El Parlamento Europeo acusa a 14 gobiernos de la UE de complicidad con el traslado de prisioneros a Guantánamo

El pasado 14 de febrero, el Parlamento Europeo aprobaba un informe demoledor sobre el traslado de prisioneros/secuestrados a cárceles secretas de la Central de Inteligencia Americana, CIA, en aviones de compañías tapadera de esta agencia de espionaje, que habrían utilizado el territorio y el espacio aéreos del Viejo Continente para tal fin. Nada menos que 1.245 vuelos de esta clase son documentados en el informe, de los que 125 hicieron escala en aeropuertos españoles. Los europarlamentarios acusan de connivencia con estas actividades ilegales de los servicios secretos estadounidenses a los gobiernos de 14 naciones comunitarias, y hasta sugieren la existencia de más cárceles secretas en Polonia y Rumanía. Además, acaba de conocerse que policías y agentes de la inteligencia española se trasladaron a Guantánamo en 2002, durante el Gobierno de José María Aznar, para interrogar a detenidos de diversas nacionalidades que se encontraban en aquel ilegal limbo jurídico. Izquierda Unida ha urgido la creación de una Comisión de Investigación parlamentaria, pero, de momento, el Gobierno y el Partido Socialista –no sin discrepancias internas- se han negado.

Por Pedro Antonio Navarro

Un informe detallado, previo al redactado en sede parlamentaria, había sido elaborado por el Consejo de Europa, en el que se establecía la implicación de 14 países en la red de vuelos ilegales que transportaban a prisioneros a diversas cárceles ilegales que gestiona la CIA en diversos lugares del mundo, con mención especial para la base de Guantánamo, en la isla de Cuba. El informe citaba los distintos grados de implicación de estos países, distinguiendo tres categorías, en función de la gravedad. En un primer nivel se encontraban Rumanía y Polonia, sobre los que se argumenta que “existen serios y crecientes indicios” de que han albergado cárceles secretas en sus territorios. En un segundo grado se ubican Alemania, Italia, Reino Unido, Suecia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia y Turquía, a las que se imputa “diversos grados de responsabilidad” en el secuestro y traslado de estas personas, mientras que un tercer grupo está integrado por Irlanda, Grecia, Portugal, Chipre y España, a las que se acusa de haber mantenido una “complicidad activa o pasiva” en estos sucesos.

Después de más de un año de trabajos de la comisión de investigación impulsada por el eurodiputado socialista italiano Giovanni Claudio Fava, el pasado 14 de febrero, con 382 votos a favor (socialistas, Izquierda Unitaria Europea y liberales), 256 en contra (Grupo Popular Europeo) y 74 abstenciones, era aprobado un informe que denuncia “cinco años de excesos y abusos en la lucha contra el terrorismo” y que sostiene que “los gobiernos europeos lo sabían”. Pese a que, a última hora, el informe fue suavizado, especialmente en lo referente a los reproches directos que se hacían en él al Gobierno alemán –uno de los más colaboracionistas-, el texto de la Eurocámara no deja títere con cabeza. Entre sus conclusiones destaca la constatación de la existencia de, al menos, 1.245 vuelos de la CIA sobre territorio europeo –aunque no está claro que en todos ellos se produjera el traslado de prisioneros/secuestrados-, junto con la consideración de “inverosímil” de que ciertos gobiernos europeos no tuvieran conocimiento de los hechos denunciados, como casi todos han declarado, mostrando una sorpresa ante el conocimiento de la magnitud de lo sucedido que la mayoría de la Eurocámara no cree.

Para Giovanni Claudio Fava, impulsor del informe, países como Italia y Suecia han demostrado “altísimos niveles de colaboración con la CIA”, mientras que otras naciones, como España, no han estado vigilantes “por distracción o sometimiento”. Tras acusar directamente a 14 gobiernos europeos de connivencia con estas actividades ilegales, el Parlamento Europeo condena “las entregas extrajudiciales como un instrumento ilegal utilizado por Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo (…) Condena, además, la aceptación y ocultación de la práctica, en varias ocasiones, por los servicios secretos y autoridades gubernamentales de algunos países europeos”.

