Cuatro batallas para un nuevo ministrol

BERMEJO, EL JUSTUCIERO

Pocos ministros tienen en su mano tanta responsabilidad para apenas un año que resta de legislatura como el recién llegado titular de Justicia. Sentencias, jueces y salas de tribunales se han convertido para el Gobierno de Rodríguez Zapatero en un inesperado frente en el que se agolpan también las huestes de Mariano Rajoy. Nada mejor, pues, ha debido pensar el presidente, que un aguerrido luchador, sin complejos ideológicos, para pelear en tan agreste escenario. A Mariano Fernández Bermejo le toca  acelerar reformas como la de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la que dependen desde algunas facultades claves del Tribunal Supremo hasta los poderes que tendrán algunas autonomías sobre sus jueces; la del Estatuto del Ministerio Fiscal, que lo hará depender más o menos del Gobierno; la del Tribunal Constitucional, que lo pondrá por encima o por debajo del Supremo; y la de la puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial.

Por Inmaculada Sánchez

Se les han puesto los pelos como escarpias”, afirma un miembro del  Consejo del Poder Judicial de la minoría progresista refiriéndose al efecto que ha tenido el sorprendente nombramiento de Mariano Fernández Bermejo como nuevo ministro de Justicia en la mayoría conservadora del mismo Consejo.

Quien así habla no es un forofo del nuevo ministro. Todo lo contrario. Para algunos jueces adeptos al actual gobierno socialista la elección de Rodríguez Zapatero para sustituir al “adalid del consenso” que representaba Juan Fernando López Aguilar suscita más inquietud que sosiego. “Hay de todo”, añade la misma fuente preguntado por si las adhesiones  al nuevo ministro son más que las reticencias dentro de los miembros de la minoría progresista del Consejo.

A pesar de ello, el malestar generado entre los miembros conservadores ha alimentado una corriente de simpatía en el bloque progresista hacia el nuevo ministro que pocos disimulan.

“El problema es que ahora está tan politizada la justicia que va a ser muy difícil separar ambos poderes”, añade otro miembro del Consejo. Todos son conscientes de que  alguien capaz, nada más recibir el traspaso de poderes, de arremeter contra la “legitimidad” del actual Consejo del Poder judicial o de  hablar de quien “no ha aceptado su derrota en las urnas” refiriéndose al PP, no va a ser un ministro complaciente.

Mariano Fernández Bermejo ha sido recibido de la peor manera posible por el Partido Popular, quien le ha tildado de “radical” y “sectario” y acusado de hacer “política-bronca”. A pesar de ello, el nuevo miembro del Consejo de Ministros no está dando muestras de dejar de ser quien un día dijo, siendo fiscal que “antes luchamos contra los padres, hoy tenemos que luchar contra los hijos”, refiriéndose a las sagas familiares que unían al actual Partido Popular con la derecha franquista.

Bermejo llega a “desequilibrar” el Gabinete de Zapatero, copado mayoritariamente por ministros técnicos o escasamente identificados con la izquierda, a pesar de que el presidente sea tildado desde el PP de radical. Es por ello que las informaciones acerca del origen de la postulación de su candidatura proliferen estos días.

“Conde-Pumpido le conoce, se tratan bien, pero no es alguien tan de su cuerda como para postularle ante Zapatero”, explica un juez cercano al actual gobierno y que conoce bien a ambos para desautorizar  el supuesto de que Bermejo llega al Gobierno de la mano del Fiscal General.

La vicepresidenta Fernández de la Vega, con quien coincidió en su etapa junto al entonces ministro de Justicia Fernando Ledesma, es el otro nombre entre los  que Zapatero habría consultado para elegir a su nuevo ministro. La sorpresa ha sido tal, no obstante, que nadie se atreve a afirmar dónde se encuentra el “culpable” de tan osada decisión. Sólo Alfredo Pérez Rubalcaba, el “peregil de todas las salsas”, según sus detractores, suena  como otro de los nombres claves para el reciente nombramiento.

El actual Secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, parecía el destinado a la sustitución de Juan Fernando López Aguilar pero, dada la delicada situación creada tras la ruptura del alto el fuego con ETA, ningún cambio en el Ministerio del Interior sería apropiado, según los análisis realizados desde Moncloa.

