El cambio de modelo

por Joaquín Leguina

El proceso que se abrió tras la derrota de los fascismos en 1945 –y que tiene en nuestro ámbito su expresión política más significativa en la trabajosa construcción de lo que hoy conocemos como Unión Europea–exigió un consenso político que, como es lógico, redujo la expresión pública de las diferencias ideológicas. La presencia cercana de un modelo alternativo, totalitario y de raíz marxista, hizo que ese consenso se fuera construyendo en torno a las ideas social-demócratas, claramente presentes en cuestiones tan relevantes como el llamado Estado del Bienestar con la universalización de servicios sociales (la sanidad, la educación, el sistema de pensiones, el subsidio de paro...) y un Derecho Laboral protector del trabajo asalariado, amén de una potente red de empresas públicas industriales y de servicios (transporte, comunicaciones...). Todo ello, claro está, exigía un sistema impositivo potente y un pesado aparato burocrático.

Desarrollo económico, libertades públicas y Estado del Bienestar componían un conjunto mucho más atractivo que el modelo soviético, desde luego, pero también que el norteamericano, donde el papel de lo público, del Estado, en la vida social fue siempre menos relevante.

En 1989 la caída del muro berlinés puso punto final a un modelo político y social que llegó predicando la liberación de la Humanidad y que, pronto, se convirtió en una dictadura sanguinaria, además de ineficiente en el terreno económico. Una larga y triste historia se había venido abajo.

Quien pensara que este hecho capital no iba a tener efectos sobre elmodelo social europeo era un optimista, un ingenuo o ambas cosas. No es preciso ser un lince para comprobar hoy una tendencia en cuya asíntota se dibuja otro modelo.

El Derecho Laboral precedente se ha ido destruyendo durante los últimos años en una deriva en cuya asíntota aparece el contrato laboral como un contrato civil más, sin que, hasta ahora, se le haya puesto coto a esa tendencia, intentando sustituirla por un derecho garantista, como el anterior, y más acorde con los tiempos actuales. El despido fácil y la consiguiente inseguridad en el empleo, la dualización entre contratos laborales viejos versus contratos nuevos, el despilfarro de las jubilaciones anticipadas y un largo etcétera de inseguridades son el resultado de la ofensiva triunfante, a la que se ha vestido con un eufemismo: "Desregulación del mercado laboral".

En el actual sistema de trabajo se requieren unas cotas de fidelidad ha- cia la empresa antes desconocidas.
Una disponibilidad total ante los cambios "de humor" de los directivos y ante las oscilaciones productivas inducidas por la cambiante demanda. Se explica así el nivel de las horas extraordinarias, un hecho paradójico si se pone en relación con las altas tasas de paro que han acompañado el cambio que aquí se quiere describir, un desempleo para el cual se tienen explicaciones sorprendentes. Escuchemos, por ejemplo, a Akerlof: "El desempleo se desarrolla porque los trabajadores se preocupan de sus compañeros. Esto limita la capacidad de la empresa para imponer salarios que permitan el equilibrio en el mercado de trabajo, es decir, en un nivel que elimine el desempleo".

En un régimen en el cual los derechos de los asalariados se van desvaneciendo paulatinamente bajo el apremio de las contingencias económicas, domina siempre la eventualidad y una especie de fundamentalismo industrial parece imponerse. En el sistema post-fordista la actividad laboral es ocasión para jerarquizar las relaciones dentro de la empresa. Un terreno en el que se desarrollan actitudes y predisposiclones tales como el oportunismo, el cinismo o la delación.

Por otro lado, la oleada ideológica contra los impuestos representa el haz de una tela en cuyo envés se inscribe otro discurso según el cual resultan onerosos hasta lo inaceptable los servicios universales, tales como la sanidad o la educación obligatoria. Por no citar a las pensiones, en cuya crítica se incluye la "insostenibilidad", que ha venido de la mano de una demografía desgastada por tantos años de caída en la fecundidad. Una fecundidad que, a su vez, debe su depresión en gran medida a la persistencia del paro y de la inseguridad en el empleo.

Paralelamente, la Unión Europea se ha mostrado remisa o impotente a la hora de abordar, no sólo un proyecto fiscal común, también la imposición (y la paralela lucha contra el fraude) en lo tocante a las rentas de un capital cada vez más escurridizas por multinacionales, amén de tolerar la existencia de paraísos fiscales en su seno o aledaños, lo que resulta de una opacidad desalentadora. Llámese como se llame, el impulso ideológico y político reinante describe, como resultado, un panorama donde todo lo efímero e inseguro tiene su asiento.

La privatización de las empresas públicas se realizó en la Unión Europea argumentando que la competencia en el mercado interior no se conseguiría manteniendo en sectores claves empresas susceptibles, por ser públicas, de estar subvencionadas por los gobiernos nacionales. Un argumento que ocultaba otros fines. Por ejemplo, el desalojo del poder sindical fuertemente afincado en aquellas empresas. "Más sociedad y menos Estado" fue el eslogan usado por los conservadores. Nadie se preocupó entonces de reforzar mediante normas jurídicas adecuadas el control social y societario de las empresas privadas, especialmente de aquellas que, al hilo de la privatización del espacio radioeléctrico, acabaron por construir grandes imperios mediáticos. El caso de Telefónica en España fue uno de los previsibles resultados.

Por otro lado, las nuevas tecnologías aplicadas con ahínco a la dispersión productiva (radical reducción del tamaño de las plantas con la consiguiente desaparición de las concentraciones obreras) acabaron por darle la puntilla a un movimiento sindical, colocado hoy a la defensiva.

El proceso de concentración económica y social en unas corporaciones donde la propiedad dispersa (los accionistas) pinta cada vez menos y la creciente dependencia bursátil se coloca, a menudo, por encima de la calidad de los proyectos empresariales, e incluso más allá de las cuentas de resultados, que, además, algunos maquillan, componen un paisaje donde imperan las castas y las redes de amistades y no tanto la solvencia profesional o la excelencia emprendedora.

Este nuevo consenso europeo, a diferencia del construido tras la II Guerra, que tuvo una fuerte inspiración socialdemócrata, está diseñado bajo la égida del conservadurismo y su corazón late gracias al motor de la derrota definitiva del comunismo. Este recobrado fundamentalismo mercantil nos habla con palabras crudas, pero claras: "Eliminado el enemigo principal, dejémonos de paños calientes con el enemigo secundario".

El modelo político de la UE, tal como hoy lo conocemos, con un Parlamento cuyas responsabilidades siguen siendo muy limitadas, continúa basándose en el consenso entre los gobiernos de los Estados miembros, aunque el impulso político, es decir, la dirección de la nave, no esté en manos de todos por igual. La política participativa y la lucha electoral real sigue residiendo dentro de los Estados. Los estados-naciones, tal como se diseñó este concepto en siglo XIX. Sin embargo, los márgenes de la lucha política nacional se ven constreñidos –¡y de qué modo!– por el consenso supranacional que la UE necesita. Esta contradicción no es baladí, pues los actores políticos en el ámbito nacional se ven forzados a enfatizar unas diferencias, a menudo, irrelevantes. No quiero decir con esto que las diferencias programáticas entre unos y otros partidos no existan, pero sí digo que están acotadas.