Los talibanes incrementan sus ataques, anunciando mayores ofensivas para la primavera

La muerte de la soldado española Idoia Rodríguez y el ataque contra el convoy militar español el pasado 21 de febrero no constituye un hecho aislado. Recientemente fallecían otros seis soldados británicos en acciones de la insurgencia fundamentalista, y el pasado día 27, un atentado suicida acababa con la vida de 23 personas en la entrada principal de la base que el ejército estadounidense tiene en Bergam –y el objetivo de los explosivos era el vicepresidente norteamericano, Richard Cheney, que se encontraba en el recinto–. El Mulá Omar ha anunciado una intensificación de sus acciones esta primavera, asegurando poseer un ejército de más de 8.000 hombres y 2.000 suicidas dispuestos a lo que haga falta. Todo en un contexto en el que el Gobierno es acusado de corrupción, en el que los “Señores de la Guerra” de la Alianza del Norte continúan preservando un poder de taifas, y donde la cooperación internacional recibe todo tipo de críticas.

Por Pedro Antonio Navarro

El pasado 2006 fue el año en el que la violencia se cobraba un número más alto de vidas humanas en Afganistán desde la caída del régimen talibán en 2001. La muerte de 4.000 personas –tres veces más que en 2005- certificaba el fortalecimiento de las posiciones de la insurgencia fundamentalista, enquistada en las zonas montañosas del sur y este del país. Y es que, desde que en diciembre de 2001 se proclamase el Gobierno provisional de Hamid Karzai, y las tropas de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán (ISAF) se hicieran cargo de la seguridad y de la formación del nuevo ejército afgano y la nueva policía, nadie ha sido capaz de acabar con una resistencia talibán –entrenada y armada originalmente por los Estados Unidos- que ya frente a las tropas soviéticas daba muestras de su capacidad de combate, su perfecta adaptación al terreno y el exitoso uso de la táctica de guerrillas.

A esta circunstancia se le une la desestructuración de una nación que históricamente ha funcionado como los reinos de taifas. Los denominados señores de la guerra, con gran implantación en el centro y norte del país, que fueron fundamentales en la derrota del régimen talibán, conservan intactas sus prerrogativas y sus ejércitos privados. De procedencia dispar, algunos son bandidos, mientras que otros son líderes muy respetados con influencia determinante en algunas etnias del país, lo que también supone un grave riesgo para el incremento de tensiones que, en algún momento pudieran llevar a un enfrentamiento civil, como ya advierten algunos analistas. Estos señores de la guerra tienen una presencia importante en la Asamblea Nacional, la Loya Jirga, que depende en muchas ocasiones de sus decisiones.

El Gobierno presidido por Hamid Karzai, que tras un periodo provisional, obtuvo en 2005 el triunfo en las urnas con el 55 por ciento de los votos, apenas controla el territorio de la capital y su contorno. Karzai es conocido irónicamente como el alcalde de Kabul. El resto del país está controlado por los señores de la guerra, y en el sur, por los talibanes, que tras huir del avance de la Alianza del Norte, se refugiaban en la región montañosa de Tora Bora, donde han ido reconstruyendo su fuerza, como han demostrado a lo largo de 2006 y lo que llevamos de 2007. Los Estados Unidos han acusado al régimen de Pakistán de estar detrás de este fortalecimiento talibán. Los 2.400 kilómetros de frontera entre estos dos países, con unas líneas muy permeables, han permitido a los fundamentalistas actuar y posteriormente refugiarse en territorio pakistaní.

Más de cuatro millones de afganos se han encontrado en situación de desplazamiento, aunque, muchos de ellos, huyendo hace años del régimen de los talibanes (los estudiantes, en idioma pastún).

