que no es nada extraño en la política penitenciaria de todos los gobiernos anteriores, máxime cuando ha habido un intento de diálogo con ETA”, afirma un alto cargo socialista, fiel al guión marcado por su partido, que ha mostrado su apoyo a Zapatero  sin fisuras en este díficil momento.

Los socialistas, aun inquietos por cómo su presidente está encarando los compases finales de la legislatura, no han dudado en mostrarse como una piña junto a él en tan complejo trance y en el reciente comité federal, reunido apenas unos días después del traslado de De Juana a un hospital del País Vasco, escucharon las explicaciones de Pérez Rubalcaba con aplicación.

Aun así, algunos síntomas de disconformidad han sembrado cierta desazón en los despachos de Moncloa. Aunque el ex presidente Felipe González “acudía” en apoyo de las tesis oficiales a las pocas horas de desatada la polémica señalando que él “hubiera hecho lo mismo”, unos días después hablaba de ciertos “errores” que no ayudaban a calmar los ánimos.

Fue una breve frase en respuesta a una pregunta tras el coloquio que mantuvo con Baltasar Garzón en un acto organizado por  la Caixa. “El Gobierno actual no está cometiendo los errores que he observado en otros momentos frente a situaciones parecidas, aunque está cometiendo errores”.

El simple comentario de González ha sido ampliamente aireado por la prensa y en los cuarteles generales de Moncloa y Ferraz no ha pasado tampoco desapercibido el crítico apoyo de medios considerados afines como el diario “El País”.

En su editorial del día 9 de marzo el rotativo del imperio Polanco criticaba la estrategia de recordar la política penitenciaria del PP y, sobre todo, señalaba que el presidente “debía” recoger el guante que le lanzó Rajoy para explicar la decisión sobre De Juana en un cara a cara en el Congreso. A pesar de ello y de que también, cuando tuvo lugar el atentado en la terminal 4 de Barajas, se criticó desde el mismo PSOE que fuese el ministro, y no el presidente, quien afrontase la crisis  en primera línea de fuego, Moncloa ha vuelto a tomar la misma decisión. “Zapatero ya está suficiente expuesto en las sesiones de control al Gobierno. En debate, es Rubalcaba quien tiene que afrontar el desgaste”, explican.

Incluso la Cadena Ser, habitual incondicional del Gobierno y de Zapatero, “permitía” que su famoso “Pulsómetro” diera por primera vez unos resultados adversos al Ejecutivo. El 47 por ciento de los encuestados desaprobaba la gestión de Zapatero frente al 45 por ciento mientras que casi el 60 por ciento no estaba de acuerdo con la prisión atenuada al etarra en huelga de hambre.

“Tampoco hay que dramatizar. Contábamos, incluso, con que el nivel de desaprobación iba a llegar más lejos. Es normal. Lo importante es que la gente también desaprueba la reacción del PP”, se justifican en el PSOE.

Desde Ferraz se muestran cautamente esperanzados sobre la evolución de los acontecimientos a pesar de la masiva respuesta a las recientes manifestaciones convocadas por el Partido Popular. Y señalan para apoyar sus argumentos a un sondeo interno realizado por el partido el mismo fin de semana de la contundente convocatoria del PP del sábado 10. Según sus datos, a los que ha tenido acceso El Siglo, aunque más del 50 por ciento de los ciudadanos siguen mostrándose contrarios a la concesión del segundo grado a De Juana, alrededor del 70 por ciento censura la reacción del PP. “Cada vez nos comprende más gente”, se consuelan en la sede central del PSOE, al tiempo que añaden una reveladora cifra respecto a los populares: “Esto nos sigue hablando de que sólo el electorado duro del PP, es decir, el conocido 28-30 por ciento de la población, les sigue en su actual estrategia de tensión”, señalan.

Por tanto, según sus argumentos, hay “esperanzas” de que el electorado de centro, aun no compartiendo la “decisión De Juana” pueda seguir apoyando al PSOE en las urnas cuando la actual tensión se relaje. Para ello, Gobierno y PSOE cuentan con el siguiente movimiento en el tablero: la posible presentación de Batasuna a las próximas  municipales, con el que Zapatero no se va a dejar “pillar”. Si las cosas no cambian, el Gobierno no va a dejarse acusar de permitir a la izquierda abertzale presentarse a los comicios, aunque en Batasuna, conscientes de ello, hay movimiento de fondo.