El informe revela también la constatación de diez vuelos en los que se vieron secuestradas 21 personas naturales o residentes en la Unión Europea, de los que se tenga constancia, “sólo son la punta del iceberg”, asegura Fava, para quien el texto aprobado no recoge “opiniones ni prejuicios, sino hechos probados y graves (…) Personas inocentes han pasado cinco años en Guantánamo, simplemente porque ningún gobierno se quería hacer cargo de su situación. No podemos mirar para otro lado, como han hecho los gobiernos europeos”. Aunque el informe asegura no haber obtenido pruebas, también expresa su firme sospecha de la existencia de más cárceles secretas de la CIA en territorio de dos países miembros de la UE: Polonia y Rumanía, a los que, además, se acusa de “falta de colaboración” con la comisión investigadora.

Tampoco sale muy bien parado el Alto Representante para la Política Exterior, Mister PESC, Javier Solana, a quien se le reprochan las “omisiones” durante su comparecencia ante la Cámara. Reproches que se hacen extensivos a los gobiernos alemán, italiano y sueco, a los que se atribuye la máxima colaboración con la CIA. En el caso de España, se “agradece” la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, pero se reprocha que no se diera autorización para el testimonio del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Alberto Saiz. Los eurodiputados constatan la existencia de 336 escalas de los vuelos de la CIA en Alemania, 170 en Reino Unido, 147 en Irlanda, 91 en Portugal, 68 en España, 64 en Grecia, 57 en Chipre y 46 en Italia, entre otras. El escándalo ha provocado la dimisión del coordinador europeo de la Lucha contra el Terrorismo, Gijs de Vries.

Los eurodiputados instan a los Ejecutivos de cada país comunitario a que se abran investigaciones judiciales y comisiones parlamentarias para aclarar las responsabilidades en cada uno de los casos, pero, de momento, sólo la vía judicial parece haberse puesto en marcha, mientras que la parlamentaria está encontrando muchas reticencias, como en el caso de España, donde, de momento, Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya han solicitado la creación de una comisión investigadora y se han encontrado con la negativa gubernamental y la del partido que sustenta al Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero. Parece una contradicción, puesto que los eurodiputados socialistas españoles se han mostrado muy activos en el impulso de este informe, y no todos los dirigentes socialistas están de acuerdo con que no se abra esta vía.

Pero los tribunales de diversas naciones sí han comenzado a dar pasos en firme. Cuando los primeros datos de este escándalo comenzaron a saltar a la luz pública a finales de 2005, la Fiscalía de Milán solicitaba en noviembre de ese año al Gobierno italiano la petición de extradición de 22 agentes de la CIA implicados en el secuestro de un imán de la mezquita de esta ciudad y su posterior traslado a Egipto –donde también se supone que existen centros ilegales de detención-.

Del mismo modo, el pasado 31 de enero, la Fiscalía de Munich ordenaba la detención de 13 agentes de la CIA implicados en el secuestro del ciudadano alemán de origen libanés Khaled El Masri, que pasó cuatro meses en una cárcel secreta en Afganistán, donde fue torturado. También la fiscalía suiza ha anunciado este mes que emprenderá acciones penales en relación con el sobrevuelo del espacio aéreo de este país por parte de aviones de la CIA y el secuestro en Milán del imán Abu Omar, que fue trasladado a Egipto haciendo escala en Suiza. El Gobierno de este país ha emitido un comunicado en el que señala que su Estado “no tolera las violaciones de los Derechos Humanos, aunque éstas formen parte de la lucha contra el terrorismo”, y de paso, ha encargado a su Ministerio de Asuntos Exteriores que “recuerde a Estados Unidos las normas que se aplican en Suiza”.