Paradójicamente, año tras año, y a pesar de la presencia de tropas extranjeras de 35 países, la producción de adormidera se ha extendido hasta límites insospechados. Afganistán es el primer productor mundial –con mucha diferencia, el 75 por ciento de lo obtenido en el mundo se produce en su territorio- de la materia prima con la que se elabora la heroína. En estos años su economía ha crecido un espectacular 20 por ciento, y todos los analistas coinciden en señalar a la heroína como única responsable de este diferencial. Se calcula que sólo el año pasado la producción creció un 50 por ciento, hasta superar las 6.000 toneladas, mientras que la superficie dedicada al cultivo se extendía a 165.000 hectáreas, un 59 por ciento más que el año anterior.

Tanto talibanes como señores de la guerra han encontrado una extraordinaria vía de financiación en esta actividad. Ambos grupos armados protegen la producción en amplias zonas del país, y ya se están produciendo casos de colaboración entre los antaño enemigos, y ahora grupos integrantes de la Alianza del Norte y los talibanes, en aras de tan magro negocio. La tentación también parece haber hecho mella en algunos integrantes del Gobierno de Kabul y hasta en los directivos de alguna de las muchas compañías multinacionales que operan en el país, denunciados por su implicación en este sucio negocio por varias de las 3.000 ONG que trabajan sobre el terreno.

La posible corrupción en el seno del Gobierno ya había sido tenida en cuenta, incluso por los países que participaron en la Conferencia de Donantes de Bonn, en 2001, en cuyas conclusiones finales se incluía la recomendación de canalizar el dinero de las ayudas a través de las ONG y de empresas, en lugar de las estructuras administrativas afganas, sobre las que pesaba la desconfianza general. Sólo el año pasado se cambiaba este criterio, en la Conferencia de Londres.

Pero la corrupción puede no quedarse sólo en el lado afgano. Un gran número de multinacionales han entrado a saco en el pastel de la reconstrucción del país, muy especialmente, las norteamericanas. No sólo existen sospechas de cierta connivencia con el tráfico de drogas, sino, y sobre todo, innumerables quejas sobre la calidad y el trabajo en el levantamiento de infraestructuras y la construcción de edificios –de modo increíble, en algunas ciudades afganas se está produciendo un auténtico boom inmobiliario-. Muchas de estas compañías gestionan directamente fondos públicos concedidos por las conferencias de donantes. Además, no se debe olvidar que la mayoría de los contratos de reconstrucción son concedidos directamente por entidades como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, o la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID).

A pesar de la gran presencia en el país de organizaciones no gubernamentales –más de 3.000-, los informes elaborados por Amnistía Internacional identifican Afganistán como el país más inseguro del planeta para el desarrollo de sus actividades y el más peligroso para sus integrantes. En estos años se han producido numerosos asesinatos, atentados y secuestros que han tenido como víctimas a integrantes de estas ONG. Esta situación ha llevado a que, por ejemplo, Médicos sin Fronteras tomara la decisión de suspender todas sus actividades en la zona y evacuar a todo su personal, ante la imposibilidad de garantizar su seguridad.

Los cambios esperados no parecen haber llegado a la población afgana. Las promesas de una estabilidad democrática y un desarrollo consecuente con esta nueva situación no se aprecian en la mayor parte del país, donde las instituciones democráticas, lejos de Kabul, no pueden competir con el poder real de los señores de la guerra. Una sanidad y educación precarias, unos niveles de desempleo alarmantes, la carencia de infraestructuras básicas, una mujer que no se ha visto liberada y protegida, que, en muchas ocasiones sigue vistiendo el ominoso burka –incluso en Kabul- describe la situación cotidiana que vive el ciudadano afgano.

Su ejército, formado por 40.000 efectivos, y su policía, integrada por otros 60.000, no parecen ser capaces de controlar la situación. En muchos ámbitos se argumenta que el actual Gobierno sólo está sostenido por la presencia de las tropas extranjeras de la ISAF. 37 países aportan sus tropas en un operativo decidido por Naciones Unidas, pero que gestiona la OTAN, aunque Estados Unidos es, con diferencia el país que más soldados ha desplazado –18.000 más los 2.400 que ha aprobado enviar inmediatamente-, y quien, en realidad, dirige todas las operaciones.

