por Juan Antonio Barrio

El gobierno aprobó un Estatuto del Trabajador Autónomo, actualmente aprobado ya por el Congreso, que está en trámite en el Senado. Este Estatuto -que afecta a más de tres millones de personas- cuenta con el apoyo de las asociaciones mas representativas de los trabajadores autónomos y tiene una gran importancia que conviene resaltar. En primer lugar, unifica toda una serie de normas dispersas en el ordenamiento jurídico clarificando y definiendo el colectivo al que afecta en una sola norma. Además se recogen importantísimos avances en protección social: acceso al sistema público de desempleo, nuevas bonificaciones y reducciones en las bases o cuotas a la Seguridad Social dentro del Régimen Especial que afecta a este colectivo (RETA), se prevé la extensión de la protección social por incapacidad temporal, derecho a prestaciones de maternidad o paternidad y jubilación anticipada en profesiones de especial peligrosidad... Se recoge -y protege-también por primera vez la figura del trabajador autónomo "económicamente dependiente", definido como aquellas personas que prestan sus servicios o desempeñan su actividad fundamentalmente para un solo cliente del que reciben el 75% de sus ingresos.

Otra norma de especial importancia, porque pone en pie el llamado cuarto pilar del Estado del Bienestar es la Ley -ya en vigor- de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. A efectos de esta ley se entiende por dependencia "el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, laenfermedad o la discapacidad y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria, o en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental de otros apoyos para su autonomía personal". Como se ve, esa es una definición muy omnicomprensiva. La ley prevé plazos de aplicación, empezando por las personas con gran dependencia hasta terminar incluyendo en 2015 a los dependientes moderados.

Se prevé asimismo distintas opciones de servicios (ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día, plazas residenciales...) y/o ayudas económicas (prestaciones económicas al cuidador familiar -además de alta en la Seguridad Social- y para la contratación de un asistente personal).

Son dos leyes, en definitiva, importantísimas, cumplen el programa electoral y marcan la impronta de la agenda socioeconómica del gobierno. Lo que pasa es que son menos sensibles al ruido mediático supuestamente favorable a los intereses del principal partido de la oposición. Precisamente por eso es esencial resaltarlas. Y también clarificar, ¿qué tiene esto que ver con el 27 de mayo, es decir, con las elecciones autonómicas y con el debate izquierda/derecha? Pues... bastante. Veamos.

En el caso del Estatuto del Trabajo Autónomo, como tal, no va a ser cuestionado. Se trata, quizás, desde el PP de minimizar su importancia o de insistir en los propios planes para autónomos. Pero en relación con la Ley de Dependencia (como es'-' normalmente conocida) el problema -y lo que nos jugamos- es mucho mayor. No sólo por cuestiones competenciales (aunque también) y ni siquiera por el follón ya montado por los gobiernos autonómicos del PP en la primera reunión para crear el Consejo Territorial que debe acordar el baremo y precisar los servicios y las cuantías de las prestaciones asociadas a cada grado de dependencia. Todo esto son avisos comparado con la financiación. El 50% de ésta se prevé por el Ejecutivo Central y el otro 50% de la financiación pública la realizarán las CC AA. La actitud de los gobiernos autonómicos del PP no permite presagiar nada bueno para la colaboración institucional en torno a esta ley, pero tampoco sobre lo escrupuloso del cumplimiento financiero allí donde gobiernen después del 27 de mayo. Esta es una más de las muy importantes cosas en juego en las próximas elecciones autonómicas. Hay que decirlo con rotundidad y, además, exigir el respeto a lo que se supone un avance básico del Estatuto del Bienestar, no sólo de boquilla, sino en los presupuestos. En la Comunidad Autónoma de Madrid, por ejemplo, gobernada por el PP, esta ley afecta a 155.000 personas, más del 80% con más de 65 años, y, como es lógico, se prevé un considerable aumento en los próximos años. Se calcula que en 2015, cuando esté implantado la totalidad del sistema, la inversión completa de las Administraciones Públicas (Gobierno y Comunidad Autónoma) en Madrid sería de 593 millones de euros y por entonces se deberían haber creado unos 46.000 empleos relacionados con esta ley. Para ello hace falta un gobierno en la CAM que crea más en las personas y menos en el negocio del cemento.