Según determinadas fuentes, habría sido el propio Camacho quien habría propuesto el nombre de Fernández Bermejo con el beneplácito de su ministro, Alfredo Pérez Rubalcaba, dato nada desdeñable dada su influencia en el presidente.

Sea como fuere, el indómito fiscal, que llegó a presentar una querella contra el último ministro de Justicia con el Partido Popular, José María Michavila, después de que éste le desalojara de la jefatura de la Fiscalía de Madrid gracias a una reforma sobre los plazos para abandonar el cargo, se enfrenta a uno de los mayores retos del actual Gobierno.

A poco más de un año para que concluya la actual legislatura, Fernández Bermejo deberá enfrentarse a cuatro “grandes batallas” que aclararán, finalmente, si es “tan fiero el león como lo pintan”. La primera de ellas, por el tiempo que lleva aparcada en el Congreso de los Diputados –se presentó en enero de 2006 y aún se debate entre las prórrogas de presentación de enmiendas– es la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, articulada en dos proyectos que hacen referencia a cuestiones básicas de la jurisdicción civil.

En uno de ellos se dilucida la capacidad del Tribunal Supremo para ser dueño del “interés casacional” que le confiere la ley. Dicho más llanamente: el proyecto de ley circunscribe a una serie de baremos y circunstancias medianamente objetivas el momento en que el Supremo debe actuar para armonizar sentencias contradictorias  de juzgados de distintas autonomías (el conocido recurso de casación). Esta delimitación, sin embargo, se encuentra con serias resistencias entre algunos miembros del Alto Tribunal que, incluso, han hecho saber su parecer a través de artículos en prensa especializada, señalando que lo idóneo es que sea el propio Supremo el que decida, arbitrariamente, cuándo debe admitir los recursos de casación.

Tras un debate tan aparentemente técnico se esconde una pelea por el poder del que no ha resultado ajeno, desde que perdiera las elecciones en 2004, el Partido Popular. No en vano, el principal partido de la oposición mantiene un serio rechazo al segundo proyecto que reforma el Poder Judicial referido a los Consejos de Justicia, esto es, a los “consejos generales del poder judicial” autonómicos.

Este será uno de los principales campos de batalla del nuevo ministro ya que en él se delimitan los poderes de estos “consejos judiciales autonómicos” . Tras las reformas estatutarias de una mayoría de autonomías, propiciadas por la política del actual Gobierno de Zapatero, se ha marcado una línea entre las autonomías que pretenden ser más dueñas de sus jueces y las que “se conforman” con la potestad estatal.

Entre las primeras se encuentra Cataluña, con su reformado Estatut ya aprobado, Andalucía, cuyo referéndum de este domingo pasado ha dado carta de naturaleza a su nuevo estatuto, y el de Canarias, en proceso de aprobación de su texto reformado. En todos ellos se contemplan sus consejos de justicia como auténticas prolongaciones del Consejo General del Poder Judicial y se atribuyen competencias que, según distintos juristas, incluídos no pocos de ideología progresista, invaden las estatales.

“Sabedores del lío en el que se metían, todos remiten en sus textos a: “según se establezca en la Ley Orgánica del Poder Judicial...”, aún no aprobada, por lo que lo que finalmente se establezca en ella puede ser un motivo de nueva disputa política entre Madrid y Cataluña o Andalucía”, explica un jurista conocedor de las implicaciones políticas de la reforma.

Por el contrario, los nuevos estatutos de la Comunidad Valenciana, la Balear y la de Castilla y León apuestan por unos consejos de justicia con meras funciones de asesoramientos y siempre dentro de las competencias ya establecidas para la autonomía. Fernández Bermejo volverá a verse las caras, en esta polémica, con las autonomías gobernadas por el PSOE frente a las gobernadas por el PP por lo que el ajuste de la ley no parece nada sencillo.

La otra gran batalla del nuevo ministro se refiere al Tribunal Constitucional, cuya reforma, establecida en un proyecto de ley ya en el Congreso y desde hace meses en plazo de enmiendas , consagraría su superioridad frente al Tribunal Supremo en la tradicional batalla entre tan elevadas jurisdicciones.