En los últimos tiempos se ha comenzado a detectar un cierto sentimiento antiamericano –la mayor parte de la población cree que todos los soldados de la ISAF son de ese país-, incluso en la capital, como pudo comprobarse en los disturbios que tuvieron lugar el 29 de mayo de 2006, tras un accidente múltiple en el que estaba implicado un vehículo militar estadounidense. Las masivas y violentas protestas de la población se saldaron con más de 30 muertos y 60 heridos. Las tropas norteamericanas dispararon contra los congregados, aunque lo más sorprendente estuvo en la actitud de muchos policías afganos, que se sumaron a las protestas.

Algunos comienzan a considerar la presencia de la ISAF como una fuerza de ocupación. Un argumento que los talibanes están utilizando para fortalecer su ejército y para encontrar apoyo civil. Por lo pronto, tras el gran incremento de atentados en 2006, en 2007 su actuación ha provocado ya decenas de fallecidos, entre los que se encuentra la soldado española Idoia Rodríguez. Se atrevieron a tratar de atentar contra el vicepresidente norteamericano, Richard Cheney –matando en el intento a 23 personas-, y han anunciado su intención de iniciar grandes ofensivas en esta primavera. La OTAN también ha declarado su intención de llevar a cabo ofensivas preventivas. El polvorín afgano está a punto de estallar.

Un problema para Zapatero

Si cree algo, dígalo y defiéndalo con claridad y personalidad, pero no disimule y no diga que van a Afganistán en misión humanitaria. Van a una guerra y los españoles tienen derecho a saber a dónde van”, proclamaba el pasado 22 de febrero el presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Mariano Rajoy, anunciando que  exigiría la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso para que explique “la verdad” y no se refiera más a la actuación de las tropas españolas en Afganistán con “disimulo y mala conciencia”. El jefe de las filas populares realizaba estas declaraciones durante un mitin de su partido en la localidad de Zamora, apenas unas horas después de conocerse el ataque que habían sufrido los efectivos españoles en esa zona. El acto zamorano del PP estaba convocado para promocionar a sus candidatos para las próximas elecciones municipales y autonómicas.

Una de las primeras consecuencias del fallecimiento de la soldado Idoia Rodríguez, destinada en el país asiático, y que moría por la explosión de una mina activada por los militantes talibanes al paso de un convoy de tropas españolas al sur de Herat –donde se ubica la base hispana-, ha sido la incorporación a la agenda opositora del Partido Popular de un asunto tan sensible. Otros militares de nuestro país –hasta 126- ya han perdido la vida en acciones durante el desempeño de misiones internacionales, pero este es el primer caso de la muerte de una soldado.

Así, un asunto prácticamente hibernado –sólo Izquierda Unida ha hecho en varias ocasiones referencia en el Parlamento a la presencia española en Afganistán, solicitando el regreso de las tropas- le está ofreciendo al PP una nueva línea argumental para su trabajo de oposición sistemática y sin tregua en todos los frentes. Rajoy exigía la concesión a la soldado, a título póstumo, de la Cruz del Mérito Militar con distintivo Rojo, que la legislación en esta materia reserva para los fallecidos en acciones de guerra, mientras que el Gobierno anunciaba su intención de otorgar esta condecoración a la militar fallecida, pero con el distintivo Amarillo, el que se especifica para misiones de paz.

