Los grandes partidos ya tienen listos sus programas

Los 8.108 municipios del país y 13 comunidades autónomas celebrarán elecciones el próximo 27 de mayo para renovar la representación en los consistorios y en los parlamentos autonómicos durante los próximos cuatro años. Unos comicios que llegan en un momento de máxima tensión política entre los dos principales partidos nacionales, y que se plantean como un test para comprobar los resultados de la estrategia de ataque sin tregua puesta en marcha por el Partido Popular desde el mismo momento en que perdió las pasadas elecciones generales, en 2004. Batallas apasionantes, como la de Madrid –en la que está en juego no sólo una comunidad autónoma y el ayuntamiento de la capital- o la de la Comunidad Canaria, constituirán un buen termómetro para medir la temperatura social de cara a las generales del año próximo. Sólo PP y PSOE ya han presentado sus programas electorales, de cuyos principales aspectos damos cuenta en el presente dossier.

Por Pedro Antonio Navarro

El próximo día 27 de mayo, domingo, van a tener lugar las elecciones municipales, y que también serán autonómicas en 13 comunidades. Las excepciones, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Galicia ya tuvieron sus procesos electorales en fechas pasadas. Estarán en juego las alcaldías de 8.108 municipios, así como los Cabildos Insulares Canarios, los Consejos Insulares de Baleares, las Juntas Generales de los Territorios Históricos Forales, los Concejos de Navarra y el Consejo General del Valle de Arán.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), la convocatoria oficial de las elecciones ha de efectuarse con 45 días de antelación, por lo que esta formalidad no se verá cumplida hasta el 13 de abril próximo.

Estos comicios, además de su eminente contenido municipalista y autonómico, también serán aprovechados para una lectura general, una prueba para tomar el pulso a la situación política y a los respaldos que las formaciones políticas (especialmente las dos más importantes) van a refrendar en las urnas, con la vista puesta en las próximas elecciones generales.

El clima de crispación, los constantes enfrentamientos, el asedio al Gobierno desde las movilizaciones constantes promovidas por el Partido Popular y toda la derecha sociológica del país parecen haber desplazado los asuntos municipales del centro del debate. El urbanismo y la corrupción que no cesa en su entorno, las políticas de vivienda, el transporte público, la seguridad ciudadana, los servicios públicos o las haciendas municipales serán elementos que, sin duda, van a estar presentes en los debates de campaña electoral, pero –y también con seguridad-, en esta ocasión van a dejar mucho espacio para la introducción en la discusión de asuntos de Estado como el terrorismo, la educación, la enseñanza religiosa o la política internacional. El Partido Popular se plantea esta cita con las urnas como un test acerca de su estrategia de derribo y acoso total al ejecutivo.

Otros aditamentos de estos comicios se hallan en determinadas batallas parciales, como las que se darán en Madrid, con el reto para el conjunto de la izquierda de desplazar del poder a la derecha, tanto de la comunidad autónoma (donde, gracias al tamayazo Esperanza Aguirre conseguía un triunfo bajo sospecha), como del ayuntamiento, gobernado por el PP desde hace lustros.También parece interesante la lucha por la Comunidad Canaria, donde se abren perspectivas para un cambio de colores y un triunfo socialista. Hasta el momento, sólo los dos grandes partidos nacionales han presentado sus respectivos programas electorales, aunque también la tercera fuerza, Izquierda Unida, ha adelantado buena parte de sus intenciones.

PSOE: LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA EN EL PUNTO DE MIRA

E l Programa Marco dado a conocer recientemente por el Comité Federal del Partido Socialista se desarrolla a lo largo de casi 150 páginas, y sobre sus criterios han de elaborarse los diversos programas electorales locales y autonómicos con los que las correspondientes organizaciones territoriales del PSOE se presentarán a las elecciones municipales y autonómicas del próximo 27 de mayo de 2007.