Repercusiones en España. De los 1.245 vuelos constatados, 125 hicieron escala en territorio español entre 2002 y 2005, en diez aeropuertos distintos: Palma de Mallorca, Ibiza, Tenerife, Alicante, Valencia, Barcelona, Málaga, Madrid, Sevilla y Vigo. Sus destinos finales eran Egipto, Libia, Iraq o Djibouti. Sólo se tiene constancia de un vuelo directo a Guantánamo. Los demás, se supone que eran escalas previas o países en los que también pueden existir cárceles secretas. Cuando los primeros datos eran conocidos en 2005, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, comparecía ante el Parlamento el 24 de noviembre de ese año para negar que el Gobierno tuviera conocimiento de estas operaciones ilegales de la CIA en nuestro territorio, y dando por buenas las garantías ofrecidas por la Administración norteamericana de que en ningún caso habían infringido la legalidad española en 22 escalas en los aeropuertos de Mallorca, Ibiza y Tenerife, de las que, entonces, tenía conocimiento el Gobierno.

Pero la bola de nieve no había hecho más que empezar a rodar. Ante las constantes informaciones que anunciaban una mayor magnitud de lo acontecido, la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso acordaba por unanimidad el 5 de abril de 2006 solicitar al Gobierno un informe detallado en el que constasen todas las nuevas informaciones de las que disponía, informe que no se había remitido aún al Parlamento. Como se mencionaba anteriormente, Moratinos también comparecía ante el Parlamento Europeo, negando el conocimiento del Gobierno español de estas actividades delictivas por parte de la CIA en territorio nacional en el momento de producirse. El 11 de febrero de este año saltaba a la luz pública que los norteamericanos, además de los aeropuertos civiles ya constatados, también habían empleado las bases de utilización conjunta de Rota, Morón y Torrejón para estos vuelos de la CIA, aunque, como en muchos otros casos, no es posible demostrar si en ellos fueron trasladados prisioneros/secuestrados, entre otras razones, porque las autoridades españolas no solicitan nunca estos datos a los vuelos militares estadounidenses. Conocido a través de los registros del control de tráfico aéreo portugués, se ha descubierto que, además del vuelo directo a Guantánamo del que se tenía constancia –desde Tenerife, en diciembre de 2004-, se han producido, al menos, otros siete vuelos directos a esta base ilegal norteamericana en Cuba desde territorio español. Moratinos se veía obligado de nuevo a dar explicaciones, asegurando que “todas las escalas realizadas en el marco del Convenio de Cooperación para la defensa entre España y Estados Unidos se han hecho de acuerdo con la ley”.

El 12 de febrero, la versión española de este culebrón daba un giro inesperado con el descubrimiento de la participación de policías españoles en interrogatorios a presos secuestrados en Guantánamo en junio de 2002. Tres policías españoles, coordinados por el jefe de la Unidad Central de Información Exterior, Rafael Gómez Menor, -actualmente eurodiputado por el Partido Popular-, acudían acompañados por agentes de la CIA a la base de Guantánamo, en donde interrogaban a 20 prisioneros. En esos momentos, el presidente del Gobierno era José María Aznar –que por esas fechas modificaba el Convenio Bilateral con Estados Unidos para, entre otras cosas, legalizar las actividades de los servicios secretos norteamericanos en suelo español-, Federico Trillo estaba al frente de Defensa, y Ángel Acebes, secretario general del PP, era ministro del Interior. Los policías españoles interrogaron a una veintena de detenidos, la mayoría marroquíes, aunque también de otras nacionalidades (sirios, tunecinos, palestinos, saudíes y un danés), la mayoría de ellos, sin relación alguna con España.

La sorpresa ha ido en aumento al conocerse que también fueron enviados agentes de los servicios secretos españoles, entonces del Centro Superior de Información para la Defensa (CESID), por parte del Gobierno de José María Aznar en 2002. Igualmente interrogaron a un nutrido grupo de prisioneros, interrogatorios grabados en vídeo, y de los que se han emitido informes. Ninguna de estas operaciones, ni la policial ni la llevada a cabo por los agentes de inteligencia, contaron con autorización judicial alguna. Lo sorprendente es que, al conocerse estos hechos, el actual líder de la oposición y presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, negase conocer estos operativos –máxime, teniendo en cuenta que también él fue ministro del Interior en los gobiernos de Aznar-, y sabiendo, además, que Interior y Defensa elaboraron sendos informes sobre estas actuaciones. El PP ha tratado, una vez que la evidencia se ha vuelto insoportable, de presentar estas misiones como de carácter humanitario, para localizar a posibles ciudadanos españoles y repatriarlos, aunque el contenido de los informes elaborados desmiente este argumento de raíz, ya que son presentados como actuaciones dentro de la lucha antiterrorista.