La guerra de las medallas parecería un asunto superfluo, especialmente si se toma en consideración que una militar española ha perdido la vida en el cumplimiento de su deber. El Ejecutivo, de modo reglamentario, había decidido, con prontitud, disponer los homenajes pertinentes. Para el Partido Popular sí es importante incidir en el color de esta condecoración, puesto que desea demostrar que los centenares de soldados españoles desplazados en Afganistán están desarrollando una misión de guerra. Con ello quedaría equiparado al envío de tropas españolas a Iraq durante el Gobierno de José María Aznar. Equiparar ambas situaciones otorgaría, de modo retroactivo, legitimidad a aquella decisión de un gobierno del PP. El otro efecto deseado es el de equipararlas también en peligrosidad, conocedores del rechazo popular a la participación española en guerras de cualquier tipo, especialmente, de ocupación.

Lo cierto es que ambas situaciones, pese a contar con efectivos armados destacados en países extranjeros, no tienen la misma naturaleza. El origen de la ISAF (Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán), en el que se integra el operativo español, es la resolución 1.368 de 20 de diciembre de 2001 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que decide el envío de un contingente internacional para garantizar la seguridad y el desarrollo en la zona de modo transitorio. El envío de la fuerza española a Afganistán, a diferencia de lo sucedido con las tropas que llegaron a Iraq, fue autorizado por el Pleno del Congreso de los Diputados, y no sólo con los votos favorables del Partido Popular, sino que, en su momento, precisamente se trató de una iniciativa del Gobierno presidido por José María Aznar.

Ante la perspectiva de una primavera caliente anunciada por el Mulá Omar, jefe de los talibanes refugiados y fortificados en el sur del país, el partido popular puede encontrar audiencia sensible en las filas mayoritarias de los antibelicistas españoles, y con ello, según una estrategia abierta a crear y mantener todo tipo de frentes contra el Ejecutivo, tratar de obtener un rédito electoral. Mariano Rajoy acusaba al presidente del Gobierno de presentar la actuación del Ejército español en la zona como si se tratase de “ayudar a ancianitas a cruzar la calle”, advirtiendo de que lo cierto es que nuestros soldados corren serios “riesgos y peligros”.

Desde el Partido Socialista se ha denunciado que el PP trata de generar confusión acerca de la naturaleza de la misión en Afganistán. Jesús Cuadrado, diputado socialista de la Comisión de Defensa del Congreso, ha insistido durante estos días en que lo realizado por los militares de nuestro país en aquel país está enmarcado en la acción “humanitaria y de reconstrucción de esa nación, marcando la diferencia con lo que consideraba una “misión de combate para ocupar un país”, e impulsada por Estados Unidos, como era la de Iraq.

Del mismo modo, pero con más dureza, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguraba el pasado 23 de febrero que “igual que en la vida no todo vale, tampoco puede valer todo en política. Si el PP pretende desgastar al Ejecutivo con esto, ellos sabrán lo que hacen”.

Quienes sí llevan años oponiéndose sistemáticamente a la situación de las tropas españolas en Afganistán y solicitando su regreso a casa de modo similar a como se hizo con el contingente destinado en Iraq, son los dirigentes de Izquierda Unida. Antes de la desgraciada muerte de Idoia Rodríguez, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, había solicitado que el Gobierno se replanteara la situación de nuestras tropas. Sucedía el 8 de febrero de este año, un día antes de la reunión ministerial de la OTAN en Sevilla, cuando, ante la petición efectuada por esta organización militar al Gobierno español para que aumentase su contingente en el país asiático, el presidente Zapatero se mostraba tajante negando esa posibilidad.

Los tristes acontecimientos posteriores, a los que hay que añadir la muerte reciente de otros seis soldados británicos en la zona, han precipitado que la coalición de izquierdas llegase a solicitar la celebración de un pleno monográfico en el Congreso para tratar la situación de las tropas españolas en Afganistán. Llamazares ya había adelantado que su grupo solicitaría del Gobierno la confección de un calendario para la retirada total y definitiva. Para el coordinador general de IU, la “situación en Afganistán es extremadamente peligrosa para nuestras tropas” y está “fuera de control”, al tiempo que denunciaba que la decisión sobre las operaciones, de facto no la está ejerciendo Naciones Unidas, sino el Ejército de Estados Unidos. El pasado 27 de febrero, el presidente del Gobierno no contestaba a una pregunta sobre este asunto efectuada por Gaspar Llamazares, lo que provocaba un monumental enfado de la coalición, que calificaba la actitud de Rodríguez Zapatero como “muy grave (...) No es que ya no tengamos una relación preferente, es que ya no existe. De eso tomamos nota”, y acusaba al Ejecutivo de haber vuelto “al espíritu de guerra del comienzo de legislatura”.