Son varios los ejes abordados en el documento, tanto en lo que respecta a la política municipal, como a la de ámbito autonómico, pero lo que más destaca es la especial atención puesta sobre la corrupción urbanística, y las medidas concretas que se plantean para tratar de ponerle fin. En un capítulo titulado “Higiene democrática y lucha contra la corrupción”, los socialistas desgranan una serie de propuestas con esta finalidad. Apuestan por lo que de denominan “auditorías ciudadanas”, a través de la regulación de la Iniciativa Legislativa Ciudadana para solicitar la fiscalización económica de los ayuntamientos ante el Tribunal de Cuentas u organismos autonómicos equivalentes. También se incluye la creación de Oficinas de Control Presupuestario en cada municipio y el trámite obligatorio de un código ético de conducta en todas las empresas públicas municipales y la aplicación de los criterios de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), así como la creación de comisiones de vigilancia de las contrataciones públicas.

Con la misma pretensión anuncian un nuevo régimen de incompatibilidades para los cargos municipales y se adelanta una total colaboración con las fiscalías anticorrupción y la adopción de medidas disciplinarias duras. Los socialistas no gobernarán con quienes hayan tenido relación con casos de corrupción y habrá mano dura para aquellos cargos públicos del partido que sean sorprendidos in fraganti. Auspician la celebración de un Debate sobre el Estado de la Ciudad de periodicidad anual y la confección de una Carta de Derechos y Deberes del Vecino, al tiempo que se adquiere el compromiso de promover prácticas de paridad y de igualdad de género en los organismos y empresas públicas municipales.

En materia de seguridad, los socialistas proponen la creación de una Comisión Estatal de Seguridad Local integrada paritariamente por representantes de los ayuntamientos (a través de la Federación Estatal de Municipios y Provincias) y del Gobierno central. Apuestan por aproximar la labor de la policía local a los centros educativos mediante la creación de la figura del “agente-tutor” en cada centro escolar, y cuya misión consistirá en controlar el absentismo, el tráfico de drogas, los comportamientos agresivos y la regulación de las entradas y salidas al centro educativo. Igualmente se propone la creación de unidades policiales de Protección Doméstica.

Se expresa la pretensión de regular ciertos aspectos de la vida pública mediante Ordenanzas de Convivencia y Civismo, con un régimen de sanciones para actos vandálicos, actividades ruidosas, venta y consumo de alcohol en las calles y otra serie de alteraciones. Se plantean reformas en el Padrón Municipal para impedir la inscripción masiva de vecinos en un mismo domicilio, para evitar, especialmente, la explotación de inmigrantes, su hacinamiento y los precios abusivos a los que se ven sometidos cuando deben acceder a las descontroladas condiciones del actual mercado de la vivienda.

El PSOE pretende la centralización de los sistemas telefónicos de las policías, el 091 y el 092 y la incorporación de los cuerpos de seguridad a la línea de emergencias, 112.

En materia fiscal, las medidas contempladas en el texto son tendentes a facilitar los pagos de los impuestos municipales, fundamentalmente, mediante la posibilidad de su fraccionamiento. En esta línea se promueve la creación de una denominada “Cuenta Corriente Tributaria Local” para hacer efectivo el pago de las tasas e impuestos, de modo unitario. En la propuesta se establece la opción de unificarlos y fraccionarlos para ser abonados en 12 mensualidades. En este mismo ámbito se prevén ayudas y bonificaciones por diversas razonas, por el número de hijos, ayudas a las familias, personas discapacitadas o dependientes a cargo, y se aplicarán especialmente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y al consumo de agua.

El PSOE también apuesta por la participación ciudadana directa en la elaboración de los presupuestos municipales.

En cuanto al transporte, las propuestas ahondan en la línea de la potenciación de los medios públicos y colectivos.. La palabra mágica es peatonalización. Piensan en los cascos históricos de las ciudades y centros urbanos, en un acceso al centro limitado y condicionado. La fórmula es una nueva vuelta de tuerca sobre los límites de velocidad en el interior de las poblaciones. Dentro de un programa llamado “calmar el tráfico”. Conlleva elementos físicos indispensables: más rotondas, más semáforos y un conjunto de elementos que, forzosamente, limitarán velocidades y caudal de tráfico. Por ejemplo, muchas vías públicas se convertirán –según el proyecto- en calles peatonales. Habrá vías públicas en las que la circulación sólo será posible en autobús o en taxi –se supone que en ciudades de un tamaño suficiente-. Insistiendo en esta dinámica, se aboga por la posibilidad de un servicio de taxi sobre una idea más colectiva. Una potenciación e este servicio en las zonas de extrarradio; el taxi compartido, allá donde el servicio público (autobús, metro) no llega.