Una vez que el Gobierno actual accedía a la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de desclasificar los documentos del CNI sobre los vuelos de la CIA, el pasado 9 de febrero, Izquierda Unida insistía en solicitar la comparecencia parlamentaria del director de la Inteligencia española, y volvía a instar la constitución de una comisión de investigación. Para la formación de izquierda es imprescindible aclarar el papel del Gobierno de José María Aznar en lo que considera una clara “colaboración en la guerra sucia contra el terrorismo internacional” para la comisión de actos delictivos. Su coordinador general, Gaspar Llamazares, calificaba de “increíble” que los responsables del PP –que primero negaron tener conocimiento de los hechos- tratasen de presentar estos interrogatorios en Guantánamo como un intento de contrastar la nacionalidad de los detenidos. Pero Llamazares volvía a considerar también “increíble” que el actual Gobierno no haya tenido constancia de 125 vuelos sospechosos con detenidos irregulares en aeropuertos civiles y militares españoles. Llamazares cree que el Gobierno es presa de “un síndrome compensatorio” hacia Estados Unidos por la retirada de las tropas españolas de Iraq. A su petición se ha unido Esquerra Republicana de Catalunya, pero, tanto el PP como el gobernante Partido Socialista se oponen, pese a que en las filas socialistas no faltan partidarios de abrir esta comisión. No hay que olvidar el activo papel de los socialistas españoles en la Eurocámara en la confección del Informe Fava. Además, muchos opinan que el verdadero perjudicado sería el PP, directamente implicado en esta colaboración.

Resulta poco creíble que los gobiernos europeos no tuviesen conocimiento de estas acciones de la CIA, dada su magnitud y el gran operativo desplegado, muy difícil de pasar desapercibido. Además, hace unas semanas se conocía públicamente la reunión mantenida por la secretaria de Estado norteamericana, Condoleeza Rice en un encuentro UE – OTAN, en la que todos los estados miembros tuvieron conocimiento de lo que la estadounidense calificó como “entregas extrajudiciales” –detenciones irregulares- y la existencia de cárceles secretas, reconocidas por el propio presidente George W. Bush en octubre de 2006.

Sin embargo, esta expresión del horror no es nueva. Mucho antes de los atentados de las Torres Gemelas, a mediados de los 90, y en plena época Clinton, la CIA consiguió la aprobación gubernamental para aplicar un programa consistente en el envío de detenidos sospechosos de terrorismo a lugares en los que pudieran ser interrogados en su idioma por agentes nacionales, lejos de la protección de las leyes norteamericanas. Así lo denuncia el ex agente de la CIA Michael Scheuer, enrolado en los grupos dedicados a la caza del enemigo más buscado, Bin Laden. Entonces eran países como Egipto los que acogían prisiones irregulares y centros de detención fuera de todo control. Eso sí, tras el 11 de septiembre de 2001, el programa comenzó a crecer y a extenderse, y los propios agentes de la CIA ya se hacían cargo de las detenciones y los interrogatorios en una serie de cárceles secretas difuminadas en un número indeterminado de países. Las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos calculan que, en la actualidad hay más de 10.000 personas en el mundo internadas en cárceles secretas, al igual que los 430 que quedan en Guantánamo.

Guantánamo, o cinco años de ignominia

El pasado 11 de enero se cumplía un lustro desde que el primer detenido ilegalmente por los servicios secretos de los Estados Unidos era trasladado a ese limbo jurídico que es la base militar estadounidense ubicada en la bahía de Guantánamo (Cuba). Paradojas de la vida, la ilegalidad de cuanto sucede intramuros de ese ignominioso centro de detención, está acompañada de otra flagrante ilegalidad: la propia existencia de la base en territorio soberano de otro país, que pertenece a la práctica totalidad de las organizaciones internacionales, que lleva años reclamando su legítima soberanía sobre esa parte de su territorio nacional, y que sigue ocupado por una fuerza extranjera, contra toda norma internacional. El convenio por el que Estados Unidos podía disponer de una base militar en la isla fue suscrito por el Gobierno de Fulgencio Batista. Una vez se produjo el cambio de régimen en Cuba, sus autoridades exigieron la denuncia de dicho acuerdo a lo largo de décadas, sin obtener satisfactoria respuesta de la Administración estadounidense. Aún así, el abusivo convenio fijaba su fecha de extinción en 1999. Desde entonces, las tropas norteamericanas permanecen allí de modo ilegal, en una ocupación militar de facto que transgrede toda la legalidad internacional.