Las tropas españolas entraban a formar parte de la ISAF de la mano del Gobierno que entonces presidía José María Aznar. Con gran diferencia, ha constituido la misión más peligrosa para los militares españoles, constatado por el hecho de que es el contingente que más vidas humanas ha costado a las Fuerzas Armadas desde que participan en misiones internacionales. 82 militares españoles han perdido la vida en este despliegue –incluidos los 62 fallecidos en el trágico accidente del Yak 42, en 2003, cuando regresaban a España tras haber pasado el tiempo correspondiente en Afganistán-.

En la actualidad se hallan desplazados en aquel país un total de 690 soldados de nuestro Ejército –el año pasado se incorporaron otros 150-. Al comienzo de la misión, en la que participan 37 países, España era el quinto Estado que más tropas aportaba (ahora es el décimo, aunque ocupa un lugar mucho más destacado en cuanto a ayudas al desarrollo), pero la negativa gubernamental a la ampliación del contingente puede tener lecturas de futuro. Especialmente, porque el embajador español en Afganistán, José Turpin, y el representante especial de la Unión Europea en la zona, Francesc Vendrell, habían comunicado al Gabinete su opinión favorable a esta ampliación del número de efectivos, mientras que mandos militares también expresaban su consejo técnico de crear una base avanzada en la zona en Bala Morghab y contar con maquinaria de zapadores, lo que, en la práctica, supondría la necesidad de enviar, al menos, a otros 150 soldados. Aún así, el teniente general Bernardo Álvarez, jefe del Mando de Operaciones, había matizado que no solicitaba más efectivos, sino más medios adaptados a la naturaleza de la misión. Por eso, la negativa de Rodríguez Zapatero tiene gran importancia política. La zona en la que se encuentran las tropas españolas, Herat, y la cercana Qal-e-Naw (donde se despliega el Equipo de Reconstrucción Provincial), ha dejado de ser tranquila y se ha convertido en zona de aprovisionamiento y de paso para las nuevas rutas del opio. Además, los servicios de Inteligencia han advertido del serio riesgo de que los ataques y los atentados suicidas vayan en aumento a partir de este momento, a lo que se une la advertencia del Mulá Omar –a la que la Inteligencia norteamericana da toda la credibilidad- de que a partir del deshielo de esta primavera, los talibanes lanzarán diversas ofensivas apoyados en sus más de 8.000 efectivos y su proclamado nuevo armamento –capaz de derribar helicópteros, según amenaza Omar-.

El Gobierno español también es consciente de que la OTAN, quien oficialmente gestiona la misión, ya ha comunicado sus planes de realizar ofensivas preventivas contra las zonas del sur y del este del país (feudos talibanes), lo que, en la práctica supone una garantía de que las acciones de guerra se verán notablemente incrementadas, lo que conllevaría un incremento exponencial del riesgo y, muy probablemente, un cambio en profundidad de la naturaleza de la misión internacional.

Zapatero recuerda que iniciaba de modo espectacular la legislatura con el automático cumplimiento de su promesa de retirar inmediatamente las tropas españolas de Iraq, sorprendiendo a partidarios y detractores por su determinación. Su negativa a ampliar el contingente podría estar relacionada con su deseo de no terminar la legislatura enviando tropas a realizar acciones de guerra. Si esa situación bélica llega, como todo parece indicar, puede que la negativa a la ampliación no sea la única decisión a tomar.