Y junto a todo esto, una vieja propuesta –nunca puesta en práctica-, la construcción de aparcamientos disuasorios, justo a la entrada de los ascos urbanos, conectados con medios públicos de transporte, a lo que hay que añadir una nueva normativa sobre carga y descarga. Para completar este diseño de una ciudad móvil, en aquellos núcleos urbanos en los que ya existe esta posibilidad, se demanda un servicio de metro-suburbano que ofrezca servicio permanente durante todo el fin de semana, el momento de mayor demanda.

Pero también el 27 de mayo nos encontraremos con unas elecciones autonómicas en la mayor parte del país (13 de 17 comunidades autónomas). El Partido Socialista ha apostado fuerte. Embarcado en varias reformas estatutarias, ahora defiende en su programa la conveniencia de seguir adelante con los cambios en la política territorial. El Comité Federal del PSOE incidía en ello en su “Manifiesto Autonómico”. La defensa del concepto “descentralización”, y los beneficios que, a su criterio, ha aportado al desarrollo del Estado, constituyen los pilares básicos del programa socialista en lo tocante a la descentralización. Se combate en el texto a la visión centralista del Estado y se plantea una nueva vertebración en torno a la solidaridad y la cohesión que conlleva, en términos de eficacia y proximidad. Por eso, el PSOE incide en los beneficios de un Estado autonómico mucho más desarrollado. El planteamiento básico se ubica en un punto intermedio entre las tendencias centralistas que representa el discurso del principal partido de la oposición, y lo que identifican como “visión bilateral” de las formaciones nacionalistas. En esta área autonómica, en su programa, el Partido socialista apuesta por dar entero cumplimiento a todas las reformas estatutaria puestas en marcha en la mayoría de las comunidades autónomas, y desde esa perspectiva, dar forma a los instrumentos bilaterales –comunidades autónomas-Estado- de cooperación.

El Partido Socialista continúa apostando por uno de los principales planteamientos de su programa electoral de 2004: la reforma del Senado. El propósito es convertir a la Cámara Alta en un foro de primera lectura de las leyes autonómicas y la primera institución del debate territorial. Ambiciosa propuesta –como lo fue en su momento-, que depende del consenso de una mayoría cualificada de tres quintos, que se antoja más que improbable en la actual coyuntura política.

El modelo de división territorial y administrativa por el que apuesta el Partido Socialista, también parte de la autonomía –relativa- para que las comunidades autónomas desarrollen su propio modelo fiscal (dentro de sus competencias), en coordinación con una concepción estatal, para lo que se plantea la creación de espacios de recaudación autonómicos y de la flexibilidad en su interpretación, en función de las necesidades de cada comunidad, dentro del principio de corresponsabilidad fiscal.

El Partido Socialista aboga en su programa por la participación, al máximo nivel, de las comunidades autónomas en el diseño de las políticas migratorias y en su capacidad normativa para la regulación de los flujos, en coordinación con una política de Estado al respecto de esta cuestión, al tiempo que reclama la implicación –también en términos financieros- de todas las autonomías del Estado en el desarrollo y aplicación de la Ley de Dependencia, especialmente en aquellos aspectos en los que las competencias están ya transferidas..

En consonancia con la visión descentralizadora, el Partido Socialista, aunque sin habilitar ninguna normativa concreta, deja abierta la puerta para que los entes autonómicos tengan voz y voto en lo relativo a sus propias relaciones internacionales, a pesar de que no se especifiquen las modalidades, ni el grado, ni las fórmulas concretas con las que pueda desarrollarse esta relación.

No se olvida este Programa Marco de lo que se ha conocido como segunda descentralización; la transferencia competencial desde las comunidades autónomas a los ayuntamientos. De nuevo, la concreción brilla por su ausencia –aunque el propósito queda expresado- . El Programa socialista, en este terreno, sólo se aventura a plantear un acuerdo político para cambiar la financiación de las entidades locales.