En plena resaca de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, el presidente norteamericano, George W. Bush, firmaba una orden ejecutiva de aplicación militar sobre “detención, tratamiento y enjuiciamiento de ciertos extranjeros en la guerra contra el terrorismo”, por la que autorizaba a sus fuerzas a detener y mantener bajo reclusión indefinida, sin necesidad de la presentación formal de cargos en su contra, a ciudadanos no estadounidenses sospechosos de actividad delictiva.

El 28 de diciembre de ese mismo año, el Departamento de Justicia de la Administración Bush remitía un documento al Alto Mando militar en el que se recomienda el traslado de detenidos a la bahía de Guantánamo, ya que al no ser territorio estadounidense, los tribunales federales de este país no estarían facultados para examinar las peticiones de habeas corpus que pudieran presentar los detenidos o sus allegados o representantes.

El 11 de enero de 2002, menos de dos semanas después, llegaba a Guantánamo una primera tanda de detenidos provenientes de otro centro ilegal ubicado en algún lugar de Afganistán. Allí eran recluidos en jaulas de mallas metálicas, al aire libre, en el conocido como Campo Rayos X. Menos de un mes más tarde, el 7 de febrero, el presidente Bush emitía un nuevo documento en el que se dan las instrucciones por las que ninguno de los retenidos talibanes o relacionados con Al Qaeda podrá ser considerado como prisionero de guerra y, en consecuencia, no podrán serles aplicados los artículos al respecto del Convenio de Ginebra, especialmente el Tercero, que expresamente establece las garantías judiciales, prohíbe el uso de la tortura y la violencia física y los atentados contra la dignidad personal y los tratos humillantes y degradantes.

Metidos en esta escalada, Alberto Gonzales, hoy secretario de Justicia, y entonces asesor directo de la Casa Blanca, eleva una recomendación para que el presidente autorice que los interrogadores puedan utilizar técnicas que conlleven un dolor intenso, y que, en caso de que se les fuera la mano e incurriesen en actos de tortura, pudiera introducirse la reserva de la “defensa propia” y la situación de “necesidad” para evitar así consecuencias penales por sus acciones.

El 2 de diciembre de 2002, Donald Rumsfield, a la sazón, secretario de Defensa, da su aprobación para el empleo de técnicas de interrogatorio en Guantánamo que permiten encapuchar a los detenidos, desnudarlos, colocarlos en situación de aislamiento total –incluso sensorial-, sometimiento a posturas extremas y la utilización de perros para inducir el terror. Mes y medio después, el propio Rumsfield revocaba esta autorización, pero remitiendo a que su uso pudiera ser solicitado en casos concretos. A mediados de abril de 2003 se ampliaba el abanico de estas técnicas, permitiéndose también lo que se denomina como manipulación ambiental, es decir, someter a los prisioneros a bruscos cambios o a temperaturas extremas, o a regular el “ajuste de sueño”, especialmente, provocando su privación.

Por este paraíso, y en las condiciones anteriormente descritas, según Amnistía Internacional, han pasado más de 800 personas a lo largo de estos cinco últimos años. A finales del pasado 2006, todavía permanecían en estas instalaciones ilegales más de 430 personas de 35 nacionalidades distintas. Sin ninguna acusación formal sobre ninguna de ellas y sin posibilidad de asistencia jurídica. Las organizaciones humanitarias han detectado la presencia de 17 menores de edad entre los detenidos, de los que cuatro, aún permanecen presos en Guantánamo.