El precio en vidas de las misiones en el exterior

Desde que en 1990 las tropas españolas comenzasen a participar activamente en misiones internacionales, su presencia en estos escenarios ha constituido la principal causa de fallecimientos entre integrantes de las Fuerzas Armadas. La muerte de la soldado Idoia Rodríguez, el pasado 21 de febrero –primer caso de una mujer militar española fallecida en acción de guerra-, cerca de Shindand (Afganistán), eleva a 127 el número de personas que han perdido la vida en el desempeño de estas misiones fuera del territorio nacional.

Precisamente, la participación en la fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán (ISAF), es la que se ha saldado con el mayor número de víctimas para el Ejército español. Nada menos que 82 compatriotas han dejado sus vidas en ese operativo. La mayoría de ellos -62 militares- encontraba la muerte en el trágico accidente del Yak 42, sobre territorio turco, cuando regresaban a España, en la madrugada del 26 de mayo de 2003. Otros 17 soldados caían en un accidente de un helicóptero Cougar, el 15 de agosto de 2005, cerca de la localidad de Herat, donde el contingente español tiene su base en este país centroasiático. Otro militar perdía la vida, como Idoia, por la explosión de una mina, y otro más, a consecuencia de un infarto, situación que se ha repetido en otras ocasiones en misiones diversas.

La actuación de nuestras tropas en Bosnia provocaba la segunda cifra más alta en fallecimientos. En el país balcánico encontraron la muerte 18 integrantes del Ejército español. Seis de ellos en acciones bélicas y como consecuencias de ataques directos, otros 11 en accidentes de tráfico (cabe resaltar la altísima siniestralidad de los vehículos de transporte militares), mientras que, nuevamente, otro soldado moría por infarto de miocardio.

Iraq también se cobraba un alto tributo. Un total de diez uniformados de nuestro país caían en acto de servicio en la nación mesopotámica. El 29 de noviembre de 2003 siete agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) eran asesinados en una emboscada de la insurgencia cuando viajaban en un vehículo civil por una autopista en las inmediaciones de la capital, Bagdad. Apenas mes y medio antes, el 9 de octubre, el agregado de Inteligencia de la Embajada española, José Antonio Bernal –con la graduación de sargento primero-, era tiroteado cerca de su domicilio en Bagdad.

Otro atentado contra la sede de las Naciones Unidas en la capital, segaba la vida del coordinador de seguridad para las ONG, junto a la de otros muchos funcionarios de diversas nacionalidades. En una acción bélica contra la insurgencia en la provincia de Diwaniya –donde se concentraban las fuerzas españolas- también encontraba la muerte el comandante de la Guardia Civil Gonzalo Pérez García.

Seis militares españoles fallecieron durante el desempeño de la misión internacional en Kosovo. En esta ocasión, ninguna de estas trágicas pérdidas estuvo relacionada con acciones de combate o ataques contra las tropas. Cuatro perdían la vida en accidentes, tres de ellos aéreo, y el cuarto en un vehículo terrestre. Otro de los fallecidos recibía un disparo accidental en el interior del cuartel, mientras que –un caso más-, sufría un ataque al corazón-.

En Guinea encontraban la muerte tres militares españoles que viajaban en un Aviocar accidentado, mientras que otro soldado perdía la vida en Guatemala al caer el helicóptero en el que se encontraba durante una misión humanitaria de ayuda a los damnificados en un terremoto que se había producido en el país centroamericano.

Las colisiones de vehículos terrestres, una vez más, elevaban la dura estadística en Abu Dhabi, donde otro soldado español fallecía como consecuencia del accidente sufrido por un carro antimisiles.