Capítulo aparte se dedica a un asunto concreto, pero delicado: las políticas en  materia hidráulica. La gestión de un bien escaso (como es el agua), ha llevado a defender posiciones diferentes –al igual que ha sucedido en el PP- a líderes del PSOE, en según qué comunidad autónoma desarrollen su actividad política.. Tratando de resolver la cuadratura del círculo, el Partido Socialista hace pública su voluntad de poner en marcha una estrategia para gestionar el uso de las aguas que respete las competencias estatales recogidas en la Constitución, con las reservas establecidas en los estatutos de autonomía de ciertas comunidades autónomas. La oferta se plasma en una gestión coparticipada de las cuencas hidráulicas, en los casos en los que afecte a más de una autonomía, y en la creación de una Conferencia Sectorial del Agua, que permita abordar la cuestión de modo sectorial y coordinado, sin menoscabo de las competencias de cada Comunidad, y sin perjuicio de los intereses colectivos. Propuesta que, difícilmente, podrá tener una aplicación concreta.

PARTIDO POPULAR: ACABAR CON LOS IMPUESTOS

E l elemento más llamativo del Programa Marco presentado por el Partido  Popular para las próximas elecciones municipales y autonómicas es el concerniente a la política fiscal. Una bajada generalizada –y en algunos casos, la completa eliminación- de impuestos constituye lo más destacable de las propuestas efectuadas por el principal partido de la oposición.

En esta línea se inscribe el anuncio de una deducción autonómica en la vivienda con el objetivo e compensar la pérdida producida a los compradores que el PP vincula a la última reforma del IRPF impulsada por el Gobierno. Promete la supresión total del Impuesto de Sucesiones y unas bonificaciones que alcanzan nada menos que el 99 por ciento parar adquisiciones mortis causa e inter vivos. Otro 99 por ciento sobre la base imponible por la adquisición de la vivienda habitual en línea directa, y otro 99 por ciento por adquisición de empresa, negocio profesional o participaciones en entidades.

Dentro de este esquema, el Partido Popular se compromete a permitir el fraccionamiento y el aplazamiento de los pagos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, además, sin intereses, para facilitar la financiación de la adquisición de la vivienda, incluyendo una reducción de la tributación para los patrimonios medios y bajos en el Impuesto sobre el Patrimonio Neto, quedando exento el primer tramo de hasta 200.000 euros y una reducción total de 300.000 euros para la vivienda habitual.

Se plantea la reducción de la imposición indirecta sobre la constitución de hipotecas, incluyendo una bonificación del 90 por ciento en la modalidad de actos jurídicos documentados para la vivienda habitual para los menores de 35 años y para las familias numerosas.

En lo referente a la promoción del alquiler, el programa presenta la habilitación de sistemas de arbitraje para resolver de manera rápida los posibles conflictos entre arrendadores y arrendatarios, así como un sistema de seguros para la cobertura de eventuales impagos y daños ocasionados en la vivienda arrendada.

Al contrario de las iniciativas socialistas, los populares abogan por una mayor liberalización del suelo, con el compromiso de hacer público, incluso a través de Internet, el mapa nacional del suelo, incluyendo la información completa de la situación de su clasificación actual y los eventuales cambios que vaya experimentando. También serán publicados en la red los convenios urbanísticos existentes. El control vendría de la mano de unas auditorías especiales acerca de la gestión urbanística en cada caso de planificación local.

En el capítulo de lucha contra la corrupción urbanística, el Partido Popular propone la obligatoriedad para los cargos públicos de la realización de una declaración de bienes al inicio y a la conclusión de su mandato. Impulsará una modificación en las leyes para incrementar las penas para los delitos de corrupción, al tiempo que se promoverá que los bienes que resulten incautados en operaciones contra la corrupción, sean dedicados al sostenimiento e impulso de políticas sociales.