Los juicios previstos, o el remedo de los mismos, para ser desarrollados en este limbo jurídico, debían correr a cargo de las denominadas “comisiones militares”. En 2005 fueron presentados cargos contra diez de los presos, pero la Corte Suprema norteamericana declaraba “ilegales” a estas comisiones militares, por lo que tampoco ha llegado a celebrarse ningún simulacro de proceso contra ellos. Hasta el momento, ninguna de las personas que ha pasado por este centro ilegal de detención ha sido declarado culpable por ninguna clase de delito, incluidos los que han conseguido salir de ese infierno y ser juzgados en sus respectivos países de origen, donde, en todos los casos, han sido absueltos de las acusaciones de relación con grupos terroristas.

Son las propias fuerzas militares norteamericanas las que, discrecionalmente, deciden el estatus de cada prisionero y quienes le otorgan una condición jurídica. Los autodenominados Tribunales de Revisión del Estatuto del Combatiente, compuestos exclusivamente por oficiales estadounidenses, calificaron a 550 detenidos de “combatientes enemigos”. Como producto de las escasas oportunidades en que observadores internacionales o representantes de ONG humanitarias han tenido acceso al interior de la base, se ha realizado un estudio que establece que sólo el cinco por ciento del total de los detenidos y trasladados a Guantánamo han sido apresados por las fuerzas norteamericanas. La inmensa mayoría, el 86 por ciento, habían sido capturados por el ejército de Pakistán o por fuerzas de la Alianza del Norte en Afganistán. Después habían sido entregados a los militares estadounidenses que, en la mayor parte de las ocasiones habían ofrecido sustanciosas recompensas por la captura de estas personas.

Muchos de los internos de esta prisión ilegal e ilegítima se encuentran en una situación que, lamentablemente, ya parece más que habitual para ellos, puesto que proceden de otros centros de detención ilegal o de cárceles secretas en otros lugares del mundo, en las que algunos ya –antes de llegar a Guantánamo- habían pasado más de cuatro años recluidos, sin acusación, sin garantías, bajo el hostigamiento y las más que probables torturas, y en régimen de incomunicación, bajo custodia permanente de la CIA.

Diversas organizaciones de Naciones Unidas han denunciado sistemáticamente la aplicación de torturas a los retenidos. La propia Oficina Federal de Investigación norteamericana, FBI, hacía público un informe en enero de este año, en el que varios de sus agentes aseguran haber sido testigos de malos tratos contra los apresados en Guantánamo. Se citan casos de personas a las que se tapaba la totalidad de su cabeza con cinta aislante –por haber recitado versos del Corán-, o encierros en cuartos sin ventilación de ninguna clase a altísimas temperaturas. También, como en Abu Grahib, se relata la actitud de alguna mujer soldado agarrando a un preso por los genitales y restregándole sangre menstrual por la cara.

La Unión Americana de Libertades Civiles, ONG estadounidense en defensa de los Derechos Humanos, presentaba una denuncia criminal contra el ex secretario de Defensa, Donald Rumsfield. Igualmente, la secretaria de Amnistía Internacional, Irene Khan, ha alertado en reiteradas ocasiones sobre esta situación intolerable desde una perspectiva democrática y humanitaria: “Ningún individuo puede quedar fuera de la protección de la ley y tampoco gobierno alguno puede situarse por encima de la ley”. Para ella y su organización, máxime después de lo conocido a través del Informe Fava del Parlamento Europeo, tampoco los gobiernos de las naciones del Viejo Continente están eximidos de responsabilidad en este atropello de derechos de dimensiones colosales. Al respecto, Khan ha afirmado que “tampoco basta con que los líderes mundiales se limiten a expresar su preocupación por Guantánamo y sigan tratando a Estados Unidos como si no pasase nada. Deben presionar activamente a Estados Unidos para que cierre de una vez Guantánamo y restituya el respeto al Derecho Internacional”.

Espías invitados en casa

No parece muy oportuno el anuncio efectuado la semana pasada por el Gobierno de que se ha cerrado un acuerdo con la Administración estadounidense para permitir la actividad de servicios de inteligencia militar norteamericanos en suelo español. Cuando todavía estamos en plena resaca del demoledor informe elaborado por el Parlamento Europeo, que culpa a nada menos que 14 gobiernos de naciones comunitarias de connivencia con la CIA para el secuestro y traslado a prisiones secretas de ciudadanos sospechosos de actividades terroristas, utilizando el suelo y el espacio aéreo comunitarios, ahora el Ejecutivo español confirma que el Ministerio de Defensa ha suscrito un convenio con su homólogo norteamericano para que otros dos distintos organismos de inteligencia de aquel país obtengan autorización para operar en nuestro territorio nacional.

