Lista Al trasluz

El porvenir de la Monarquía

P arece evidente que la espectacular ascensión del Excelentísimo Señor don Jaime de Mari-chalar –tal es el tratamiento oficial– al paraíso de los grandes negocios, a los consejos de administración y, en definitiva, a no pocos pelotazos y muchos chollos no se debe a más mérito que el de su matrimonio con la infanta doña Elena. O sea, el de su acceso a la familia real española.

Si Jaime de Marichalar no se hubiera casado con Elena de Borbón, sus relevantes éxitos económicos y financieros difícilmente los hubiera alcanzado. En la Fundación LTB, impulsada por la multimillonaria canadiense Louise Blouin, y de la que es miembro Marichalar, consta que figura "en representación de España". ¿En representación de España? ¿Quién le ha otorgado semejante título? El marido de Elena de Borbón se representa a lo sumo a sí mismo. Su suegro es el Jefe del Estado. Su suegro, sí representa a España. Pero Marichalar, yerno suyo, no.

La Monarquía sigue gozando de buena salud. Con fluctuaciones, continúa siendo una de las instituciones mejor valoradas por el conjunto de la ciudadanía. El Rey, designado por la dictadura, se convirtió a partir de 1978 en el Rey de la democracia. Ése fue el gran acierto de Juan Carlos de Borbón y Borbón. No sólo consiguió disipar las sospechas de su antigua vinculación con el general Franco, sino que se erigió en el portaestandarte del nuevo régimen, capaz de incluir en su seno desde conservadores a independentistas pasando por socialistas y comunistas, entre otras opciones como los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos.

Es una Monarquía que ha demostrado su flexibilidad y que ha huido de ciertas tentaciones políticas, ahora inimaginables pero, por ejemplo, en febrero de 1981, perfectamente perceptibles. Por cierto, evitarla tentación del 23-F supuso un espaldarazo decisivo para el Rey. Sin embargo, otro género de tentaciones sí da la impresión de que no han sido rechazadas por lo que cabe denominar genéricamente como la Corona. La mezcla, en ocasiones perversa, entre la dimensión pública de cada uno de los componentes de la familia real y determinados intereses estrictamente privado es una realidad. Por desgracia.

A esta Monarquía le falta transparencia. Ni el Rey ni, en la práctica, su familia pueden ser objeto de la siempre conveniente fiscalización parlamentaria. ¿Cabría una investigación en el Congreso de los Diputados sobre, pongamos por caso, las actividades profesionales del mencionado Marichalar? ¿Ante quién o ante quiénes responde el yerno del Rey? ¿Alguien concibe –al menos teóricamente– que en el siglo XXI los integrantes de la familia real se beneficien de privilegios económicos, ajenos a la media de la sociedad española? Muchos ciudadanos piensan, y con fundamento, que el tráfico de influencias forma parte, desde hace tiempo, del paisaje de La Zarzuela.

La Monarquía es una forma de Estado vetusta y obsoleta. Se mantiene cuando –como en España– el Rey renuncia a gobernar o a influir en los gobiernos de turno y se transforma en un símbolo. Sobrevive gracias a difuminarse hasta, de hecho, asumir los valores tradicionalmente republicanos. Su futuro, no obstante, es más bien incierto. Parece obligado que esta institución incorpore cuanto antes a su proceso de supervivencia la virtud de que sus miembros sean honrados y además parezca que lo son. Han de estar sometidos a la exigencia democrática de ser inspeccionados de acuerdo con el Estado de Derecho. Conductas –aparentemente al menos– parasitarias como la de Marichalar no favorecen precisamente a la Monarquía. Y menos al porvenir de la misma.

Enric Sopena

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