Un planteamiento llamativo es el de los cambios en las condiciones para la presentación de mociones de censura en los consistorios. Según la propuesta, en el primer y último año de los mandatos se requerirá una mayoría cualificada de dos tercios para poder ser presentadas, y no la mayoría simple, como sucede ahora. La explicación dada es la de dificultar los casos de transfuguismo por intereses espurios. Además, se establece la exigencia de que, en caso de producirse una de estas mociones, el voto sea nominal y público. Para complementar este capítulo se habilitarán mecanismos para la emisión de certificados de calidad externos sobre los mecanismos de control y las auditorías de los municipios.

En materia ecológica, el Partido Popular propone la incentivación a la sustitución de la energía contaminante por la extensión del uso de los biocombustibles, incluyendo una plan de renovación de calderas de calefacción comunitarias y de electrodomésticos de alto consumo para ser sustituidos por otros de alto rendimiento, mediante incentivos económicos.

El PP hace hincapié en una de sus propuestas expresadas desde hace tiempo en su proyecto de política territorial; lo que en sus documentos y debates internos han denominado “segunda descentralización”, que se basa en el traspaso de competencias desde las comunidades autónomas a los ayuntamientos y entes locales. Dentro de ese esquema, se plantea una profunda reforma del sistema de financiación de los ayuntamientos, promoviendo un sistema mediante el que obtengan más fondos directamente del Estado y de las comunidades autónomas. En esta línea se presenta la creación de un fondo de solidaridad que compense la menor capacidad recaudatoria de los municipios con menos de 10.000 habitantes.

También destaca en este Programa Marco el paquete de medidas dirigidas a las personas discapacitadas. El PP se compromete a aumentar desde el cinco hasta el siete por ciento la proporción de plazas laborales destinadas apersonas discapacitadas en la administración autonómica y municipal. Igualmente se recoge el proyecto de impulsar la teleasistencia a estos colectivos, unido a un programa de apoyo a domicilio y la instauración de proyectos de apoyo a la autonomía personal.

El texto presentado por el PP también encierra el compromiso de mejorar la movilidad de las personas discapacitadas, mediante una mejor accesibilidad a los medios públicos de transporte y también a las instalaciones de las distintas administraciones, así como a instalaciones deportivas y museos. En esta línea, prometen del mismo modo promover y subvencionar la adaptación de taxis en número suficiente y la creación de un “bono-taxi” para personas discapacitadas, subvencionado con dinero público.

En lo referente a política autonómica se aprecian notables diferencias con el Programa Marco del Partido Socialista, presentando un perfil general más centralista que incluye criterios muy unitarios para el conjunto de todo el Estado. Los mecanismos de cohesión entre todas las comunidades autónomas son una constante a lo largo de todo el programa del Partido Popular. Así, por ejemplo, se deja claro que las administraciones públicas deben actuar de acuerdo con los principios de cooperación, coordinación y subsidiariedad, en interés de todos los ciudadanos.

Esta misma idea es la que se plasma en el texto cuando plantea que las relaciones del Estado con las comunidades autónomas han de desarrollarse dentro de un marco multilateral, con igualdad y transparencia, evitando situaciones de privilegio de unas comunidades frente a otras. Insiste el PP en el máximo consenso a la hora de promover la reforma de un estatuto de autonomía, por lo que propone ampliar las mayorías necesarias para emprender tales reformas, y expresa su rechazo a aquéllas que “dividan a los españoles”.

El PP presenta un catálogo básico de prestaciones en educación, servicios sociales y una cartera de servicios en sanidad que garanticen la igualdad de acceso a  estos servicios a todos los ciudadanos españoles.

Penalización a las viviendas vacías

A excepción de los dos grandes partidos nacionales, el resto de formaciones aún no tienen presentado públicamente su programa electoral de cara a las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo. También es el caso de la tercera fuerza política española, Izquierda Unida, aunque, a través de las recientes declaraciones de su coordinador general, Gaspar Llamazares, las líneas generales han quedado marcadas. Las prioridades de la coalición de izquierdas estarán dirigidas al impulso del desarrollo sostenible y la lucha contra la corrupción urbanística. Para ello, IU abogará por  la instauración de códigos éticos y por la transparencia de los planes de urbanismo municipales.