Dos agencias de espionaje del Pentágono, el NCSI, de la Marina, y el OSI, de la Fuerza Aérea estadounidense, van a recibir autorización del Gobierno español para realizar sus actividades en nuestro país. En realidad se trata de una concreción que había quedado pendiente, en 2002, del Convenio Bilateral suscrito con Estados Unidos, y que en aquellas fechas fue modificado por el Gobierno de José María Aznar, dando cobertura legal, desde ese momento, a las actividades de los servicios secretos norteamericanos en España. Las normas reguladoras habían quedado pendientes, y la situación de estas dos agencias, de carácter militar, se encontraba en una posición imprecisa.

El Gabinete se ha apresurado a comunicar el contenido de unas normas reguladoras que, teóricamente, van a servir para restringir la plena libertad de acción de estos servicios de espionaje. Así, se ha hecho saber que sus actuaciones deben quedar sometidas al “respeto escrupuloso de la legislación española aplicable en cada caso”, que será necesaria la “acreditación previa de los miembros del NCSI y la OSI ante las autoridades españolas, de forma que nadie pueda apelar a su condición de agente de dichos servicios si no figura en la relación entregada por los responsables de Estados Unidos a sus homólogos españoles”. Otra norma establece la “comunicación previa a las autoridades españolas de cualquier operación que los servicios secretos de la Marina y la Fuerza Aérea quieran emprender en territorio español”, también que “las operaciones se harán en conjunción con las Fuerzas de Seguridad del Estado, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), o los servicios de inteligencia de los ejércitos, según el caso”. Otra norma obliga a que “las actividades de los agentes estadounidenses se ceñirán a las operaciones comunicadas y autorizadas, sin que puedan desviarse de las mismas”.

Las autoridades norteamericanas argumentan la necesidad de la presencia y actividad de estos servicios militares de espionaje en España para realizar investigaciones criminales que afecten al personal o los bienes de Estados Unidos, pero no se aclara en ningún momento si estas actuaciones se circunscriben únicamente a ciudadanos de esa nacionalidad, o si, en lo que consideren defensa de sus intereses o sus bienes, también podrían llevar  a cabo actuaciones contra ciudadanos españoles o de cualquier otra nacionalidad. Tampoco queda establecido de modo inconfundible si los agentes norteamericanos realizarán sus tareas de espionaje solos o si estarán acompañados en todo momento de fuerzas policiales o de la inteligencia española, puesto que, al parecer, esta opción de acompañamiento es discrecional para las autoridades españolas.

La concesión de jurisdicción a organizaciones parapoliciales especiales, servicios de inteligencia y espionaje militares y civiles de una potencia extranjera en territorio nacional no parece casar muy bien con nuestro sistema de garantías judiciales ni con nuestro ordenamiento jurídico. Más peligroso parece aún, cuando la potencia extranjera aludida, Estados Unidos, ha dado y da muestras constantes de su desprecio por la legislación internacional y su tendencia a obviar estos obstáculos jurídicos en aras de la consecución de sus fines, como lo demuestra la barbaridad de Guantánamo y otros centros de detención ilegal que mantiene diseminados por el planeta, el uso sistemático de torturas y malos tratos, como en la cárcel de Abu Grahib, en Iraq, y la predilección por el uso de la fuerza frente a la labor diplomática de la que tradicionalmente ha hecho gala la ya única superpotencia que queda en el mundo.

La lucha contra el terrorismo no parece justificar esta situación en la que se nos incita a cambiar un marco jurídico garantista y de libertades por una supuesta seguridad, en una actuación que ha demostrado que lo único que ha conseguido ha sido impulsar al terrorismo internacional y radicalizar las posiciones en otras latitudes del planeta. Muchos españoles se sentirán ahora más inseguros con la llegada de un nuevo temor; poder terminar siendo un pasajero involuntario de Air CIA hacia un destino desconocido.