BATASUNA QUIERE RELANZAR EL PROCESO

L os plazos se van consumiendo, y a Batasuna cada vez le queda menos tiempo para conseguir su objetivo de presentarse a las próximas elecciones municipales y autonómicas del próximo 27 de mayo. El Gobierno no quiere entregar un nuevo pretexto a la estrategia de oposición frontal en materia antiterrorista puesta en marcha por el PP y, a menos que se produzca un cambio espectacular, en forma de condena explícita de la violencia, o de un gesto inequívoco y audaz por parte de ETA, demostrativo de que el cese de la violencia ya no tiene vuelta atrás, no permitirá a la formación abertzale concurrir a los comicios.

Clara prueba de esta determinación gubernamental ha sido la instrucción dada por el flamante ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, a la Fiscalía y a los abogados del Estado para que se extreme la vigilancia en el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley de Partidos a la hora de aceptar las candidaturas. El escrito emitido por su departamento insta, literalmente, a estar muy pendiente de “toda formación política que pretenda presentarse a las elecciones y que tenga visos de connivencia o sucesión con partidos ilegalizados u organizaciones terroristas, para instar a su ilegalización”.

Tras la instrumentalización hecha por el Partido Popular de la decisión de aplicar el régimen de prisión atenuada a Iñaki de Juana Chaos, el Ejecutivo sabe a ciencia cierta que si permite a Batasuna presentar listas blancas, pero identificables, sin haber efectuado una condena expresa de la violencia, como exige la controvertida Ley de Partidos, le estará entregando más munición a una oposición de derecha que no ha tenido el menor reparo en terminar con un consenso de 30 años en materia de lucha contra el terrorismo, y que ha utilizado este asunto como eje principal de su estrategia para recuperar el poder.

También esta circunstancia es sabida por una izquierda abertzale a la que le va quedando menos tiempo para conseguir acceder a la representatividad institucional. Una vez celebradas las elecciones autonómicas en el País Vasco, en las que las listas del legal Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK en sus siglas en euskera), de una manera más o menos velada, pudieron dar cobertura a la ideología representada por Batasuna -y que tiene un peso nada desdeñable en el conjunto de la sociedad vasca-, la dificultad para los abertzales está en esta ocasión en numerosas diputaciones y en los comicios autonómicos en Navarra, donde EHAK no cuenta con efectivos suficientes.

El máximo dirigente de Batasuna, Arnaldo Otegi, declaraba que su formación tiene la “vocación y el derecho” de estar en estas elecciones, y que “ese derecho tiene que ser respetado”, ligando esa presencia con el proceso de paz, al afirmar que “el proceso de solución necesita que la izquierda abertzale esté en las elecciones. Si no, ¿cómo se puede hacer un proceso?”. Otegi ha continuado insistiendo en el giro planteado el pasado mes de febrero, afirmando la necesidad de una ausencia total de violencia para poder continuar con unas eventuales negociaciones, y en la convicción de que el Estado español “no debe pagar un precio político”.

Pero recientemente, la formación de la izquierda independentista ha ido aún más lejos, en un claro signo de su intención de aproximar posiciones y de que éstas quepan en un marco de debate político, incluso dentro de los márgenes estrictos de la Constitución Española. La formación ilegalizada presentaba en Pamplona una propuesta totalmente novedosa para la negociación de la constitución de una nueva comunidad autónoma, dentro del Estado español, que unificase en una sola a la vasca y a la navarra, “necesitando obligatoriamente para su entrada en vigor de la aprobación mayoritaria de la ciudadanía, tanto de la Comunidad Autónoma Vasca, como de la Comunidad Foral de Navarra”. Todo ello, “partiendo de la actual realidad política e institucional”. La propuesta, tal y como está formulada, aunque no renuncia al derecho de autodeterminación en fases posteriores, es perfectamente compatible con la letra y el espíritu de la Constitución de 1978, que en su Disposición Adicional Cuarta, contempla la posibilidad de una eventual unificación entre estas dos comunidades autónomas, y los mecanismos de necesaria aplicación para tal caso.