Llamazares adelantaba los planes de defensa de los servicios públicos, advirtiendo que sus siglas, al contrario que la mayoría de las formaciones, no auspiciarán una bajada de impuestos, sino que propondrán su progresividad “para desarrollar servicios públicos de calidad”, y también anunciaba su combate contra las privatizaciones y a favor de la creación de mecanismos de gestión participativa.

Pero, con mucho, lo más llamativo de la actuación de Izquierda Unida no se encuentra en su todavía no publicado programa, sino en las propuestas ya realizadas en las comunidades autónomas donde cogobierna, Cataluña y País Vasco, en lo referente a políticas de vivienda. En ambas autonomías IU es la titular de este departamento, y en ambas, la propuesta “estrella” ha consistido en plantear un canon, una penalización fiscal para las viviendas que no se encuentren habitadas ni estén en el mercado de alquiler. Javier Madrazo, secretario general de Ezker Batua-IU, y titular de esta consejería en Euskadi, era el primero en lanzar la idea. Una tasa de nueve euros al día para gravar la vivienda en desuso que, además, se iría incrementando a medida que aumentase el tiempo en el que el inmueble permaneciese en esa situación improductiva. 12 euros el segundo año e incrementos sucesivos es una proposición que ya está sobre la mesa. También se introduce una variable en función del número de viviendas que posea un solo propietario; a mayor cantidad, mayor incremento de la tasa. El objetivo es claro: combatir la especulación y aumentar el parque de viviendas de alquiler.

La medida, pese a la polémica que ha desatado, y la rápida contestación por parte de los defensores de la propiedad privada, es una de las que mayor impacto directo podría tener sobre el desaforado mercado de la vivienda, y ha recibido el aplauso de la Federación Estatal de Asociaciones de Vecinos.

Esta propuesta también ha sido incorporada por la Secretaría de Vivienda de la Generalitat de Cataluña, cuya titular, Carme Trilla, de Iniciativa per Catalunya, pertenece a la misma federación que Madrazo. Pero no parece quedarse sólo en este ámbito y en esta formación política. Salvo el PP, el resto de los partidos representados en el Parlamento vasco han visto con simpatía la propuesta. La Comunidad de Galicia está estudiando una medida similar que va a impulsar su titular, Teresa Táboas, del Bloque Nacionalista Galego, y que, en principio, también contaría con el apoyo del Partido Socialista. También han mostrado su interés por esta posibilidad en Aragón. El concejal de urbanismo y teniente de alcalde de Zaragoza, Antonio Gaspar (Chunta Aragonesista), se mostraba partidario de aplicarla, con la condición de que una ley general estableciera los criterios por los que una vivienda podría tener la consideración de “vacía”.

Y aquí es donde radica, tal vez, el principal inconveniente para su puesta en práctica, puesto que no existe esa definición legal, pero para  el departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, los criterios no son difíciles de definir: un inmueble desocupado durante un año de forma ininterrumpida, que no es segunda residencia ni pertenece a alguien que la ha desocupado temporalmente por una causa debidamente justificada.

La medida tampoco sería inconstitucional, puesto que la Carta Magna establece los criterios de subordinación de la propiedad al interés general y, además, ya existe en la actualidad un sistema de penalización –aunque de mucha menor cuantía- a viviendas sin uso, mediante el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

En 2006, el parque de viviendas vacías en España ascendía a más 3,1 millones, según datos del Instituto Nacional de Estadística, casi el 15 por ciento de todas las existentes. En su mayoría pertenecen a ciudadanos particulares, un 55,2 por ciento, mientras que un 43,6 por ciento son propiedad de comunidades de vecinos. En algunas provincias la acumulación llega a ser escandalosa, casos como el de Barcelona, con 307.900; Madrid, con 306.600; o Valencia, con 208.100, constituyen un buen ejemplo de ello. Son, además, algunas de las áreas en las que mayor actividad está desarrollando la construcción, un negocio que justifica por sí solo todo el diferencial de crecimiento económico de nuestro país con respecto al conjunto de la Unión Europea, y que ha convertido a España en la nación del mundo con un más alto índice de viviendas por número de habitantes, en el entorno de una por cada dos ciudadanos.