También en este caso el nuevo titular de Justicia se enfrenta a una pelea entre socialistas y populares ya que estos últimos no comulgan con el proyecto de reforma, a pesar de que los miembros del Constitucional considerados cercanos a los conservadores no han puesto “peros” al texto.

Tras esta oposición se encontraría, explican algunas fuentes cercanas a los socialistas, el actual reparto de poder en ambos tribunales y que coloca a los conservadores en una práctico empate en el Constitucional (Ver recuadro “Pendientes del Constitucional”) y, por el contrario, mayoritarios sin grandes problemas en el Supremo.

Otras dos peleas que esperan al nuevo ministro pueden parecer más técnicas pero también incluyen importantes dosis de poder político. Una, la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. La otra, la implantación de la nueva Oficina Judicial en todo el país.

En cuanto a la primera, se trata de un instrumento de primer orden para cualquier Ejecutivo. “Es lógico que cada gobierno sea capaz de establecer prioridades en el Ministerio Fiscal en cuanto a la persecución de determinados delitos. No se puede desvincular del Ejecutivo de turno”, explican fuentes cercanas al actual gobierno.

En cualquier caso, el actual proyecto, inspirado en buena parte por el actual Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, intenta realizar un difícil encaje entre la dependencia y la autonomía de los fiscales. Por un lado establece claramente que el Fiscal General del Estado será nombrado por el Gobierno, del que dependerá, pero, a continuación, le dota de unas obligaciones de transparencia y autonomía que, unido a las dificultades para cesarlo le confieren un estatus bastante independiente. El PP. no obstante, también se opone.

En cuanto a la implantación de la denominada “Oficina Judicial”, esto es, la modernización de los servicios que asisten al juez (secretarios, oficiales, auxiliares...), cuya normativa data del siglo XIX, el nuevo ministro también se va a encontrar con serias resistencias corporativas. La reforma elaborada en su día por el ministro del PP, José María Michavila, feroz enemigo de su actual sucesor, Mariano Fernández Bermejo, contra quien éste llegó a presentar una querella, potencia el papel del secretario judicial hasta extremos que se han visto como “invasivos” desde otros sectores de la judicatura.

López Aguilar asumió como propia la reforma de Michavila y se disponía a ponerla en práctica. Nadie sabe qué hará Fernández Bermejo y todos los sectores se muestran inquietos respecto a su decisión ya que de esta revolucionaria reforma dependen hasta el número y calidad de los despachos que actualmente divide una sede judicial.

“La reforma propuesta reduce el número de personas al servicio exclusivo del juez y crea unos servicios comunes para todos que, dentro de la costumbre de la judicatura, serán complicados de utilizar”, explican desde el mundo judicial, aun conscientes de que la anunciada reforma es una imperiosa necesidad para la agilización de los contados medios de los que dispone nuestra justicia.

Además de las citadas reformas y leyes, aún en tramitación en el Congreso de los Diputados, el flamante titular de Justicia deberá “pelear” con el actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de gobierno de los jueces, quien nombra los titulares de los principales juzgados y quien impone sanciones y controla a los magistrados de todo el país.

Aunque este órgano ha respondido habitualmente al reparto político de cada legislatura, con una mayoría cercana, ideológicamente, al gobierno de turno, en el caso del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, se está dando el caso inédito de que el CGPJ tiene mayoría de miembros de ideología conservadora y opuestos al Gobierno.

El nuevo ministro no ha tenido reparo alguno en declarar “ilegítimo” a este Consejo que tantos dolores de cabeza ha dado al Gobierno de Zapatero. “Los jueces y los tribunales necesitan con urgencia que su órgano de gobierno recupere la legitimidad de la que hoy carece”, ha dicho Fernández Bermejo el mismo día que se le hacía el traspaso de poderes.

El titular de Justicia se refería al hecho de que el actual Consejo tiene concluído su mandato desde el pasado 7 de noviembre y de que se encuentra desde entonces en funciones. Dado el actual enfrentamiento entre el PSOE y el PP es prácticamente imposible aventurar un posible entendimiento para la renovación del Consejo antes de las próximas elecciones generales y desde el Gobierno casi están “resignados” a continuar con este gobierno judicial hasta entonces.