El gran cambio estratégico y la audacia de esta propuesta dan a entender que los firmes partidarios de la vía de la negociación política, como el propio Otegi, Rafael Díaz Usabiaga, Rufi Etxebarria o el mismo Josu Ternera en ETA, son los que están diseñando la línea política, y que tras la metedura de pata del atentado del aeropuerto de Barajas, y el gesto del Gobierno en la prisión atenuada y el acercamiento de Iñaki de Juana, han recuperado por completo el mando de las operaciones.

Otegi ha llegado a asegurar la pasada semana que sobre las bases de esta propuesta que acaban de realizar, se puede encontrar “la solución definitiva al conflicto”, un acuerdo que “permita construir un proceso que garantice un escenario final de democracia para este país”. Lo llamativo es el optimismo que expresa acerca de esta eventualidad, instando a las demás fuerzas políticas a hacerlo “con urgencia”, y mostrando su convencimiento de que “se puede hacer en las próximas semanas si hay voluntad política”. Tan corto plazo, pese a los muy notables cambios aproximativos en la posición de la propuesta abertzale, se antoja demasiado inminente y utópico. A menos que la izquierda independentista esté guardando un as en la manga. En fuentes del entorno abertzale se especula con un inminente gesto por parte de ETA que demuestre su inequívoca determinación de abandonar la lucha armada. La línea dura, ahora desautorizada entre unas bases que apuestan por la negociación, y por la presión de la mayoría de los familiares de los presos, que ven la oportunidad de un trato generoso si, finalmente se alcanza un acuerdo, pretendía volver a emitir un comunicado reafirmando la continuidad del alto el fuego permanente. Pero su posición parece muy minoritaria, especialmente tras las dos muertes ocasionadas en el atentado de diciembre pasado, y el acercamiento a Euskadi de De Juana Chaos. Batasuna desea un gesto mucho más contundente, que contenga un mensaje inequívoco, y lo suficientemente rotundo y determinante para resultar convincente. Las hipótesis se centran en una entrega simbólica de armas al Gobierno, o incluso, el establecimiento de un calendario cerrado para la entrega total y definitiva del armamento, a imagen de lo que se realizó en el proceso de paz irlandés. Las fuentes del entorno abertzale, en coincidencia con ese plazo de “semanas” que maneja Arnaldo Otegi, apuestan por que esta puesta en escena con mensaje transparente podría tener lugar entre dos fechas de especial importancia, el 22 de marzo, primer aniversario del anuncio de alto el fuego permanente por parte de ETA, y el 8 de abril, la celebración en el País Vasco y en Navarra del Aberri Eguna –Día de la Patria Vasca-.

Si Batasuna accede a realizar una propuesta constitucional, “partiendo de la actual realidad política e institucional”, significa que se está produciendo un profundo cambio de estrategia en el que carece de sentido una organización armada para presionar al Gobierno de la Nación, pero que sí necesita, y mucho, de una suficiente representación en las instituciones para hacer valer su papel de interlocución política determinante.

La única posibilidad de que Batasuna pueda concurrir a los comicios del 27 de mayo, pasa por su rechazo manifiesto y su renuncia a todo tipo de violencia para la consecución de sus fines políticos, o la directa desaparición de ETA. La posibilidad de una derogación de la Ley de Partidos resulta imposible en el clima de acoso al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero por parte del Partido Popular, por lo que en la política real condicionada por el calendario electoral no permite plazos para aproximar y acomodar posturas, aunque, en caso de que el proceso de paz pudiera continuarse, el Gobierno también preferiría tener interlocución institucional. Como explicaba la pasada semana el Parlamento el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en una de sus contestaciones al portavoz popular, Eduardo Zaplana, si Batasuna acepta la legalidad y asume la Ley de Partidos, “nosotros sí estamos porque se presenten a las elecciones. Ustedes están a otra cosa”.

La sobredosis, por Enric Sopena