Una historia de atentados sin fin

El 27 de febrero, sólo una semana después de la explosión de la mina terrestre que acababa con la vida de la soldado española Idoia Rodríguez, un nuevo ataque perpetrado contra el cuartel general de las tropas estadounidenses en Bagram, se cobraba la vida de 23 personas. En esta ocasión se trataba de un atentado suicida con coche bomba que hacía explosión en la entrada principal del protegido recinto. 20 civiles afganos, un soldado norteamericano, otro surcoreano y un contratista estadounidense fueron las bajas, pero el objetivo era nada menos que el vicepresidente de los Estados Unidos, Richard Cheney, que se encontraba en el interior de la instalación, aunque los responsables de su seguridad aseguran que en ningún momento corrió peligro.

Hasta el momento ha sido la última acción violenta cometida por militantes del movimiento talibán, pero, desde luego, no la primera. Desde que el 22 de diciembre de 2001 tomase posesión de su cargo el actual presidente afgano, Hamid Karzai, una larga y sangrienta cadena de atentados ha sembrado de muerte la geografía de esta conflictiva nación centroasiática.

El primer gran ataque de la era postalibán se producía el 5 de agosto de 2002. Aquel día dos coches bomba explotaban en el centro de la capital, Kabul, causando al muerte a 22 personas, la gran mayoría, civiles, dejando también varias decenas de heridos, algunos de ellos, muy graves. Cuatro días más tarde, el 9 de agosto, el balance era aún más desolador: 26 fallecidos y 80 heridos provocados por la explosión de otro coche bomba en el interior de la sede de una ONG, esta vez, en la ciudad de Jalalabad. El último gran atentado de 2002 se producía el 5 de septiembre. El sistema indiscriminado del coche bomba volvía a dejar un reguero de cadáveres -26- en el centro de Kabul y varias decenas de heridos.

El 31 de enero de 2003 los talibanes hacían explotar una mina al paso de un autobús muy cerca de Kandahar, con el trágico balance de 16 personas muertas. El 13 de agosto de ese año, un activista suicida hacía estallar los explosivos que llevaba adheridos a su cuerpo en el interior de un autocar de transporte de pasajeros en el sur del país –zona controlada por la milicia talibán-, causando la perdida de 15 vidas humanas.

Otras 15 personas morían –casi todos niños- el 6 de enero de 2004 en un ataque con explosivos a un cuartel del Ejército afgano en Kandahar. Además, completaba el saldo con más de 50 heridos. El 29 de agosto de 2004 se producían dos atentados casi simultáneos. En uno de ellos, de nuevo los niños eran escogidos como víctimas al atacar una escuela en Paktia. El otro volvía a conistir en la explosión de una potente bomba en el centro de Kabul; el resultado conjunto: 20 muertos y decenas de heridos.

El 1 de junio de 2005 le tocaba el turno a los fieles que se daban cita en una mezquita de Kandahar. Una vez más, con un saldo terrible de 19 muertos y más de 50 heridos. Kandahar continuaba convirtiéndose en lugar preferente de la actuación de la milicia talibán. El 16 de enero de 2006 dos atentados cometidos por suicidas costaban la vida a 22 personas. En esta misma zona, en la localidad de Panjwai, un nuevo ataque perpetrado por un suicida ocasionaba la muerte de 21 civiles, entre los que, otra vez, se encontraban numerosos niños. El 28 de agosto, un atentado contra un mercado en Helmand, en la zona sur, arrebataba la vida a 16 personas y ocasionaba cerca de 50 heridos.

El ataque contra la Embajada estadounidense en Kabul con un coche bomba asesinaba a 18 personas, 16 civiles y dos soldados norteamericanos, el 8 de septiembre de 2006. el 22 de ese mismo mes, un grupo de talibanes armados disparaba en Kandahar a un grupo de trabajadores de la construcción, provocando la muerte de 19 de ellos.

Para cerrar el peor año desde el fin del gobierno talibán, el 26 de septiembre de 2006, un militante suicida se hacía estallar con su mortífero cargamento de explosivos entre un grupo de peregrinos musulmanes en Helmand, con el resultado de 18 muertos y decenas de heridos.