“El PP no va a dejar que se le escape el control de la Sala especial del 61”, explica un juez próximo al Gobierno refiriéndose a la que decide sobre la legalidad o ilegalidad de los partidos políticos y en la que la presencia del actual presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, resulta decisiva.

Hernando no ha tenido pudor alguno en situarse, desde el inicio de la legislatura, enfrente del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, apoyando informes contrarios a reformas legales como la que permitía los matrimonios entre personas del mismo sexo, a pesar de no ser preceptivos del Consejo, o, incluso, negándose a acudir al Parlamlento, en un claro desafío al poder legislativo, cuando éste se lo solicitó.

El presidente del CGPJ y del Supremo ha cumplido ya la edad de jubilación y únicamente se mantiene en activo en virtud de su actual cargo. Su presencia en la citada Sala “del 61” (nombre debido al artículo de la ley que la creó)  resulta para el PP en estos momentos crucial.

Esta Sala podría promover que el Supremo decida sobre la posible ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas, la “marca blanca” con la que Batasuna pretende presentarse a las próximas elecciones autonómicas y municipales y contra la que los populares han apuntado todas sus baterías después de que el proceso de paz naufragara con el atentado de la Terminal 4 de Barajas.

Fernández Bermejo tiene muy poco que ver con el “talante” de su antecesor, promotor en su día del Pacto por la Justicia que firmó el PSOE liderado por un Zapatero entonces en la oposición y un PP gobernante con Aznar en la Presidencia del Gobierno y José María Michavila como titular de Justicia. El actual ministro, al que gusta llamarse “de izquierdas”, ha nombrado inmediatamente como número dos a Julio Pérez Hernández, un abogado nada ajeno a la política ya que era candidato a la presidencia del Cabildo insular de Tenerife por el PSOE, cargo al que ha renunciado para ser Secretario de Estado de Justicia. Por expectativas e interés no será.

Pendientes del Constitucional

La soledad parlamentaria del PP desde las elecciones del 14 de marzo de 2004 ha provocado que el principal escenario de oposición al gobierno pase de los escaños del Congreso al Tribunal Constitucional, por lo que el organismo presidido por María Emilia Casas puede convertirse en la principal fuente de disgustos para Zapatero a lo largo de 2007. En él se encuentran recurridos varios de los proyectos estrella del gobierno: el Estatuto de Cataluña, la reforma del Código Civil que permite los matrimonios homosexuales y la ley orgánica de educación. En cuestiones como el concepto de matrimonio o el número de horas que la asignatura de religión tenga en los currículos escolares de los menores españoles el gobierno cuenta con un importante apoyo entre la opinión pública. No así en el frente de batalla número uno: el Estatut. Un asunto al que el futuro de Zapatero va asociado indisolublemente.

La recusación, a iniciativa del PP, del magistrado Pablo Pérez Tremps debido a la elaboración de un informe a cargo de la Generalitat, supone una decisión que puede provocar que no llegue a aprobarse el texto al quedar los magistrados progresistas en minoría frente a los conservadores, cinco a seis. El pleno del Constitucional consideró que, a pesar de que el informe había sido encargado en 2003, trece meses antes de que fuese nombrado magistrado, se podía dudar de su impacialidad.

Al tener tanta trascendencia la decisión final sobre el Estatut, ya han comenzado los movimientos para deshacer la superioridad de las tesis ‘populares’ en el seno del Constitucional, una ventaja que puede reequilibrarse en el momento en el que Pérez Tremps dimita para ser sustituido por otro magistrado nombrado por el gobierno. Si esto finalmente no sucede, Iniciativa Per Catalunya (ICV) ya se ha puesto a la cabeza de la corriente de opinión inclinada a solicitar la recusación de Jorge Rodríguez-Zapata, un magistrado afín al PP que votó a favor de retirar a su compañero de las deliberaciones sobre el Estatut pero que también realizó otro informe de contenido jurídico para la Generalitat, como él mismo reconoció.

Por M. C.

Por eso le temen; por eso le odian por Enric Sopena